Represión en la Argentina del Peluca, Por culpa de la Pato, hija de yuta CANCION PUNK De EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
"EL PELUCA Y LA MILICA
2 GORILAS SUELTOS EN LA ROSADA
HACIENDO ESTRAGOS
TUMBA Y CARCEL DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO
CANTATA POPULAR, Siniestro cuento neoliberal
NEO LIBERA LITO y LA MATRIX R E C A R G A D A
Ascenso al poder, descenso a los infiernos
1RA PARTE
de la TRILOGIA LIBERAL
ANTI POPULAR:
"LA REPUTISIMA SANTISIMA TRINIDAD DEL MERCADO":
En el nombre del fraude, del fisco
y los esclavos unidos, ok.
1. Ajuste, deuda e inflación.
2. Saqueo, mentira y represión.
3. Desinformación, mafia y corrupción.
Con la MUSICA de Represión de Los Violadores
Represión
En la Argentina del Peluca
Por culpa de la Pato, hija de yuta
CANCION PUNK
De EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
Si el ajuste va de la mano del saqueo,
La represión va de la mano de la mercantilizacion
La reputisima santisima trinidad del mercado
Del dios capital liberal.
Que solo protege la propiedad privada
de los opresores.
Y, por otro lado...
Si "el que las hace las paga..."
¿Cuándo la va a pagar este sistema inhumano
que se turna con gobiernos cipayos?
Hasta que se acabe la libertad
de morirse de hambre.
I
Que hermosa Patria la liberal
Que viva, viva la libertad
Ajuste, quita y tarifasos
Son los gustos de los libertarios
Hermosa, hermosa Argentina actual
Llena de mentiras y desigualdad
La casta celebra la victoria actual
El retorno neoliberal
La Re -pre-sión, pa' meternos un ajuste
Estanflación!!! y le guste a quien guste
Represión!!! protocolo anti piquete
Inflación!!! vamos a apretar los dientes
Espaldas rotas y desangradas,
trabajo duro, muy poca paga
desocupados, no pasa nada
donde está... la libertad soñada?
25 lucas el kilo de carne,
Eso es lo que quieren que mi pueblo pague
Frutas y verduras están por el cielo
Ahi está... su libre comercio
Represión, oligarca y genocida
inflación 24 horas al dia
Deflación por culpa de unos gorilas
Rebelión 24 horas al dia
Yo no quiero... la represión
detestamos... Al peluca hoy
Nos burlamos... de su sin razón
¡Represión, de la Pato, hija de yuta!
Estanflación, por culpa de este peluca
Recesión, por caputo hijo de yuta
Rebelión, vamos mi pueblo a la lucha.
A lo matón, Bullrich presentó el protocolo para reprimir protestas
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al protocolo con el que actuarán las fuerzas de seguridad para evitar una escalada de protestas sociales. La respuesta al ajuste y a las medidas antipopulares es prohibir las manifestaciones. “Les vamos a dar cinco minutos” antes de reprimir, aseguró.
Pep - Redacción En Orsai // Jueves 18 de febrero de 2016 | 08:12
A partir de ahora todos van a saber a qué atenerse
Una de las funcionarias nacionales más cuestionadas de todo el gabinete lanzó el protocolo de acción de las fuerzas de seguridad frente a una manifestación. Se trata de un accionar que tiene por objetivo bloquear cualquier manifestación o reclamo social por vía de la represión.
Así lo reconoció la propia funcionaria. En tanto que además aseguró que en algunas oportunidades los uniformados podrán intervenir con las armas reglamentarias.
Por radio La Red, Bullrich soltó que "si usted tiene una persona a la que le van a quemar la casa, la primera fuerza en llegar es la Policía del barrio. Esos policías están armados. No pueden dejar las pistolas en el patrullero porque sería más peligroso. Además hay que proteger a la persona que está dentro de su casa y puede ser linchada".
Además, en forma de amenaza afirmó que "les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos".
“Los sacamos” es apenas un eufemismo para hacer evitar la palabra “represión”. Aunque en definitiva ahí apunta el nuevo protocolo. A evitar las manifestaciones por las medidas emprendidas por el Gobierno.
"A partir de ahora todos van a saber a qué atenerse", concluyó la funcionaria más cuestionada del Gabinete nacional.
Dic 15, 2023|Derechos Humanos,Destacada del Día,Política
No hay plata, pero sí represión: Bullrich anunció el protocolo antipiquetes
Tras las medidas económicas, el Gobierno introdujo disposiciones de seguridad para prohibir protestas en espacios públicos. Organismos de derechos humanos alertan que las mismas no respetan derechos y garantías constitucionales.
El nuevo protocolo antipiquetes de Bullrich es oficial. Crédito: A24.
Las nuevas regulaciones que regirán el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich,ya fueron publicadas en el Boletín Oficial, donde se argumenta que las medidas impulsadas son necesarias debido a la “recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito”.
Dichas medidas, anunciadas ayer por la ministra, llegan un día después de que Luis Caputo, Ministro de Economía, presentara las regulaciones económicas que implementará el nuevo gobierno, prometiendo un ajuste salvaje para los próximos años.
Las mismas tienen como objetivo prohibir las movilizaciones en la vía pública y autorizar a las fuerzas de seguridad a actuar sin necesidad de orden judicial. A través de la resolución 943/2023, publicada este viernes, se estableció el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”.
El argumento que fundamenta el mismo, según palabras de la ex candidata a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), es la “urgencia de la situación” y “la actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública”.
De esta manera, el Boletín Oficial también oficializó los nombres que integrarán las fuerzas durante los próximos cuatro años: Comisario General Luis Alejandro Rollé asume el cargo de Jefe de la Policía Federal Argentina. El Doctor Alfredo Hernán Gallardo se desempeñará como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez ocupa el cargo de Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina. Comandante General Antonio José del Pilar Bogado asume el cargo de Director Nacional de la Gendarmería Nacional.
La criminalización del derecho a la protesta es un hecho. Crédito: Sebastián Mandafrina, Nota al Pie.
La represión en marcha
Por su parte, Bullrrich recurrió al viejo discurso de “orden y paz” para que la gente ‘trabajadora’ pueda circular tranquila. Fiel al estilo que intenta imponer hace años, enumeró las nuevas reglas que buscarán prohibir las manifestaciones que se realicen contra las medidas del gobierno de Javier Milei.
“El corte se termina”, advirtió la ministra, y añadió que no tolerará ni siquiera las movilizaciones pacíficas que permitan espacio para el desplazamiento de los transportes. “Se actuará hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, señaló.
En la conferencia, la ministra de Seguridad enumeró punto por punto el nuevo protocolo sin considerar la protección de los derechos humanos y las obligaciones internacionales que no puede eludir.
De esta manera, dejó en claro, una vez más, que la represión será la única respuesta para quien intente manifestar su descontento con las decisiones gubernamentales.
Pautas del nuevo protocolo
Las fuerzas federales podrán intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales.
Podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes
No se tendrá en cuenta la existencia de vías alternativas. Se va a actuar hasta dejar todo el espacio de circulación liberado. “Emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” con ”armas no letales”. Sin embargo, se aclara que esa fuerza será “graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes” y con ”empleo de armas no letales”.
Serán identificados los instigadores y los vehículos.
Se van a registrar todas las acciones penales. Del mismo modo, se incautarán los vehículos sin documentación en regla.
Anticipó que los uniformados trabajarán en las estaciones de tren con el fin de detectar materiales y actitudes: caras tapadas, palos, etc.
Los datos de los autores serán remitidos a las autoridades de aplicación para ver la personería jurídica de los mismos.
Por la quema de cubiertas que suele hacerse en movilizaciones, se dará aviso al juez competente si se comprende que hay daño ambiental.
Se dará aviso a las autoridades competentes si participan niños y adolescentes.
El Ministerio de Seguridad ”podrá demandar judicialmente” a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, “por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”.
Se va a crear un registro de las organizaciones que participen en este tipo de situaciones. No especificó para qué lo usarán. Lo mismo sucederá con “sindicatos o trabajadores que bloqueen empresas”, según la ministra. ¿Serán vigilados? ¿Denunciados penalmente?
Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garre.
“La ley se cumple o no se cumple. La vamos a hacer cumplir”, sintetizó Bullrich tras anunciar el plan.
Se derogará el protocolo que garantiza seguridad y cuidado de los derechos humanos para los protestantes. Crédito: CR Al Frente.
El regreso al pasado
En el último punto de su exposición, la ministra mencionó que el nuevo reglamento deroga el “Protocolo garantista de Nilda Garré”. Este último fue dictado en mayo de 2011 y sostiene que fue elaborado para “incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado” (refiriéndose a la actuación de las fuerzas de seguridad).
La premisa del protocolo garantista era asegurar la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades, así como “no reprimir la protesta social, sino activar canales de diálogo frente al derecho a circular”.
La resolución que derogará el nuevo protocolo fue motivada después de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cuando el entonces presidente interino, Eduardo Duhalde, ordenó impedir que los piqueteros cortaran el Puente Pueyrredón y pasaran a Capital Federal. Su función era limitar la represión y el uso de la fuerza policial.
“Ahora, más que una limitación para el uso de la fuerza policial, hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, alertó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Durante el mandato de Mauricio Macri, cuando Bullrich también lideraba el Ministerio de Seguridad, el protocolo de Garré seguía vigente. No obstante, desde el principio, se implementaron políticas represivas y de persecución que se volvieron una característica de la ex candidata presidencial.
La ministra lleva el peso de la represión a las protestas que cuestionaron la reforma previsional a fines de 2017, así como el operativo en el que asesinaron a Santiago Maldonado mientras huía de la Gendarmería Nacional, que fue autorizado para “limpiar” la ruta. La acción de la Prefectura que resultó en la muerte por la espalda de Rafael Nahuel ese mismo año también fue ordenada por Bullrich.
Amparada por toda la estructura política que hoy representa, la ministra dejó en claro que no intentará gestionar los conflictos, sino que garantizará el orden público, a costa de represión y sin garantizar la seguridad.
Contra todos los acuerdos internacionales que amparan la Constitución Nacional, el gobierno de Javier Milei, representado por su flamante ministra, buscará también criminalizar a madres y padres de familia que peleen por mejores condiciones de vida y que sufrirán la peor parte del perverso plan de ajuste.
La violencia institucional y la persecución de militantes y dirigentes, a los que se refirió como “autores, cómplices, instigadores y organizadores” ya tiene un cheque en blanco.
Silvia Saravia, tras los anuncios de Bullrich: «Hace falta un protocolo contra el hambre, no un protocolo contra la protesta»
La dirigente nacional de Libres del Sur, se pronunció luego de las declaraciones de la Ministra Bullrich. Saravia expresó que «el gobierno nacional debe hacerse cargo de las decisiones que toma. Su primera decisión fue hacer una devaluación brutal que tiene un impacto directo en los precios, particularmente en los precios de los alimentos. Esto deja a una parte muy importante de la población cayendo en la pobreza y en la indigencia».
Además, sostuvo que «lejos de dar respuestas concretas de contención a los ‘caídos’, se preocupa más por ver cómo reprime o cómo mete miedo al pueblo, porque sabe que reaccionará ante esas medidas tan duras».
Por último, advirtió que «Cada vez que un gobierno tomó este tipo de decisiones, las consecuencias fueron fatales. Los hacemos responsables de las consecuencias que la implementación de este protocolo puedan tener».
La receta para implementar el ajuste de Javier Milei ya tiene sus principales ingredientes. Las protestas que puedan derivar de la brutal pérdida del poder adquisitivo de los salarios van a encontrarse en las calles con el "protocolo antipiquetes" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ¿Cuáles son los puntos salientes?
"Hiper ortodoxo con fuerte ajuste fiscal", así definió Milei a su plan
A través de la resolución 943/2023, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", anticipado este jueves por la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio y hoy titular de la cartera de Seguridad.
Protocolo de Patricia Bullrich: los 9 puntos más importantes
Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales "intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte", como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías "debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas".
La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a "despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio".
En los procedimientos, los efectivos "emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente" con "armas no letales". Sin embargo, se aclara que esa fuerza será "graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes" y con "empleo de armas no letales".
Deberán "identificar a los autores, cómplices e instigadores" de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
"Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores" de las protestas "registrados por las fuerzas de seguridad" —como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos— serán "remitidos al Ministerio de Seguridad".
Cuando se observen actos que puedan ocasionar "daño ambiental" (como quema de neumáticos) "se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental".
El Ministerio de Seguridad "podrá demandar judicialmente" a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, "por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".
Se "creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones" y de "infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas, hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas".
POLÍTICA
Protocolo antipiquetes. No pasarán: la “libertad” para Milei y Bullrich es ajuste y represión
La ministra Patricia Bullrich anunció en conferencia de prensa un protocolo de represión contra la protesta social para intentar pasar el brutal plan de ajuste económico. Pero somos millones los que rechazamos estas políticas y el 20 de diciembre estaremos en las calles.
La organización destacó que “cortar calles durante una manifestación no es delito” y puso énfasis en la peligrosidad de los dichos de la ministra: “Es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó en un comunicado que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca «impedir con represión la protesta social», alertó que se «criminaliza a quienes se manifiestan» y se persigue» a las organizaciones porque cortar las calles no es delito».
Además, dice el texto, «pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales».
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó «alarmantes y preocupantes» los anuncios porque se «plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito. El derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones».
Justamente sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró «gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política» en referencia a lo que Bullrich anunció como un «registro de organizaciones».
Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que «las armas que el gobierno de Bullrich llama ‘no letales’ y que nosotros llamamos ‘menos’ letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes».
Por último, el CELS alertó en un comunicado que «es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales. Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles», recordó. Y advirtió que «ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes».
Fuente: Tiempo Ar
COMUNICADO DEL ORGANISMO
Dura y clara advertencia del CELS a Patricia Bullrich: «Pretende impedir con represión el derecho constitucional de la protesta social»
La organización destacó que "cortar calles durante una manifestación no es delito" y puso énfasis en la peligrosidad de los dichos de la ministra: "Es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales".
Viernes, 15 de diciembre de 2023
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó en un comunicado que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca «impedir con represión la protesta social», alertó que se «criminaliza a quienes se manifiestan» y se persigue» a las organizaciones porque cortar las calles no es delito».
Además, dice el texto, «pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales».
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó «alarmantes y preocupantes» los anuncios porque se «plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito. El derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones».
Justamente sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró «gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política» en referencia a lo que Bullrich anunció como un «registro de organizaciones».
Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que «las armas que el gobierno de Bullrich llama ‘no letales’ y que nosotros llamamos ‘menos’ letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes».
Por último, el CELS alertó en un comunicado que «es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales. Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles», recordó. Y advirtió que «ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes».
Viernes, 15 de diciembre de 2023
La ofensiva de Patricia Bullrich contra los piquetes, una decisión política de alto riesgo en una Argentina pendular
La ministra anunció fuertes restricciones a las manifestaciones con el objetivo de recuperar el orden en las calles. Ya lo había intentado en 2016. Las reacciones y los peligros de las políticas de shock. Gobernadores vs Caputo y recuerdos del patacón.
Por
Facundo Chaves (Infobae)
La receta, en el fondo, es la misma: una política de shock. La decisión de la ministra Patricia Bullrichde establecer un rígido protocolo para regular las protestas sociales y garantizar el libre tránsito se inscribió en la misma lógica que instauróJavier Milei apenas asumió la Presidencia de la Nacional. La ofensiva contra los piquetes coincidió con otras medidas que el gobierno libertario tomó desde el mismo domingo del traspaso de mando.
En apenas seis días corridos, Milei borró la mitad de los Ministerios que tenía la gestión kirchnerista, subió el precio del dólar más del 100%, eliminó los controles de precios y le soltó la correa a las naftas y otros mercados que el gobierno pasado intentó sin éxito tener “pisados”. Rompió con los socios internacionales de la administración anterior, como Luiz Inacio Lula Da Silva, repudió los coqueteos con los dictadores Putin y Maduro y puso en el escenario de su discurso inaugural al ucraniano Volodomir Zelensky, al brasileño Jair Bolsonaro, y al español Santiago Abascal, líder de Vox, el mayor enemigo de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español. Y tuvo un contacto a solas con el canciller Eli Cohen, enviado del premier israelí Benjamin Netanyahu.
En ese registro pendular -de ir un de un extremo al otro- y a casi tres décadas de tolerancia absoluta a los piquetes, Bullrich volvió a anunciar un protocolo con medidas estrictas para erradicar los cortes de calles. No es la primera vez: en el mismo cargo pero en febrero de 2016 y en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, anunció un régimen similar que, por impracticable, quedó en desuso. Hay diferencias entre ambos momentos, aparte de los casi 8 años que pasaron entre uno y otro: la sociedad argentina está agotada del caos, reclama orden y hay un presidente dispuesto a tomar medidas impopulares y asumir los riesgos.
El anuncio de Patricia Bullrich del protocolo anti piquetes provocó una fuerte reacción de los movimientos sociales (Télam)
El nuevo protocolo fue anunciado de cara a la marcha que está anunciada para el próximo miércoles en memoria de las víctimas del 19 y 20 de diciembre, los días de anarquía previos a la caída de Fernando De la Rúa. Los que motorizan esas manifestaciones son piqueteros de ultraizquierda, que hasta la conferencia de Bullrich no lograban convencer a otros movimientos sociales identificados con el peronismo de marchar juntos.
“Con el protocolo antipiquetes parece que estamos preparando la madre de todas las batallas. Todos van a estar mirando qué hacemos y qué hacen los piqueteros. Si el operativo sale bien, va a ser el primer round y van a volver a intentarlo con más gente. Ni quiero pensar si hay algún hecho desgraciado o algún infiltrado hace algo”, le decía anoche a Infobae un dirigente con responsabilidades de gobierno que estuvo ayer con Bullrich.
Del anuncio que hizo en la sede del Ministerio de Seguridad, en la calle Gelly y Obes, surgió que habrá el miércoles próximo operativos de las fuerzas federales para impedir que ingrese a la Capital Federal la movilización que van a encabezar organizaciones piqueteras como el Polo Obrero y otros sellos que tienen conexiones subterráneas con el mundo kirchnerista. El despliegue lo harán en los puentes Pueyrredón, Alsina y estaciones de trenes, para impedir que los manifestantes ingresen a la ciudad de Buenos Aires.
Para coordinar esa respuesta, Patricia Bullrich después de la conferencia que anunció el protocolo antipiquetes recibió al jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, a su homólogo de CABA, Waldo Wolff, y al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, junto a los funcionarios nacionales entre los que se destacaron Federico Angelini.
El protocolo no sólo alarmó a los piqueteros, habituados a los roces con la Policía de todos los gobiernos. También puso en alerta a gremios de la CGT que después de cuatro años de inexplicable parálisis -por primera vez en 40 años no hicieron siquiera un solo paro, un trato que no le dieron a Néstor Kirchner- ahora están precalentando para volver a protestar, con bombos y todo. Más aún, cuando el gobierno se resiste a hablar de reabrir paritarias en medio de una disparada inflacionaria, que más que fogonazo, se convirtió en un incendio descontrolado.
“No sé específicamente a qué te referís”, respondió anteayer el vocero Manuel Adorni, cuando en la conferencia de prensa matutina fue consultado por Infobae sobre si tenían previsto alguna medida para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, después del mini plan Caputo, que aceleró la carrera de los precios, ya lanzada por las medidas electoralistas que aplicó el anterior gobierno kirchnerista. Hay economistas, como Martín Redrado, que hablan de una inflación en diciembre de no menos del 30%. Y el propio ministro Caputo confirma que el cálculo está, de piso, en un 1% diario.
El anuncio de los límites a las manifestaciones ocurre a horas de que se conozca un decreto de desregulación económica que le dará motivos a gremios que están en alerta y movilización para poner en marcha sus planes de lucha. Los empleados públicos están primeros en esa fila imaginaria: porque les aumentarán los sueldos por debajo de la inflación o por los despidos y suspensiones de contratos derivados del ajuste, o al decir de Federico Sturzenegger, la “modernización del Estado”.
Hay también en gateras los demorados proyectos de ley de reformas -que surgieron del fraccionamiento de la idea original de llevar al Congreso una “ley ómnibus” de dimensiones bíblicas- que podrían incluir medidas que generen más rechazo.
El DNU que entre hoy y el lunes se publicará en el Boletín Oficial deberá ser analizado este año por la Comisión Bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia. En la Cámara baja no se pusieron de acuerdo en cómo la conformarán y está la posibilidad de que el peronismo con el PRO le arrebaten a los diputados de Milei la mayoría que, tradicionalmente, le corresponde y que por su importancia se la conoce como “comisión de Gobierno”. El peronismo descansa, porque por el protocolo de Bullrich los libertarios no podrán marchar contra la casta.
Una batalla que viene
Pero además de la batalla en la calle y en el Congreso, hay otra que aparece en el horizonte y que tiene, como común denominador a los gobernadores. Radicales, del PRO y, sobre todo, peronistas se sobresaltaron anoche cuando escucharon al ministro Caputo decir que “de ninguna manera” va aceptar coparticipar el impuesto al cheque. Se trata de un compromiso que firmaron 22 mandatarios en el final de la gestión de Sergio Massa para llevar al Congreso un proyecto que compartiera ese tributo. Lo hicieron por sugerencia de Guillermo Francos, que era el enviado de Milei ante el peronismo.
El presidente les cambió a los gobernadores el interlocutor que, casualmente, es el que tiene la chequera. Los mandatarios provinciales ya le dijeron a Francos que si reducen las transferencias, demoran la reversión del impuesto a las Ganancias y se niegan a compartir el impuesto al cheque -con una economía en estanflación- lo más seguro es que tengan dificultades para pagar los sueldos.
Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof recordó que la provincia está habilitada por la Constitución Nacional para imprimir su propio dinero. “La Constitución Nacional y Provincial nos permiten emitir una moneda propia. En su momento el Banco Provincia lo hizo. Hoy no estamos pensando en eso pero llegado el caso, de ser necesario, se evaluará”, dijo. Recuerdos del Patacón, año 2001. No fue el único que habló de cuasimonedas. El otro fue el riojano Ricardo Quintela. Dos de cinco gobernadores peronistas.
Mano dura. Ni “libertad” para protestar: Bullrich usa el ilegítimo artículo 194 contra cortes y piquetesLa ministra de Seguridad de Milei relanzó su “protocolo” para criminalizar y reprimir a quienes reclamen en las calles por comida, salario, vivienda o en defensa del ambiente. Ya lo intentó en 2016, pero fracasó ante la masiva salida a las calles de la clase trabajadora y los sectores populares. Ahora vuelve recargada, agitando un artículo del Código Penal creado por el dictador Onganía. ¿Qué posibilidades tiene de aplicar su plan?
Daniel Satur
Foto Matías Baglietto | Enfoque Rojo
Como detalla Larisa Pérez en otro artículo de La Izquierda Diario, este jueves la ministra de Seguridad Patricia Bullrich inauguró su gestión buscando una nueva oportunidad para mostrar su política de mano dura.
Fue a través del anuncio de un “Protocolo de Orden Público” con el que se pretenderá sancionar penalmente a individuos y organizaciones que protesten cortando calles, avenidas o puentes. Protestas que el Gobierno de Javier Milei vaticina como respuestas lógicas al ajuste brutal sobre los bolsillos populares, que también fue anunciado esta semana por el ministro Luis Caputo.
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Hay que recordar que a fines de 2015, cuando asumió en el mismo cargo nombrada por Mauricio Macri, la funcionaria anunció la aplicación de un “Protocolo Antipiquetes”, con la intención de impedir, a como diera lugar, que la protesta social ocupara el espacio público “alterando” el tránsito. “Les vamos a dar cinco minutos, se van o los sacamos”, amenazaba rabiosa, apoyada en su idea por varios gobernadores y hasta algunos adversarios como Hugo Moyano.
Pero aquel protocolo nunca se pudo aplicar, ya que en las calles miles de personas, en diversas manifestaciones, le dijeron “¡no!” a esa violenta amenaza. Acompañando esas acciones populares, el Frente de Izquierda propuso en la Cámara de Diputados un rechazo a la iniciativa bullrichista.
Lógicamente, la no aplicación del protocolo lejos estuvo de impedirles reprimir en varias oportunidades, algunas con consecuencias trágicas como las muertes de Santiago Maldonado (cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de la represión de Gendarmería) y de Rafael Nahuel (asesinado por miembros de Prefecturarecientemente condenados). La lista de personas criminalizadas en ese período se incrementó de forma exponencial.
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Nada nuevo bajo el sol
El protocolo que ahora Bullrich presenta en sociedad tiene otro antecedente. En 2022, desde La Libertad Avanza se había empezado a agitar el supuesto lanzamiento del “Movimiento Antipiquetero Argentino”. Su antiperonismo los inhibió de ponerle “Alianza”, porque iba a confundirse con la Triple A. Su vocero principal era el legislador porteño Ramiro Marra, quien se paseaba por los medios diciendo que “un piquete es un hecho delictivo que está en el Código Penal, en el artículo 194”, y que “los piqueteros no son ni pobres ni vagos” sino “delincuentes”. Quedó para la historia este cruce de aquellos días, en Crónica HD, entre Marra y el hoy diputado nacional Christian Castillo del PTS-FITU, quien lo “atendió” como se debe.
Milei, Bullrich y compañía, de todos modos, no hacen más que extremar un argumento que, palabras más palabras menos, también esgrimieron en la historia reciente dirigentes de otras filiaciones políticas, incluso de sectores que, en otros terrenos, posan de “progresistas”. De hecho el año pasado, mientras Marra proponía el fantasmagórico MAA, el entonces ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta hablaba de “aprietes” para referirse a miles de trabajadoras y trabajadores que acampaban frente a su despacho reclamando alimentos para los comedores barriales.
Hay que decir que Bullrich no inventa nada, sino que a lo sumo juega a darle forma y colores distintos a lo que ya existe. Aunque en esta oportunidad, con su “Protocolo de Orden Público” se anima a ir un poco más allá de lo que le permite la propia ley que invoca.
Es importante decir que, en los 28 años en los que el peronismo (en sus diferentes etapas) gobernó desde 1983 a la fecha, nunca se propuso eliminar el entramado de leyes y decretos creados a lo largo de los años para perseguir y reprimir movilizaciones, huelgas y protestas. Es más, muchas de las normas más duras las impulsaron ellos. Y hasta se dio la supuesta paradoja de que, luego de la experiencia macrista, quienes hasta 2019 habían denunciado los planes represivos de Bullrich, una vez vueltos a la Casa Rosada aplicaron políticas sustentadas en la misma legislación.
¿Qué dice el 194?
Entre las leyes y códigos utilizados para reprimir la protesta, Bullrich se basa sobre todo en el mencionado artículo 194 del Código Penal de la Nación. Textualmente, “el 194” dice que quien, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Ante todo, ése artículo es antidemocrático e ilegítimo desde su origen. No fue incorporado al Código Penal por una votación en el Congreso, sino que fue incrustado de facto en 1968 por el dictador Juan Carlos Onganía a través del “decreto-ley” 17.567. Eso es tan cierto como que ningún gobierno posterior se dignó a derogarlo, teniendo toda la razón para hacerlo. El último gobierno de Juan Perón derogó partes del decreto, pero mantuvo intacto ese artículo. Y tras la dictadura genocida de 1976-1983, las gestiones radicales, peronistas (incluyendo al kirchnerismo que en 2007 impulsó la Ley Antiterrorista), aliancistas y macristas lo sostuvieron hasta hoy.
Con el 194 en la mano, hace décadas que jueces y fiscales asociados a las clases dominantes imputan, procesan y (en algunos casos) condenan a luchadoras y luchadores obreros, sociales, estudiantiles, ambientales y barriales que encabezan movilizaciones, piquetes, acampes y demás formas de protesta por derechos elementales como el trabajo, el salario, la salud, la educación, la vivienda o el cuidado del medioambiente.
Pero más allá de los aprestos represivos de todos los gobiernos (en alianza con empresas periodísticas que ametrallan con el “caos de tránsito”), lo cierto es que en nuestro país existe una jurisprudencia según la cuál, aún siendo reaccionario y antidemocrático, el artículo 194 tiene límites concretos para ser aplicado. Por eso se da la aparente ironía de que muchas causas contra manifestantes a los que se los procesó con “el 194” duermen años en los juzgados y terminan cayéndose por “falta de mérito”. Aunque, claro, el daño está hecho y la protesta social sigue siendo atacada.
En febrero de 2016, durante el “primer tiempo” de Bullrich como ministra represora, desde la bancada del Frente de IzquierdaNicolás del Caño y Myriam Bregman presentaron junto a otros legisladores un proyecto para derogar el 194. En ese texto se explicaba que en Argentina “no se castiga cualquier entorpecimiento o interrupción del tránsito, sino que sólo se pena cuando esas situaciones son el resultado de una manifestación pública”. Y se recordaba que ante eventos habituales como “un festejo deportivo o una celebración religiosa”, que también interrumpen la circulación (a veces incluso por más tiempo que una protesta), “no existe una sola causa por la aplicación del art. 194 del Código Penal”.
Una línea argumental similar a la de la izquierda tienen reconocidos constitucionalistas como Roberto Gargarella y organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales.
En el caso del CELS, en varias ocasiones el organismo afirmó que “si bien han surgido variadas interpretaciones en la doctrina sobre este delito (...) el artículo 194 no delimita con suficiente grado de precisión la conducta prohibida penalmente. No tanto por los verbos típicos utilizados, sino más bien por la consecuencia que esas conductas deben generar, esto es la situación de un peligro no común”. Y agrega que “al aplicarse esta figura suele ampliarse el ámbito de punición hacia conductas no contempladas en el tipo penal (...) [Y] se suele aplicar esta figura a situaciones que no generan ningún perjuicio ni peligro de perjuicio a terceros. A su vez, la aplicación concreta del art. 194 del CP ha producido graves restricciones de derechos fundamentales, como el de peticionar a las autoridades, de reunión pacífica y de libertad de expresión, derechos que se encuentran protegidos de cualquier injerencia arbitraria del Estado, tanto constitucionalmente como a través de los distintos instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho interno”.
Aunque no exista una situación de “peligro común”, quienes reclaman la aplicación del artículo 194 contra cortes y piquetes insisten en que sí hay impedimento, estorbo o entorpecimiento del “normal funcionamiento” de transportes y servicios. Una falacia (como varias que ya acumulan Milei, Bullrich y compañía), ya que la totalidad de las protestas (sacando excepciones puntuales) se realizan en zonas que tienen diversas formas alternativas para la circulación y el transporte. Ni hablar de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y demás ciudades grandes del país, donde cada día hay más cortes por eventos oficiales u obras de mantenimiento que por protestas populares.
Este jueves Bullrich dijo que su “Protocolo de Orden Público” no contemplará si ante un corte o piquete hay vías alternativas tanto para vehículos como para personas. Es decir, que está incluso dispuesta a violar (por derecha) el mismo artículo redactado por los dictadores de la “Revolución Argentina” de 1966.
Hay que agregar un hecho que no por obvio deja de ser ilustrativo de las motivaciones políticas de la represión. Son los propios gobiernos (nacional, provinciales o municipales) los que, sabiendo de la realización de las protestas y teniendo en sus manos el manejo del tránsito, lejos de canalizar la circulación por vías alternativas diseñan operativos que complican aún más la circulación y hasta terminan “encerrando” autos, colectivos y camiones en embotellamientos sin sentido.
Organizarse y salir a luchar
Queda claro, entonces, que el artículo 194 no dice lo que muchos dicen que dice. Pero eso no invalida que sea usado a pleno por funcionarios, jueces y fiscales para buscar neutralizar y hasta encarcelar a quienes salen a las calles a luchar por mejores condiciones de vida. En este caso, no se trata tanto de la ley sino más bien de la trampa. Ésa que el Estado capitalista despliega en forma de campaña permanente para justificar el hambre y la miseria planificada.
Bullrich sabe bien por qué en 2016 fracasó estrepitosamente su “protocolo antipiquetes”. Y aunque hoy quiera basarse en el 55 % de votos que su jefe obtuvo en el balotaje, nada indica que su furia represora ahora pueda tener una revancha. Sobre todo porque el ajuste de su gobierno es un verdadero plan de guerra contra las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras (entre las que están muchos votantes de Milei). Y la historia Argentina tiene un largo muestrario de resistencias y combate en las calles a la violencia hambreadora del gran empresariado y sus agentes políticos.
Foto: Fran Rodriguez
Tirar a matar
La nueva resolución señala las diferentes situaciones en las que el agente estatal puede tirar a matar sin ser considerado delito. «Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas»; «cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros»; «cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma»; «cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves», son algunas de ellas.
Estas situaciones, ocurran o no, suelen ser las excusas que los integrantes de las fuerzas de seguridad utilizan en su defensa cuando son juzgados por el asesinato de personas. Los relatos de enfrentamiento, de un imaginario que supone que podrían estar armados, de movimientos sospechosos o hasta el ejercicio de plantar armas son ya cotidianos en las defensas de los policías y/o agentes estatales para justificar su accionar asesino. La mayoría de las veces, los testimonios de testigos o sobrevivientes los desmienten.
Estos intentos de justificar los fusilamientos ante personas desarmadas suelen ser las herramientas que utilizan desde el Poder Judicial para ser cómplices del gatillo fácil, dictando sobreseimiento y la absolución a los acusados. Sin embargo, hoy, con esta nueva doctrina hecha ley en el Gobierno de la alianza Cambiemos, no serán judicialmente cuestionables los asesinatos que se produzcan cuando se presuma que el sospechoso pueda poseer un arma letal.
Legalizar la práctica
Sin embargo, todo esto, en la práctica no sorprende. La represión fue política estatal de todos los gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha. Tampoco llama la atención en este Gobierno. Cambiemos ya en su primer año batió récords en la matanza y día a día profundiza su accionar represivo en los barrios, reprime la protesta social y ahora legaliza el rol asesino de sus agentes.
Estas prácticas que ya se habían profundizado de hecho, gracias al envalentonamiento que genera en las fuerzas el discurso oficial que avala la represión y la muerte, ahora adquiere una nueva cara. Este nuevo avance jurídico y legislativo llega en un contexto en que la represión ha ido en aumento y ahora tendrán a mano una herramienta más para garantizar su impunidad.
Como ya se mencionó, la realidad no era muy distinta antes de que se publique esta normativa, principalmente, en los sectores más vulnerados. Sin embargo, esta resolución será una herramienta eficaz para reprimir aún más brutalmente la protesta social. Una protesta social que aumenta a medida que las políticas del Gobierno nacional son cada vez más expulsivas y exclusivas.
Enfrentar un Estado asesino
«La facultad de las fuerzas de seguridad de hacer uso de la fuerza y de armas de fuego debe establecerse por ley», asegura Amnistía respecto a que la resolución emitida no representa estrictamente una «ley» para el derecho internacional. En este sentido, el organismo internacional de derechos humanos señala que la norma debe describir en qué circunstancias y con qué finalidad podrá considerarse el uso de la fuerza, y establecer un umbral más elevado para el empleo de armas de fuego que para otras formas de uso de la fuerza. Esta norma no cumple ninguno de estos requisitos.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia porteña, mediante el Juez Roberto Gallardo, prohibió la aplicación del nuevo protocolo en respuesta a dos amparos que plantearon la nulidad del nuevo reglamento. Por ello, se dictó una medida cautelar que decreta la inconstitucionalidad de la resolución dictada por Bullrich. A nivel nacional, el diputado Leonardo Grosso también presentó un proyecto que plantea su derogación y propone que se adopte «una normativa que se encuentre atravesada por la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, junto a su responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social».
A pesar de esto, mientras esta normativa siga vigente y, sobre todo, los discursos oficiales sigan avalando un accionar represivo y asesino, el Estado seguirá cargando con más muertes y los culpables gozarán de una impunidad otorgada por Patricia Bullrich: nombre y apellido de quién es la máxima responsable de todas las muertes en este Gobierno producto del ejercicio represivo de sus fuerzas.
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A partir de ahora todos van a saber a qué atenerse
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El anuncio de Patricia Bullrich del protocolo anti piquetes provocó una fuerte reacción de los movimientos sociales (Télam):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/E4NIBMQQ3FCONAQIG6D5OVASDU.jpg 420w)
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