"Ay, Colombia mía" (Ocurrió en el Catatumbo) De FRANCISCO ALVERO, EL JUGLAR DE LA LIBERTAD (de la CANTATA POPULAR "PARA QUE VENZA LA PAZ" 2012)
"Ay, Colombia mía!"
(Ocurrió en el Catatumbo)
CUMBIA
De FRANCISCO ALVERO, EL JUGLAR
DE LA LIBERTAD
(De la CANTATA "PARA QUE VENZA LA PAZ" 2012)
Sucedió en el Catatumbo, qué dolor!
Como tantas otras veces,
ay, qué horror!
Masacraron campesinos, sin
razón!
Para callar sus reclamos,
ay, por dios!
Todo el pueblo a las
calles, a luchar!
por justicia y dignidad, sin dudar!
porque así de esta manera, no podrán!
derrotar nuestra unidad, ay, ay, ay!
Es el pueblo
colombiano, tan chévere como el sol
gente humilde y muy honrada, paciente y soñador
esto colmó su paciencia, desbordó su corazón
por eso es que dice basta! de pobreza y represión
Ay, ay, ay, Ay, ay, ay! Ay, Colombia mía! Tan amada por tu pueblo, tan odiada por igual
Qué felices cantaremos, Ay, Colombia mía! Cuando seas liberada, cuando llegue ese día!
Ay, ay, ay, Ay, ay, ay!
Ay, Colombia mía! de todo el pueblo
depende, de que
alcances la alborada y que seas liberada!
Son el gobierno corrupto y el sistema criminal
por orden del Tío Sam y la derecha trasnacional
desde que murió Gaitán, quienes matan sin parar
ocurrió en el Catatumbo, mañana donde será?
desplazan a campesinos, indígenas masacran!
Es
que el gobierno no sabe, respetar
A nuestras comunidades, no lo hará!
A menos que nos unamos, Sin dudar!
Dispuestos para luchar y triunfar!
Morenita de mi tierra, dulce sal
se me van todas las penas, al bailar
pero las penas regresan, si te vas
Morenita de mi tierra, Si te vas
Y fue el sueño
de Bolívar, de Juan Eliécer Gaitán
el sueño de las guerrillas, de la justicia social
Ver una Nueva Colombia, libre, justa, siempre en paz
Y fue el sueño de Bolívar, de Juan Eliécer Gaitán
Sigue vigente ese sueño, el de la felicidad!
El Catatumbo florece, cara al sol
A pesar del atropello, que dolor!
Porque el Catatumbo vive, con amor
Y el Catatumbo resiste, con valor!
Los pueblos originarios, sabios son
pues son pueblos milenarios, sí, señor!
Son la cultura del diálogo y el amor
Nunca van a doblegarlos, no, señor!
Nuestra América y el mundo, en un grito exigen ya
basta de tanto atropello, de exclusión y de maldad
Somos un pueblo sencillo, que no merece este horror
miseria, guerra y dolor, desplazados, que dolor!
Somos pueblo colombiano, tan chévere como el sol
LEER
El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional
En medio de la crisis política que vive Colombia, organizaciones, líderes y lideresas del Catatumbo se suman al pliego de peticiones y exponen las necesidades particulares del territorio a través de la protesta pacífica.
Por: Ángela Martin Laiton | En alianza con Pacificultor
Las organizaciones sociales, indígenas y campesinas del Catatumbo se sumaron desde el pasado 28 de abril al Paro Nacional en Colombia, adheridos al pliego de peticiones del comité nacional del mismo, pero advirtiendo las necesidades regionales del territorio con una lista de prioridades que surgen desde el Catatumbo. Desde el pasado 4 de mayo las carreteras de la vía Cúcuta-Ocaña, hacia la Costa Atlántica, y Cúcuta- Tibú están cerradas atendiendo al llamado de Paro Nacional Indefinido y como respuesta al manejo que el Gobierno Nacional le ha dado a la protesta en Colombia. Sin embargo, es importante destacar que se abrió un corredor humanitario para el paso de elementos de primera necesidad y para evitar el desabastecimiento de los municipios.
La Pastoral Social de la Diócesis de Tibú ha promovido el diálogo en medio de la movilización de las organizaciones y asociaciones campesinas del Catatumbo y, el 7 de mayo, a través del evento “Diálogos Improbables” junto a la Universidad Javeriana, Universidad de Sheffield y Cinep, conversó con distintos liderazgos de los territorios alrededor del pliego de peticiones que hace el Catatumbo. Organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la organización Marcha Patriótica y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam), entre otras, han liderado la protesta pacífica y organizado las necesidades urgentes del departamento de Norte de Santander dentro de las que se enumeran:
No a la aspersión con glifosato, ni a la erradicación forzada
Implementación del acuerdo de paz de manera integral
Reapertura de la frontera
Justas tarifas de transporte de buses y taxis
No a la nueva estratificación urbana
Cese de la desaparición forzada en la frontera
No al cobro y creación injustificada de nuevos peajes
Parar la violencia sistemática contra las mujeres
Cese de las políticas lesivas de Iván Duque
Garantías para el gremio arrocero
Garantías para la protesta y la defensa de los DDHH
La paz completa, estable y duradera
Memoria Histórica
Cúcuta Deportivo para la ciudad y no como negocio
En uno de los comunicados se llama la atención además por la situación de empobrecimiento que ha sufrido el departamento, ubicando a Cúcuta como la cuarta ciudad más pobre del país. Además de todo ello, señalan las organizaciones, intervenir con glifosato acabará con toda la biodiversidad del territorio, afectará la salud de los nortesantandereanos y, particularmente, la de los catatumberos. Se hace un llamado urgente a generar un proceso de sustitución consensuada que venga acompañada de la construcción de las vías terciarias y el fortalecimiento de economías alternativas para el desarrollo.
Para Junior Maldonado, representante de Ascamcat, son múltiples y antiguas las razones por las que catatumberos y catatumberas se han sumado al paro: “en el caso del Catatumbo hay deudas históricas que están ahí desde los años 80, desde las marchas del nororiente, las de 1996, las del 2013 y las actuales […] La acumulación de dichas deudas sumadas al incumplimiento en los acuerdos de paz, la falta de diálogo entre comunidades y actores políticos que dirigen. Cerrar ese diálogo y no permitir dialogar a sectores diferentes del país genera que la movilización social sea una vía para poder escuchar las exigencias históricas. Esto hace que se generen hechos que uno no quisiera que pasaran: la confrontación de la fuerza pública con los protestantes”.
También, como representante de Ascamcat, señala contundentemente las demandas urgentes de las organizaciones que se han sumado a las manifestaciones en el Catatumbo, las necesidades y posibles rutas que ayuden a solucionar los conflictos dentro del territorio, “nosotros hemos vivido el asesinato de líderes. ¿Cuáles son las garantías para la vida de los campesinos, líderes y lideresas y firmantes de paz? Nosotros desde Ascamcat estamos movilizados junto a los estudiantes, arroceros, taxistas, barras del Cúcuta Deportivo. Juntos hemos generado unos elementos para la negociación. Hemos generado unas iniciativas para abrir la puerta del diálogo de interlocución. Son exigencias de carácter nacional, esperamos respuestas positivas, lo que nos queda es la interlocución y el diálogo”, finaliza.
Tibú es el municipio del país con más hectáreas sembradas con hoja de coca (20.000 hectáreas). Por extensión, la región del Catatumbo también ocupa el primer lugar con 41.000 hectáreas sembradas. Razón por la que se encendieron las alarmas frente al Decreto 380 que reglamentó el Gobierno Nacional el 12 de abril en el que se ordena el programa de aspersión. “Ustedes se podrán imaginar las implicaciones de las fumigaciones con glifosato: los impactos al ambiente y la situación de violación de derechos humanos. Las erradicaciones forzadas. La política antidroga de glifosato y erradicaciones forzadas son fallidas. Tibú es el municipio con más hoja de coca después de Tumaco, el crecimiento exponencial de cultivos. Asesinatos disparados suceden por el aumento exponencial de cultivos de uso ilícito y por las disputas de la renta de la coca”, afirma frente a esta problemática Junior Maldonado.
El director de la Pastoral Social de la Diócesis de Tibú, Jairo Gelvez Tarazona, hace un llamado a la solución de problemas básicos en el país y particularmente en el Catatumbo, pero también al diálogo y la solución pacífica de los conflictos: “Colombia está manifestándose, pronunciándose. Estamos orando para que no haya más sangre y para que el corazón de los gobernantes sane. Oramos para que podamos atender las necesidades básicas insatisfechas. Se trata de crear una ruta, un diálogo sostenible para convivir y aportar, pero donde el pan y el vestido lleguen a cada hogar. El pueblo no puede soportar más. Necesitamos igualdad de oportunidades, equidad para todas las personas y que la vida sea lo más importante. Hay que bajarle al tema de la inversión para la guerra. El camino de la guerra no es el camino de la paz”.
Además, el presbítero señaló dos aspectos fundamentales que las organizaciones sociales han manifestado como necesidades urgentes en el Catatumbo: el arreglo de la infraestructura vial, desde la carretera Cúcuta-Tibú que durante repetidas ocasiones ha quedado cerrada por el mal estado en que se encuentra, hasta las vías que comunican corregimientos y veredas. También, agrega, la necesidad imperante de una universidad pública a la que los y las jóvenes del territorio catatumbero puedan acceder, dado que muchos de ellos no encuentran oportunidades al terminar el bachillerato y son reclutados por los grupos armados que operan en la región.
Cristian Ibañez, del Colectivo de Jóvenes Ishtana-Tibú, es consciente de las necesidades que existen, sin embargo, afirma que la participación activa de los jóvenes en los procesos de la democracia puede traer los cambios que se necesitan: “Colombia tiene mucho potencial, pero todos sabemos que está estancada en su propia miseria, sabemos que se reparten el pan para ellos y dejan la migaja para el pueblo. Algunos crean cortinas realizando eventos cada año o entregando computadores, pero muchos proyectos que se pasan no son con otro fin que el de sacar provecho. El día que estábamos haciendo el cierre en la Uno, estábamos explicando la razón de la manifestación y decían que dejáramos de hacer paro, que esto viene pasando de años, o sea tienen normalizada la violencia y esto no puede pasar. Hay gente que tiene 70 años y no aspiran a nada mejor. Por eso los que se manifiestan son los jóvenes porque no han normalizado esto, hay que cultivar esa conciencia, ese amor por el país para las próximas generaciones. Borrar todo lo que hay y empezar de cero, cambiar a las personas que están en el poder. Montar gente con una nueva mentalidad, hay que cambiar estructural y culturalmente.”
“Ya tenemos experiencia y no queremos repetirla”: líder social del Pacífico nariñense sobre las fumigaciones con glifosato
¿Por qué la región del Catatumbo es tan susceptible a la violencia?
Según expertos, el territorio ha sido uno de los más olvidados por el Estado colombiano.
CAMILO HERNÁNDEZ 1 de agosto 2018
El pasado lunes 30 de julio, un ataque en el que murieron 9 personas acabó con la calma de los habitantes de El Tarra (Norte de Santander).
La masacre volvió a poner en el ojo público a la región del Catatumbo, una de las zonas más violentas del país y en la que, en los últimos 40 años, ha habido presencia de grupos al margen de la ley: Eln, Epl, Farc, paramilitares y disidencia de Farc.
Denuncian secuestro de Yadil Sanguino Manzano, exalcalde de San Calixto, en Catatumbo
2El asesinato de estas personas, entre quienes estaban un dirigente campesino y varios exguerrilleros, se une a la larga lista de acciones violentas que se han vivido en ese territorio.
En lo que va de año, por ejemplo, el Eln y el Epl se han visto envueltos en una guerra por el control de las rutas del narcotráfico que ha afectado a 145.000 personas de los 11 municipios del Catatumbo.
Para Enrique Pertúz, director de la Red Departamental de Derechos Humanos, la región es apetecida por la ilegalidad por varias razones.
Pertúz aseguró que en el Catatumbo hay más de 25 mil hectáreas de coca.
Foto:
Cortesía de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército
“El Catatumbo es una zona muy rica en minerales, como el petróleo, el carbón, el oro, y también es rica en biodiversidad, en aguas, en madera. Cuatro de sus municipios colindan con Venezuela y tiene una extensión de más de 25 mil hectáreas de hoja de coca. Con todo eso, ¿cómo no va a ser atractiva para la ilegalidad?”, dijo.
Pertúz resaltó que a la región todavía no ha llegado la implementación de los acuerdos firmados con la ex guerrilla de las Farc y que el Estado ha sido muy displicente con ese territorio.
“A pesar de toda la riqueza que tiene la región, es poco lo que ha hecho el Estado para sacarla del subdesarrollo, de la miseria, de la pobreza en la que está”, agregó.
Además, contó que hay nuevos actores en ese deseo de apoderarse del Catatumbo: “El cartel de Sinaloa y el cartel de Tijuana quieren el control del narcotráfico en la zona".
Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar, señaló que uno de los problemas de la violencia en la región es la corrupción.
Según Pertúz y Cañizales, entre 1999 y el 2004, con la presencia de los paramilitares, la guerra en el Catatumbo fue muy cruda.
“Hay una sola vía de comunicación entre Tibú y Ocaña (dos de los municipios más importantes del Catatumbo) y por ahí se mueve lo que sea”, aseveró. “Es una región muy militarizada, pero los grupos ilegales, los carteles y las mafias del contrabando operan con total libertad”, añadió.
Si bien durante este 2018 se han registrado varios episodios de violentos, los dos expertos consideraron que entre 1999 y el 2004, con la presencia de paramilitares, la guerra fue más cruda.
“Las acciones del paramilitarismo no se vieron ni se registraron en los censos que llevaban los organismos. Además, la Fuerza Pública fue cómplice”, manifestó Pertúz.
“En la época de los paras, se presentaron los mayores desplazamientos en la región, aunque ahora la gente no ha querido salir de su territorio, porque hacerlo cuesta mucho”, complementó Cañizales.
Diferentes atentados se han presentado en el departamento de norte de Santander, especialmente en oleoductos y la región del Catatumbo
Foto:
Efrain Patiño / AFP
Lo que reconocieron ambos fue que ahora es más visible la situación de violencia en la zona porque las comunidades se han unido.
Destacaron que la región se ha hecho a pulso y se ha mantenido a fuerza de resistencia y organización, a fuerza de ingeniarse las formas de sobrevivir.
“El verdadero poder está en la comunidad y en ese poder reside la capacidad de resistir todo tipo de violencia”, afirmó Cañizales.
“La construcción de procesos sociales han generado denuncias, marchas, paros, y eso ha ayudado a que medios de comunicación ayuden a visibilizar la problemática del Catatumbo”, dijo Pertúz.
El Catatumbo: la región de Colombia atrapada entre la violencia de las guerrillas
Los 11 municipios que conforman la llamada región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, frontera con Venezuela, están en medio del fuego cruzado entre guerrilleros del ELN y del EPL que mantienen enfrentamientos por el control territorial y de los cultivos de coca en la zona.
Tras décadas de alianzas y operaciones conjuntas, el Eln y el Epl decidieron enfrentarse a sangre y fuego en esa subregión de Norte de Santander. El copamiento de los territorios que anteriormente controlaban las Farc y diferencias en el trato con la población civil habrían desatado la confrontación, que ya ha causado desplazamientos y confinamientos en zonas rurales.
Dieciséis meses después de que el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc firmaran el Acuerdo Final en Bogotá, anunciando el inicio de una época de “posconflicto” en Colombia, la promesa de “paz” está lejos de concretarse en territorios caracterizados por escenarios de conflictividad social, política y armada. Es el caso de la región del Catatumbo, integrada por 11 municipios de Norte de Santander, donde desde el pasado 14 de marzo desacuerdos entre el Eln y el Epl desembocaron en un enfrentamiento armado sin precedentes en la historia de ambas organizaciones, que tiene en alerta máxima al movimiento social y a las comunidades.
Los impactos que esta confrontación ha causado en la población civil han sido documentados por la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA), que en un primer comunicado emitido el pasado 16 de marzo declaró que los enfrentamientos entre el Eln y el Epl afectaron a los pobladores de los municipios San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, El Carmen y Tibú, donde se habían presentado desplazamientos masivos; “retención temporal de civiles, incluyendo personal de misión médica”; dos civiles heridos; restricciones a la movilidad; cierre del comercio; y parálisis de las instituciones educativas, con afectaciones a 11.836 estudiantes y 553 docentes, todo lo cual constituye “infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
En un segundo comunicado, OCHA reportó el 20 de marzo que en las veredas Villanueva y La Primavera, de San Calixto, y en el corregimiento Mesitas, de Hacarí, 1.350 personas se encontraban concentradas en “refugios humanitarios” para resguardarse del fuego cruzado, con necesidades alimentarias y de atención en salud, así como en condiciones precarias de acceso a “frazadas, carpas, colchonetas, útiles de aseo y menaje”. La Oficina también reportó que la Defensoría del Pueblo regional Ocaña y la personería municipal de Hacarí habían recibido 18 declaraciones de desplazamiento forzado.
Para entonces, OCHA aseguró que el 80 por ciento de los estudiantes habían reanudado sus actividades, aunque 15 escuelas de El Tarra, Hacarí y San Calixto estaban cerradas. El mismo 20 de marzo, la organización humanitaria Consejo Noruego para Refugiados, que hace presencia en el Catatumbo, expidió un comunicado alertando sobre la urgencia de desescalar el conflicto y le pidió al gobierno nacional “atender con celeridad esta emergencia y garantizar la protección a la población civil”.
En una tercera comunicación de seguimiento, fechada este 26 de marzo, OCHA reportó un agravamiento de la situación humanitaria, al haberse incrementado a 2.400 el número de personas desplazadas en Hacarí y San Calixto. La Oficina también alertó por el confinamiento de tres mil personas en Convención, incluyendo comunidades indígenas, y por las restricciones que enfrentan 12.500 personas en Hacarí, El Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Sardinata para acceder a salud, educación, alimentación y agua.
La crisis, sin embargo, se venía gestando meses atrás, sin que las autoridades intervinieran para conjurarla.
Antecedentes
Organizaciones humanitarias y de derechos humanos con antigua presencia en el Catatumbo no dudan en señalar que el actual escenario de confrontación entre el Eln y el Epl está relacionado con la desaparición de las Farc como organización militar. Así lo explica Rafael Jaimes, presidente de la seccional Norte de Santander del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH): “Tradicionalmente, el Epl ha tenido un núcleo de actividad militar y política en Hacarí, La Playa y Ábrego. Sin embargo, atendiendo a que las Farc salían del escenario de confrontación armada, propició un proceso de expansión que inició en 2016 con una primera fase en San Calixto, Teorama y El Tarra. No obstante, lo hizo de una manera muy desordenada, generando una recomposición en las dinámicas de violencia en la región: gente de un municipio que aparecía asesinada en otro y ataques con francotiradores contra bases militares y de policía, todo lo cual se dio sin el acompañamiento de un proceso de expansión política”.
Durante la última semana el Epl ha bloqueado algunas de las vías de la región. Foto: Twitter – @AudreyCarillo.
Ejemplo del cambio en esas dinámicas fue el asesinato de Nelly Amaya, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, de San Calixto, sobreviviente del exterminio contra la Unión Patriótica (UP) e integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), ocurrido en enero de 2016. El crimen, de acuerdo con fuentes de la zona, habría sido cometido por el Epl luego de que Amaya se negara a acatar la exigencia de esa organización de no venderle comida a la policía en un restaurante de su propiedad. La amenaza, según las mismas fuentes, desconoció los criterios con los que las Farc y el Eln operaban en la región, al punto que para entonces “era impensable que una organización armada se metiera con una señora como Nelly”.
Una segunda etapa de expansión, de acuerdo con Jaimes, tuvo lugar en Tibú, Convención y Sardinata, con las mismas características de la primera: “Este proceso también fue muy débil desde el punto de vista ideológico y se hizo con un desconocimiento de las reglas del juego con que el Eln y las Farc actuaban en el territorio. El Epl rompió normas tácitamente establecidas, como que las estructuras armadas no estaban uniformadas en los cascos corregimentales, y empezó a desconocer a las organizaciones sociales, lo cual generó tensiones con el Eln”.
Con ese análisis coincide Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una organización no gubernamental defensora de derechos humanos con asiento en Norte de Santander. Según él, “desde hace dos años el Epl llegó a territorios ex-Farc a desarrollar unas prácticas de castigo a la población, reuniendo a la comunidad y diciendo: ‘Estas son las nuevas normas y el que no las cumple se muere’. Eso ocurre en un contexto muy complejo, porque en el Catatumbo los procesos sociales son fuertes, las juntas de Acción Comunal han desarrollado códigos de conducta, definen asuntos relacionados con linderos y con el uso del agua, en fin, existen comunidades organizadas y politizadas a las que el Epl llegó a imponerse a través de la violencia, asesinando incluso líderes sociales, por lo cual empezaron los problemas con el Eln”.
Las nuevas prácticas también incluyeron advertencias de fusilamiento contra presuntos ladrones y consumidores de sustancias psicoactivas, imposición de horarios para la circulación de personas y prohibición de actividades comunitarias, bajo la lógica de evitar actividades de inteligencia militar. Cañizares y Jaimes coinciden en que ese control territorial violento incrementó los asesinatos en la región. Así lo demostrarían, además, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal: durante 2015 se cometieron 87 homicidios en los 11 municipios del Catatumbo, mientras en 2016 el total fue de 156, para un incremento del 79 por ciento.
A nivel regional, la manera como el Epl decidió expandirse prendió las alertas sobre la conducción de la organización, a la que distintos sectores sociales del Catatumbo le conceden estatus político, pese a que el gobierno nacional lo considera un Grupo Armado Organizado (GAO) al que denomina como ‘Los Pelusos’. (Ver más en: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)
Hasta 1991, cuando el grueso de esa guerrilla se desmovilizó tras negociar con el gobierno nacional, la dirección estaba a cargo del clandestino Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCC-ML). Y aunque hoy continúan apareciendo comunicados en el Catatumbo a nombre del PCC-ML, en los últimos años ha habido un proceso continuo de desmejora de la cualificación política del Epl, que contrasta con el crecimiento de su capacidad financiera y logística, así como de su pie de fuerza, cuyo combustible es el narcotráfico.
Esa situación se agravó con la muerte en combate del responsable financiero del Epl, Víctor Ramón Navarro, conocido como ‘Megateo’, en octubre de 2015, a quien se le atribuye el incremento de la participación del Epl en el negocio de las drogas. (Ver más en: Confinamiento en tierra de ‘Megateo’)
Muerto ‘Megateo’, considerado un objetivo de alto valor por la Fuerza Pública, las autoridades se concentraron en otros integrantes de la organización que, a diferencia de Navarro, tenían formación ideológica. Tal es el caso de Guillermo Aguirre, conocido como ‘David León’ o ‘Juan Montes’, que a comienzos de los años noventa integró el pleno del comité central del PCC-ML, participó en actividades de formación política en Medellín y Córdoba, y fue capturado por la policía en Medellín en septiembre de 2016.
En un informe de contexto sobre el Epl, elaborado por la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, la Fiscalía aseguró que Aguirre tenía mando sobre cerca de 600 integrantes de esa organización y que había establecido control militar sobre el corregimiento San José del Tarra, de Hacarí. Al respecto, el ente investigador estableció que “si bien alias ‘Megateo’ fue el punto de quiebre de la extinta organización subversiva del Epl -la entidad la califica ahora como un GAO- debido a sus vínculos con el narcotráfico, no puede desconocerse que alias ‘Juan Montes’ o ‘David Aguirre’ mantuvo vínculos con la estructura de mandos del PCC-ML”.
Tras la captura de ‘David’, quedó al mando Jader Navarro Barbosa, conocido como ‘Caracho’, un curtido guerrillero que según registros de prensa ingresó a los 14 años al Epl y logró escalar hasta manejar la estructura de inteligencia de ‘Los Pelusos’ desde Hacarí. Pero empoderado de su nueva responsabilidad falleció en octubre de 2016 por causas no precisadas aún, se habla de muerte natural, a causa de la diabetes, pero también de asesinato.
Cañizares asegura que, tal como en el caso de Aguirre, “la Fuerza Pública empezó a realizar una serie de operaciones especializadas contra el Epl tras la muerte de ‘Megateo’, al punto de que poco más de dos años después todos los comandantes están muertos o presos, quedando la organización con dificultades en la conducción política y militar”. Agrega, además, que “el PCC-ML hace vida política y social en la región, pero sus integrantes no tienen las calidades necesarias para direccionar el brazo armado”.
Comunicado expedido por el PCC-ML y el Epl ante el anuncio del Eln del 20 de marzo, según el cual el Epl le había “declarado la guerra”. Imagen: Cortesía.
Todo ello habría generado prácticas violentas contra la población, amarradas a un aumento en la participación del Epl en la cadena del narcotráfico dada la explosión de cultivos de hoja de coca para uso ilícito que ha experimentado la región. Así, mientras en 2015 había 11.527 hectáreas en el Catatumbo, en 2016 la cifra ascendió a 24.587, para un aumento del 113 por ciento, según el último reporte de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Confrontación atípica
Las diferencias entre el Eln y el Epl empezaron a exacerbarse el pasado 20 de enero, cuando, según la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, guerrilleros del Eln dispararon contra una canoa en la que se transportaban por el río de Oro, en la frontera colombovenezolana, el cacique Leonardo Catsú y dos integrantes más de la comunidad indígena Bokshí.
Aunque esa comunidad está ubicada en Venezuela, los Barí se consideran un pueblo binacional, por lo que los indígenas del lado colombiano destruyeron un campamento del Eln y expulsaron a militantes de esa organización “que habitaban casas a las orillas del río de Oro”, todo lo cual calificaron como “un acto legítimo de resistencia y defensa del territorio”, según un comunicado expedido en febrero pasado.
Tras ese hecho, y pese a que la mayor parte los cuestionamientos por el trato hostil con los civiles recaían sobre sus hombros, el Epl emitió un comunicado rechazando el ataque contra el pueblo Barí y cuestionando duramente al Eln. En el documento, el Epl opinó que “la prohibición del tránsito de las comunidades por los caminos tradicionales, la imposición de compras y cultivos, la extorsión permanente y el continuo irrespeto a la actividad de las organizaciones en la frontera con Venezuela son una muestra (de) que en el Catatumbo esta organización no adelanta una guerra justa contra el enemigo sino contra el pueblo”.
Ese comunicado habría generado la reacción del Eln, que el pasado 14 de marzo atacó al Epl en por lo menos ocho puntos de cinco municipios del Catatumbo. Hasta el pasado 22 de marzo, un número indeterminado de combatientes habría muerto por los enfrentamientos, en hechos que desencadenaron la situación humanitaria descrita por OCHA, el Consejo Noruego para Refugiados y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El temor se incrementó la semana pasada por cuenta de la concentración de decenas de guerrilleros de ambas partes, así como por la incursión del Eln al centro poblado del corregimiento Filo El Gringo, de El Tarra, donde guerrilleros “buscaban a los milicianos del Epl”, según detallaron fuentes que pidieron la reserva de su nombre por razones de seguridad.
En redes sociales circulan, además, fotos de combatientes muertos y mutilados, por lo que las mismas fuentes señalan que “nos extraña mucho el odio y la sevicia de los ataques, que recuerdan las acciones de los paramilitares. Sobre todo, porque pareciera que ellos fueran enemigos acérrimos, contrario a lo que ha sido la historia de camaradería, respeto y trabajo conjunto que han sostenido los mandos, que además son de la región”.
Organigrama de la dirección del PCC-ML tras la desmovilización del grueso del Epl en 1991. Imagen: Fiscalía.
En efecto, y según detalla la Fiscalía en su informe de contexto, el Eln y el Epl sostuvieron relaciones de cooperación en el Catatumbo desde antes de la década del noventa, llegando a “realizar no solo operaciones de carácter conjunto, sino campañas y campamentos con el fin de diezmar los ataques de la Fuerza Pública y el paramilitarismo”. Más aún, tras la desmovilización de 1991, el Eln protegió a los combatientes del Epl que no se acogieron a la negociación con el gobierno y que tenían pocas posibilidades de subsistir por su cuenta. De acuerdo con el ente investigador, “el proceso de desmovilización se desarrolló con grandes divisiones internas y la disidencia del Epl que permaneció en el Catatumbo empezó a recibir apoyo del Eln, que los ayudó a reorganizarse”.
Asimismo, el Eln protegió al Epl en 2000, cuando la incursión de esa organización en el negocio del narcotráfico, entonces controlado por las Farc, llevó a esa última guerrilla a “declararle la guerra al Epl”. En un pronunciamiento emitido el pasado 20 de marzo, el Eln se refirió a esa situación, sobre la cual aseguró que “el Eln asumió el reto y costo político y militar para ese momento histórico al defender al Epl, y por tal motivo recibimos varios ataques de las Farc, pues el Frente de Guerra Nororiental estaba defendiendo al Epl y brindándole refugio en nuestros territorios”.
Esa relación también ha estado mediada por la constante vinculación de personas de la región a ambas organizaciones, al punto de que una misma familia puede tener integrantes en una y otra estructura. De hecho, en un comunicado fechado el pasado 22 de marzo, líderes sociales y comunales de El Tarra, Tibú, Hacarí, Teorama y San Calixto rechazaron la confrontación y explicaron que “con esto (el Eln y el Epl) están creando más resentimiento y enemigos en los pobladores del Catatumbo, porque recuerden que hay familias y amigos que pueden tener integrantes en ambas organizaciones”.
La situación, sin embargo, se ha agudizado por el cruce de señalamientos públicos. Así, mientras en el 20 de marzo el Eln calificó al Epl como “una guerrilla desfigurada en su concepción revolucionaria y alejada de los sentimientos populares; agresiva e impositiva con la población; degradada por sus alianzas con el bandidaje de los carteles de la droga”, el Epl acusó al Eln de tener “una actitud intransigente abriendo paso a la guerra, tomando posiciones agresivas contra nuestra base, calumniando nuestra organización con un lenguaje parecido al que usan las élites paramilitares y económicas del país”.
Christian Visnes, director en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados, le dijo a VerdadAbierta.com que esa organización humanitaria ya había alertado sobre la posibilidad de que el conflicto se exacerbara en el Catatumbo tras la desaparición de la guerrilla de las Farc, especialmente por cuenta de la continuidad de la histórica debilidad del Estado en la región.
Al respecto, explicó que “cuando las Farc se desmovilizan hay una reorganización de la zona de parte de los actores armados, porque lamentablemente el Estado no entra y establece control, situación que también ha ocurrido en todo el Pacífico y el sur del país”. Y agregó que “está claro que estos grupos (el Eln y el Epl) no se han puesto de acuerdo sobre quién, dónde y sobre qué ejercen el control”, desatándose la violencia y, con ella, los riesgos para la población civil.
Las comunidades de veredas y corregimientos se han reunido para tomar posición y exigir el cese de la confrontación. Foto: Twitter – @diogenesqa.
En ese escenario, las organizaciones sociales y comunitarias se han movilizado y pronunciado públicamente para exigir una salida dialogada al conflicto, el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario y el respeto a la autonomía de los procesos organizativos.
Clamor de las comunidades
Ante la escalada de violencia, el movimiento social del Catatumbo ha emprendido jornadas de concentración e incidencia política. Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), cuenta que “desde que se conoció este enfrentamiento ha habido una movilización social muy fuerte en todos los corregimientos y municipios, que da muestra de que en la región no estamos de acuerdo con la guerra y menos con un enfrentamiento entre grupos insurgentes”. Y agrega que “hemos tenido marchas en varias cabeceras municipales y concentraciones en los parques, jalonadas por las juntas de Acción Comunal, los movimientos sociales y las iglesias de todos los credos, analizando constantemente la situación humanitaria y en la búsqueda permanente de diálogos con las partes en contienda”.
En ese sentido se han pronunciado la junta de acción comunal del corregimiento San Pablo, de Teorama, que ha exigido la salida de todos los actores armados de la cabecera corregimental; el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca); el CPDH; líderes comunitarios de El Tarra, Tibú, Hacarí, Teorama y San Calixto; y una asamblea de presidentes y dirigentes de juntas de acción comunal de varios corregimientos de El Tarra, Tibú y Sardinata. El pasado 23 de marzo, estos últimos les pidieron al Eln y al Epl llegar “a un acuerdo” y rechazaron los bloqueos de vías, las amenazas que “han llevado al desplazamiento de personas y familias” y los cierres forzados del comercio y las escuelas, así como “los comunicados anónimos de las redes sociales que crean zozobra en las familias”.
A diferencia de la diligencia de las comunidades, en la región se lamentan por la falta de voluntad de las autoridades locales, regionales y nacionales en la búsqueda de una solución distinta a la militar. Para Rafael Jaimes, presidente de la seccional Norte de Santander del CPDH, “las juntas de acción comunal han asumido un liderazgo que no han tenido las alcaldías, que no han emitido ningún comunicado frente al tema. Pareciera que la autoridad civil está supeditada a la autoridad militar, porque hasta el momento todo ha estado mediado por la Fuerza Pública, cuya presencia incrementa el riesgo en momentos como este”. E insiste en que “nos preocupa que se militarice aún más el territorio, en un contexto en el que el gran ausente ha sido el gobierno nacional, que debería atender la situación humanitaria e impulsar las iniciativas comunitarias”.
A largo plazo, y ante la difícil coyuntura que atraviesa la región, el CPDH y varias organizaciones de mujeres, buena parte de ellas vinculadas al Partido Comunista y a Marcha Patriótica, le pidieron al gobierno acelerar los diálogos con el Eln en Quito, Ecuador, así como reconsiderar su posición sobre el estatus del Epl con miras a buscar una solución política con esa organización, todo lo cual contribuiría a mejorar la situación humanitaria en el Catatumbo.
Como en otras zonas de antigua presencia de las Farc, el Ejército hace presencia en el Catatumbo en cumplimiento del Plan Horus, considerado como la “fase avanzada del Plan de Estabilización y Consolidación Victoria”. Foto: Ejército.
De hecho, a comienzos de año las comunidades daban cuenta de un descenso importante de la conflictividad armada por cuenta del cese al fuego bilateral, nacional, temporal que decretaron el gobierno nacional y el Eln entre el 1 de octubre y el 9 de enero. (Lea más: No habrá continuidad del cese al fuego bilateral con el Eln).
Quintero, además, llama la atención por las demoras en la implementación de elementos del Acuerdo Final que podrían haber contenido la situación actual, tales como la puesta en marcha de las medidas de seguridad integral para las comunidades rurales y el desarrollo expedito del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, del que en la región existe apenas un piloto en la vereda Caño Indio, de Tibú, donde tiene asiento un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de excombatientes de las Farc.
Consultado por los avances de la implementación en el Catatumbo, Visnes asegura que “ha sido muy lamentable, dado que no hemos podido identificar una escalada de acciones civiles del Estado en relación con los acuerdos de paz. Ni siquiera hemos visto acciones tendientes a facilitar la reincorporación de los excombatientes, por lo que el acuerdo ha sido una gran frustración para la población, que en 2016 tenía grandes expectativas de que el Estado iba a llegar con todas sus instituciones a las zonas rurales”.
Así las cosas, y como ha sido tradición en el Catatumbo, son las comunidades, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el movimiento social los que han tenido que asumir la tarea de buscar soluciones al escalamiento del conflicto, pese a que son ellos quienes reciben los mayores impactos de la guerra y de la debilidad institucional.
La confrontación armada entre ‘elenos’ y ‘pelusos’ generó una crisis humanitaria que es, quizás, la más delicada que ha experimentado esta región en los últimos años. Detrás de todo ello hay décadas de problemas sociales que no se han atendido con eficacia ni prontitud.
¿Qué pasará después de las 6 de la tarde de este jueves? La pregunta ronda entre las 285 mil personas que viven en el Catatumbo, Norte de Santander, quienes desde el pasado 15 de abril padecen prolongados confinamientos y desabastecimientos por cuenta del paro armado decretado por el denominado Frente Libardo Mora Toro, una antigua disidencia de la desmovilizada guerrilla del Epl y los choques armados con la guerrilla del Eln.
Esa estructura armada anunció mediante un panfleto distribuido en la región que, como gesto humanitario con la población, permitiría la apertura del comercio para que la gente compre víveres y alimentos durante un plazo de 60 horas, que vencen hoy.
“A partir de la última fecha mencionada se reanuda el cierre del comercio y demás actividades cotidianas”, agrega el comunicado y advierte que “referente a la exigencia del levantamiento del paro armado por petición de las comunidades, nuestra organización tiene toda la voluntad de levantarlo siempre y cuando el Eln deje de hostigar nuestras tropas y amenazar a la población civil y líderes de la región”.
Se trata de un clamor generalizado entre comunidades campesinas, indígenas, líderes y organizaciones sociales. La confrontación armada que sostienen desde hace poco más de 40 días en la región del Catatumbo no sólo tiene agobiados a sus pobladores, quienes hoy son victimizados por ambos bandos, sino que, además, está generando una crisis humanitaria que está en camino de adquirir graves proporciones.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), desde que iniciaron los combates, por lo menos unas 90 mil personas han visto afectado su derecho a la movilidad; es decir, no pueden salir de sus veredas, no pueden viajar a municipios vecinos, no pueden salir a realizar sus faenas diarias ni asistir a un centro de salud en total tranquilidad. La ferocidad de los combates llevó a que por lo menos unos 80 centros educativos de la región cerraran sus puertas. Unos 45 mil menores de edad no reciben clases en estos momentos.
De acuerdo con esta agencia de Naciones Unidas, la cifra de personas que han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza en lo que va corrido del año llega a las 4.633 (unas 1.249 familias). Hacarí, San Calixto, La Playa de Belén y Ocaña figuran como los municipios más expulsores: “Las personas están concentradas en doce espacios de protección humanitaria creados en los mismos municipios. También se registra un número indeterminado de desplazamientos individuales y existe alto riesgo de ocurrencia de nuevos desplazamientos”.
Ocha también consigna la grave situación de diez líderes sociales que renunciaron a sus organizaciones por presión de los grupos armados. En los once municipios que conforman el Catatumbo cientos de supermercados, tiendas, cafeterías, almacenes de insumos agropecuarios, de venta de ropa tuvieron que cerrar sus puertas desde que inició el paro armado decretado por el Epl.
Prensa y misión médica: afectados
Esta nueva guerra entre el Eln y la antigua disidencia del Epl se ha librado con tal ferocidad que ambos mandos han desconocido las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Funcionarios de la Defensoría del Pueblo denunciaron que ambas estructuras armadas prohibieron la movilización de un equipo médico hacia zona rural del municipio de San Calixto, donde se registraron combates que dejaron un saldo de dos personas muertas.
El hecho motivó un enérgico pronunciamiento por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que se respetara y protegiera a pacientes, personal, instalaciones y medios de transporte de la misión médica. Por su parte, todas las agencias de Naciones Unidas decidieron suspender sus viajes al Catatumbo tras considerar que no existen condiciones de seguridad para sus funcionarios.
Hasta el periodismo local ha sido constreñido por los actores armados en disputa. Denuncias recibidas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señalan que el pasado 14 de abril, el director de la emisora comunitaria Manantial Estéreo, con sede en el municipio de Convención, recibió la llamada de un hombre que se identificó como integrante del Frente Libardo Mora Toro. Con amenazante insistencia le pidió al periodista leer al aire un comunicado en el que se anunciaba el inicio del paro armado indefinido.
Desafortunadamente, la guerrilla del Eln consideró que, con la lectura del panfleto, la emisora había tomado partido por el bando enemigo, por lo que lanzó intimidaciones contra los comunicadores. Por su parte, el comandante de la estación de Policía de Convención determinó que el director de Manantial Estéreo estaba haciendo apología al terrorismo y que el medio de comunicación estaba funcionando como caja de resonancia de los grupos armados.
Pero este no es el único episodio que afecta a la prensa. De acuerdo con la Flip, en otros cinco municipios del Catatumbo las emisoras comunitarias fueron constreñidas por integrantes del Epl a leer profusos comunicados en los que justificaban su accionar y arremetían contra su nuevo enemigo: la guerrilla del Eln.
“Desde hace varias semanas las emisoras se encuentran operando a media marcha. Hay emisoras que prefieren realizar su labor a puerta cerrada ante el temor a ser blanco de algún grupo armado porque a pesar de haber leído el comunicado, como les ordenó el Epl, las amenazas continuaron y dos de ellas fueron obligadas a cerrar”, señala la FLIP en uno de sus comunicados. Se trata de dos emisoras comunitarias con sede en los municipios de El Tarra y Teorama. (Leer más en: Norte de Santander, una frontera que quieren silenciar)
Epl: ¿guerrilla?
Llamados por el gobierno nacional como ‘Los Pelusos’, el Frente Libardo Mora Toro constituye el último reducto de lo que fue el Ejército Popular de Liberación (Epl); estructura que viene experimentando un acelerado crecimiento. Foto: archivo Semana.
En un pasado no muy lejano, guerrilleros del Eln e integrantes del Frente Libardo Mora Toro caminaron juntos por las mismas veredas del Catatumbo, como si fueran miembros de la misma familia o, por lo menos, de la misma organización. No fueron pocas las ocasiones en que patrullaron juntos y se coordinaron para combatir a la Fuerza Pública o al paramilitarismo.
“Estas dos organizaciones armadas en el pasado fueron como hermanas, se protegían mutuamente, llegaban a acuerdos sobre la distribución del territorio de manera fácil, operaron juntos en muchos casos”, recuerda Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización defensora de derechos humanos con sede en Cúcuta.
Aunque tal camaradería nació a comienzo de la década de los ochenta, cuando ‘elenos’ y Epl compartieron asiento en la Coordinadora Guerrillera, una plataforma que buscaba generar mayor incidencia política a la vez que pretendía unificar el accionar guerrillero en varias regiones del país, en el Catatumbo esta relación se afianzaría mucho más después de 1991.
El 1 de marzo de ese año, 2.200 combatientes del Epl dejaron sus armas tras el acuerdo de paz firmado con el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994). La historia consigna que por lo menos 200 excombatientes, liderados por Francisco Caraballo, no compartieron lo pactado y decidieron regresar a la lucha armada. Fueron por lo menos 13 estructuras las que intentaron mantener vigente un movimiento insurgente que llegó a ejercer poder y dominio en regiones como el Alto Sinú cordobés, el Urabá antioqueño, el Eje Cafetero, el Putumayo y el Catatumbo.
Una de ella fue, precisamente, el Frente Libardo Mora Toro, cuya presencia en el Catatumbo data de principios de 1982. Pese a que en la región ya había presencia del Frente 33 de las Farc y los frentes Carlos Armando Cacua y Diego Cristóbal Uribe del Eln, logró consolidar un corredor que se extendía desde los barrios marginales de Cúcuta, pasando por Puerto Santander, El Zulia, la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.
Tal como lo documentó la Comisión de la Superación de la Violencia en su libro “Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz”, la concentración de los combatientes del Libardo Mora Toro en el corregimiento de Campo Giles, en Tibú, a finales de 1990, estuvo plagada de dificultades.
“La larga inactividad en los campamentos produjo fricciones con la comunidad y entre los mismos desmovilizados, agravadas por la falta de un liderazgo interno y la baja capacitación de los excombatientes. A esto se suma la lentitud de la Alta Consejería de Paz en el abastecimiento de campamentos y la presencia de otros grupos guerrilleros que incitaron a los desmovilizados a huir del campamento con su armamento”, consignó en su momento la Comisión de la Superación de la Violencia.
Al final, poco más de 35 combatientes del Libardo Mora Toro decidieron desertar del campamento con su armamento. Mario Agudelo, desmovilizado del Epl, quien luego integró el partido político Esperanza, Paz y Libertad, surgido tras los acuerdos con el gobierno nacional, recuerda que “después se fueron como otros 17 muchachos. Ahí no estaban ni los principales mandos políticos ni los comandantes fuertes en lo militar. Todos eran mandos medios. ‘Megateo’ era un estafeta por aquel entonces. ¿Qué sucede? Como no eran fuertes en lo militar, el Eln comienza a protegerlos y ayudarlos durante varios años”.
El Libardo Mora Toro terminó replegándose a los municipios de Hacarí, El Tarra y San Calixto, bajo el mando de Víctor Ramón Navarro, conocido como ‘Megateo’. Desde allí resistió la arremetida paramilitar del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), al que combatió conjuntamente con los ‘elenos’; también confrontó la avanzada de las Fuerzas Militares en operativos conjuntos con el Eln y hasta con las mismas Farc.
Al final, la suerte de las estructuras disidentes del Epl fue la misma: cooptadas por las Farc, el Eln o los paramilitares o aniquiladas por las Fuerzas Militares. Excepto el Libardo Mora Toro. Si bien el Ministerio de Defensa, mediante la Directiva Permanente 0015 del 22 de abril de 2016, catalogó a esta estructura como un Grupo Armado Organizado (GAO) bautizándolo como ‘Los Pelusos’, el director de la Fundación Progresar señala que “ellos acá reconstruyeron el PCML (Partido Comunista Maoista Leninista), revivieron el periódico Revolución y en la región se comportan como una guerrilla”. (Leer más en: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)
¿Narcotización?
Con más de 22 mil hectáreas de hoja de coca sembradas, el Catatumbo es la segunda región de Colombia con mayor presencia de cultivos ilícitos. Allí, los planes de sustitución voluntaria no despegan. Foto: archivo Semana.
De acuerdo con informes de las autoridades militares y de Policía, el Libardo Mora Toro, o ‘Los Pelusos’, se involucró en el negocio del narcotráfico desde el mismo momento que decidió apartarse del proceso de paz. “En ese momento, ese negocio lo manejaban las Farc, pero ellos incursionan tanto que terminan tan absorbidos, que el narcotráfico los termina superando”, agrega Cañizares, quien aclara que “no solo es la coca, también todo el contrabando que se mueve por la frontera lo controlaba el Epl porque ellos conocían muy bien esa zona”.
Con los millonarios excedentes de la producción de coca, su máximo comandante realizó obras sociales para ganarse el favor de la comunidad y presentarse ante ella como un ‘Robín Hood’. En veredas y corregimientos del Catatumbo llegó más rápido el dinero de ‘Megateo’ para solucionar problemas puntuales que el aparato estatal para imponer allí su soberanía.
Pero su poderío concluyó tras ser abatido en combates con el Ejército el 2 de octubre de 2015 en el corregimiento de San José de El Tarra, municipio de Hacarí. En su reemplazó asumió Guillermo León Aguirre, alias ‘David León’, pero fue capturado por autoridades militares el 5 de septiembre de 2016 en la ciudad de Medellín.
Desde entonces, ‘Los Pelusos’ han venido en un proceso constante de reacomodo de su línea de mando, que, según el director de la Fundación Progresar, “ha llevado a que llegue al poder gente muy joven, que no tienen la suficiente formación política y están más contaminados por el narcotráfico. Por lo menos eso dicen los ‘elenos’: que quieren sacar al Epl de la región porque están cansados de su actuar mafioso, que perdieron su vocación revolucionaria”. (Leer más en: El Epl, a la conquista de la coca del Catatumbo)
Mientras la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que esa fuerza puede estar integrada por 130 combatientes, la Fundación Progresar estima que pueden ser entre 450 y 500 hombres. Lo cierto del caso es que hoy, el Epl exhibe una fortaleza militar producto del control que ejerce sobre buena parte de los eslabones de la cadena del narcotráfico, tal como lo documentó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inminencia 010-18, emitida el pasado 23 de enero, en la que advierte el riesgo de violaciones a los derechos humanos por cuenta de la expansión del Frente Libardo Mora Toro.
“El Epl cobra un impuesto a los campesinos que producen la base de coca en ‘cocinas’ ubicadas en territorios sobre los que tiene influencia; adicionalmente compran a estos productores la base de coca y la trasladan hasta pequeños laboratorios localizados en territorios que mantienen bajo su subordinación, donde es convertida en clorhidrato de cocaína y posteriormente contactan a los compradores finales que la sacarán a los mercados internacionales o para el consumo doméstico”, consigna el SAT en su Alerta Temprana de Inminencia.
Claman por paz
La fuerte oleada de violencia que azota al Catatumbo ha motivado diversas reacciones ciudadanas, una de ellas, la marcha que tuvo lugar el pasado sábado 15 de abril. Foto: archivo Semana.
Desde que comenzó la colonización campesina en el Catatumbo, finalizando la década del cincuenta del siglo pasado, hasta nuestros días, los habitantes de esta región han estado sometidos a los vaivenes de la violencia. “Aquí se han vivido seis décadas de guerra continua. Pero eso no quiere decir que la gente del Catatumbo sea gente violenta”, aseguran integrantes del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), organización social con presencia en la convulsionada región.
Esa perpetuidad de la violencia, afirman los integrantes del CISCA, quienes pidieron la reserva del nombre, ha servido de excusa para que el Estado no atienda los “verdaderos problemas del Catatumbo. El Estado cree que aquí el problema es la coca y la guerrilla, pero aquí hay problemas históricos sin resolver, como la tenencia de la tierra y la violación de derechos humanos. Decir que esta nueva violencia que vive la región obedece a una disputa por narcotráfico no agota las explicaciones”. (Leer más en: “En La Habana se negocia la agenda de las Farc, no la nuestra”: campesinos del Catatumbo)
Para corroborarlo, señalan que aquellos territorios donde hoy se libran cruentos combates entre ‘elenos’ y Epl hacen parte de los municipios priorizados por el Ministerio del Postconflicto para implementar allí los acuerdos de paz con las Farc. “Pero, ¿qué se ha hecho? Nada. Ni la sustitución de cultivos ni los planes de desarrollo con enfoque territorial. Nada. Después dicen que fue por la violencia, cuando el Acuerdo se firmó hace dos años y esta violencia se recrudeció hace un mes”.
Postura similar asume Wilfredo Cañizares: “Las Farc se concentraron en Caño Indio (Tibú) y el gobierno de Santos dijo: ahora sí va llegar el Estado. Y nada. Antes, cuando los paramilitares se desmovilizaron en Campo Dos (Tibú), el gobierno Uribe dijo: el Estado va llegar. Y nada. Cuando el Epl se concentró en Campo Giles (Tibú), el gobierno de Gaviria se comprometió a construir el acueducto para ese corregimiento. Esta es la hora que no cuentan con agua potable. El Estado nunca llegó, pero los que sí llegaron rapidito fueron los actores armados ilegales”.
Así lo advirtió, en su momento, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo mediante las Alertas Tempranas de Inminencia No. 010-18 y No. 014-18, emitidas el 23 y 26 de enero respectivamente. En ambos documentos se advierte que meses antes de que las Farc hicieran dejación efectiva de sus armas, el Libardo Mora Toro y la guerrilla del Eln planeaban copar dichos territorios.
Mientras los primeros se fortalecieron en número y comenzaron un proceso de desdoblamiento que los llevó a incursionar en los municipios de Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Pelaya, en César, los segundos quisieron apelar a su presencia histórica y su hegemonía militar para proclamarse como los “herederos legítimos de los espacios dejados por los farianos”. (Leer más en: En Cesar y Norte de Santander temen confrontación entre el Eln y el Epl)
Presencia del Eln en Norte de Santander Toque cada uno de los puntos para ver su información. Fuente: Diario La Opinión.
Pero las intenciones e intereses de uno y otro grupo armado comenzaron a chocar profundamente, a tal punto que decidieron declararse la guerra. “Aquí en la región existían acuerdos entre las guerrillas y de las guerrillas con la comunidad: por ejemplo, no usar armas ni camuflados en los cascos urbanos; respeto por el trabajo de las organizaciones sociales; respetar el DIH; respetarse los límites de cada grupo armado. Pero ‘elenos’ y Epl se acusan mutuamente de haber violado esos acuerdos; de no respetar el trabajo comunitario, de no respetarse límites”, relata un habitante de El Tarra, consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)
Según la fuente, uno de esos acuerdos incumplidos tiene que ver con la comercialización de pasta base de coca: “los ‘elenos’ pagan a 3.2 millones ó 3.1 millones el kilo de pasta base y al fiado, o sea, paga a los dos, tres, cuatro meses. En cambio, ‘Los Pelusos’, para ganarse a la gente, comenzó a pagar el kilo de pasta base a 3.5 millones y de contado. Y eso no le gustó para nada a los ‘elenos”.
Riquezas por doquier
Comunidades enteras en el Catatumbo han hecho de la organización comunitaria y campesina un verdadero fortaleza desde la que han resistido la violencia y la ausencia del Estado. Foto: archivo Semana..
¿Qué tiene el Catatumbo que lo hace tan atractivo para los grupos armados? Según las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en el año 2016 se registraron allí unas 24.587 hectáreas sembradas con hoja de coca, siendo la segunda región del país con mayor presencia de cultivos ilícitos. Los municipios de Tibú (12.787 ha), Sardinata (3.847 ha), y El Tarra (3.683 ha) figuraban como los más afectados por la presencia de la mata.
Antes de su dejación de armas, las Farc controlaba buena parte de los sembradíos, así como el comercio de pasta base. Pero tras su salida del escenario bélico, el mercado se transformó y tanto el Eln como el Epl intentarían beneficiarse de dicha situación. Lo preocupante es que otro actor se está sumado a dicho interés. Se trata de los carteles mexicanos que pretenden controlar todos los eslabones del multimillonario negocio ilegal, incluido, los sembradíos en Colombia.
“El Cartel de Sinaloa está comprando la mayoría de coca que está saliendo del Catatumbo. Ellos están en el territorio”, asegura Cañizares. “En la región sí hay sustitución, pero de una mata a otra variedad que está produciendo cuatro y cinco cosechas al año. Además, no estamos hablando de campesinos con tres o cuatro hectáreas, hablamos de campesinos con más de 10 hectáreas de hoja de coca”.
Su condición de frontera con Venezuela también convierte al Catatumbo en un lucrativo botín. Por las decenas de trochas (caminos veredales) que conectan al pueblo binacional se mueven diariamente miles de galones de gasolina, toneladas de comida, precursores, armas, uniformes y cientos de artículos de contrabando que le facturan varios millones de pesos a quien logre controlar dichos corredores. (Leer más en: Puerto Santander, en la ruta de ‘las bachaqueras)
El paso del oleoducto Cañón Limón-Coveñas le agrega otro atractivo ilegal a la región. Ambos grupos armados “ordeñan” el tubo para sacarle petróleo, que luego es procesado de manera artesanal para producir una gasolina que en la región se conoce como ‘Pategrillo’ y es utilizada en la producción de alcaloides. (Leer más en: El ‘oro negro’ del Catatumbo, atractivo de los grupos ilegales)
Pero, en el fondo, se trata de una confrontación por el derecho a imponer un orden alterno en un territorio que no ha conocido la presencia integral y efectiva del Estado y por el que cualquier grupo armado con pretensiones de poder estaría dispuesto a matar o morir. No en vano, las comunidades campesinas que habitan el Catatumbo, cuya fuerte tradición organizativa es reconocida a nivel nacional y sobre las cuales buscan influir ambas guerrillas, también son objeto de disputa. (Leer más en: Las organizaciones sociales que mueven el Catatumbo)
“Por eso es que preocupa esta confrontación, por lo que está en juego. Los guerreros que se están matando, ¿de dónde son? Del Catatumbo, tienen familias en el Catatumbo, tienen vínculos con el Catatumbo. Hay decenas de casos de hijos de una misma familia que están o en los ‘elenos’ o en el Epl o en ambas. Por eso la preocupación, porque se puede empezar a atacar a la población civil”, advierte Cañizares.
Justamente eso es lo que viene ocurriendo: quienes nada tienen que ver con este conflicto están quedando en medio de un intenso fuego cruzado. “Estamos a nada de que estos grupos armados impongan eso que llaman ‘fronteras invisibles’. De que le digan a uno: ‘cómo usted es de El Tarra entonces usted es del Eln, entonces no puede venir a San Calixto; o al revés, cómo usted es de Hacarí o La Playa, entonces usted es de ‘los pelusos y tiene prohibido entrar aquí”, manifiesta un líder del corregimiento Filo Gringo, de El Tarra, quien, ante el miedo que ronda entre la población, pidió que se omitiera su nombre.
ACTUALIDAD
En las entrañas del Catatumbo
En la única región del país donde conviven las Farc, el ELN y el EPL, el gobierno se juega no solo el cierre del conflicto armado sino el posconflicto. ¿Cómo ponerle fin a la coca, a la violencia y al abandono del Estado?
27 de mayo de 2016
El EPL, encabezado por Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, tuvo una importante expansión en los últimos años gracias a la coca y el narcotráfico. | Foto: Semana
"Después de la larga noche oscura, donde el silencio cerró las puertas de la alegría, la población lloró con dignidad a sus muertos”. Dicen que se escuchó esa frase en el primer Festival de la Vida realizado en La Gabarra, hace unos diez años, para recordar a las víctimas de la violencia paramilitar que azotó a toda la región del Catatumbo. Y es la misma que los lugareños han tratado de usar, como una especie de mandala, para espantar la muerte y sembrar la paz en la región.
Pero la oscuridad parece seguir en esta rica y conflictiva zona de Norte de Santander. Eso quedó en evidencia en la última semana con la desaparición en El Tarra, el sábado 21, de la combativa periodista Salud Hernández, y el posterior secuestro de Diego D’Pablos y Carlos Melo, del Canal RCN, quienes estaban tratando de seguirle el rastro.
Lo ocurrido hizo que toda la atención del gobierno y de los colombianos se centrara en el Catatumbo y se empezara a entender por qué es, hoy en día, la zona más compleja y peligrosa del país. Una de las pocas en las que conviven las Farc, el ELN y el EPL, en donde la coca está disparada y en la que el Estado prácticamente no existe o no ha sido capaz de imponer su autoridad.
A decir verdad, a sus 288.000 habitantes, en su mayoría campesinos pobres, les es difícil saber cuándo les cayó la oscuridad. Los más ancianos creen que empezó a mediados del siglo XX con las primeras explotaciones petroleras, que llevaron a los empleados de la Colombian Petroleum Company (Colpet) a cazar a los indígenas motilones barí que se oponían con flechas a que invadieran sus tierras ancestrales. El petróleo sería el principal motor para colonizar muchos de estos parajes, pero también el combustible de grandes conflictos. Otras personas creen que comenzó con la violencia entre liberales y conservadores, o con las luchas sindicales de la USO y las asociaciones campesinas que han tratado de atraer la atención del Estado para que les ayude con vías, vivienda, salud, educación, y demás auxilios.
Pero otros, especialmente los más jóvenes, creen que la noche arreció en los años ochenta, con la expansión de las guerrillas y la coca. Tal vez el primero en llegar, o tal vez en regresar, fue el ELN, por dos rutas: una, desde Arauca, siguiendo el camino del petróleo de Caño Limón, detrás de la construcción del oleoducto que va hasta Coveñas. El mismo que le generaría grandes recursos para adelantar su proyecto revolucionario. Y la otra, desde el sur de Bolívar. Un exmilitar, que combatió en la zona varios años, dijo a SEMANA que los elenos tenían en el Catatumbo una especie de centro de aprovisionamiento y de retaguardia, que les permitía moverse fácilmente en varias regiones y obtener pertrechos de la Guardia Nacional de Venezuela. Allí estaba el campamento madre del legendario cura Manuel Pérez y era un importante centro de operaciones, en especial para atentar contra el oleoducto.
Por esos años empezaron a aparecer plantaciones, primero de marihuana y después de coca. El investigador Alfredo Molano dijo, en un reportaje, que sembraron los primeros arbustos en La Gabarra y rápidamente se extendieron por Filogringo, Teorama, Convención, El Carmen, San Calixto, El Tarra y Hacarí. Todos, el comercio, el transporte, la guerrilla, las autoridades civiles y militares y los campesinos se beneficiaron con esa bonanza.
Las condiciones climáticas hacen que en el Catatumbo se registre el más alto rendimiento de hoja de coca en el país: 5,500 kilogramos de hoja por hectárea al año, según el Simic. Es donde mejor se paga la hoja y donde más se produce cocaína, después del Pacífico y del Putumayo. Solo en La Gabarra, que nació como un pequeño puerto petrolero, llegaron más de 15.000 personas a vivir de la coca.
A comienzos de los años noventa, después de la desmovilización del EPL, una disidencia denominada frente Libardo Mora Toro se asentó en la zona, especialmente en Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra y San Calixto. Los tres grupos lograron convivir gracias a que se repartieron Catatumbo. Había tanta coca, tanta riqueza del contrabando y tanta plata, que había espacio para todos.
Los años más sombríos
Para la mayoría de los habitantes, la penumbra arreció en 1999 cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a la zona, no para confrontar al ELN como dijo en una entrevista Carlos Castaño, sino para quitarle a la guerrilla el millonario negocio del narcotráfico y controlar la frontera con Venezuela. Hoy se sabe, por Justicia y Paz, que 200 paramilitares salieron desde Córdoba, a bordo de varios camiones cruzaron cinco departamentos hasta llegar a Tibú, en donde mataron, lista en mano, a varias personas a una cuadra de la estación de Policía. Se abrieron paso hasta La Gabarra, donde ejecutaron a 34 más y dejaron una estela de muerte, con la complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Varios oficiales y suboficiales han explicado en detalle esta macabra alianza.
Los grupos guerrilleros y miles de campesinos salieron de la zona. Muchos, como las Farc, se refugiaron en Venezuela o en zonas apartadas. En 2004, el bloque Catatumbo de las AUC se desmovilizó. Se estima que más de 800 personas terminaron asesinadas, hay decenas de desaparecidos y miles de víctimas.
Los grupos armados que habían dominado la zona ocuparon ese vacío de nuevo. El frente 33 de las Farc controló, como antes, los cultivos de coca y la frontera. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz encontró que a medida que las Farc, en alianza con el ELN, el EPL y algunas bacrim como los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas, controlaron la región, también floreció la coca. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, en el Catatumbo había 3.178 hectáreas sembradas en 2011. El año pasado, superaron las 6.200 hectáreas, que pueden producir más de 2 toneladas de cocaína al mes.
Durante la ocupación paramilitar, las Farc, a través del EPL, mantuvieron negocios con los paras. De hecho, Megateo al mando de esta organización se convirtió en el gran capo de la región, gracias a su habilidad para trabajar con los campesinos, negociar con las bacrim y con el cartel de Sinaloa.
Ese poder creció en el último año, con el cese bilateral de las Farc y el repliegue de sus efectivos. El ELN ha ido ocupando ese vacío, pero en especial el del EPL. El año pasado, meses antes de que las autoridades lo dieran de baja, alias Megateo le dijo a SEMANA que “en esta región somos tres organizaciones y nosotros no escondemos lo que hacemos. Nosotros vendemos el producto aquí. Le hacemos el favor al campesino. Lo recogemos aquí, cobramos 400.000 pesos por kilo de coca. Es la manera de financiar la guerra, pero no somos los que recogemos y los dueños de las cocinas de procesamiento. Como organización cobramos el impuesto de guerra”.
El petróleo sigue siendo la otra gran fuente de recursos. El deterioro en la zona es tanto, que las autoridades descubrieron, hace unos meses, que los contratistas que hacían las reparaciones y mantenimientos del oleoducto Caño Limón-Coveñas le pagaban al ELN para que lo volara, lo que les permitía tener más trabajo y aumentar sus ingresos.
Megateo se presentaba en la comunidad como un Robin Hood: repartía útiles escolares, llevaba mercados a ancianas en veredas apartadas, daba regalos de Navidad y hacía fiestas. Su muerte y el retroceso de las Farc, que está haciendo un amplio trabajo político en todos los municipios para explicar los acuerdos en La Habana, han generado desazón en los campesinos. Hay una guerra por el control del territorio, en el que el EPL y una disidencia, que se hace llamar los Pelusos y que actúa más como una bacrim, parecen estarla ganando. Los campesinos han visto cómo el número de guerrilleros ha variado, puesto que muchos prefieren cambiar de bando para seguir en el negocio.
La región del Catatumbo parece no tener control. Así lo admitió el obispo emérito de Tibú, monseñor Omar Alberto Sánchez: lo ocurrido con los periodistas demuestra que ese territorio está bajo el control de tres grupos armados y nadie puede llegar allá solo o moverse libremente como en el resto del país.
Futuro incierto
Para la Defensoría del Pueblo, el ELN y el EPL han ocupado esos territorios “mediante amenazas, desplazamientos individuales, retenciones, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Así como la activación de artefactos explosivos improvisados, entre otros. Ejercen control social y mantienen el temor entre las comunidades, cuyo índice de necesidades básicas insatisfechas en las áreas rurales supera el 80 por ciento”.
La situación es tan delicada, que desde 2012 la Defensoría ha publicado cuatro alertas, la última en octubre, ratificada esta semana, para poner en evidencia la vulnerabilidad de los derechos humanos en al menos cinco municipios del Catatumbo: El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí y La Playa de Belén.
Luego de la desmovilización de los paramilitares muchos campesinos retornaron al Catatumbo para recuperar sus tierras. Se agruparon en varias asociaciones para pedir atención del Estado, zonas de reserva campesinas, y proyectos efectivos para erradicar y sustituir los cultivos ilegales. En 2013, dentro del paro nacional campesino, el Catatumbo y buena parte de Norte de Santander estuvieron inmovilizados por más de 50 días.
La Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) reclama estas zonas, que comprenderían cerca de 175.000 hectáreas. Pero para las autoridades indígenas esta delimitación abarca resguardos históricos de los motilones barí y territorios donde ellos habitan. Sin importar esto, los campesinos insisten en que se creen las zonas de reserva cuanto antes, para aplicar un modelo de redistribución agraria. Algunas familias ya trabajan en conjunto con el gobierno para sustituir cultivos ilegales, pero no es un número significativo. Sin embargo, algunos critican, entre otras cosas, que estas zonas se pueden convertir en espacios para promover la minería ilegal, los cultivos de coca y la violencia. De hecho, el procurador Alejando Ordóñez y parte de los militares se oponen por su cercanía con Venezuela y su importancia.
Un experto que vive en la zona dijo que en el Catatumbo el gobierno tiene el gran reto para cerrar el conflicto y poner en marcha el posconflicto. Se requiere fuerza para erradicar los cultivos ilícitos e imponer su autoridad, y además presencia para desarrollar un gran programa de inversión social cierto y permanente, el mismo que llevan pidiendo los labriegos desde hace más de 20 años. Si eso ocurre, el Estado podría ganar el corazón de los campesinos, permitir que surjan nuevas organizaciones y fortalecer las existentes.
A la par, para desarmar el conflicto no solo las Farc se deben desmovilizar sino el ELN y el EPL. Los diálogos con los elenos, que estaban a punto de empezar, quedaron con la espada de Damocles por el secuestro de Salud Hernández y los periodistas. Y el otro gran escollo es el EPL, que ni siquiera está en la agenda de negociación. El gobierno considera que ese es un grupo armado organizado, pero ellos se ven como un grupo insurgente, opinión que comparten las Farc, el ELN y gran parte del campesinado bajo su zona de influencia. El problema es que si no se les busca una salida política, terminarán capturando el Catatumbo y posiblemente extendiéndose a otras zonas del país.
Lo ocurrido esta semana les ha permitido a los colombianos mirar hacia una región sumida en el olvido del Estado. El gobierno tiene en sus manos el poder de ponerle fin a esa larga noche oscura.
Resistencia indígena, desde Colombia a Palestina
20 de septiembre de 2010
Anna Baltzer – The Electronic Intifada
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
“Solo
ven nuestra agua, nuestra tierra, nuestros árboles. No les importamos.
Quieren la tierra, sin la gente que vive en ella”
Estas palabras no son de un agricultor palestino sino de Justo
Conda, gobernador de la Reserva Indígena de Lopez Adentro al sudoeste
de Colombia, cuya comunidad fue repetidamente amenazada de
desplazamiento por el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez. Uribe,
recientemente nombrado por la ONU para investigar el fatal ataque de
Israel contra la Flotilla de la Libertad a Gaza, tiene un historial de
derechos humanos notoriamente espantoso. Menos explorados son los
claros paralelismos entre el maltrato de su gobierno a los pueblos
indígenas de Colombia y los abusos por parte de Israel del pueblo
originario de Palestina.
Según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Colombia
tiene una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo,
que asciende a 4.9 millones de personas. Según la Asesoría para
Derechos Humanos y Desplazamiento, sólo en 2009 más de 286.000
colombianos fueron desarraigados de su tierra. Aproximadamente el 10%
de la población colombiana ha sufrido desplazamiento, muchos de ellos
son comunidades indígenas, descendientes de afro-colombianos de
antiguos esclavos y campesinos*.
Como Israel, Colombia es el mayor receptor de la ayuda militar
estadounidense en este hemisferio. En los últimos diez años se han
destinado 6.000 millones de dólares de los contribuyentes
estadounidenses a Colombia, tercer receptor de ayuda militar
estadounidense del mundo tras Israel y Egipto. Armados con armas y
respaldo político estadounidense, el gobierno de Uribe y otros actores
armados han expulsado por la fuerza a millones de personas por medio del
asesinato extrajudicial y de tácticas terroristas, con lo que han
dejado el camino libre para la explotación de recursos naturales por
parte del gobierno y de las compañías multinacionales. Siempre en nombre
de la seguridad y de la “guerra contra el terrorismo”, los soldados
colombianos han quemado pueblos, saqueado hogares y destruido los medios
de vida de comunidades que han tomado la decisión radical de
permanecer en su propia tierra.
Para muchas comunidades indígenas ésta no es la primera vez que han
sido desarraigadas. Con la invasión española hace quinientos años y la
fundación de Colombia trescientos años después, los pueblos indígenas
han sido obligados muchas veces a huir de sus fértiles valles ricos en
agua y minerales, a trasladarse cada vez más lejos hacia la cordillera
de los Andes donde el clima es más duro y la tierra menos cultivable.
Ahora el gobierno quiere apoderarse incluso de esta tierra y dejar
atrapadas a las comunidades: si van más alto en las montañas pueden
verse amenazadas por las guerrillas que luchan por mantener el control
de esas zonas, mientras que si bajan a los valles se enfrentan a las
agresiones de los paramilitares, de las corporaciones y del ejército.
Hay algo inquietante y extrañamente familiar en esta expulsión
calculada y violenta, y no resulta sorprendente que Israel se haya
convertido en el principal suministrador de armas de Colombia, en su
asesor sobre organización militar y de inteligencia, y en su modelo de
la “lucha contra el terrorismo” (“Report: Israelis fighting guerillas in Colombia“, Ynet, 10 de agosto 2007, como lo cita en “Uribe’s appointment to flotilla probe guarantees it’s failure“,
Jose Antonio Gutierrez y David Landy, The Electronic Intifada, 6 de
agosto de 2010). Pero como los palestinos, el pueblo de Colombia no está
dispuesto a abandonar sus hogares y medios de vida sin luchar. Hace
casi veinte años y en contra de un ejército armado hasta los dientes las
comunidades indígenas de sudoeste de Colombia desarrollaron su propia
forma de protección: La guarda indígena.
De pie ante la bandera de Consejo Indígena Regional de Cauca en la reserva indígena de López, el gobernador Conda explicó:
“El gobierno colombiano no nos representa, así que hemos creado
nuestro propio sistema de seguridad. En cada comunidad indígena se
seleccionan individuos para servir durante un año defendiendo nuestra
tierra. Cada guarda indígena recibe un bastón, que se lo pasa el
anterior guarda y que representa la autoridad y la responsabilidad de
la posición. El guarda lleva el bastón ancestral ahí donde va. Se
recibe voluntariamente, no se paga a nadie para que defienda a su
pueblo. Y aunque todo el mundo en nuestras comunidades lucharía por
nuestra libertad, el bastón indica a aquellos de nosotros que han sido
física y psicológicamente preparados durante el año para defender a
nuestro pueblo y nuestra tierra”.
El gobernador Conda añadió:
“Ante el altamente militarizado Estado que sistemáticamente nos niega
nuestros derechos básicos, la guardia indígena es la única defensa que
podemos ejercer. Nos hemos declarado neutrales, sin alinearnos ni con
las guerrillas ni con el ejército. Estamos ofreciendo una solución
pacífica basada en acabar con la colonización y el respeto por la vida y
la cultura. No tenemos armas o pistolas. No necesitamos armas o
pistolas para ejercer control. Nuestros guardas se alzan fuera de
nuestras puertas armados sólo con sus coloridos bastones, un símbolo de
nuestra fortaleza y de nuestros valores. Y aunque hemos recibido muchas
amenazas, muchas autoridades también han llegado a respetar a la
guardia indígena”.
Conda explicó que cuando acaba el mandato de un o una guarda, elige a
su sucesor o sucesora, y autoridad y las responsabilidades rotan.
Cerca de Conda los actuales guardas de la comunidad están de pie uno al
lado de otro, un grupo diverso de hombres y mujeres, de jóvenes y
viejos, una mujer embarazada, un anciano. Llevan sus bastones, cada uno
tiene la intención de llegar tan alto como el corazón de su portador.
Las comunidades indígenas de Colombia tienen una larga historia de
resistencia popular. En la década de1920 las tribus boicotearon
colectivamente los impuestos que el gobernador había impuesto a las
comunidades indígenas por vivir y trabajar su propia tierra. Desde
entonces, se han formado consejos para decidir cómo recuperar
territorio y resistir a la expulsión. Aunque su presencia precedió a la
colonización europea, a menudo se trata a los indígenas colombianos
como si fueran extranjeros e invasores.
La respuesta a la resistencia organizada indígena frente al
desplazamiento ha sido brutal. Solamente el año pasado fueron
asesinados cuatro miembros de la pequeña comunidad de Lopez Adentro (“The Struggle for Survival and Dignity: Human Rights Abuses Against Indigenous Peoples in Colombia“,
Amnistía Internacional, 23 de enero 2010 [PDF]). Según el abogado de
derechos humanos Felix Posada, 1.400 indígenas han sido asesinados
durante los ocho años de mandato de Uribe, lo que representa un 1% de la
población indígena total de Colombia. Este país tiene el índice más
alto de asesinatos de indígenas de América Latina, que fueron 114 el año
pasado, informó Posada tras las puertas blindadas de su despacho en el
centro de Bogotá.
Se sospecha que grupos paramilitares de extrema derecha son los
causantes de muchos incidentes a pesar de las afirmación del gobierno
de Uribe de que fueron desmovilizados en 2006 (“Colombian Paramilitaries’ Successors Called a Threat“, Simon Romero, The New York Times,
3 de febrero de 2010). El “desarme” es ampliamente considerado una
maniobra publicitaria en la que individuos vestidos de militares
entregaban sus armas en fotos sensacionalistas a cambio de una
sustanciosa recompensa. Se han confirmado innumerables casos de
colaboración entre el ejercito colombiano y los paramilitares (a los que
en estos días se les ha vuelto a bautizar como “delincuentes
organizados”), en la que estos hacen el trabajo sucio a cambio de poder e
inmunidad.
En octubre de 2008, tras una acción directa de los indígenas y la
Minga Popular (movilización de la comunidad) de La María en Piendamo,
los soldados entraron en el municipio y destrozaron coches, obligaron a
salir a los habitantes de sus casas con gases lacrimógenos, denudaron a
los hombres antes sus vecinos y quemaron las casas, camas, bicis e
incluso los juguetes de los niños (Vídeo: “La Maria Piendamo”
22 de octubre de 2008). Soldados y helicópteros salieron al encuentro
de una marcha desde La María, lo que llevó a un enfrentamiento con
piedras, hondas y bastones ancestrales frente a los gases lacrimógenos y
munición real del ejército (Vídeo: “Minga de la Maria Piendamo“,
22 de octubre de 2008). Si la respuesta del gobierno de Uribe a los
bastones ancestrales de madera fueron balas, ¿qué dirá del asesinato por
parte de Israel de nueve turcos que puede que transportaran sillas de
ruedas?
La peor amenaza a la que se enfrenta la población indígena de
Colombia es la destrucción y desaparición cultural. El 32% de las 102
tribus indígenas de Colombia está en peligro de desaparición. En 18
tribus sólo quedan menos de doscientas personas. Para muchas
comunidades una de las formas más importantes de resistencia ha sido el
preservar el lenguaje, y los valores y tradiciones culturales.
Hasta hace poco, el sistema educativo impuesto por el Estado imponía
escolarizar en castellano pero hoy se enseñan las lenguas nativas en
las reservas. El pueblo ha conseguido otras victorias desde 1991 cuando
la nueva Constitución reconoció finalmente las diferentes identidades
étnicas del pueblo colombiano y sus derechos a preservar su tierra y su
cultura. Pero demasiado a menudo se ignoran la Constitución y las
leyes en favor de otros intereses, sobre todo, aumentar el control
sobre los recursos naturales.
Al no querer esperar más después de veinte años de promesas no
cumplidas, las comunidades indígenas de las regiones de Cauca y Valle
de Cauca al sudoeste de Colombia se han unido en una plataforma común
en defensa de cuatro prioridades: unidad, tierra, cultura y autonomía.
Es una vision completa que condiciona la libertad al cumplimiento de
cada uno de estos elementos. Otro miembro de la comunidad de Lopez
Adentro explicaba: “La paz no es simplemente acabar con la guerra. La
paz llegará cuando se respeten los derechos indígenas a la tierra, la
cultura y la autodeterminación. No puede haber paz por medio de la
destrucción o sumisión de la población indígena”.
Esta definición de paz resulta muy oportuna en el momento en que
Israel y el ilegítimo presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud
Abbas reinician las negociaciones mientras ignoran los requisitos
fundamentales de justicia para el pueblo palestino, incluyendo su
derecho a la tierra, la cultura y la autodeterminación.
Resulta difícil imaginar que un dirigente tan entusiasta de las
tácticas de represión de Israel como es Uribe sea un juez imparcial de
la legalidad del ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad a Gaza.
Solo la estrecha relación de su gobierno con el Estado judío lo
descarta como investigador imparcial. Y aunque hay notables diferencias
entre las situaciones en Colombia y Palestina, la similitud de las
respuestas de los gobiernos colombiano e israelí a la resistencia
indígena son inequívocas. Serían no sólo atípico sino además
redomadamente hipócrita por parte de Uribe hacer responsable a Israel
del mismo tipo de comportamiento que caracterizó su propia presidencia.
Mientras tanto, persistirá la sumoud y resistencia de la
población indígena de Colombia. El gobernador Conda continuó: “Como
hemos hecho durante quinientos años, seguiremos luchando y avanzando.
De hecho, estamos dispuestos a trabajar mas duro que nunca”.
*En español en el original. Anna Baltzer es una premiada profesora universitaria, escritora activista por los derechos palestinos. Autora de Witness in Palestine: A Jewish American Woman in the Occupied Territories, ha contribuido en cuatro libros de próxima aparición sobre el tema. Para más información, véasewww.AnnaInTheMiddleEast.com.
Fuente: http://electronicintifada.net/v2/article11522.shtml
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