"Somos Pueblo, somos
Patria!"
CANCIÓN
De FRANCISCO ALVERO, EL JUGLAR
Inútil es que lo intenten, Una y mil veces
No conseguirán vencernos
Difamarnos, detenernos.
Somos pueblo, somos patria!
No pisotearán más nuestros derechos!
Porque vamos a defenderlos!
Aunque
lo intenten mil veces
Ciega y torpemente…
No podrán acallarnos
Censurarnos por siempre
La victoria está aguardando,
En cada pecho que resiste!
Por más ellos que nos difamen,
Nos maldigan, nos destruyan,
Nos persigan, encarcelen
Nos asesinen y nos marginen
Nos hieran y nos mutilen
Cual Túpac Amaru, seremos libres!
Somos
pueblo, somos patria!
Raíz profunda de la pacha
Resistimos
cinco siglos
No nos dimos por vencido!
No nos vamos a callar
Tenemos razones porque luchar!
Minería o derechos humanos
Bajo la Alumbrera es el caso testigo de las promesas mineras incumplidas y, también, de la represión para imponer un modelo.
Por Darío Aranda
Octubre de 1994. Cine de la capital catamarqueña. El presidente Carlos Menem, el gobernador Arnoldo Castillo y el secretario de Minería, Angel Maza protagonizaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. “Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”, afirmó Menem. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 300.000 toneladas de roca por día. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica.
El yacimiento de oro y cobre están en manos de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá.
A quince años del comienzo de las obras existe una decena de acusaciones: las familias de Juana Flores y de Manuel Casas vivían a dos kilómetros del dique de colas, a la vera del río Vis Vis. Tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua y están en juicio con Alumbrera. El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la Justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducuto. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.
El fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004. El 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.
Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litro por día. Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
—–
Alumbrera es el caso testigo de que las promesas mineras no se cumplen. Con un agravante: en 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región.
El pueblo de Andalgalá, Santa María y Belén (entre otros) ya no creen en las promesas mineras.
En diciembre de 2009 cortaron el camino de acceso a Agua Rica. El 15 de febrero de 2010 sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. El Poder Judicial frenó el proyecto.
En enero de este año, en paralelo a la pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.
El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años).
Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
——
La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Aumentó la exploración un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (del informe 2009 “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
—–
El viernes 10, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Todo registrado por el canal TN y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá). Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
—–
Megaminería y agronegocios (con la soja como estandarte) son parte de un modelo extractivo. La ingeniería legal data de los 90. El geométrico avance territorial: a la última década. Nunca antes la soja y la megaminería habían avanzando tanto. Y, cuando existen resistencias, imponen la represión (privada y/o estatal).
Ningún funcionario de primera línea del gobierno nacional se refirió (al menos hoy) a la represión en Catamarca. Como tampoco sucedió cuando asesinaron al qom Roberto López en Formosa ni cuando asesinaron al campesino santiagueño Cristian Ferreyra. En Catamarca (por suerte) falló la puntería.
Sostener el modelo extractivo tiene costos ambientales, sociales y, sobre todo, humanos. Formosa, Santiago y, ahora, Catamarca, son sólo una muestra de los “daños colaterales” que los gobiernos están dispuestos a pagar.
Por Darío Aranda
Octubre de 1994. Cine de la capital catamarqueña. El presidente Carlos Menem, el gobernador Arnoldo Castillo y el secretario de Minería, Angel Maza protagonizaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. “Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”, afirmó Menem. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 300.000 toneladas de roca por día. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica.
El yacimiento de oro y cobre están en manos de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá.
A quince años del comienzo de las obras existe una decena de acusaciones: las familias de Juana Flores y de Manuel Casas vivían a dos kilómetros del dique de colas, a la vera del río Vis Vis. Tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua y están en juicio con Alumbrera. El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la Justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducuto. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.
El fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004. El 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.
Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litro por día. Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
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Alumbrera es el caso testigo de que las promesas mineras no se cumplen. Con un agravante: en 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región.
El pueblo de Andalgalá, Santa María y Belén (entre otros) ya no creen en las promesas mineras.
En diciembre de 2009 cortaron el camino de acceso a Agua Rica. El 15 de febrero de 2010 sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. El Poder Judicial frenó el proyecto.
En enero de este año, en paralelo a la pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.
El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años).
Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
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La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Aumentó la exploración un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (del informe 2009 “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
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El viernes 10, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Todo registrado por el canal TN y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá). Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
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Megaminería y agronegocios (con la soja como estandarte) son parte de un modelo extractivo. La ingeniería legal data de los 90. El geométrico avance territorial: a la última década. Nunca antes la soja y la megaminería habían avanzando tanto. Y, cuando existen resistencias, imponen la represión (privada y/o estatal).
Ningún funcionario de primera línea del gobierno nacional se refirió (al menos hoy) a la represión en Catamarca. Como tampoco sucedió cuando asesinaron al qom Roberto López en Formosa ni cuando asesinaron al campesino santiagueño Cristian Ferreyra. En Catamarca (por suerte) falló la puntería.
Sostener el modelo extractivo tiene costos ambientales, sociales y, sobre todo, humanos. Formosa, Santiago y, ahora, Catamarca, son sólo una muestra de los “daños colaterales” que los gobiernos están dispuestos a pagar.
Panamá: Represión a protestas de ngöbe buglé deja dos muertos y más de 40 heridos
Servindi, 7 de febrero, 2012.- Las protestas de indígenas ngöbe buglé en demanda del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo y Legislativo en torno a la ley minera fueron duramente reprimidas dejando hasta el momento dos muertos confirmados, cerca de 46 heridos y más de 40 detenidos.
La vía interamericana que une Panamá con otros países de Centroamérica ha sido bloqueada por cientos de indígenas desde hace una semana en rechazo a las actividades mineras y a la construcción de hidroeléctricas en su comarca.
El domingo pasado, la policía intentó dispersar a los manifestantes produciéndose un enfrentamiento tras el cual los indígenas han manifestado su negativa de dialogar con el Gobierno, hasta no ser excarcelados los detenidos.
Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo ngäbe buglé, aseguró que para dialogar con el Gobierno, las autoridades deben poner fin a la represión contra los indígenas.
Hay veriones que dicen que serían dos muertos y en la madrugada de este martes se habría producido un tercer deceso, según informó a Radio Nederland el periodista Silvestre Díaz.
Compromisos olvidados
En octubre del 2011, el Presidente del Congreso, Edilberto Sánchez, se comprometió con los indígenas a incluir en la ley minera la creación de un Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y Ambientales de estos pueblos.
Sin embargo, dicho artículo se ha eliminado del proyecto de ley que ahora se debate en la Asamblea de Diputados.
Ministro justifica ataque a indígenas
Mientras tanto, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, justificó la represión contra indígenas y advirtió que no permitirá un nuevo cierre a la vía Interamericana.
“La obligación del Gobierno es mantener el orden público”, dijo el ministro al noticiero de la televisora local Telemetro.
“Gobernar es decidir”, acotó. Sin embargo, los sindicatos se movilizan a partir de esta semana en solidaridad con los indígenas, reseñó DPA.
Mulino fue quien autorizó el uso de la fuerza policial el pasado domingo para despejar la vía Interamericana bloqueada con camiones y árboles derribados.
“Esta pobre gente, dijo el ministro al referirse a los indígenas, son víctimas de una manipulación tremenda”.
Samuel Lewis Navarro, del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), declaró hoy a una radioemisora local que “es necesario que terminen las acciones de barbarie contra la población indígena”.
Asimismo, culpó al presidente de Panamá, Martinelli, de la crisis y la zozobra de la población, al incumplir acuerdos previos sobre la no exploración y explotación de recursos minerales e hídricos en la comarca de la etnia.
Igualmente, el diputado Yassir Purcait, del PRD, acusó al presidente de ser un “gánster” y “hampón” instalado en el poder, que ataca a los indígenas, mientras aumenta su fortuna personal y su ego.
Apoyo internacional
Ante esta situación, la alta comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ana Villa, aceptó la propuesta de servir de mediadora para poner fin al conflicto.
Los indígenas han pedido además a la Iglesia Evangélica y a las autoridades universitarias actuar como observadores de un eventual diálogo.
Por otro lado, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, expresó su preocupación por la situación en Panamá y exhortó a los indígenas a dialogar con el Ejecutivo.
“Las pérdidas materiales y económicas, producto de esta situación, lesionan la vida de miles de familias panameñas de todos los niveles, lo que lejos de sustentar una reivindicación social, podría ocasionar pérdidas irreparables”, advirtió.
Otras noticias:
Pueblo ancestral Kañaris decidirá en consulta comunal permanencia del Proyecto Cañariaco
Afiche de la consulta comunal en Kañaris
Por estos motivos, los comuneros han solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo quien confirma que las “autoridades de Cañaris y la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris se opone a las actividades debido a la contaminación susceptible de generarse”.
Este hecho responde a la negativa de la empresa Cañariaco Copper Perú S.A. a la propuesta del presidente de la comunidad, Cristóbal Barios Carrillo, quien informó sobre los acuerdos de la asamblea comunal y la voluntad de la población de viabilizar un proceso de diálogo para atender la problemática; sin embargo, ésta nunca se dio.
Frente a este hecho, los pobladores decidieron realizar la consulta comunal este 30 de septiembre, y han puesto en conocimiento de Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, la Defensoría del Pueblo y las Autoridades regionales y locales, en la que se estaría decidiendo la permanencia de la empresa en territorio comunal.
Actualmente Kañaris cuenta con 38 caseríos incluyendo la capital distrital: Illambe, Mollepampa, Atupampa, Mitobamba, Sigues, Quirichina, Shin shin, Alcanfor, Quinua, Tute, Pamaca, Mamagpampa, Taurimarca, Huacapamapa, Pandachí.
Así mismo, Chillasqui, Suchco, Saucepampa, Congona, Casa quemada, Sauce, Huallabamba, Naranjo, Machucará, Espinal, San Cristobal, Pozuzo, Rodeopampa, Palo Blanco, Santa Lucía, La Sucha, Hualte, T. P. Verde, Hierba Buena, Corralpampa y Cangrejera.
Según el sitio web de Candente Copper que impulsa el proyecto Cañariaco, se trata de un proyecto de un yacimiento de cobre a “gran escala”, el depósito contiene un total de 752.4 millones de toneladas. Con ley (concentrado puro) de 0,45% de cobre, 0,07 g / t de oro y 1,9 g / t de plata (0,52% Cu), que equivalen a 7,533 mil millones libras de cobre, 1,7 millones de onzas de oro y 45.2 millones de onzas de plata.
Además, el depósito contiene 157,7 millones de toneladas de recursos inferidos que contienen 1,434 mil millones libras de cobre en el yacimiento que ellos llaman “Cañariaco norte”. También refieren sobre Cañariaco Sur, adyacente al yacimiento Cañariaco Norte y un tercer depósito en Quebrada Verde, con los cuales estarían ampliando el proyecto Cañariaco, que cuenta con un financiamiento por $ 30 millones hasta febrero de 2011.
Gobierno ignora demandas de comuneros de Cañaris y cierra filas a favor de minería
Servindi, 23 de enero, 2013.- Las demandas de los pobladores del distrito de Cañaris, en Lambayeque, que se oponen al proyecto minero Cañariaco, no interesan al gobierno que lejos de tomar medidas al respecto anunció la instalación de frentes policiales en zonas mineras para garantizar las inversiones.
A esta conclusión se llega luego de ver cómo representantes del gobierno como el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dejan de lado el tema social y ambiental para afirmar orondamente que detrás de la protestas se encuentran “los mismos que se opusieron al proyecto Conga en Cajamarca”.
En esa misma línea de razonamiento se pronunció el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros Vladimiro Huaroc, quien luego de formar parte de una “mesa de desarrollo” en Chiclayo sostuvo que detrás de las protestas se encuentra una “minería radicalizada”.
Ambas declaraciones ignoran por completo la consulta realizada el 30 de setiembre de 2012, en la que participaron cerca de dos mil pobladores de San Juan de Cañaris, en la que un 97 por ciento se manifestó en contra del proyecto minero de la canadiense Candente Cooper, en fase de exploración.
Las autoridades pretende soslayar que la actividad minera es una decisión impuesta sin consulta a una comunidad originaria quechua que reivindica su derecho a defender los bosques húmedos, las cuencas de agua, la agricultura orgánica y su cultura ancestral.
Ignoran y hacen tabla rasa de que se trata de una comunidad originaria que reivindica su derecho colectivo al amparo del Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene fuerza jurídica en el Perú como tratado de derechos humanos y como tal está por encima de las normas legales y administrativas.
Ignora también que la actividad minera se pretende realizar sobre el territorio ancestral del pueblo Kañari, la cual afectará de una manera importante e irreversible su modo de vida, y que la mesa de desarrollo oficial pretende imponer una visión de desarrollo ajena a partir de la actividad minera.
Por eso, declaraciones como las antes citadas pretenden deslegitimar desde el inicio las protestas iniciadas el domingo 20 de enero en los alrededores del campamento minero de Candente Cooper, las mismas que ya obtuvieron respuesta de parte de efectivos policiales –más de doscientos cincuenta– que resguardan el lugar.
Sobre el conflicto también se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Otto Zoeger, quien señaló que su región no se puede dar el gusto de desperdiciar casi 1.800 millones de dólares directos o indirectos que genera la minería formal, por lo que pidió “se establezca el diálogo”.
En las últimas horas, el gerente de exploraciones de la Candente Cooper, Enrique Bernuy, opinó en la misma dirección que el titular del MEM al asegurar que en la reunión que celebró la comunidad de Cañaris en setiembre para rechazar el proyecto minero encontraron panfletos del MRTA y del Movadef.
Al margen de las declaraciones que evidencian sesgos interesados de parte lo que queda claro hasta el momento es que el proyecto minero no cuenta con el consentimiento de las comunidades afectadas y así lo confirma el creciente descontento de los pobladores locales, de los que no se puede decir -sin ofender a la verdad- que se trata de un puñado de “antimineros”.
Gracias a informaciones difundidas por fuentes locales como, por ejemplo, el área de estudios sociales y ambientales del Instituto de Desarrollo Regional (INDER) en los últimos días se han podido ver imágenes de los comuneros que han llegado a las inmediaciones del campamento minero para conversar con representantes de la empresa.
En el video se aprecia a una pobladora explicando por qué se oponen a la actividad minera y cómo es que sistemáticamente las autoridades hacen oídos sordos a sus demandas. Explica asimismo su preocupación por un recurso como el agua, fundamental para la agricultura y la ganadería.
Hasta este momento centenares de pobladores ratificaron continuar con su medida de fuerza y no han descartado trasladarse hasta las instalaciones de Candente Cooper para exigir el respeto de sus derechos. Mientras, el Ministerio del Interior respondió con la creación de un frente policial para resguardar las inversiones.
Iniciativas policiales como esas parecen estar diseñadas únicamente para reprimir y ahogar la voz de las comunidades que defienden su derecho a vivir sin contaminación y sin perder su identidad cultural ancestral. Mientras que a la vez se protege la inversión privada minera aún a costa de destruir la vida, las culturas, el hábitat y su diversidad.
Para más información sobre el caso pueden dar clic en los siguientes enlaces:
- Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Cañariaco.
- Informe del INDER sobre consulta realizada el 30 de setiembre de 2012.
- Comunera explica por qué se oponen a la minería.
Plataforma de Lucha de la Comunidad Campesina “San Juan Bautista” de Cañaris
1) Exigimos al Gobierno de Ollanta Humala que Respete la Consulta Comunal del 30 de setiembre, respaldados por el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante, donde el 97 % de la población DECIDIÓ CON LIBERTAD NO DARLE LA LICENCIA SOCIAL a la minera Candente Copper y su proyecto Cañariaco.
2) Rechazamos el permiso oficial de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua le ha concedido a la minera.
3) Rechazamos la Resolución Ministerial N° 002-2013-PCM que forma una “Mesa de Trabajo” a espaldas de la comunidad y con mayoría de representantes pro mineros del gobierno y de Lambayeque, para quebrar nuestra justa lucha.
4) SI al Dialogo que respete los acuerdos de la Asamblea de la Comunidad:
a.- Que el Gobierno plantee a la minera Candente que paralice sus trabajos en Cañaris.
b.- Que se instale una Mesa de Dialogo en Cañaris con representantes del Gobierno que tomen decisiones vinculantes y con la participación del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.
c.- Que la Mesa de Dialogo se instale después del inicio del Paro Indefinido el 20 de Enero.
¡Defendamos nuestros Bosques Húmedos, las cuencas de agua, la agricultura orgánica y nuestra cultura ancestral del Buen Vivir!
¡Cañariaco No Va, Ahora, Ni Nunca!
¡Exigimos al Gobierno que respete el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante!
Otras informaciones publicadas en Servindi:
Servindi, 23 de enero, 2013.- El 1 de febrero de 2013 vence el plazo para proponer nominaciones de candidatos o candidatas a miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas para el período de tres años, que va de enero de 2014 a diciembre de 2016. Seguir leyendo…
- Ecuarunari denuncia inicio de escalada represiva contra luchadores sociales.
Servindi, 23 de enero, 2013.- El martes 22 de enero se inició la ejecución de la sentencia de ocho días de prisión en contra de Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA), por el delito de “interrupción de servicio público”. Seguir leyendo…
Por César Gamboa Balbín*
23 de enero, 2013.- Han pasado 10 años desde que el Perú se comprometió formalmente a proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori, un compromiso que condicionaba el proyecto de explotación de gas de Camisea (lote 88), pues la idea era intervenir en la Amazonia Peruana, reduciendo al mínimo los impactos sociales Seguir leyendo…
Servindi, 23 de enero, 2012.- Iniciando la “Cumbre de los Pueblos de América Latina, Europa y El Caribe” el 25 de enero se llevará a cabo una gran marcha en Santiago de Chile, donde más de cuatrocientos organizaciones sociales y ciudadanos se movilizarán por “la justicia social, la solidaridad internacional y la soberanía de los Pueblos”. Seguir leyendo…
Servindi, 23 de enero, 2013.- A raíz de los intentos de empresas como Monsanto, Pioner y Dow de operar en tierras mexicanas, organizaciones civiles de todo el país alertaron sobre el peligro que representa para la humanidad la producción de maíz transgénico. El próximo 7 de febrero tratarán el tema en el marco de un debate organizaciones y representantes del Ejecutivo. Seguir leyendo…
Por Alberto Rabilotta*
ALAI, 23 de enero, 2013.- En el anterior artículo (¿Signos de desbandada neoliberal?) pasamos revista a la grave y persistente situación de las economías reales en los países del llamado “capitalismo avanzado”, y del comienzo de reconocimiento -por parte de economistas y políticos-, que el neoliberalismo y las recetas de austeridad han puesto el capitalismo a la defensiva y que los ingredientes para estallidos sociales ya existen en muchos países. Seguir leyendo…
Servindi, 22 de enero, 2013.- El paro indefinido iniciado el domingo 20 de enero por la población de Cañaris en rechazo al proyecto minero Cañariaco continuó el lunes 21 con el lanzamiento de bombas lacrimógenas por la Policía contra comuneros que protestan pacíficamente apostados en la estancia comunal Upaypitaq. Seguir leyendo…
Servindi, 22 de enero, 2013.- El sábado 26 de enero a partir de las 7:00 p.m. se llevará a cabo el Primer Encuentro de Trovadores en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, en solidaridad con el pueblo de Cañaris que rechaza del Proyecto Cañariaco de la empresa Candente Cooper. La cita es en la sede del Sindicato de Construcción Civil, ubicado en el Jr. Leticia 187, Pque. Obrero de Chiclayo. El ingreso es libre. Para más información acceder al siguiente audio:
- http://servindi.org/audio/YAKU.mp3 (descargar audio con un clic derecho en el enlace y elegir guardar como)
Según la ONU, para el 2030 la “huella urbana” alcanzaría los 1,5 millones de kilómetros cuadrados, el mismo territorio que suman Francia, Alemania y España (Foto: VeoVerde).
- Si, sobrevivimos al 21 de diciembre, pero no se sienta tan seguro de lo que sucederá con el planeta dentro de 50 años. El siguiente artículo es más que esclarecedor.
Por Oswaldo de Rivero*
Ideele, 22 de enero, 2013.- Las ciudades de California han sido las que más han crecido, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo industrializado. Durante décadas la población urbana californiana aumentó cada año en medio millón de habitantes, hasta tal punto Seguir leyendo…
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