"¿Dónde está Julio López?"
(Quiero que aparezca el Compañero)
CANCION
de FRANCISCO ALVERO,
EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
Quiero que aparezca, Jorge Julio López
Quiero que aparezca, que aparezca Julio López
No hay excusas! Nunca debió haber pasado!
Ahora en Democracia
Como es posible, mi hermano?
Fueron los servicios y la policía,
junto a fuerza aerea, los marines y la CIA
Porque es evidente, a quien beneficia
Politicos que apuestan por la impunidad mugrienta!
Sea lo que sea, y quien haya sido,
pedimos Memoria, verdad y justicia, juicio y
castigo!
Julio López, el
compañero
El testigo clave
En el Juicio al represor
Etchecolatz
Qué casualidad
Que ya no esté más!
No son cosas del destino
Alguien dio la orden
sumado al descuido
de no haberlo protegido
Que calamidad
Donde está el Nunca Mas?
Donde esta Julio López?
Julio López, Julio López, donde esta?
Donde está el compañero?
Aquel que a la dictadura puso el pecho?
Todo el pueblo en democracia,
Se pregunta, Julio Lopez, donde esta?
No olvidemos a Julio López
El desaparecido
En la democracia, ay, ay, ay!
Sin el, ay, sin el, donde esta la libertad!?
Por nuestros treinta mil
Compañeros desaparecidos
Por ellos, hay que luchar!
No los podemos olvidar!
Por ellos y Julio López
Hasta el final!
“Detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración, el señor López, que mintió, como consta en varios lugares cuando dice que vio que yo mandé a fusilar. Ese día estuve internado”, declaró el represor ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, en el marco del juzgamiento de quince militares y un ex funcionario civil por el secuestro y tortura de detenidos alojados en ese centro clandestino de las afueras de La Plata. López había identificado a Etchecolatz como quien dio la orden de asesinar a Patricia dell’Orto y su esposo, Marco D’Ambrosio, y también como partícipe de su secuestro.
“Yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era porque había llamados de vecinos que veían algo raro, les mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno y otro”, dijo quien fuera estrecho colaborador del genocida Ramón Camps, ex jefe de la Bonaerense durante el terrorismo de Estado. Y agregó que le causa risa “estar procesado por homicidio”, ya que todo lo que hizo durante la dictadura “fue en el marco de la legalidad, con autoridades legítimas; los terroristas sembraron la discordia, acá en La Plata la lucha fue cruenta, diaria, dejamos la vida para restablecer el orden”. Luego de admitir que mató, adujo que “no fueron homicidios, defendimos a la patria y fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas, en defensa del hombre civilizado y del derecho a la familia”. Como cierre dijo que “lo haría de nuevo” y que “sólo este sistema perverso que me juzga desconoce nuestra batalla”. “Acá hubo una guerra, dicho por los mismos terroristas, no era una cuestión de antipatía, la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos”, dijo Etchecolatz.
En la audiencia de ayer –en este juicio en el que se juzgan los casos de Laura Carlotto y Antonio Bettini, entre otros, además de la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson– hubo problemas en la declaración por teleconferencia de los represores Eduardo Gargano y Jorge Di Pasquale.
No fue la primera vez que este genocida pronuncia estos discursos. “Etchecolatz siempre habla, siempre miente, durante el juicio por los crímenes cometidos en el circuito Camps daba diferentes versiones sobre el caso de la apropiación de la nieta de Chicha Mariani, haciendo una manipulación perversa”, dijo a Página/12 Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes. “Estas situaciones son un motivo más para unificar los juicios porque este tipo de imputados, que ya suman dos o tres condenas a perpetua, aprovechan los juicios para esto: deslegitimar los procesos, burlarse del tribunal, denostar a las partes y armar provocaciones como la de hoy (por ayer)”, apuntó la letrada. Godoy recordó que ya durante las audiencias del juicio por el circuito Camps había dicho algo similar sobre el desaparecido Jorge Julio López. Y aseguró que las palabras del represor no tienen efecto sobre los testigos, “en realidad, es su propio debate, lo hace para quedar bien con sus compañeros” del pabellón de lesa humanidad, los demás represores presos en Marcos Paz.
Otro de los acusados que hizo uso de la palabra fue el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, quien expuso una comparación entre las víctimas del Holocausto nazi y las del gobierno de facto del que formó parte, al decir que estas últimas “no fueron víctimas porque sembraban terrorismo”.
Fuente:Pagina12
06.02.2014
El genocida declaró en el juicio por los crímenes de dos militantes peronistas cometidos en La Cacha Etchecolatz: "Me ha tocado matar y lo volvería a hacer"
Durante la audiencia realizada en el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata, el ex comisario justificó la represión en el contexto de "una situación de guerra" y dijo que no recordaba cuánta gente había matado. Hubo civiles en el banquillo.
Por: Pablo Roesler
Si señor, me ha tocado matar", dijo, imperturbable, el ex comisario Miguel Etchecolatz. Mirando a la cara a los jueces respondió que no recordaba "a cuánta gente" había asesinado, pero se escudó en que todo ocurrió "en defensa de las instituciones del país y la forma de vida de los argentinos", y aclaró que "lo volvería a hacer". La confesión fue ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, que lo indagó ayer en el juicio que se realiza en la capital bonaerense por los homicidios de los militantes peronistas Luis Eduardo Sixto Bearzi y Marcelo Gabriel José Bettini, hermano del embajador argentino en España, que se realiza junto con la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha.
El ex comisario de la Policía Bonaerense, ladero del coronel Ramón Camps durante el terrorismo de Estado, declaró durante 20 minutos en la segunda jornada del debate en que el TOF Nº1, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, investiga esos dos homicidios, por los que está acusado de "coautor mediato". El expediente se juzga junto al que investiga los secuestros, torturas, apropiaciones de niños, asesinatos y desapariciones cometidos contra unas 130 víctimas en el campo de exterminio que funcionó, entre 1976 y 1978, en galpones abandonados de la Radio Provincia, ubicados detrás de la cárcel de Olmos, en las afueras de La Plata.
"He matado, en lucha. Los oponentes asesinaron a traición", comenzó el represor ratificando de las dos condenas a perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio que pesan sobre él desde 2006 y 2012. Como defensa argumentó que cumplió órdenes "dentro del marco de la ley" y citó los decretos de octubre de 1975 dictados durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón que pusieron a la policía bajo la órbita del Ejército.
El ex policía repitió la puesta en escena que utilizó en debates anteriores: habló luciendo un prendendor con la frase "preso político" en el bolsillo del saco y usó el mismo tono provocador. Pero, también como en otras ocasiones, no aportó nada para llegar a la verdad y negó conocer los asesinatos de Bearzi y Bettini, ocurridos el 9 de noviembre de 1976 en una emboscada policial en el barrio platense de Tolosa. Por el contrario, cargó las culpas de la represión en las organizaciones políticas exterminadas durante la dictadura.
"Yo no conozco ese episodio. Pero usted calcule que fue una lucha muy cruenta, diaria en La Plata. Y fue iniciada por los terroristas a quien nosotros teníamos la obligación de enfrentar en defensa de las instituciones del país y la forma de vida de los argentinos", disparó.
"Si señor, me tocó matar", le respondió al presidente Rozanski, dando pie al diálogo más sorprendente de la audiencia. "¿Recuerda a cuánta gente mató?", quiso saber el juez. "No. Pero no era que yo salía a matar a alguien para quitarle la vida. Era porque de llamados de denuncias de vecinos que nos decían que veían algo raro, se mandaba una patrulla y se producían los enfrentamientos", justificó.
El represor, que calificó los procesos reabiertos en 2003 como "juicios revolucionarios" y tildó al testigo desaparecido Jorge Julio López de mentiroso, concluyó su declaración justificando la matanza que acababa de describir. "Quiero dejar en claro que los enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra. En ese contexto fue, no por antipatía. Fue en el contexto de la defensa del orden, de las instituciones, exponiendo nuestras vidas", aseguró. Y cerró su declaración: "Sólo me interesa la defensa de la Patria."
CIVILES EN EL BANQUILLO. En la jornada también declaró el ex ministro de gobierno provincial de facto, el civil Jaime Smart, quien cuestionó la acusación por homicidio (convalidada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en 2011) a la muerte de Bettini, quien ingirió una pastilla de cianuro para evitar ser capturado cuando estaba rodeado luego del asesinato de su compañero de militancia.
"La fiscalía me acusa de homicidio porque equipara el suicidio de Bettini con la muerte en los campos de concentración (nazis) y yo creo que es una falta de respeto a las víctimas del Holocausto", dijo. Y tras recordar que Bettini era "militante del Ejército Montonero", resaltó que "fue muy congruente con sus ideas".
Otro civil que declaró fue el veterinario Raúl Grande, ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 101 dependiente del Batallón 601, quien negó toda la acusación y dijo que estaba preso porque lo confundían con otra persona.
En la audiencia de ayer también los militares, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale y Ricardo Fernández, se negaron a declarar, al igual que el marino Carlos Herzberg y el PCI, Miguel Ángel Amigo. También guardaron silencio los policías Julio César Garachico, Elizardo Lujan y Eduardo Gargano, acusados junto a Etchecolatz por los asesinatos de Tolosa. El viernes a las 10 se realizarán las indagatorias de otros diez imputados.
Fuente:TiempoArgentino
5-2-2014
Lesa Humanidad
Apenas entró a una suerte de corralito enjaulado donde están los imputados, Claudio Grande miró hacia arriba, saludó a sus familiares y se sentó en la última fila, casi desapercibido. Tuvo platea propia: quizás por ser de La Plata, quizás porque es uno de los imputados civiles, es el único que recibió el apoyo de un grupo que le hacía gestos de aliento y sufría cuando el médico veterinario era interrogado. Grande, que está acusado de haber sido un guardia civil de inteligencia en el centro clandestino conocido como “La Cacha”, jamás hubiera pensado que sería el protagonista de la segunda audiencia del juicio. A metros de él, Miguel Echecoltaz no miraba para ningún lado: sólo se sentó y palmeaba a sus compañeros. Con pequeños gestos, quiso dejar en claro quién es el líder. Hubo 19 represores hoy en la audiencia. Algunos llegaron en ambulancias en medio de un gran despliegue policial que incluyó el corte de las calles aledañas y el vallado en cada esquina.
No todos los acusados estuvieron en la sala: hay quien habló en teleconferencia desde el hospital de Ezeiza y otro desde Neuquén. Y hay quienes, como Jaime Smart, que decidió están separado del resto, solo, al lado de su defensor. Al ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires parecía no importarle el destino de los otros imputados: estaba duro como una roca y sólo hablaba con abogados. Desde el corralito, los represores permanecían en silencio, en cuatro filas, y de cuando en cuando se hablaban al oído, pero apenas lo observaban.
La segunda audiencia duró diez horas y se centró en las declaraciones indagatorias que Carlos Rozansky, como presidente del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, le tomó a cada uno de los represores por sus actuaciones en La Cacha. Se trata del centro clandestino de detención que funcionó entre diciembre de 1976 y octubre de 1978 junto a la cárcel de Olmos, en las afueras de la ciudad de las diagonales.
Esta vez no hubo cruces entre los acusados y el público, y la novedad estuvo dada por las intervenciones –algunas al borde del absurdo– de Juan José Losinno, abogado defensor de Grande, y por los testimonios de Etchecolatz y Jaime Smart, que pusieron en evidencia por qué fueron dos de los altos mandos en la represión en territorio bonaerense. Ambos no dudaron en defender el gobierno de facto y justificaron el accionar represivo desde conceptos ideológicos y morales.
El resto de los represores no hizo grandes declaraciones, una gran parte se abstuvo y el debate principal se originó alrededor del rol que ocupó Grande en la dictadura, sobre quien llovieron preguntas de todas las partes. El juicio continuará el viernes. Recién la próxima semana empezarían con la ronda de testigos.
Etchecolatz fue uno de los primeros en declarar. Dijo: "Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé cuánta gente", y recordó el juicio en el que Jorge Julio López prestó declaración en su contra. “López mintió”, sostuvo. Quien fuera la mano derecha del ex jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar -Ramón Camps- sostuvo hoy que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida, era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro".
Etchecolatz dijo que le causa risa estar "procesado por homicidio", ya que todo lo que hizo durante la dictadura "fue en el marco de la legalidad, con autoridades legítimas, siempre cumplí ordenes de acuerdo a la ley". En ese sentido, aclaró que "los terroristas sembraron la discordia: acá en La Plata fue una lucha cruenta, diaria, tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden".
El represor no tuvo problemas en admitir que "mató en lucha", aunque expresó que "no fueron homicidios”. “Defendimos a la patria y fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, el derecho a la familia”. Y concluyó: "Lo que hice, lo haría de nuevo. Sólo este sistema perverso que me juzga desconoce nuestra batalla para reestablecer el orden moral de la patria".
En un duro testimonio ante la presencia de familiares de víctimas de la dictadura, el represor sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas.
Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas". Locuaz y hasta irónico, dijo que en la cárcel le pusieron el sobrenombre de “El paciente” y se victimizó diciendo que "la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos". Con el dedo índice en alto, preguntó a los fiscales presentes: “¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?"
La declaración de Smart
A continuación, fue el turno de Jaime Smart, quien expuso una comparación entre las víctimas del holocausto nazi y las del gobierno de facto del que formó parte. En este sentido, se desvinculó de las acusaciones y habló sobre el caso de Marcelo Bettini, por el cual está imputado. "Bettini tomó una pastilla, y por ello murió", dijo en relación al ex militante montonero y trazó una diferencia entre las víctimas del exterminio nazi “a quien se sometió verdaderamente a autoridades y se las indujo al suicidio” y las del gobierno militar, “que no fueron ningún tipo de víctimas, porque sembraban terrorismo”.
"La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de Marcelo Bettini con el de un campo de concentración", dijo quien fue ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".
Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
La Cacha le debe su nombre a una ironía funesta. Los represores lo bautizaron así en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 60.
Yo señor, no señor
A la hora de declarar, Grande se defendió diciendo que “lo imputaron por error” y exhortó al Tribunal que revisara “la confusión lamentable que me hizo estar en prisión hace cuatro años y procesado por este juicio”.
Con algunos titubeos, dijo: “Estoy siendo confundido por otra persona”.
En un debate que llevó más de una hora, el médico veterinario reconoció haber realizado tareas de inteligencias en la oficina de Reunión Interior en el Destacamento 101. Allí trabajó como redactor y dactilógrafo de informes sobre “factores políticos” que luego llegaban a los altos mandos militares y policiales. Poco tiempo después, sin embargo, Grande se rectificó y dijo que en realidad “no eran trabajos de inteligencia, sino que eran meras síntesis de lo que decían las noticias, pero lo que se hacía con ese trabajo hay que preguntárselo a mis superiores”.
El tribunal lo interrogó en detalle y consideró que Grande dio por sentado que trabajó como civil en tareas de espionaje. Por otra parte, el médico veterinario dejó en claro que nunca estuvo en “La Cacha” y que las víctimas que dijeron haberlo visto como guardia civil del ex centro clandestino lo confundieron con otra persona que se llamaría “Pablo”. Allí intervino su abogado, Losinno, quien interrumpió varias veces a Rozansky y logró un cuarto intermedio con el objetivo de prohibir que las querellas tomaran declaración a su defendido. No obstante, el Tribunal no dio lugar a su reclamo y prosiguió la indagatoria.
El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. En el banquillo de los acusados también estuvieron sentados Miguel Ángel Amigo, Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Luis Perea; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares. También Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Héctor Acuña, Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda.
El tribunal le tomó declaración a la mitad de ellos y continuará haciéndolo el viernes próximo. Muchos de ellos objetaron problemas de salud, como Fernández y Amigo –este último en silla de ruedas-. Se les concedió el beneficio de no concurrir a las siguientes audiencias, salvo que se los requiera. Rozansky debió hacer esfuerzos para levantar la voz: una buena parte de los represores aclaró que tenía problemas de audición.
Fuente:Infojus
05.02.2014
En la primera audiencia del juicio, el represor compitió en cinismo con Smart
Miguel Etchecolatz: "Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé a cuánta gente"
Ya condenado en otras causas, Etchecolatz se permitió insultar la memoria de las víctimas
La Plata.- El comisario general (RE) de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, dijo ante el tribunal platense que "por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé cuánta gente", y recordó el juicio en el que Jorge Julio López prestó declaración en su contra. Etchecolatz, declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, en el marco de las audiencias en el juicio que se investiga la participación de 15 militares y un ex funcionario civil por el secuestro y tortura de detenidos alojados en el centro clandestino de detención "La Cacha", ubicado en las afueras de la capital provincial.
Quien fuera la mano derecha del Jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura militar, Ramón Camps, sostuvo hoy que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida, era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro". En el marco de la causa, se juzga la detención ilegítima de unas 128 personas alojadas en La Cacha, que estaba ubicado en el predio lindero a la cárcel de Olmos, en las afueras de La Plata.
En un duro testimonio ante la presencia de familiares de víctimas de la dictadura, el represor sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas. Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas".
Al declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº1, presidido por el juez Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo Vega, Etchecolatz dijo que "la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos", y preguntó a los fiscales presentes: - "¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?". "Yo no sé los años que me quedan de vida para mí, pero creo que el talonario se me va acortando, no me importan cuánto hagan de mí persona porque estoy más allá de mi persona, pero sí me importa que se respeten la Constitución y las leyes", dijo en su defensa al estar imputado como coautor de dos homicidios ocurridos en el barrio platense de Tolosa el 9 de noviembre de 1976.
En ese marco, dijo que "detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración, el señor López mintió, como consta en varios lugares, cuando dice que vio que yo mande a fusilar, ese día estuve internado".
Por su parte, Jaime Lamont Smart, el único civil que está siendo juzgado por las torturas y desapariciones de la dictadura, se desvinculó de las acusaciones y sostuvo que "Bettini tomó una pastilla, y por ello murió". "La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de Marcelo Bettini con el de un campo de concentración", dijo quien fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".
Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad. En el banquillo de los acusados están sentados el mayor carlos del Señor Hidalgo Garzon, los tenientes coroneles Jorge Hector Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Fernández, Carlos María Romero Pavón y Anselmo Pedro Palavezzatti; el coronel Gustavo Adolfo Cacivio y el oficial de Inteligencia Luis Perea, todos militares retirados, a excepción de Perea.
También, se juzgará a los suboficiales y agentes penitenciarios Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña, Rufino Batalla e Isaac Crespín Miranda.
El centro clandestino de "La Cacha" estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas- desaparecidas que se encontraban embarazadas.
Fuente:Telam
6 de febrero de 2014
LA PLATA-JUICIO LA CACHA: PROVOCADORAS DECLARACIONES DE ETCHECOLAZ: Aseguró que mató “terroristas” en defensa del “orden, la libertad, la familia y las instituciones”.
MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ ADMITE CRIMENES PERO NO DA INFORMACION
“Maté y lo haría de nuevo”
El represor habló en el juicio en el que se investigan las violaciones a los derechos humanos en La Cacha. “Quiere burlarse del tribunal y armar provocaciones”, señaló Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes.
Por Adriana Meyer
Por Adriana Meyer
Miguel Osvaldo Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense
Los represores que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cumplen a rajatabla su pacto de silencio respecto de la información que tanto anhelan los familiares de sus víctimas. Sin embargo, en especial aquellos que ya acumulan más de una condena a prisión perpetua, aprovechan las audiencias de los juicios para provocar con palabras. “Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé cuánta gente”, dijo ayer Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura en el proceso oral y público por los crímenes cometidos en el campo de exterminio La Cacha. Y agregó: “Tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden”. Además, acusó al desaparecido Jorge Julio López de haber mentido cuando declaró en su contra en 2006, en oportunidad del juicio donde recibió su primera condena.
Los represores que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cumplen a rajatabla su pacto de silencio respecto de la información que tanto anhelan los familiares de sus víctimas. Sin embargo, en especial aquellos que ya acumulan más de una condena a prisión perpetua, aprovechan las audiencias de los juicios para provocar con palabras. “Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé cuánta gente”, dijo ayer Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura en el proceso oral y público por los crímenes cometidos en el campo de exterminio La Cacha. Y agregó: “Tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden”. Además, acusó al desaparecido Jorge Julio López de haber mentido cuando declaró en su contra en 2006, en oportunidad del juicio donde recibió su primera condena.
“Detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración, el señor López, que mintió, como consta en varios lugares cuando dice que vio que yo mandé a fusilar. Ese día estuve internado”, declaró el represor ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, en el marco del juzgamiento de quince militares y un ex funcionario civil por el secuestro y tortura de detenidos alojados en ese centro clandestino de las afueras de La Plata. López había identificado a Etchecolatz como quien dio la orden de asesinar a Patricia dell’Orto y su esposo, Marco D’Ambrosio, y también como partícipe de su secuestro.
“Yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era porque había llamados de vecinos que veían algo raro, les mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno y otro”, dijo quien fuera estrecho colaborador del genocida Ramón Camps, ex jefe de la Bonaerense durante el terrorismo de Estado. Y agregó que le causa risa “estar procesado por homicidio”, ya que todo lo que hizo durante la dictadura “fue en el marco de la legalidad, con autoridades legítimas; los terroristas sembraron la discordia, acá en La Plata la lucha fue cruenta, diaria, dejamos la vida para restablecer el orden”. Luego de admitir que mató, adujo que “no fueron homicidios, defendimos a la patria y fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas, en defensa del hombre civilizado y del derecho a la familia”. Como cierre dijo que “lo haría de nuevo” y que “sólo este sistema perverso que me juzga desconoce nuestra batalla”. “Acá hubo una guerra, dicho por los mismos terroristas, no era una cuestión de antipatía, la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos”, dijo Etchecolatz.
En la audiencia de ayer –en este juicio en el que se juzgan los casos de Laura Carlotto y Antonio Bettini, entre otros, además de la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson– hubo problemas en la declaración por teleconferencia de los represores Eduardo Gargano y Jorge Di Pasquale.
No fue la primera vez que este genocida pronuncia estos discursos. “Etchecolatz siempre habla, siempre miente, durante el juicio por los crímenes cometidos en el circuito Camps daba diferentes versiones sobre el caso de la apropiación de la nieta de Chicha Mariani, haciendo una manipulación perversa”, dijo a Página/12 Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes. “Estas situaciones son un motivo más para unificar los juicios porque este tipo de imputados, que ya suman dos o tres condenas a perpetua, aprovechan los juicios para esto: deslegitimar los procesos, burlarse del tribunal, denostar a las partes y armar provocaciones como la de hoy (por ayer)”, apuntó la letrada. Godoy recordó que ya durante las audiencias del juicio por el circuito Camps había dicho algo similar sobre el desaparecido Jorge Julio López. Y aseguró que las palabras del represor no tienen efecto sobre los testigos, “en realidad, es su propio debate, lo hace para quedar bien con sus compañeros” del pabellón de lesa humanidad, los demás represores presos en Marcos Paz.
Otro de los acusados que hizo uso de la palabra fue el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, quien expuso una comparación entre las víctimas del Holocausto nazi y las del gobierno de facto del que formó parte, al decir que estas últimas “no fueron víctimas porque sembraban terrorismo”.
Fuente:Pagina12
06.02.2014
El genocida declaró en el juicio por los crímenes de dos militantes peronistas cometidos en La Cacha Etchecolatz: "Me ha tocado matar y lo volvería a hacer"
Durante la audiencia realizada en el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata, el ex comisario justificó la represión en el contexto de "una situación de guerra" y dijo que no recordaba cuánta gente había matado. Hubo civiles en el banquillo.
Por: Pablo Roesler
El ex comisario de la Policía Bonaerense, ladero del coronel Ramón Camps durante el terrorismo de Estado, declaró durante 20 minutos en la segunda jornada del debate en que el TOF Nº1, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, investiga esos dos homicidios, por los que está acusado de "coautor mediato". El expediente se juzga junto al que investiga los secuestros, torturas, apropiaciones de niños, asesinatos y desapariciones cometidos contra unas 130 víctimas en el campo de exterminio que funcionó, entre 1976 y 1978, en galpones abandonados de la Radio Provincia, ubicados detrás de la cárcel de Olmos, en las afueras de La Plata.
"He matado, en lucha. Los oponentes asesinaron a traición", comenzó el represor ratificando de las dos condenas a perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio que pesan sobre él desde 2006 y 2012. Como defensa argumentó que cumplió órdenes "dentro del marco de la ley" y citó los decretos de octubre de 1975 dictados durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón que pusieron a la policía bajo la órbita del Ejército.
El ex policía repitió la puesta en escena que utilizó en debates anteriores: habló luciendo un prendendor con la frase "preso político" en el bolsillo del saco y usó el mismo tono provocador. Pero, también como en otras ocasiones, no aportó nada para llegar a la verdad y negó conocer los asesinatos de Bearzi y Bettini, ocurridos el 9 de noviembre de 1976 en una emboscada policial en el barrio platense de Tolosa. Por el contrario, cargó las culpas de la represión en las organizaciones políticas exterminadas durante la dictadura.
"Yo no conozco ese episodio. Pero usted calcule que fue una lucha muy cruenta, diaria en La Plata. Y fue iniciada por los terroristas a quien nosotros teníamos la obligación de enfrentar en defensa de las instituciones del país y la forma de vida de los argentinos", disparó.
"Si señor, me tocó matar", le respondió al presidente Rozanski, dando pie al diálogo más sorprendente de la audiencia. "¿Recuerda a cuánta gente mató?", quiso saber el juez. "No. Pero no era que yo salía a matar a alguien para quitarle la vida. Era porque de llamados de denuncias de vecinos que nos decían que veían algo raro, se mandaba una patrulla y se producían los enfrentamientos", justificó.
El represor, que calificó los procesos reabiertos en 2003 como "juicios revolucionarios" y tildó al testigo desaparecido Jorge Julio López de mentiroso, concluyó su declaración justificando la matanza que acababa de describir. "Quiero dejar en claro que los enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra. En ese contexto fue, no por antipatía. Fue en el contexto de la defensa del orden, de las instituciones, exponiendo nuestras vidas", aseguró. Y cerró su declaración: "Sólo me interesa la defensa de la Patria."
CIVILES EN EL BANQUILLO. En la jornada también declaró el ex ministro de gobierno provincial de facto, el civil Jaime Smart, quien cuestionó la acusación por homicidio (convalidada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en 2011) a la muerte de Bettini, quien ingirió una pastilla de cianuro para evitar ser capturado cuando estaba rodeado luego del asesinato de su compañero de militancia.
"La fiscalía me acusa de homicidio porque equipara el suicidio de Bettini con la muerte en los campos de concentración (nazis) y yo creo que es una falta de respeto a las víctimas del Holocausto", dijo. Y tras recordar que Bettini era "militante del Ejército Montonero", resaltó que "fue muy congruente con sus ideas".
Otro civil que declaró fue el veterinario Raúl Grande, ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 101 dependiente del Batallón 601, quien negó toda la acusación y dijo que estaba preso porque lo confundían con otra persona.
En la audiencia de ayer también los militares, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale y Ricardo Fernández, se negaron a declarar, al igual que el marino Carlos Herzberg y el PCI, Miguel Ángel Amigo. También guardaron silencio los policías Julio César Garachico, Elizardo Lujan y Eduardo Gargano, acusados junto a Etchecolatz por los asesinatos de Tolosa. El viernes a las 10 se realizarán las indagatorias de otros diez imputados.
Fuente:TiempoArgentino
5-2-2014
Lesa Humanidad
Declaración ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata
Etchecolatz: "Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo"
Etchecolatz: "Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo"
Por Juan Manuel Mannarino
El ex comisario Etchecolaz, antes de declarar en el juicio-Fotos:Leo Vaca
El ex militar y condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad declaró hoy en el marco de las audiencias en el juicio por el centro clandestino La Cacha. "Tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden", agregó. También habló Jaime Lamont Smart.
Apenas entró a una suerte de corralito enjaulado donde están los imputados, Claudio Grande miró hacia arriba, saludó a sus familiares y se sentó en la última fila, casi desapercibido. Tuvo platea propia: quizás por ser de La Plata, quizás porque es uno de los imputados civiles, es el único que recibió el apoyo de un grupo que le hacía gestos de aliento y sufría cuando el médico veterinario era interrogado. Grande, que está acusado de haber sido un guardia civil de inteligencia en el centro clandestino conocido como “La Cacha”, jamás hubiera pensado que sería el protagonista de la segunda audiencia del juicio. A metros de él, Miguel Echecoltaz no miraba para ningún lado: sólo se sentó y palmeaba a sus compañeros. Con pequeños gestos, quiso dejar en claro quién es el líder. Hubo 19 represores hoy en la audiencia. Algunos llegaron en ambulancias en medio de un gran despliegue policial que incluyó el corte de las calles aledañas y el vallado en cada esquina.
No todos los acusados estuvieron en la sala: hay quien habló en teleconferencia desde el hospital de Ezeiza y otro desde Neuquén. Y hay quienes, como Jaime Smart, que decidió están separado del resto, solo, al lado de su defensor. Al ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires parecía no importarle el destino de los otros imputados: estaba duro como una roca y sólo hablaba con abogados. Desde el corralito, los represores permanecían en silencio, en cuatro filas, y de cuando en cuando se hablaban al oído, pero apenas lo observaban.
La segunda audiencia duró diez horas y se centró en las declaraciones indagatorias que Carlos Rozansky, como presidente del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, le tomó a cada uno de los represores por sus actuaciones en La Cacha. Se trata del centro clandestino de detención que funcionó entre diciembre de 1976 y octubre de 1978 junto a la cárcel de Olmos, en las afueras de la ciudad de las diagonales.
Esta vez no hubo cruces entre los acusados y el público, y la novedad estuvo dada por las intervenciones –algunas al borde del absurdo– de Juan José Losinno, abogado defensor de Grande, y por los testimonios de Etchecolatz y Jaime Smart, que pusieron en evidencia por qué fueron dos de los altos mandos en la represión en territorio bonaerense. Ambos no dudaron en defender el gobierno de facto y justificaron el accionar represivo desde conceptos ideológicos y morales.
El resto de los represores no hizo grandes declaraciones, una gran parte se abstuvo y el debate principal se originó alrededor del rol que ocupó Grande en la dictadura, sobre quien llovieron preguntas de todas las partes. El juicio continuará el viernes. Recién la próxima semana empezarían con la ronda de testigos.
Etchecolatz fue uno de los primeros en declarar. Dijo: "Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé cuánta gente", y recordó el juicio en el que Jorge Julio López prestó declaración en su contra. “López mintió”, sostuvo. Quien fuera la mano derecha del ex jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar -Ramón Camps- sostuvo hoy que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida, era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro".
Etchecolatz dijo que le causa risa estar "procesado por homicidio", ya que todo lo que hizo durante la dictadura "fue en el marco de la legalidad, con autoridades legítimas, siempre cumplí ordenes de acuerdo a la ley". En ese sentido, aclaró que "los terroristas sembraron la discordia: acá en La Plata fue una lucha cruenta, diaria, tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden".
El represor no tuvo problemas en admitir que "mató en lucha", aunque expresó que "no fueron homicidios”. “Defendimos a la patria y fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, el derecho a la familia”. Y concluyó: "Lo que hice, lo haría de nuevo. Sólo este sistema perverso que me juzga desconoce nuestra batalla para reestablecer el orden moral de la patria".
En un duro testimonio ante la presencia de familiares de víctimas de la dictadura, el represor sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas.
Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas". Locuaz y hasta irónico, dijo que en la cárcel le pusieron el sobrenombre de “El paciente” y se victimizó diciendo que "la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos". Con el dedo índice en alto, preguntó a los fiscales presentes: “¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?"
A continuación, fue el turno de Jaime Smart, quien expuso una comparación entre las víctimas del holocausto nazi y las del gobierno de facto del que formó parte. En este sentido, se desvinculó de las acusaciones y habló sobre el caso de Marcelo Bettini, por el cual está imputado. "Bettini tomó una pastilla, y por ello murió", dijo en relación al ex militante montonero y trazó una diferencia entre las víctimas del exterminio nazi “a quien se sometió verdaderamente a autoridades y se las indujo al suicidio” y las del gobierno militar, “que no fueron ningún tipo de víctimas, porque sembraban terrorismo”.
"La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de Marcelo Bettini con el de un campo de concentración", dijo quien fue ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".
Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
La Cacha le debe su nombre a una ironía funesta. Los represores lo bautizaron así en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 60.
Yo señor, no señor
A la hora de declarar, Grande se defendió diciendo que “lo imputaron por error” y exhortó al Tribunal que revisara “la confusión lamentable que me hizo estar en prisión hace cuatro años y procesado por este juicio”.
Con algunos titubeos, dijo: “Estoy siendo confundido por otra persona”.
En un debate que llevó más de una hora, el médico veterinario reconoció haber realizado tareas de inteligencias en la oficina de Reunión Interior en el Destacamento 101. Allí trabajó como redactor y dactilógrafo de informes sobre “factores políticos” que luego llegaban a los altos mandos militares y policiales. Poco tiempo después, sin embargo, Grande se rectificó y dijo que en realidad “no eran trabajos de inteligencia, sino que eran meras síntesis de lo que decían las noticias, pero lo que se hacía con ese trabajo hay que preguntárselo a mis superiores”.
El tribunal lo interrogó en detalle y consideró que Grande dio por sentado que trabajó como civil en tareas de espionaje. Por otra parte, el médico veterinario dejó en claro que nunca estuvo en “La Cacha” y que las víctimas que dijeron haberlo visto como guardia civil del ex centro clandestino lo confundieron con otra persona que se llamaría “Pablo”. Allí intervino su abogado, Losinno, quien interrumpió varias veces a Rozansky y logró un cuarto intermedio con el objetivo de prohibir que las querellas tomaran declaración a su defendido. No obstante, el Tribunal no dio lugar a su reclamo y prosiguió la indagatoria.
El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. En el banquillo de los acusados también estuvieron sentados Miguel Ángel Amigo, Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Luis Perea; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares. También Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Héctor Acuña, Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda.
El tribunal le tomó declaración a la mitad de ellos y continuará haciéndolo el viernes próximo. Muchos de ellos objetaron problemas de salud, como Fernández y Amigo –este último en silla de ruedas-. Se les concedió el beneficio de no concurrir a las siguientes audiencias, salvo que se los requiera. Rozansky debió hacer esfuerzos para levantar la voz: una buena parte de los represores aclaró que tenía problemas de audición.
Fuente:Infojus
05.02.2014
En la primera audiencia del juicio, el represor compitió en cinismo con Smart
Miguel Etchecolatz: "Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé a cuánta gente"
La Plata.- El comisario general (RE) de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, dijo ante el tribunal platense que "por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé cuánta gente", y recordó el juicio en el que Jorge Julio López prestó declaración en su contra. Etchecolatz, declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, en el marco de las audiencias en el juicio que se investiga la participación de 15 militares y un ex funcionario civil por el secuestro y tortura de detenidos alojados en el centro clandestino de detención "La Cacha", ubicado en las afueras de la capital provincial.
Quien fuera la mano derecha del Jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura militar, Ramón Camps, sostuvo hoy que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida, era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro". En el marco de la causa, se juzga la detención ilegítima de unas 128 personas alojadas en La Cacha, que estaba ubicado en el predio lindero a la cárcel de Olmos, en las afueras de La Plata.
En un duro testimonio ante la presencia de familiares de víctimas de la dictadura, el represor sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas. Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas".
Al declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº1, presidido por el juez Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo Vega, Etchecolatz dijo que "la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos", y preguntó a los fiscales presentes: - "¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?". "Yo no sé los años que me quedan de vida para mí, pero creo que el talonario se me va acortando, no me importan cuánto hagan de mí persona porque estoy más allá de mi persona, pero sí me importa que se respeten la Constitución y las leyes", dijo en su defensa al estar imputado como coautor de dos homicidios ocurridos en el barrio platense de Tolosa el 9 de noviembre de 1976.
En ese marco, dijo que "detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración, el señor López mintió, como consta en varios lugares, cuando dice que vio que yo mande a fusilar, ese día estuve internado".
Por su parte, Jaime Lamont Smart, el único civil que está siendo juzgado por las torturas y desapariciones de la dictadura, se desvinculó de las acusaciones y sostuvo que "Bettini tomó una pastilla, y por ello murió". "La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de Marcelo Bettini con el de un campo de concentración", dijo quien fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".
Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad. En el banquillo de los acusados están sentados el mayor carlos del Señor Hidalgo Garzon, los tenientes coroneles Jorge Hector Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Fernández, Carlos María Romero Pavón y Anselmo Pedro Palavezzatti; el coronel Gustavo Adolfo Cacivio y el oficial de Inteligencia Luis Perea, todos militares retirados, a excepción de Perea.
También, se juzgará a los suboficiales y agentes penitenciarios Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña, Rufino Batalla e Isaac Crespín Miranda.
El centro clandestino de "La Cacha" estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas- desaparecidas que se encontraban embarazadas.
Fuente:Telam
La Cacha: provocadora declaración de Etchecolatz
Aseguró que mató “terroristas” en defensa del “orden, la libertad, la familia y las instituciones”.
Fue en el reinicio del juicio que se realiza en La Plata por los crímenes cometidos en ese centro clandestino.
05.02.2014
Miguel Etchecolatz, en la segunda audiencia del juicio por La Cacha, antes de declarar (Foto: Matías Adhemar)
Por Martín Solernoticiasplatenses@gmail.com@martinenlared Fotos: Matías Adhemar
Aseguró que mató “terroristas” en defensa del “orden, la libertad, la familia y las instituciones”.
Fue en el reinicio del juicio que se realiza en La Plata por los crímenes cometidos en ese centro clandestino.
05.02.2014
Por Martín Solernoticiasplatenses@gmail.com@martinenlared Fotos: Matías Adhemar
“He matado en lucha, los oponentes mataron a traición. Soy conciente que seré condenado”. Con frases de ese estilo y defendiendo el sistema clandestino de represión estatal, el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue uno de los acusados por delitos de lesa humanidad que declararon en la segunda jornada de audiencias en el juicio oral por los vejámenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, que funcionó en las afueras de la ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico-militar. Fue uno de los tramos salientes del comienzo de las indagatorias a los 21 acusados de la mencionada causa y de las muertes de Marcelo Gabriel José Bettini y Luis Eduardo Sixto Bearzi, tras una emboscada policial ocurrida el 9 de noviembre de 1976 en Tolosa.
lA LLEGADA DE TRES DE LOS ACUSADOS AL JUICIO
El ex segundo jefe de la Policía bonaerense está acusado de ser “coautor mediato” de los homicidios de Bearzi y Bettini. El primero fue acribillado por balas policiales. El segundo, antes de ser capturado, ingirió una pastilla de cianuro para evitar ser secuestrado, torturado y seguramente asesinado, por el aparato represivo estatal.
Etchecolatz sostuvo que las órdenes que él cumplió “fueron dentro del marco de la ley” y citó como ejemplos tres decretos presidenciales dictados en 1975 por el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón. “Los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975 pusieron a las fuerzas policiales subordinadas a la fuerza militar. Ésas órdenes fueron emanadas por un gobierno constitucional”, ensayó a modo de defensa, antes de reconocer: “He matado en lucha, los oponentes mataron a traición (…) y todos los jueces hacen silencio. Soy conciente que seré condenado”.
En ningún momento de su declaración se mostró arrepentido y dijo que “volvería a pelear para defender a la Patria”.
El ex segundo jefe de la Policía bonaerense está acusado de ser “coautor mediato” de los homicidios de Bearzi y Bettini. El primero fue acribillado por balas policiales. El segundo, antes de ser capturado, ingirió una pastilla de cianuro para evitar ser secuestrado, torturado y seguramente asesinado, por el aparato represivo estatal.
Etchecolatz sostuvo que las órdenes que él cumplió “fueron dentro del marco de la ley” y citó como ejemplos tres decretos presidenciales dictados en 1975 por el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón. “Los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975 pusieron a las fuerzas policiales subordinadas a la fuerza militar. Ésas órdenes fueron emanadas por un gobierno constitucional”, ensayó a modo de defensa, antes de reconocer: “He matado en lucha, los oponentes mataron a traición (…) y todos los jueces hacen silencio. Soy conciente que seré condenado”.
En ningún momento de su declaración se mostró arrepentido y dijo que “volvería a pelear para defender a la Patria”.
LOS ACUSADOS FUERON UBICADOS, COMO ES COSTUMBRE, EN UN CORRALITO UBICADO DELANTE DEL ESCENARIO DEL EX TEATRO DE LA AMIA.
Otro de los pasajes polémicos de su relato fue cuando sostuvo que “hay muchos terroristas que colaboraban con nosotros y no fueron maltratados”. Así intentó justificar que la muerte de Bettini fue un suicidio y no un homicidio.
“Detrás de mí hay una foto del señor (Jorge Julio) López (quien despareció tras prestar declaración en el juicio oral desarrollado en 2006, que terminó con la condena a perpetua de Etchecolatz) que mintió. Dijo que me vio dar la orden de fusilar a cuatro personas y yo ese día estaba internado por el atentado terrorista en el que estalló una bomba en la Jefatura de Policía”, sostuvo.
“Detrás de mí hay una foto del señor (Jorge Julio) López (quien despareció tras prestar declaración en el juicio oral desarrollado en 2006, que terminó con la condena a perpetua de Etchecolatz) que mintió. Dijo que me vio dar la orden de fusilar a cuatro personas y yo ese día estaba internado por el atentado terrorista en el que estalló una bomba en la Jefatura de Policía”, sostuvo.
Etchecolatz, quien declaró luciendo un prendedor con la frase impresa “Prisionero de guerra”, enmarcó su conducta dentro de una situación bélica. “Esto fue una guerra que no la iniciamos nosotros. Fuimos en defensa de la libertad y la familia”.
También se quejó de la condena a perpetua que recibió su exchofer Hugo Alberto Guallama, y acusó a los jueces de cumplir órdenes políticas que deben terminar con el dictado de sentencias.
“Yo no sé los años de vida que tenga, el talonario se me va acortando, sólo me interesa la defensa de la Patria”, fue el cierre de su declaración ante los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata.
Civil en el banquillo. El ex ministro de Gobierno bonaerense y abogado, Jaime Smart, fue otro de los acusados en declarar. Mantuvo en todos sus términos las declaraciones indagatorias brindadas ante el juez de Instrucción que figuran en el expediente y sostuvo que por su función política “era responsable de quinientos centros policiales lo que indica que mi presencia en estos tribunales será reiterada”.
Luego expuso su visión sobre la teoría del jurista alemán Claus Roxin que es utilizada en muchos de los juicios orales por delitos de lesa humanidad para edificar las sentencias. Esta teoría fue utilizada para enjuiciar a la cúpula de jerarcas nazis en el famoso juicio de Nüremberg, donde surge claramente que los ejecutores podían apartarse de las órdenes.
La aplicación de esta teoría, que comenzó a ser desarrollada por el jurista alemán en el año 1963, sin duda dio un giro al sistema penal en el mundo, y ha marcado un hito especialmente en los procesos llevados a cabo tras las dictaduras.
También se refirió a las muertes de Bettini y Bearzi al sostener que “es muy respetable lo que hizo Marcelo Bettini con la pastilla de cianuro, fue fiel a sus convicciones” y se preguntó “quién la habrá llenado la cabeza” para sumarse a la organización Montoneros.
“Yo no sé los años de vida que tenga, el talonario se me va acortando, sólo me interesa la defensa de la Patria”, fue el cierre de su declaración ante los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata.
Civil en el banquillo. El ex ministro de Gobierno bonaerense y abogado, Jaime Smart, fue otro de los acusados en declarar. Mantuvo en todos sus términos las declaraciones indagatorias brindadas ante el juez de Instrucción que figuran en el expediente y sostuvo que por su función política “era responsable de quinientos centros policiales lo que indica que mi presencia en estos tribunales será reiterada”.
Luego expuso su visión sobre la teoría del jurista alemán Claus Roxin que es utilizada en muchos de los juicios orales por delitos de lesa humanidad para edificar las sentencias. Esta teoría fue utilizada para enjuiciar a la cúpula de jerarcas nazis en el famoso juicio de Nüremberg, donde surge claramente que los ejecutores podían apartarse de las órdenes.
La aplicación de esta teoría, que comenzó a ser desarrollada por el jurista alemán en el año 1963, sin duda dio un giro al sistema penal en el mundo, y ha marcado un hito especialmente en los procesos llevados a cabo tras las dictaduras.
También se refirió a las muertes de Bettini y Bearzi al sostener que “es muy respetable lo que hizo Marcelo Bettini con la pastilla de cianuro, fue fiel a sus convicciones” y se preguntó “quién la habrá llenado la cabeza” para sumarse a la organización Montoneros.
Más indagatorias. El policía retirado Eduardo Gargano, mediante teleconferencia desde Ezeiza, se negó a declarar y pidió no asistir más a las audiencias, todo por recomendación de su defensor particular Pablo Hawlena Gianotti.
Por su parte el militar retirado Jorge Héctor Di Pasquale (66), acusado de 21 secuestros y 22 casos de torturas en La Cacha, declaró mediante teleconferencia desde la provincia de Neuquén, dónde también es juzgado por delitos de lesa humanidad. “Es imposible que me imputen hecho ocurrido en La Plata en el año 1977 cuando yo ese año estaba destinado en Neuquén” alegó. En su legajo militar personal se detalla que fue destinado a la capital bonaerense en diciembre de 1977.
El acusado pidió a los jueces que, tras terminar el juicio en la provincia del sur argentino, lo trasladen a La Plata para ampliar su declaración, derecho que tiene todo acusado de hacer uso en cualquier etapa del proceso antes del dictado del veredicto y eventual sentencia.
Rechazos. Al inicio de la audiencia un grupo de defensores oficiales y particulares realizaron una serie de planteos técnicos que fueron rechazados unánimemente por el cuerpo de magistrados a cargo del debate.
También los jueces advirtieron al público que asiste a las audiencias y a los acusados, de realizar gestos provocativos. La resolución se dictó luego de que en la primera de las audiencias el acusados Héctor “El Oso” Acuña realizara con una de sus manos la “V” de la victoria y con la otra gestos obscenos.
Por su parte el militar retirado Jorge Héctor Di Pasquale (66), acusado de 21 secuestros y 22 casos de torturas en La Cacha, declaró mediante teleconferencia desde la provincia de Neuquén, dónde también es juzgado por delitos de lesa humanidad. “Es imposible que me imputen hecho ocurrido en La Plata en el año 1977 cuando yo ese año estaba destinado en Neuquén” alegó. En su legajo militar personal se detalla que fue destinado a la capital bonaerense en diciembre de 1977.
El acusado pidió a los jueces que, tras terminar el juicio en la provincia del sur argentino, lo trasladen a La Plata para ampliar su declaración, derecho que tiene todo acusado de hacer uso en cualquier etapa del proceso antes del dictado del veredicto y eventual sentencia.
Rechazos. Al inicio de la audiencia un grupo de defensores oficiales y particulares realizaron una serie de planteos técnicos que fueron rechazados unánimemente por el cuerpo de magistrados a cargo del debate.
También los jueces advirtieron al público que asiste a las audiencias y a los acusados, de realizar gestos provocativos. La resolución se dictó luego de que en la primera de las audiencias el acusados Héctor “El Oso” Acuña realizara con una de sus manos la “V” de la victoria y con la otra gestos obscenos.
Fuente:Diagonales
Es tremendo ver al abogado de Anibal fernandez, Pablo Hawlena defender a genocidas!
ResponderEliminar