MugriCEO Muerte...
Nunca serás mi presidente!!!

POEMA CANCION

de EL JUGLAR

"... Si dos mil quince veces

no fuiste mi candidato,

mucho meenos mi Presidente!!!"

De la Cantata Popular de la Resistencia

Del pueblo argentino contra la restauración conservadora, el neoliberalismo y los buitres.

De Francisco Alvero El Juglar de la libertad

MugriCEO muerte,

nunca serás mi presidente

Mugricio, sos el garca de siempre!

Aunque sonrías de lo mejor

Sos un horror

firman el Borda, la escuela y la salud

Vos Mugricio sos un paquete

de la derecha, sos el soquete

Sos un sorete

Vacío de contenido, estás perdido

No sos Mugricio mi candidato,

de la derecha vos sos el plato

vos sos el plato

aquel plato fuerte que está esperando!

A vos te hablo, no te hagas!

A vos, a el y a mí, que vamo a votar

A ese perejel, nunca jamás, jamás!

pensá un segundo y reflexioná!

Sino, después vas a llorar!

porque te va a cagar!

Seguro te va a cagar!

y lo vas a lamentar

Yo te avisé, te va a cagar!

Si lo votás, te va a cagar!

Yo te avisé, que vachaché

Ya te cagó, yo te avisé!

Por eso, te pido que me escuches

que me escuches, aunque sea una vez

Y sino después no te quejés

y no llorés, yo te avisé!

Yo te avisé, no te quejés!

Si lo votás, vas a perder!

Yo te avisé, más de una vez

Ahora no hay, nada que hacer!

Nunca jamás la burguesía

al pueblo abrazará

mas bien lo contrario

lo querrá ahorcar

pero primero todo

su sangre, sudor y lagrimas

le hará derramar

Mugricio dos mil quince

en la cárcel debe estar!!!

Junto al resto de las mafias

séquito neoliberal

Mugricio dos mil quince

vos sos el candidato

pero a la cárcel común

y a no volver nunca más!

El Gobierno de Macri mató más gente que Robledo Puch.

Por Luz Marus
Cuando digo: Macri, por supuesto también estoy diciendo María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Gabriela Michetti y todos sus cómplices.

Sé lo impactante del título. Fue una de esas frases que surgen entre cervezas y te despierta un alma parecida a la tuya, en este caso, a la mía. Nos causó gracia, primero, horror, después. Y contra el horror, yo no sé hacer otra cosa que escribir.

En esta nota me voy a referir sólo a las muertes por culpa directa del Estado –o de su ausencia. Podría hablar de la cantidad de gente que muere de hambre y frío en las calles, pero algunos de ustedes, queridísimos lectores, me dirán que pasaba lo mismo con Cristina, con Menem, con Alfonsín y armaríamos un debate sin fin. Me remito en este punto sólo a los hechos que involucran al Estado.

El Ara San Juan, 44 tripulantes. Submarino del Estado.

Santiago Maldonado, muerto por persecución de Gendarmería o Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por Prefectura. Sí, por la espalda, igual que Robledo.

Sandra Calamano, (vicedirectora de la escuela de Moreno) y Rubén Orlando Rodríguez, auxiliar de la misma escuela, por una explosión de gas, que había sido denunciada. También, por dar la espalda. Por un vaciamiento de todo lo Público. Por la espalda, y sin culpa ni resentimiento. El otro día el presidente daba un discurso y se refirió a “los problemitas del gas.” Falta de culpa, remordimiento, conciencia y acción reparadora.

Juan Pablo Kukoc, el chico de 17 años que fue asesinado por Chocobar a quien el presidente felicitó, generando un relato que habilita la justicia por mano propia y que pone al mismo nivel la vida de una persona que el robo de algo material.

Hace poco, un vecino, siguiendo el discurso de su líder, mató a Cristian Felipe Martinez Rodriguez, un chico de nacionalidad colombiana, por haber hecho un graffiti en una pared cercana a su casa. 

Hasta ahora van cincuenta. Muchas veces más que Puch (11) y también por la espalda. Aunque no sea literalmente. Darle la espalda a la educación pública y las condiciones laborales de trabajo, permitir y felicitar que un policía mate (también por la espalda) a un joven, sin juicio previo. Que Prefectura dispare sin saber a quién ni por qué. También es matar por la espalda, como El Ángel de la muerte.

Como si este número fuese poco, Tiempo Argentino sacó una nota que sobre gatillo fácil, cuyo link pegamos más abajo, que dice lo siguiente:

“Pero bajo el régimen de Macri el conteo creció de modo exponencial: 725 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2017. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece una muerte cada 23 horas, según cifras coincidentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).”
Macri, (el temeroso Macri) mandó a buscar a una mujer que estaba internada en un manicomio (la hija de Tato Pavlovsky). Ya estaba encerrada, pero eso no le bastó. La mandó a embargar por 150.000 pesos. ¿En razón de qué? De la seguridad “extra” que tuvo que poner. Como si el presidente que odia la mitad de los argentinos, que no va ni al acto del día de la bandera, no invirtiera suficientes recursos del Estado en su seguridad y la de su familia. A una mujer, repito, desquiciada, medicada y encerrada y seguramente sumida en la pobreza, la embargó por 150.000 pesos.

Sé que este texto puede ser controversial y hasta provocador. No me importa nada. Que me vengan a buscar.

Fuente: Tiempo Argentino.

https://www.tiempoar.com.ar/nota/en-la-era-macri-se-registro-un-record-de-casos-de-gatillo-facil

Ç

En la era Macri, se registró un récord de casos de "gatillo fácil"

Según estudios de Correpi y Cels, en los dos primeros años de Cambiemos subió el número de víctimas ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad. El caso Chocobar reactivó la alarma por el amparo estatal a los abusos policiales.

Por  Ricardo Ragendorfer > @Ragendorfer
5 de Febrero de 2018

El encuentro ocurrió durante la mañana del jueves en el despacho principal de la Casa Rosada. "Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo", le soltó Mauricio Macri al efectivo de la Policía Local de Avellaneda, Luis Chocobar. Este se sonrojó. Patricia Bullrich observaba la escena con una expresión entre cariñosa y comprensiva. 

Al día siguiente se viralizaron las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la esquina de Irala y Suárez, del barrio de La Boca. Allí se lo ve a Chocobar disparando por la espalda al ladronzuelo Pablo Kukoc, de 17 años, ya caído por un tiro previo que le quebró un fémur, después de asaltar y herir a puntazos, junto con otro pibe, al turista norteamericano Frank Joseph Wolek. La difusión de ese video derrumbo públicamente los elogios de Macri.

Pero eso no opaca su hazaña: ser el primer presidente constitucional que recibe a un policía acusado de "homicidio por exceso en la legítima defensa". 

Claro que él ya supo manifestar su beneplácito al respecto en ocasión del reciente asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. "Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse", fueron sus palabras. Dicha postura coincide con otras prestigiosas voces que se hicieron escuchar en esos días; entre estas, la de Gabriela Michetti ("El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad"), la de Germán Garavano ("La violación de las leyes va a tener sus consecuencias") y la de Bullrich ("El Poder Ejecutivo no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad"). Ella hasta fue más lejos al rubricar una resolución para que los uniformados "no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales". Lo cierto es que en Argentina el "gatillo fácil" es ahora una política de Estado.

Cabe resaltar que la "bendición" del presidente no solamente se limita a los matadores policiales. "Daniel es un ciudadano sano y muy querido", dijo el 15 de septiembre. Hablaba del carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, quien dos días antes había perseguido hasta atropellar con su Peugeot 306 a un hampón en fuga; esa faena fue completada por una cantidad indeterminada de vecinos que descargaron una lluvia de puñetazos y patadas sobre la víctima cuando, ya aplastado entre la camioneta y un semáforo, agonizaba con el cuerpo roto por dentro. "Daniel debería estar con su familia, más allá de lo que determine el Código Penal", remató Macri. Tal fue su visión de un asesinato oscilante entre dos modalidades: la "justicia por mano propia" y el "linchamiento". Tal vez la Historia lo recuerde como el Santo Patrono de las ejecuciones sumarias, ya sea en manos de "agentes del orden" o de ciudadanos armados y en banda.

Si bien el final de la dictadura no evitó el ciclo de asesinatos policiales de civiles (en su mayoría, desde 1984, jóvenes varones y pobres fusilados en sus barrios o torturados en comisarías, penales y hasta patrulleros hasta morir), el caso que visibilizó semejantes crímenes fue la llamada Masacre de Budge, sucedida el 8 de mayo de 1987. Las víctimas, Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, quienes bebían cerveza en una esquina próxima al Riachuelo. En aquellas circunstancias fueron acribillados por una patota de La Bonaerense al mando del sargento Juan Balmaceda.

No es una exageración afirmar que partir de entonces el "gatillo fácil" atraviesa barrios y arrabales como un fantasma apenas disimulado. También hay que reconocer que se trata del único delito sin fines de lucro que comenten los uniformados.   

En términos numéricos, desde el comienzo de la era democrática hasta fines de 2015 hubo 4737 asesinados por fuerzas de seguridad; es decir, un promedio de aproximadamente 152 víctimas anuales. Del total, 2653 murieron en casos de "gatillo fácil" y 2084, en situaciones de cautiverio, mientras que otros 73 fueron matados durante movilizaciones y protestas. 

Pero bajo el régimen de Macri el conteo creció de modo exponencial: 725 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2017. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece una muerte cada 23 horas, según cifras coincidentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

De dicha cifra global, el 40% (144 casos anuales) murió en cautiverio y 44% (160 casos anuales) bajo la ley del "gatillo fácil". Y con una frecuencia de un fusilado cada dos días. En un 60% sus verdugos son policías, gendarmes y prefectos fuera del horario de servicio.

Es notable que el aumento de tales casos sea inversamente proporcional a su difusión en los medios periodísticos. 

No sucedió así con Chocobar, en parte por su grado de exposición a raíz del "reconocimiento" presidencial.

En materia de "justicieros civiles" –otro asunto alentado ahora desde las más altas esferas oficiales– su profusión no es menos alarmante. 

Junto al caso del carnicero Oyarzún, un remisero de José León Suárez desarmó a un muchacho que lo apuntaba con un revólver, antes de prodigarle cuatro tiros por la espalda. A tal hecho se le añadió el del médico Lino Villar Cataldo, quien una semana antes había ultimado con tres disparos –también por la espalda– a un adolescente que intentaba robarle un auto. Es decir, tres casos en sólo siete días.  

Desde lo estadístico, los episodios de "legítima defensa" con armas de fuego suman en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano –según fuentes judiciales– 40 muertes de presuntos ladrones durante los últimos cuatro meses. O sea, uno cada 72 horas; la mayoría –según esas mismas fuentes–, ocurrida cuando los asaltantes ya no representaban una amenaza para el "damnificado". Una tendencia creciente en la cual se desliza lo que se podría denominar "el gen criminal del ciudadano común". 

¿Acaso es posible que las usinas estratégicas de la alianza Cambiemos hagan uso de tamaño trastorno social? Porque se trata de un trastorno que no sólo se plasma en la acción directa sino que también palpita, por caso, en las redes sociales, en tertulias de café, en taxis y hasta en los votos. A la "gente" le agrada la pena de muerte extrajudicial. Un genocidio en gotas con espíritu marketinero.«

Restauración neoliberal a la argentina
Con sólo dos meses de gestión, la primera foto de balance de la nueva administración no deja lugar a dudas: El pico inflacionario del 5,2 por ciento de diciembre, tomado el índice de precios que utiliza el Banco Central de la República Argentina, fue el más alto desde la mega devaluación de 2002.

En apenas dos meses la alianza derechista que gobierna la Argentina puso todas sus cartas sobre la mesa y, en materia económica, dejó claro que se trata de una restauración neoliberal al estilo clásico. Para quienes seguían de cerca la trayectoria y el discurso de sus economistas no fue sorpresa. Las dudas subsistían entre los analistas políticos que, durante la campaña electoral, argumentaron que la Alianza PRO era en realidad una “nueva derecha moderna”. Moderna en el sentido de haber aprendido de los errores y excesos del pasado en materia de ajuste salvaje, costo social, formas de endeudamiento y alineamientos internacionales.

No debe olvidarse que el kirchnerismo, la fuerza política que gobernó el país entre 2003 y 2015, se consolidó como reacción a la potente crisis de 2001-2002, el resultado del estallido de un cuarto de siglo de neoliberalismo iniciado en 1976 con la dictadura cívico militar, debacle histórica que llevó a la pobreza a más de la mitad de la población y provocó el default de la deuda pública generada durante el período.

Sobre la base de esta experiencia histórica, y al margen de la sumatoria de críticas que pudieran hacérsele a la administración saliente, parecía por demás extraño que el viejo orden neoliberal regrese bajo la novedad absoluta de la voluntad popular, dato que debe ser muy tenido en cuanta por todos los movimientos transformadores de América Latina. Tras la elección, si bien todo gobierno que asume con la fuerza incuestionable de los votos goza de un período de gracia, los analistas políticos, propios y extraños, todavía se sorprenden de que, conocido el rumbo duro de la nueva administración, sus porcentajes de popularidad superen el 60 por ciento.

Los números son llamativos porque el nuevo programa económico posee todos los componentes que hacen impopular a un gobierno. Desde su asunción el pasado 10 de diciembre, la Alianza derechista provocó una fuerte devaluación que por ahora ronda el 40 por ciento, retiró los aranceles a casi todas las exportaciones agropecuarias, con excepción de la soja, y a commodities industriales. Estas medidas provocaron un salto inflacionario en los meses de diciembre y enero, que más que duplicaron los niveles mensuales previos, pero con aumentos todavía más fuertes en la canasta básica. En paralelo se desmontaron las trabas a las importaciones que protegían a algunas industrias sensibles frente al valor de la mano de obra asiática y los stocks de una economía mundial frenada. Ya en enero, se anunciaron aumentos del 350 por ciento en promedio para las tarifas eléctricas, aumentos que representan sólo el comienzo de subas mayores. Los ajustes a la electricidad serán seguidos por el resto de los servicios y el transporte público.

Hasta ahora, el blindaje mediático de la prensa hegemónica sirvió de bloqueo al rechazo popular. El efecto real seguramente sobrevendrá cuando los asalariados comiencen a sentir el impacto concreto de las nuevas políticas. No sólo cuando reciban las boletas ajustadas de los servicios públicos, sino cuando descubran que sus salarios ya no se ajustarán en paritarias sobre la base de la inflación real o incluso más, como ocurrió durante la última década, sino que experimentarán un retroceso sensible. Aquí morirán las palabras y el debate ideológico.

En este contexto se enmarcan los despidos masivos en el sector público con coletazos que también se extienden al privado. En los primeros 50 días fueron casi 26 mil las cesantías en el Estado. El argumento para legitimar socialmente los recortes fue un supuesto compromiso de los desplazados con el gobierno saliente más la estigmatización de cobrar sin trabajar (“ñoquis”). Pero la razia estatal superó holgadamente a los cuadros dirigenciales medios, lo que podría considerarse racional desde la perspectiva de un cambio de administración, para extenderse a trabajadores rasos y con antigüedad. El proceso fue concomitante a la amenaza del nuevo ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, el ex JP Morgan Alfonso Prat Gay, quien afirmó que los asalariados deberían elegir entre mantener sus empleos o aceptar podas de ingresos en las renegociaciones salariales “paritarias” anuales. Una amenaza de exclusión insólita en boca del ministro de un gobierno democrático, aunque habituado a las expresiones despectivas y clasistas.

El dato duro es que hasta hace apenas pocos meses, los reclamos sindicales de los trabajadores argentinos eran de segunda generación, el piso a partir del cual comenzaba a descontarse el impuesto a los ingresos (“Ganancias”), mientras que hoy, el retroceso ni siquiera es hasta los reclamos de primera generación, el poder adquisitivo del salario, sino a un estadio pre capitalistas: evitar la exclusión del desempleo. Con el nuevo gobierno la palabra “despidos” pasó a ocupar el centro de la escena política. De nuevo: se trata de una realidad impensable pocos meses atrás, cuando el principal debate pasaba por conseguir los dólares necesarios para superar la llamada “restricción externa” que frenaba el crecimiento del PIB.

En una segunda línea de análisis, generar desempleo es una necesidad estructural de la nueva administración. La estabilidad macroeconómica post devaluación demanda que la inflación, los precios, no se coman el dólar más alto, reducir al mínimo el famoso “pass-through”. Para ello es fundamental que no se recupere el valor del salario en dólares, es decir; se necesita un férreo control sobre las negociaciones paritarias, que los salarios crezcan menos que los precios. Las paritarias son una relación de poder. El poder de los trabajadores está dado por el nivel de empleo. Dicho de otra manera, desempoderar a los trabajadores significa aumentar el desempleo. Esta cuestión fue largamente explicada por uno de los padres de la heterodoxia, el economista polaco Michal Kalecki, en “Aspectos políticos del pleno empleo”, escrito en 1943, pero es una mecánica bien conocida por la ortodoxia y una de las inspiraciones de todos los procesos de ajuste neoliberal.

Con sólo dos meses de gestión, la primera foto de balance de la nueva administración no deja lugar a dudas: El pico inflacionario del 5,2 por ciento de diciembre, tomado el índice de precios que utiliza el Banco Central de la República Argentina, fue el más alto desde la mega devaluación de 2002. Pero si se toma una canasta compuesta por aceite, leche, carne, fideos, arroz, queso, huevos y yogurt el aumento de los primero 50 días fue de un impresionante 18,2 por ciento. Siguiendo los números del Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos los despidos ya suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir; 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que el índice pasó del 5,9 por ciento heredado de la gestión anterior al 6,3; siempre para un período de sólo 50 días. A todo ello debe sumársele la voluntad declarada de acatar el insólito fallo de un juzgado de Nueva York en favor de los fondos buitre por un valor piso de 9.000 millones de dólares y la creación de nuevo endeudamiento de corto plazo en moneda dura.

El relato neoliberal, siguiendo más de dos mil años de tradición religiosa, suele aceptar estos ajustes como procesos sacrificiales en función de un futuro venturoso, el valle de lágrimas para llegar al paraíso. Los ajustes parten de dos supuestos básicos; el primero es la existencia de una crisis, el segundo la necesidad de recrear condiciones estructurales para regresar al crecimiento. Sin embargo los números indican que la economía argentina, aunque no exenta de problemas, no estaba en crisis y que después de un freno en 2014 había recuperado levemente su crecimiento en 2015. El ajuste innecesario provocado por la nueva administración tuvo cómo único resultado la transferencia de recursos a exportadores y empleadores en general, una simple restauración de la tasa de ganancia que, sin embargo, no será suficiente para recuperar el crecimiento. Desde el mismo gobierno reconocen que 2016 será recesivo. Hay razones sobradas para ello: el principal componente de la demanda, el consumo, que representa el 72 por ciento del total del PIB, sufrirá una contracción significativa por los recortes salariales. A ello se sumará también la contracción del resto de los componentes de la demanda: El gasto público 11 puntos del producto, las exportaciones 15 puntos y la inversión 21 puntos (los puntos que pasan de 100 son las importaciones). El gasto caerá por la propia voluntad del gobierno, las exportaciones por el freno o recesión de los principales mercados de destino y las inversiones porque caerá el producto. Así de simple. 2016 será recesivo y la contracción, en principio y de no mediar nuevos estímulos a la demanda, se extenderá a 2017.

Lo expuesto es sólo el balance económico. En el plano político, que no se aborda aquí, también se registró un deterioro institucional cuyos hitos fueron la vuelta a la existencia de presos políticos, como la militante social Milagro Sala, el regreso a la represión de la protesta social, por ahora bajo la nueva estrella de las balas de goma, la derogación por decreto de la ley anti monopolios mediáticos y el intento de nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia saltando los mecanismos constitucionales.

Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección:
http://www.telesurtv.net/opinion/Restauracion-neoliberal-a-la-argentina-20160206-0026.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net

El general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 de noviembre de 1915 – Santiago, 10 de diciembre de 2006) fue un militar chileno que encabezó la dictadura militar existente en ese país entre los años 1973 y 1990, después de haber derrocado al presidente Salvador Allende en un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973 e instauró el neoliberalismo en Chile.

La dictadura militar de Chile. El gobierno de Augusto Pinochet y la llegada del neoliberalismo a Chile con los Chicago boys.

Una junta militar presidida por el general Augusto Pinochet Ugarte tomó las riendas del país en 1973 y gobernó el país con mano de hierro hasta 1990, año en el que la democracia volvió a Chile.

La represión fue brutal. Las violaciones de los derechos humanos, continuas durante, al menos, los primeros años de la dictadura. Diferentes comisiones por la verdad dan cifras de alrededor de tres mil muertos y más de treinta mil torturados, incluyendo mujeres, niños y ancianos, sin contar los miles de tristemente famosos “desaparecidos”. Otras cifras tienen en cuenta las represiones de la junta posteriores al golpe, lo que hacen elevar el número a más de treinta mil muertos. Se prohibió toda actividad política, se restringieron los derechos civiles, se disolvieron las milicias populares y el Congreso, y miles de personas (se calculan unas doscientas mil) hubieron de exiliarse, especialmente los de tendencias más progresistas. La represión, principalmente a través de la hoy infame DINA (“Dirección de Inteligencia Nacional”) fue tan dura que incluso acabó por poner en contra a la Iglesia Católica, partidaria en un primer momento, del golpe en contra de un marxista.

Una vez hubo tomado el poder, Pinochet tuvo que hacer frente a la devastada economía de Chile.

Y ahí es donde nos interesa Chile con respecto a la elaboración de este artículo sobre el neoliberalismo.

El dictador no era ningún tonto: sabía que, para mantenerse en el poder que había tomado con un golpe de estado, necesitaba mostrar tanto para el interior como el exterior del país (ni los EEUU se quisieron asociar directamente mucho con él después del golpe, ya que Allende había quedado como mártir), que éste había sido necesario y qué mejor forma de hacerlo que tener éxito en la economía, destrozada tras años de crisis y vaivenes políticos.

Pinochet recurrió, para solucionar los problemas de la economía, a una serie de economistas chilenos que habían estudiado en la universidad de Chicago (el centro neurálgico académico de lo que hoy conocemos como “neoliberalismo”, los hoy popularmente conocidos como Chicago boys (los “chicos de Chicago”) que iniciaron una terapia de choque brutal de aplicación de medidas neoliberales, de la mano de las ideas monetaristas de Milton Friedman y austríacas de Friedrich Hayek. En 1973-75, tenedlo en cuenta… años antes de que las medidas neoliberales se aplicaran en otros países de la mano del neoconservadurismo y de una manera mucho, mucho más radical (más incluso que en Gran Bretaña, considerada la “cuna” de las privatizaciones neoliberales).

Vamos a analizar cuáles fueron esas medidas y cómo afectaron a Chile. Los que seáis españoles observaréis, incluso sin que yo os lo haga notar, las asombrosas similitudes con la historia reciente de España. Nosotros, en nuestro país, también sufrimos un recorrido muy similar: una república con tintes muy marxistas intentó llevar a cabo en medio del caos político y las injerencias extranjeras, una economía socialista y en extremo intervencionista. Ello desembocó en una respuesta violenta por parte de las fuerzas conservadoras que trajeron al poder un gobierno dictatorial militar (el de Franco)… el cual, tras unos primeros desastrosos años en materia económica, optó por traer al gobierno una serie de tecnócratas y economistas que crearon o “parecieron crear” algo así como un “milagro económico” que asombró al mundo (“milagro español”, parecido al “milagro chileno”). Estos supuestos “milagros económicos” constituyeron la base de la propaganda (acertada o no) sobre la efectividad o superioridad de las políticas de libre mercado o que “la derecha sabe más de economía que la izquierda” durante la Guerra Fría y en los años inmediatamente posteriores a ésta (años noventa y principios del siglo XXI). Los parecidos no son fruto de la coincidencia.

Insisto en que el ejemplo chileno es extremadamente significativo para poder entender qué significa el neoliberalismo… e incluso por qué se le llama así, con ese tono peyorativo que tiene hoy en día. También estoy convencido de que en muchos lugares habréis leído que se tiene al caso de aplicación chileno como “exitoso” y que demuestra que “el neoliberalismo funciona”, ¿verdad? Otra cuestión interesante es que el gobierno neoliberal de Pinochet se contrapone de manera drástica con la de su predecesor, el socialista marxista de Salvador Allende… Ésa es una de las razones por las cuales se estudia tanto el caso chileno: porque permite una comparativa pronta y evidente entre dos formas radicalmente distintas de ver (y aplicar) la política y la economía. Es una de las claves de por qué os encontraréis tanto con detractores como partidarios del neoliberalismo chileno y por qué el debate es tan encendido: porque mezcla economía e ideología política, dificultando su estudio objetivo.

Como ya vimos anteriormente, el uso del término “neoliberalismo” declinó muchísimo desde los años sesenta. El único país que lo empleaba profusamente hasta entonces era Alemania y ya vimos que los políticos y economistas alemanes lo fueron abandonando progresiva pero sistemáticamente en favor de términos más específicos y concretos como “economía social de mercado” u “ordoliberalismo”. Los primeros y más relevantes en volver a recibir el nombre de “neoliberales” fueron estos Chicago boys chilenos. De hecho, si el término “neoliberalismo” tiene esas connotaciones tan negativas por las que hoy es conocido, es “gracias” a lo que hicieron en la economía chilena.

Los Chicago boys (término creado por Milton Friedman en sus memorias, escritas en los años ochenta) fueron un grupo de estudiantes latinoamericanos, la inmensa mayoría de ellos, chilenos, que estudiaron en el departamento de Economía de la universidad de Chicago bajo Milton Friedman (a veces llamado “padre del neoliberalismo”) y Arnold Harberger o en el departamento afiliado que existía en la Pontificia Universidad Católica de Chile(aunque algunos estudiaron también en Harvard y en el MIT), fruto de un programa de becas e intercambio organizado por el Departamento de Estado de los EEUU y subvencionado por la Ford Foundation y la Rockefeller Foundation. Alrededor de un centenar de estos estudiantes participaron en estos programas (que incluían post-grados) entre 1957 y 1970. [Nota: la conexión entre Chile y la universidad de Chicago continúa hoy en día como, por ejemplo, con la Latin American Business Group at Chicago Booth School of Business.]

Una lista no exhaustiva de los Chicago boys con los cargos (algunos de ellos) que ocuparon durante la dictadura, aunque muchos de ellos continuaron ejerciendo cargos gubernamentales después de ésta:

Jorge Cauas (ministro de Finanzas 1975–1977); Sergio de Castro (ministro de Finanzas 1977–1982, probablemente el Chicago boy más relevante);Carlos Massad (ocupó varios cargos en la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y fue gobernador del Banco Central de Chile);Ernesto Fontaine (profesor en la Universidad Católica de Chile, ocupó algunos cargos en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la OCDE); Pablo Baraona (ministro de Economía 1976–1979); José Piñera (ministro de Trabajo, 1978-1980, de Minas, 1980-1981); Hernán Büchi(ministro de Finanzas, 1985-1989, otro de los Chicago boys más relevantes); Álvaro Bardón (ministro de Economía, 1982-1983); Juan Carlos Méndez (director de presupuestos, 1975-1981); Emilio Sanfuentes (asesor del Banco Central de Chile); Sergio de la Cuadra (ministro de Finanzas, 1982-1983); Francisco Rosende (director de investigación del Banco Central de Chile entre 1985-1990); Miguel Kast (ministro de Planificación, 1978-1980, ministro de Trabajo 1980-82 y gobernador del Banco Central de Chile entre 1982-1983); Martín Costabal (director de Presupuesto, 1987-1990); Juan Ariztúa Matte (superintendente del sistema de pensiones privadas, 1980-1990); María Teresa Infante (ministra de Trabajo, 1988-1990).

Otros considerados como Chicago boys que no ejercieron durante la dictadura pero que fueron muy relevantes: Joaquín Lavín (ministro de Educación, 2010-2011, y actual ministro de Planificación); Cristián Larroulet Vignau, trabajó para el ministerio de Finanzas, miembro de la Comisión Nacional para la Privatización, presidente de la Comisión Antitrust, Director Ejecutivo del think-tank Libertad