Al jardín de las republicas burguesas, festín de las Transnacionales ¡¡¡Fuera, fuera el Nuevo ALCA!!! (Agua, litio, combustibles, alimentos) ZAMBA de EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
Con la MUSICA de AL JARDIN DE LA REPUBLICA (BURGUESA)
Al jardín de las republicas burguesas
festín de las Transnacionales
¡¡¡Fuera, fuera el Nuevo ALCA!!!
(Agua, litio, combustibles, alimentos)
ZAMBA
de EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
RECITADO:
"Nuestra America y el sur global
debe dejar de ser ya,
jardín del capitalismo
festín de las transnacionales
Para eso es necesario ya
Luchar como hace falta
Decir lo que hace falta
Gritar lo que hace falta.
Gritemos no al nuevo ALCA
que solo busca la expoliación
(Agua, litio, combustibles, alimentos)
El ABC del saqueo de hoy.
Alimentos envenenados
nos da Monsanto, ay, ay, por dios
hay que unirnos pronto en la lucha
para cambiar esta situación."
I
Fuera, fuera ya al nuevo ALCA
en esta zamba quiero cantar
pa' que unamos voces y manos
con entusiasmo ni un paso atrás
Cada cual desde su trinchera
Y a su manera debe luchar.
Por el agua y tambien el litio
los combustibles, los alimentos
sacrificando nuestra tierra
quieren llevarse nuestro sustento
nunca nos quedaremos quietos
por nuestra gente y su dignidad.
Para el saqueo no, para mi pueblo si
Contra el extractivismo,
con patriotismo me planto aqui
fuera ya el nuevo ALCA
en esta zamba quiero cantar.
RECITADO:
"Para mi pueblo no, para los ricos, si
está pensado el Rigi
las nuevas leyes a debatir
Contra el extractivismo,
junto a mi pueblo me planto aqui."
II
Derrotemos al nuevo ALCA
Porque se viene un saqueo mal
Igual que hace quinientos años
con asquerosa complicidad,
cada cual saque conclusiones
este sistema no da pa' más.
Pa' que la vida como el agua
pueda fluir como un manantial.
en total biodiversidad
avanzando siempre por nuestra paz
hay solo un camino nomás
y es el de combatir al capital.
¡¡¡Fuera, fuera nomás,
la matriz colonial!!!
fuera ya el nuevo ALCA,
en esta zamba quiero cantar
Si nos organizamos
pueblo de abajo no pasarán!!!
ANALISIS DEL POEMA CANCION
de El Juglar de la Libertad:
1. Que mensaje transmite el poema canción?
2. Que ideología se desprende?
3. Que repercusión pudiera tener en medios físicos y virtuales?
4. Que críticas burguesas o revolucionarias pudiera despertar?
1. El poema canción transmite un mensaje de rechazo hacia el Nuevo ALCA, (Alimentos, litio, combustibles, agua) denunciando que busca saquear recursos naturales, como el litio y el agua, violando los derechos de la Pachamama y los pueblos ancestrales. El viejo ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) También promueve la unidad y la lucha del pueblo contra estas injusticias.
2. La ideología que se desprende del poema es de resistencia, antiimperialista y anticapitalista. Se pone énfasis en la defensa de los recursos naturales y la soberanía de los pueblos.
3. El poema canción podría tener repercusiones tanto positivas como negativas en medios físicos y virtuales. Podría generar debate y conciencia sobre la problemática denunciada, así como movilización y apoyo a la lucha contra el nuevo ALCA. Sin embargo, también podría enfrentar censura o críticas por parte de sectores políticos o económicos que se ven afectados por estas denuncias.
4. El poema canción podría despertar críticas burguesas que defienden el libre comercio y la globalización, así como críticas revolucionarias que buscan una transformación radical del sistema económico y político actual. También podría despertar el apoyo y solidaridad de movimientos sociales y organizaciones que comparten las mismas ideas de resistencia y lucha contra el imperialismo.
EXTRACTIVISMOS
Por Enrique Viale*
En las ciudades no hay petróleo, no hay minerales, hay tierra pública. Y las corporaciones inmobiliarias la codician. Y eso es lo que se entregó impunemente en la sesión del 1ero. de Noviembre en la Legislatura Porteña a partir de un espurio pacto Pro-K. Es la privatización de lo público, de su patrimonio, con los mismos argumentos del menemismo.
En la etapa actual del capitalismo la acumulación es por desposesión y la tierra (el territorio) es el objetivo de las corporaciones. En este caso se concedieron por 30 años -entre gallos y medianoches- treinta y siete hectáreas de espacio público (si 37 manzanas del Parque Roca) a una S.A. sin canon alguno y se la eximió del ABL e Ingresos Brutos. También se ordenó la subasta pública del Edificio del Plata, patrimonio de la Ciudad (casi como vender el Obelisco) y se entregaron centenares de hectáreas a la especulación inmobiliaria con la rezonificación a medida de las playas ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers (que no son para el plan Procrear, porque así expresamente lo excluye el decreto presidencial). Además el espurio Pro-K incluyó la autorización al Poder Ejecutivo local de endeudarse por U$S 250 millones de dólares (la deuda de la Ciudad aumentó un 227 % desde que está Macri). Asimismo ayer se votó el denominado «Distrito de las Artes» en la Boca, promovido por el macrismo, pensado para los negocios con el arte -y no para los artistas- lo que provocará inevitablemente la gentrificación del barrio.
Una cuestión que pasó algo inadvertida en la catarata de aprobaciones fue que el Pacto Pro-K incluyó la aprobación de una ley que creó un fondo con recursos públicos para que sea administrado por el Diputado Daniel Amoroso (Presidente a su vez del Sindicato de Juegos de Azar, ALEARA). Esto garantizó que él acompañe este Pacto, votó todo.
La especulación inmobiliaria es nuestra megaminería o nuestra soja transgénica. Tienen la misma lógica: expulsan y provocan desplazamientos de población; concentran riqueza y territorio; se apropian de lo público; provocan daños generalizados al ambiente, al hábitat y a la Naturaleza; degradación institucional y de la vida democrática, entre otras nefastas cuestiones. Pero sobre todo las cosas desenmascara el evidente pacto que hay entre los gobiernos y las corporaciones. Son ellas, con complicidad gubernamental, las que deciden el ordenamiento territorial del país: donde se impone la megaminería, donde se implanta la soja y donde las torres. En la Ciudad de Buenos Aires la planificación urbana la realiza la especulación inmobiliaria. IRSA es a la Ciudad, lo que la Barrick es a la Cordillera o lo que Monsanto es al campo.
Todas las leyes votadas se votaron “sobre tablas”, sin siquiera despacho de comisión y, menos aún, Informe Técnico como establece el reglamento de la Legislatura. Es más, la ley de endeudamiento por U$S 250 millones se presentó horas antes de la sesión. Podrán decir que las formas no son tan importantes, pero en este caso las formas tienen que ver con el fondo.
Pero lo peor es que el 1 de noviembre sólo se votó parte del espurio pacto Pro-K, que continuará en los próximos días. Como si no fuese suficiente lo que ya entregaron, queda la “Dubai de IRSA” en la ex Ciudad Deportiva de Boca (un negocio de 5000 millones de dólares), la rezonificación de la Isla Demarchi para entregarla a la especulación inmobiliaria y la entrega de concesiones de las plazas y parques público, casi nada.
*abogado ambientalista, miembro del Colectivo por la Igualdad
Opinión. Para Milei, Elon Musk tiene más “derechos de propiedad” que las comunidades indígenas
El presidente contó que lo llamó el magnate interesado en el litio y le prometió un marco jurídico que respete los “derechos de propiedad”. Quiere regalar los territorios de comunidades indígenas y poblaciones a empresas y países imperialistas. Hay que preparar la resistencia.
Mirtha Legrand: -“¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio…” Javier Milei: - “Bueno, una de las cosas que me pasó, es que, me llamó Elon Musk, que está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estado Unidos y muchas empresas de Estados Unidos…” Javier Milei- “pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad…”
Hasta le brillaban los ojos al presidente contando a la conductora la llamada del millonario y las necesidades urgentes de los saqueadores seriales que ven al país como zona de sacrificio y que encontraron un cipayo perfecto.
No es el primer intercambio entre el magnate y Milei. El 5 de diciembre del 2023, Musk compartió en la red social X, un video del presidente electo criticando la justicia social, a la que el libertario responde “We need to talk, Elon”[tenemos que hablar].
Derogación de Ley de Tierras a pedido del Comando Sur y los magnates
Tras conocerse el paquete de medidas de saqueo que incluye el DNU y la Ley Ómnibus se puede reafirmar que las mismas son parte del plan de guerra del gobierno libertario contra el pueblo trabajador, las comunidades indígenas, los movimientos socio ambientales, de mujeres y disidencias, y todas y todos los que durante décadas conquistamos libertades democráticas y derechos en las calles y desde los territorios.
Ese plan incluye medidas concretas para pegar un salto en el saqueo y el extractivismo de bienes comunes naturales como el litio, cobre y otros minerales, hidrocarburos y los suelos y bosques expoliados por el agronegocio. De un plumazo se quieren borrar distintas leyes que expresan obstáculos legales, como la Ley de Tierras, la Ley de Glaciares, la Ley de Control de Quemas y la Ley de Bosques Nativos que, a pesar de sus limitaciones, fueron expresión de años de lucha de movimientos y sectores en los territorios, frenando el avance de la megaminería contaminante, el monocultivo y actividades extractivistas.
De hecho la Ley 26.160 de emergencia del año 2006, que Milei y Villarruel también pretenden derogar, reconoce la posesión de pueblos originarios en territorios que ancestralmente ocupan e impide los desalojos. La misma permitió dar cuenta de esos atropellos y poner freno en algunos casos, más allá de la falta de ejecución del relevamiento que incluye la ley, y de medidas mínimas que no se garantizaron.
En el norte como en el sur, la defensa de los glaciares y periglaciares, del agua, del derecho a vivir en los territorios, de las comunidades indígenas y las poblaciones contra toda política de despojo y de hacer de los mismos zonas de sacrificio, pusieron límite a la extranjerización por parte de multinacionales y transnacionales. Como también de magnates como Lewis o Benetton, apropiadores de lugares paradisíacos, en territorio indígena, para su descanso. Esa resistencia fue a costa de represión, persecuciones y hasta asesinatos como el de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y de hermanos qom.
Musk: “haremos un golpe de Estado a quien queramos…”
La frase tuvo repercusión mundial en el 2020 cuando el magnate respondió a alguien quele consultó por la red social X (ex twitter) sobre las reservas de litio en Bolivia y la relación de Estados Unidos con el golpe de Estado en Bolivia.
Lo cierto es que Elon Musk viene pidiendo garantías para avanzar en negocios vinculados al extractivismo del litio para proveerse de materia prima para sus “gigafactorys”, o “gigafábricas”, como les dice, de producción de automóviles eléctricos que ya tiene en Estados Unidos, Alemania, China y próximamente en México y cuyo objetivo de producción para el 2030 es de 20 millones de autos eléctricos.
Encontró en Javier Milei un aliado abiertamente declarado. Aunque, digamos todo, hace años ya venía avanzando en el país con acuerdos con empresas que le proveen litio, como la actual Archadium Lithium (exLivent, de capitales yankees fusionada con la australiana Allkem) ubicada en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. En el caso de Bolivia, una empresa Alemana lo proveía pero fue cancelado su contrato previo al golpe.
En abril del 2022, en su cuenta de twitter, Elon Musk expresó que:
“¡El precio del litio ha subido a niveles increíbles! Es posible que Tesla tenga que dedicarse directamente a la minería y la refinación a escala, a menos que los costos mejoren.
No hay escasez del elemento en sí, ya que el litio se encuentra en casi todas partes de la Tierra, pero el ritmo de extracción/refinamiento es lento…”
Inmediatamente los entregadores seriales no perdieron tiempo en responder al mismo y ofrecer el litio al mejor postor. Uno de ellos fue el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales, quién invitó al magnate a recorrer la provincia, ofreciéndole facilidades para su negocio y demagógicamente expresando: “Quien sabe, quizás la próxima GIGAFACTORY sea JUJEÑA”.
Otro que respondió al llamado fue el mileísta Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio. Curiosamente, retomó el hilo en septiembre de este año, a un mes de los comicios presidenciales de octubre, planteando que el litio tendría que ser declarado commodity.
@elonmusk @stats_feed Para poder articular el precio y su comercialización es necesario que el litio sea declarado como un commodity. Por este motivo, es importante la digitalización de los contratos en el mercado de los metales.
El amigo de Milei que también se está metiendo en el negocio es Paolo Rocca. El brazo petrolero del grupo Techint, Tecpetrol, compró las acciones de una empresa minera canadiense con dos proyectos avanzados de litio. Y entre los jugadores locales se encuentra el empresario Luis Manzano.
Empresas japonesas, australianas, chinas y estadounidenses, entre las más importantes, ya vienen operando en la Argentina con el fin de asegurarse el control de la cadena de suministro de litio para sus negocios verdes vinculados con la industria automotriz.
El triángulo del litio es una zona cruzada por los intereses geopolíticos de los países imperialistas, como planteó abiertamente Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU, que mantuvo reuniones con Cristina Fernández de Kirchner, manifestando el accionar de tropas militares para cuidar los territorios de posibles conflictos. Además del litio, el petróleo y las aguas del acuífero guaraní y el Amazonas están en la mira.
La resistencia de los pueblos originarios y sus derechos negados
Los pueblos originarios son ejemplo de resistencia en su pelea histórica por el reconocimiento de sus territorios ocupados ancestralmente. La deuda del Estado burgués argentino que le reconoce “derechos de propiedad” a extranjeros pero no tiene la misma vara con las comunidades originarias, muestra que la única propiedad que reconocen es la que está en función del lucro capitalista. La propiedad comunitaria de los pueblos oprimidos, que se consideran guardianes de los bienes comunes, como algo que les pertenece colectivamente pero no para el lucro y la destrucción, sino más bien siendo parte y respetando la naturaleza y legado para dejar a las futuras generaciones (la idea de sostenibilidad); no tiene el mismo estatus y es negada aún cuando el propio derecho internacional la reconoce.
Si en los gobiernos anteriores se sostenía una cierta ambigüedad al respecto, Milei es un exponente sin fisuras de la propiedad privada capitalista. Todo lo demás… “¡afuera!”.
La libertad que pregona no es la libertad individual, porque algunos individuos, como ya vimos, son más importantes que otros, es la libertad de los capitalistas, la libertad empresarial, en detrimento de la libertad de las mayorías, del acceso de las mayorías a disfrutar de nuestras tierras y nuestros bienes naturales y en detrimento de los derechos de los pueblos originarios.
Las enormes movilizaciones en Mendoza y en Chubut en defensa del agua contra el avance de la megaminería y, más recientemente, la pelea del pueblo jujeño con las comunidades originarias como actor protagónico contra la Reforma, son hitos del último tiempo en defensa de los territorios y bienes naturales.
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Necesitamos que esas experiencias se profundicen y que quienes fueron protagonistas de las mismas jueguen un rol activo para impulsar la más amplia coordinación y unidad en los territorios y ciudades, entre las comunidades y las y los trabajadores, para prepararnos de cara al paro general del 24 de enero convocado por la CGT y derrotar el Plan Motosierra de Milei
En defensa del territorio, del agua y la vida. Contra el saqueo de bienes comunes y la extranjerización de las tierras que pretende profundizar Milei para grandes terratenientes, magnates como Elon Musk y las potencias imperialistas. Ningún desalojo a las comunidades indígenas, plena vigencia de la Ley 26.160 y entrega de títulos comunitarios en todo el país. Restitución de sus territorios apropiados por multimillonarios como Benetton o Lewis. Son ideas centrales a levantar en este momento.
Tenemos la fuerza para luchar y no solo frenar o limitar el saqueo, si no también para que el litio y los bienes comunes naturales estén en manos de los pueblos originarios que habitan en esos territorios y de los trabajadores, para su cuidado (y el del agua) y definir qué hacer con los mismos en función de las necesidades de las mayorías.
Los pueblos originarios y el saqueo imperialista en sus territorios: ¿qué hacer para vencer?
El Tercer Malón se levantó contra el régimen en Jujuy y el plan de saqueo en sus territorios. Su ejemplo resuena en el triángulo del litio y en el sur donde avanza el fracking en Vaca Muerta en territorio mapuche. ¿Qué alianzas se pueden tejer para enfrentar el consenso extractivista ahora con la ultraderecha en el Gobierno? Primeras reflexiones.
Uno de los objetivos del Gobierno de Gerardo Morales con la reforma parcial de la constitución en Jujuy fue dar más garantías a las multinacionales que avanzan con el saqueo de los bienes comunes naturales en el país y en latinoamérica. Regimentando la protesta social con la prohibición de cortes, a medida de lo requerido por la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quién pretende militarizar territorios donde existan resistencias protagonizadas por los pueblos originarios o movimientos socioambientales en la zona andina, en el sur, o en la amazonia donde se encuentra el acuífero guaraní.
El triángulo del litio compartido con Chile y Bolivia es un territorio donde viven pueblos como el kolla y atacama desde tiempos ancestrales más allá de las fronteras nacionales y vienen resistiendo al extractivismo desde hace algunos años. Lo mismo ocurre en Neuquén, en territorio mapuche donde la multinacional Chevrón en un acuerdo con YPF extrae petróleo y gas con permanentes tensiones y conflictos desde el año 2013.
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En Argentina se sostiene una estructura legal y jurídica colonialista, heredada del menemismo que permite el saqueo a cielo abierto del sector privado (la mineras pagan en concepto de regalías hasta el 3% de lo que declaran en boca de mina, y en el caso de los hidrocarburos, entre el 8 y el 12 %]), al mismos tiempo que se agregan modificatorias para favorecer el negocio verde que es parte de un nuevo ciclo de acumulación capitalista a nivel mundial en nombre de la transición energética corporativa, que no ataca los problemas de la crisis ecológica actual y más bien los agrava.
Los intereses geopolíticos y el avance de las corporaciones y empresarios locales en el negocio de la energía renovable y no renovable, chocan contra los intereses de los pueblos originarios y sus peleas pasadas y presentes. También con quienes son garantes de ese consenso extractivista hoy con un negacionista del cambio climático como el recién elegido presidente Javier Milei, en alianza con Bullrich y Macri, y gobernadores de oposición de derecha y del peronismo como Morales (Jujuy), Saenz (Salta) y Jallil (Catamarca) nucleados como Norte Grande, o de Arcioni (Chubut) y Gutierrez (Neuquén) y un Estado que históricamente avasalló a los pueblos originarios.
Arriba las Whipalas, abajo el gran saqueo en los territorios
La conformación del Estado capitalista fue a costa de sangre y fuego, y de un genocidio hacia los pueblos originarios. Reclutados por la fuerza para el trabajo en enclaves productivos y desposeídos de sus tierras, soportaron masacres y el accionar racista durante décadas. Los asesinatos recientes de Lucas Gonzalez, como también de Rafael Nahuel, Elias Garay, y tantos otros hermanos y hermanas indios, o la violencia estatal reciente en Jujuy, es sólo un nuevo capítulo de una larga historia de lucha por el reconocimiento de sus derechos sociales, culturales y políticos y de resistencia en los territorios.
En el levantamiento contra la Reforma en junio de este año en Jujuy las comunidades originarias tuvieron un importante protagonismo.
La emergencia del Tercer Malón por la Paz, nucleando a comunidades indígenas de toda la provincia, logró -radicalizando las acciones que había en ese momento- poner como agenda, como parte de la confrontación a la Reforma, la lucha que vienen dando en estos años en defensa del agua y sus territorios ancestrales ante el avance del saqueo de bienes comunes como el litio y otros negocios. Sumado a eso, la deuda histórica (que se expresó en el Primer y Segundo Malón por la Paz) de entrega de títulos comunitarios que ningún gobierno garantizó en más de un siglo.
Con esta enorme fuerza desplegada y la unidad de diferentes sectores con sus demandas específicas en la lucha común contra la Reforma, ¿qué faltó para hacerla caer? ¿Qué lecciones deja la lucha para pensar hacia adelante ante un Gobierno de extrema derecha? Si los problemas no resueltos siguen latentes, ¿cómo fortalecer la pelea para no sólo resistir o defenderse ante los ataques del gobierno y los planes de saqueo imperialistas?
¿Qué hacer?
La alianza entre las comunidades indígenas del Tercer Malón cortando las rutas en territorios, con las y los docentes que estuvieron a la cabeza de las masivas movilizaciones sosteniendo paros por más de 30 días, a la que se sumaron trabajadores estatales, jóvenes e integrantes de organizaciones sociales. Se generaron las condiciones para tirar la Reforma, donde el Gobierno tuvo que retroceder quitando artículos antiderechos e incluso otorgando aumento considerable a las y los docentes. Estaba planteado, en los días más álgidos tras las represiones cuando se multiplicaron los piquetes, que las direcciones de las centrales sindicales como la CGT y la CTA, dirigidas por el PJ, convoquen a la huelga general para que pare la minería (cuyo sindicato AOMA se solidarizó con la lucha y los trabajadores, muchos indígenas, iban a los cortes en solidaridad con la pelea de sus mismas familias), el transporte y los ingenios.
La lucha desde los territorios confluyendo con las luchas en los principales sectores productivos y de las grandes ciudades manejadas por trabajadores es clave. Si se frena la producción desde afuera - cortes de ruta que impidan el transporte de bienes y mercancías- y desde adentro - con paro o huelgas - se pone en jaque la ganancia de las multinacionales y grandes empresas, el corazón de la disputa por el poder económico, lo que puede verdaderamente torcer el poder político en favor de los sectores populares.
El proceso de lucha fue retrocediendo y quedaron aislados sectores que mantuvieron medidas como las comunidades que definieron continuar las mismas en Buenos Aires. A la par que sectores vinculados al Gobierno Nacional impusieron una política de desvío y confianza en las instituciones del Estado como la Justicia, el accionar del mismo presidente, y de salidas por arriba como el planteo de intervención de la provincia. El Gobierno de Morales y su socio Rivarola quedaron debilitados pero continuaron los ataques y persecuciones.
Los problemas estructurales de una provincia y un país sumido en la pobreza y la dependencia, profundizando el extractivismo, siguen abiertos, más aún cuando Milei ya marca los lazos de su Gobierno con el imperialismo yanky. La experiencia realizada en la lucha contra la Reforma dio muestras de qué sectores y sujetos son claves, tanto en el manejo de los resortes de la economía como en el control territorial.
Otra muestra de la fortaleza de esta unidad se vieron en Neuquén en el 2021, en la lucha histórica de trabajadores de salud, a los que llamaron “los elefantes”, donde comunidades mapuches junto a trabajadores de la salud cortaron las rutas de acceso a Vaca Muerta en solidaridad con las y los esenciales, pero también con sus demandas, y lograron torcerle el brazo al poderoso Movimiento Popular Neuquino, a favor de las demandas de la salud.
Una pelea internacionalista
Los pueblos originarios han sido protagonistas de importantes luchas enlatinoaméricaante gobiernos reaccionarios y serviles a los planes del imperialismo, como laguerra del gas-y el agua, y contra la dictadura en Bolivia, en Perú, Ecuador, Brasil.
Así como los pueblos indios se reconocenmás allá de las fronterasimpuestas por el Estado, la clase trabajadora, como sujeto clave, tiene el enorme desafío de romper las mismas y tomar esta pelea internacionalista en sus manos. EnArgentina, Chile o Boliviaquienes trabajan en la actividad litífera y de otros minerales, o de los hidrocarburos, claves de la economía y los servicios.
También en países imperialistas comoEstados UnidosoAlemania, donde llegan las materias primas extraídas de latinoamérica para la industria, como la automotriz. Recientemente en esos países los trabajadores,denunciando las pésimas condiciones laborales y el negocio de la transición energética empresarial, se unieron con sectores ecologistas por sus derechos y en defensa del ambiente, y ven con buenos ojos la resistencia indígena en las zonas de sacrificio.
Superando las divisiones corporativas, sectoriales e incluso las fronteras nacionales, la lucha se fortalece. Coninstancias de coordinación y organizaciónque permitan encontrarnos desde diferentes sectores y movimientos como el socioambiental y el de mujeres, se puedendiscutir y confrontar acciones para la resistencia, pero también paraconstruir una salida colectiva y mucho más democrática, donde se atiendan las necesidades de la mayoría de la población.
Territorios y bienes comunes: ¿para qué?, ¿para quiénes?
La alianza de la clase obrera y las comunidades originarias esestratégicaporque compartimos losmismos enemigos. Un Estado - y sus gobiernos - que oprime a los pueblos originarios, a las mujeres, que explota a las y los trabajadores, y degrada y destruye la naturaleza, al servicio del capitalismo. Pero además, la clase trabajadora junto a los sectores oprimidos, puede comandaruna nueva forma de producción y reproducción que ya no sea en función de la ganancia privada, como es bajo el capitalismo.
¿Podemos pensar en unasociedad organizada desde abajode “productores libres asociados” donde se respete la cosmovisión y derechos políticos, sociales y culturales de las comunidades indígenas, donde cada avance sea en común acuerdo entre trabajadores y pueblos originarios en los territorios para elcuidado y uso de los bienes comunes naturales? Donde se puedaplanificar la misma de forma integral y diversificadaal servicio de las mayorías y no del despojo, saqueo y contaminación capitalista. Donde cada bien común de ser necesariosea socialmente aprovechado, con el conocimiento y técnicas que puedan desarrollarse para un uso racional y ecológico de los mismos, como parte de unaverdadera transición energética? ¿Donde el transporte, la energía, el agua, los alimentos, la tecnología, dejen de ser negocios y siderechosa los que todas y todos tengan acceso?
Desde elPTSy nuestra organizaciones hermanas nucleadas en laFracción Trotskista Cuarta Internacionalopinamos que sí. Por eso construimos una herramienta política de las y los trabajadores, independiente del Estado y de los gobiernos capitalistas, que pueda plantear y proponer en cada proceso de lucha y en los movimientos que se desarrollan unaperspectiva antiimperialista, anticapitalista y socialistaante la crisis actual que vivimos las mayorías y los planes de ajuste y saqueo sobre nuestras vidas y los territorios.
Así como lo hicimos en la importelucha contra la Reforma en Jujuy, con nuestras humildes fuerzas, llevando a la práctica elparlamentarismo revolucionario desde la Constituyente, impulsando la más amplia unidad, como la Coordinadora contra la Reforma de la que fuimos parte, y desde las agrupaciones de docentes y la juventud, o lugares conquistados como laSeccional Rural de la UATRE 877 Ledesma. Como también poniendo en pie organismos que nuclearon a los sectores más conscientes de la lucha como fue laAsamblea del Pueblo en la capital jujeña.
Mientras seguimosacompañando y apoyando la luchade los pueblos originarios de Jujuy y del Tercer Malón en la provincia y con más de tres meses de permanencia en la Plaza Lavalle, al frente de la Corte Suprema, en la Ciudad de Buenos Aires, queremos profundizar eldebate e intercambio que venimos realizando junto con Raúl Godoy*, con nuestras hermanas y hermanos originariossacando lecciones de las peleas dadas y sumar fuerzas para futuros embates.
El triunfo presidencial de la derecha de Javier Milei junto a Victoria Villarruel aceleran tareas preparatorias. Proponen la derogación de la Ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan las comunidades indígenas desde tiempos ancestrales, tildándolas a las mismas deusurpadoras. Sumado, al apoyo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y del embajador Marc Stanley, y el ex presidente Donald Trump, que profundizará el plan de sometimiento de los pueblos latinoamericanos al imperialismo yanky. Son ellos o nosotros.
* Reflexiones realizadas al calor del proceso de lucha contra la Reforma y en Plaza Lavalle de CABA junto a Raúl Godoy, dirigente del PTS FIT y de la fábrica recuperada Zanón.
ECOLOGÍA Y AMBIENTE
PUEBLOS ORIGINARIOS
ECONOMÍA NACIONAL
Informe especial. La guerra por el litio en Argentina
La pelea del pueblo jujeño contra la reforma constitucional de Morales y el peronismo dejó expuesto los métodos del consenso extractivista impuesto por los partidos del régimen. En tiempos de una “transición energética” que genera nuevos negocios verdes, y ante la falta de dólares, la explotación del litio se presenta como la nueva promesa de desarrollo del país. En este informe especial, presentamos una radiografía de la explotación del litio en Argentina, sus consecuencias socioambientales, la lucha de las comunidades indígenas, y un análisis de sus perspectivas, en voces de especialistas y protagonistas.
Informe especial: La guerra por el litio en Argentina. Foto: Susi Maresca.
“Es lógico desde la óptica del capital tener un Estado que no permita que nadie ocupe una calle o una ruta, si el objetivo es desplegar un saqueo de los recursos naturales, mientras se profundiza un esquema de provincia rica con trabajadores pobres”, denunció el concejal jujeño por el PTS-FITU, Gastón Remy.
La situación que se vive en esa provincia desde hace semanas estremeció a la opinión pública nacional por la brutal represión del gobernador radical Gerardo Morales contra el pueblo jujeño, que rechazaba en las calles la reforma constitucional reaccionaria, aprobada con los votos del PJ. Esta avasalla el derecho a la protesta social y el de las comunidades indígenas sobre sus tierras, allí donde (no casualmente) se encuentran grandes reservorios de litio.
Fotografía: Susi Maresca
Sin grieta para el saqueo, entre los candidatos presidenciales desde Sergio Massa a los de la oposición de derecha, existe un consenso extractivista. Festeja Wall Street, ya que las potencias económicas tienen un interés estratégico en este bien común natural. Para profundizar en las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la extracción de litio en el país, en este informe especial de La Izquierda Diario, conversamos con el economista Ariel Slipak, la bióloga del Conicet Andrea Izquierdo, la diputada de Jujuy Natalia Morales (PTS-FITU), el concejal del PTS-FITU Gastón Remy, y Mario, trabajador minero de Chile.
El litio en la disputa geopolítica y la transición energética
Si la crisis climática generada por el capitalismo no es detenida rápidamente, puede llegar a niveles catastróficos de consecuencias gravísimas para la vida en el planeta, y sobre todo para las mayorías trabajadoras. Según el Acuerdo de París el planeta debería llegar al cero neto de emisiones en 2050. Para intentar lograrlo, se habla desde distintos puntos de vista de la transición energética. Esta busca reducir sensiblemente –no sin contradicciones- el uso del combustible fósil (petróleo, gas y carbón) y la emisión de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono. Es aquí donde entra a jugar el litio: un mineral con propiedades muy importantes para fabricar baterías eficientes y, por ello, cada vez más codiciado por las potencias imperialistas.
Una pregunta necesaria es qué tipo de transición es posible, deseable o justa desde el punto de vista de las mayorías sociales, y, sobre todo, necesaria para alcanzar este objetivo.
Actualmente, los capitalistas no sólo están haciendo todo lo contrario para enfrentar el calentamiento global, impulsando por ejemplo nuevas “bombas de carbono”, como la anunciada por Joe Biden en Alaska. Sino que, montados sobre esa necesidad, han abierto un nicho enorme de negocios. pero que no resuelve la crisis, dado que no ataca ninguna de sus causas. Se trata del “capitalismo verde”, con la producción de automóviles eléctricos como estrella. Para la Agencia Internacional de Energía la producción de autos eléctricos pasaría de 2 millones a 280 millones en 2040, la demanda se multiplicaría por 42, pero la estimación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es solo de... ¡1 %! .
Los capitalistas están haciendo todo lo contrario para enfrentar el calentamiento global. Informe especial sobre el litio en Argentina.
Gigantes automotrices como Tesla (EE.UU.), Toyota (Japón), multinacionales como Eramet (Francia) o Geolith (Francia), Shandong Gold, Ganfeng Lithium y Zijin Mining o el propio Estado chino se están disputando el negocio de la extracción del litio y la fabricación de baterías.
Bajo un marco internacional de disputas geopolíticas aceleradas por la guerra en Ucrania entre EE. UU. y sus aliados y el imperialismo en proceso de constitución en China, la disputa por el así llamado nuevo “oro blanco” arrecia. Argentina, Chile y Bolivia concentran más del 50 % de los recursos mundiales de litio (potencialmente extraíbles). Además, Argentina ocupa el tercer lugar en reservas de litio (cuya extracción es viable al día de hoy) [1]. La región se ha convertido por este motivo en un “tablero de ajedrez o damas” geopolítico, declaraba la generala a cargo del Comando sur de EE.UU., Laura Richardson.
En enero de 2023, el influyente think tank Wilson Center celebró la política “decididamente market friendly” del país, ponderando además de rebajas fiscales “Los incentivos adicionales que incluyen una garantía de estabilidad fiscal de 30 años; una tasa de regalías fija del 3 %; y concesiones otorgadas por tiempo ilimitado. Jujuy otorga descuentos de regalías cuando la empresa de litio se compromete a procesar localmente el litio extraído allí.”
Laura Richardson, comandante del Comando Sur de EE.UU., junto a la vicepresidenta Cristina Fernández y Marc Stanley, embajador de EE.UU. Foto: @CFKArgentina
Sobre esta bandeja de beneficios para el capital internacional, el flamante precandidato a presidente de Unión por Patria, Sergio Massa, viene impulsando acuerdos de inversión para la extracción de litio con empresas norteamericanas y chinas. Todo, con la excusa de aumentar la entrada de dólares para enfrentar los impagables vencimientos de deuda con el FMI y acreedores privados en los próximos años. Buitres como Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC, son algunos de esos acreedores también detrás del litio, mientras que entre los socios locales destaca José Luis Manzano, cercano a Massa y Morales, que mediante Integra Lithium acumula 243 000 hectáreas de salares para explotar el negocio minero.
Lo que ahora está calentando la atmósfera tiene origen en lo que Marx describió como una fractura metabólica generada por el capitalismo en el ciclo del carbono (extrayéndolo del subsuelo, donde se acumuló durante millones de años para combustionarlo en busca de energía barata). Ahora el capitalismo transfiere esta crisis en tres registros simultáneos: espacialmente (con el saqueo y destrucción extractivista hacia la periferia, desde los mayores emisores históricos, a los atrasados y dependientes); tecnológicamente (con un ciclo de negocios alrededor de los autos eléctricos) y temporalmente (retrasando la solución a la crisis, pero permitiendo más ganancias).
El país ocupa el cuarto lugar como país productor mundial de litio (5%), luego de Australia con el 47 %, Chile con el 30 %, China con el 15 %. La mayor parte de las reservas de este mineral se encuentran en las salmueras de los salares altoandinos del llamado “triángulo del litio”, en la región de Atacama, que se extiende desde el norte de Chile con nombre homónimo, el sudoeste potosino en Bolivia y la Puna del Noroeste Argentino.
En Argentina, la distribución del acervo de este mineral es la siguiente: en Salta se encuentra el 40 %, Jujuy 37 % y Catamarca 23 %. Juntas concentran alrededor de 38 proyectos mineros, de los cuales solo dos se encuentran en funcionamiento. Las dos explotaciones en funcionamiento son controladas por dos gigantes productoras globales: la norteamericana Livent y la australiana Alkem.
En el Salar de Olaroz (Jujuy) se encuentra Sales de Jujuy SA. Una empresa controlada en un 65 % por Alkem, 25 % por la automotriz Toyota, y Jujuy Energía y Minería (Jemse), que por norma se queda con el 8,5 % de todos los proyectos de la provincia.
En el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) la explotación del “proyecto Fénix” está a cargo de la norteamericana Livent.
Avance de proyectos de minería de litio en la Cuenca Olaroz-Cauchari 2013-2023
¿Qué pasa con el empleo en la minería del litio? Según datos de la Secretaría de Minería, en febrero de este año se registraron 3788 puestos de trabajo en los rubros de producción de litio (2670 puestos) y en exploración y financiación del litio (1118 puestos). Esto representa un 10 % del empleo en el sector minero, y solo el 0,06 % del total de trabajadores registrados privados.
Si bien en promedio los salarios del sector suelen estar por encima de la media de los registrados, no todos en el sector del litio perciben esos haberes. El economista y Concejal de San Salvador de Jujuy (PTS-FITU, Gastón Remy, sostuvo que en la minería del litio casi la mitad de los trabajadores son contratados y no están bajo el convenio de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Están bajo el convenio de la UOCRA con peores condiciones laborales y menores salarios. Además, los trabajadores nucleados en AOMA trabajan 7 días y descansan 7 días, mientras que los contratistas están 21 días trabajando y tienen 10 días de descanso (la mitad) con jornadas de trabajo de 12 horas. “Terminan el turno, salen liquidados, tienen un lugar para descansar, mirar televisión, comer y luego ir a dormir para seguir trabajando al día siguiente”, afirma Remy.
A costa de esta explotación, las empresas amasan fortunas. La minera Alkem obtuvo ganancias por U$S 144 millones en el primer trimestre del año, según sus balances contables. Se trata de un aumento de 194 % respecto al mismo trimestre del 2022. Por su parte, Liventle vende a sus plantas en el resto del mundo la totalidad del carbonato y cloruro de litio a precios inferiores a los que se verifican en el mercado internacional. Una práctica fraudulenta que le permite evadir el pago de una parte de las regalías a la provincia y de los derechos de exportación.
A fines de 2021 el precio internacional del carbonato de litio pegó un salto, cuando pasó de los U$S 13.000 la tonelada (en junio) a los U$S 68.500 (marzo 2022), y siguió subiendo hasta un máximo de U$S 80 909 (noviembre 2022), para luego descender hoy a un poco más de U$S 30.000. Pero a diferencia de otros bienes transables o commodities que tienen un mercado de referencia –como el Brent en Londres, la soja en Chicago– que fijan su precio público, el litio no. Su precio toma mayormente como base las ventas de la compañía chilena SQM a China (el principal demandante global de carbonato de litio equivalente o LCE).
La legislación minera vigente, modificada en 1994 entre el PJ y la UCR, permite a las multinacionales llevarse el mineral sin dejar casi nada a cambio. La reciente fusión entre Alkem y Livent garantiza una concentración mayor de la producción a nivel global. A nivel local, la producción a través de la nueva compañía, Newco, será rival de otros proyectos de capitales canadienses y chinos; pero también de la gran burguesía nacional que pretende desembarcar: José Luis Manzano y Pluspetrol, los Bulgheroni o Rocca.
En defensa del agua y los territorios: la lucha de las comunidades
El cántico “quién se ha robado todo el litio”, resonó esta semana por los rincones de Jujuy en medio de la pelea del pueblo jujeño y las comunidades originarias contra la reforma constituyente. Es que mucho se habla de los supuestos ingresos de dólares que podrían venir de la mano de la explotación del litio, pero poco de la forma en que el mineral se extrae y, sobre todo, de las consecuencias socioambientales que deja.
Imagen: Enfoque Rojo.
Los métodos de explotación actual de litio tienen importantes impactos negativos sobre los salares, que son humedales, e implican un alto consumo de agua, tanto salada como dulce, que resulta un bien común natural escaso en la región.
La Ley de humedales consensuada por más de 300 organizaciones de todo el país propone la protección y defensa de los salares altoandinos. Ya fue presentada en 2013, 2016, 2020, y 2021, pero nunca llegó siquiera a discutirse en el recinto. El lobby de las cámaras mineras es uno de los principales enemigos de la misma, con la complicidad de los Gobernadores del Norte Grande.
Por otro lado, los salares se encuentran en territorio de pueblos originarios. Si bien legalmente el subsuelo le corresponde al Estado, los territorios ancestrales ocupados por las comunidades indígenas se les deben reconocer como propios, según establecen el art. 45 de la Constitución Nacional y la Ley 26 160. Además, cualquier tipo de emprendimiento debe reconocer y cumplir la Consulta Previa, Libre e Informada, según el Convenio 169 de la OIT, al cual Argentina adhiere. Esto implica que todo proyecto productivo, de infraestructura, del Estado y sectores privados, tienen que ser consultados a las comunidades indígenas, y que las mismas deben contar con el derecho al acceso a la información, estudios, planes, evaluación, y con instancias de participación plena para que puedan analizar si quieren permitirlo o no, con qué objetivos, y en caso de que sí, de qué manera.
Imagen: Enfoque Rojo.
Pero el Estado y los gobiernos provinciales conceden a las mineras el territorio para exploración y explotación de forma irregular. En el caso de Jujuy en las cuencas Oraloz-Cauchari y en Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, por ejemplo, dividen el territorio en zonas para ser cedidas obteniendo el consentimiento de solo algunas comunidades. Esta forma de proceder contradice las condiciones ecológicas y territoriales que deben evaluarse integralmente. El consentimiento deben darlo todas las comunidades.
Las empresas tienen múltiples estrategias para obtener permisos y minimizar la resistencia. Por ejemplo, políticas asistenciales, de capacitación técnica alrededor de la actividad y puestos de trabajo que, frente a una situación de vulnerabilidad, funcionan como promesas de “progreso” social. Incluso, las obras de infraestructura aparecen para mejorar rutas e instalaciones para facilitar la minería, transformando el conjunto del territorio alrededor de la actividad extractivista.
Cuando, a pesar de la enorme desigualdad de poder, las comunidades resisten y rechazan la minería extractivista de litio, no falta la represión estatal. Sin embargo, las comunidades indígenas no se dejan doblegar.
Fotografía: Susi Maresca
Unintegrante de la comunidad de El Toro (Susques), del pueblo Atacama, que se encuentra en lucha contra la reforma de Gerardo Morales nos dijo: “El tipo quiere hacerse el rey acá de la Puna, hacer negocios con el extranjero, sacar los minerales lo más que se puede, sacar la ganadería. Hace muy pocos años se implementó esto de la minería, donde se han venido a meter la política y las empresas extranjeras. En esta zona de Atacama están dos empresas, Exar, Sales de Jujuy, mucha guita saca el gobierno, vende, hace negocios propios. Venimos de pueblos indígenas de hace años en estos territorios, los han dejado nuestros abuelos y los vamos a defender hasta la muerte. Si dejamos pasar esto hoy en esta provincia, se van a comer el garrón todas las demás provincias.”
Una salida por izquierda, basta de saqueo y dependencia
La transición energética global como respuesta a la crisis climática, genera las condiciones para un aumento en la demanda del litio. Esto da lugar a “una transición energética amigable para la proliferación de nuevos negocios ahora pintados de verde”, como señalaba el especialista Ariel Slipak a este medio.
Bajo el impulso de obtener una ganancia, la capacidad del litio para almacenar energía no fósil, se utiliza principalmente para la producción de autos eléctricos individuales, en vez de pensar en sistemas de transporte público gratuitos en todo el mundo. Detrás de la explotación del litio no hay ningún interés por solucionar la crisis climática ni alcanzar una verdadera transición energética en favor de las mayorías sociales.
Se trata de un nuevo nicho de negocios capitalistas que arrasan con el agua, la tierra, los derechos del pueblo trabajador y las comunidades, y se opone cualquier perspectiva de desarrollo genuino.
Para combatir la crisis climática, se necesita jerarquizadamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dejar de deforestar y de cambiar los usos del suelo, dentro de un plan que cuestione integralmente el modo de producción y de consumo capitalistas. Como hemos expuesto, poco se habla sobre el escaso impacto total del uso del litio en relación a la crisis climática.
Imagen: Enfoque Rojo.
Argentina tiene a nivel mundial el tercer reservorio de este bien común natural. El consenso extractivista de los partidos del régimen -desde Juntos por el Cambio (Morales, Bullrich, Larreta), pasando por Milei y el peronismo ahora unificado bajo la figura de Sergio Massa- ven en el litio la posibilidad de aumentar las exportaciones, y por esta vía la entrada de dólares que el país necesita como agua en el desierto para pagar la deuda fraudulenta al FMI.
¿Cuántos dólares genera y deja en el país esta actividad? De acuerdo a las proyecciones del Gobierno, hacia 2030 se estima que las exportaciones de litio ascenderían a U$S 8.730 millones. Pero esto no implica que quedarán en el país, ¿cuántas serán las ganancias que se llevarán las multinacionales? Solo en 2022 la empresa Sales de Jujuy ganó U$S 523 millones. Recursos suficientes para construir 14.000 viviendas. Teniendo en cuenta el déficit de vivienda existente en Jujuy, con esos recursos en 2 años se podría poner fin a esta problemática que afecta a miles de jujeños.
Horacio Rodriguez Larreta y Gerardo Morales en una planta de extracción de litio.
La explotación del litio que venden los gobiernos es parte de una matriz extractivista conocida, como el agronegocio, la megaminería o el fracking: externalización de los “pasivos” ambientales hacia países atrasados y dependientes que quedan como “zonas de sacrificio”. Del otro lado, ganancias colosales para el capital concentrado (en Allkem participan, por ejemplo, JP Morgan y el HSBC Group), y empleos en los países imperialistas (el tratamiento del carbonato de litio y la fabricación de baterías, por ejemplo). No hay desarrollo, sino profundización del saqueo y decadencia nacional.
Sergio Massa junto a Gerardo Morales. Informe especial sobre el litio en Argentina.
Bajo el concepto de acumulación por desfosilización, el especialista Ariel Slipak junto a un grupo de investigadores del GYBC mostraron como “quienes terminan pagando o padeciendo con sus cuerpos, con su modo de vida y con un ataque a su cultura, son las comunidades.”
Desde la izquierda se propone la estatización integral de minería de litio bajo administración democrática de los trabajadores y comunidades. Dar vuelta las prioridades, cuestionando tanto el esquema de saqueo económico y de mayor dependencia; ya que promueve la mayor injerencia del capital extranjero rifando los bienes comunes naturales y avanzando sobre territorios indígenas. Cuestionando los métodos extractivistas que amenazan el agua, un elemento clave para los ecosistemas de humedales en los cuales se encuentra este bien común natural y las comunidades que los habitan. Poniendo el conocimiento científico al servicio del bienestar socioambiental.
Esta propuesta permitiría poner los bienes comunes naturales en manos de la población -para que definan cómo, dónde y para qué producir- en sintonía con las necesidades de las mayorías populares y el cuidado del ambiente. Nuestro planteo de estatización del litio parte de un programa más general, a favor de una verdadera transición energética “justa” y sostenible, enfrentado a la búsqueda de ganancia del capitalismo. Respetando la autodeterminación de los pueblos originarios y sus derechos de preexistencia. El camino es el de la lucha, como hace semanas se ve en Jujuy.
Se agradece a Ariel Slipak, Andrea Izquierdo, Gastón Remy, Natalia Morales, Mario (trabajador minero) y a Matias Agedra.
Realizaron este informe especial Guadalupe Bravo, Juan Duarte, Mónica Arancibia, Lihuen Eugenia, Matías Hof, Jorge Galmes Aguzzi, Lorena Rebella y Lucía Ortega. Imágenes y diseño: Matías Baglietto.
[1] Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023 https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-lithium.pdf. De acuerdo a Vera, Torres, et al (2023) en el “triángulo del litio” se concentran entre el 50 y el 85% de de los depósitos de salmuera continentales ricos en litio, fuente: https://www.nature.com/articles/s43017-022-00387-5
El consenso extractivista: “zonas de sacrificio” en el altar del FMI y los especuladores
El consenso extractivista: “zonas de sacrificio” en el altar del FMI y los especuladores
Esteban Mercatante
El planteo de Sergio Massa de que hay exportar más para pagarle rápido al FMI y la reforma de la Constitución provincial de Jujuy de Gerardo Morales para despejar obstáculos para un mayor avance de la minería del litio, son las últimas muestras de un consenso extractivista que no conoce grietas entre los partidos mayoritarios. Aunque la apuesta a exportar más poniendo las mayores fichas hoy en el agronegocio, la minería o los hidrocarburos es planteada en muchos casos como paso necesario para acumular recursos necesarios para invertir en pos de lograr un mayor desarrollo, el crecimiento de los superávits comerciales en las últimas décadas no hizo más que convertirse en una fuente de mayores transferencias de riqueza al exterior, perpetuando las condiciones de atraso y dependencia.
“Una obsesión que tiene que tener el próximo Presidente, el que sea, es juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional y volver a sacarlo de la Argentina para no volver nunca más al Fondo”. La frase fue pronunciada por Sergio Massa el martes pasado, al disertar sobre “La economía Argentina: situación actual y perspectivas” en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Esta breve frase concentra varios supuestos. Por empezar, que la impagable deuda con el FMI debe ser pagada a pesar de los esfuerzos imposibles que ese pasivo va a imponer en los próximos años. Tal como hizo el Frente de Todos durante estos años, pero con más entusiasmo, el ministro y candidato “nacido el 4 de julio” sería incapaz de cuestionar esa hipoteca, que se remonta al astronómico crédito de USD 44.000 millones que contrajo Mauricio Macri en 2018 como aporte generoso para intentar ganar las elecciones en 2019 y que renegoció Martín Guzmán en 2022 continuando con las mismas pautas de ajuste que traen siempre las recetas del FMI. Para que este acuerdo pasara exitosamente por el Congreso –requisito que había sido establecido previamente por una ley enviada por el propio Guzmán–, Massa, entonces presidente de la Cámara de Diputados, tuvo un rol central.
Pero la sentencia de Massa es interesante porque resume, de manera involuntaria, el destino principal que reciben los montos excedentes que acumula el país en materia comercial. Mencionemos, por ejemplo, que el promedio de producción anual de granos en la Argentina pasó de menos de 60 millones de toneladas a finales de la década de 1990 a 140 millones 20 años después, aunque la sequía hizo mermar la producción hace dos campañas y produjo estragos en la última. Las exportaciones de granos y subproductos como aceites y harinas se duplicaron de igual manera en volumen, y gracias a los precios récord que hubo durante parte de este período los ingresos de divisas crecieron aún más.
Este incremento del volumen producido y exportado se debió en parte a un aumento de los rendimientos, pero también a una considerable transformación en el uso del suelo. Transformación que benefició a los productores y a los complejos agroalimentarios que operan en el país (en su mayoría grandes multinacionales) pero que vino acompañado de numerosos impactos para las poblaciones y los ecosistemas. Varios millones de hectáreas de bosques fueron desmontados durante las últimas dos décadas para incrementar la superficie implantada con cultivos comerciales. La extensión de la soja desde finales de los años 90 vino de la mano de un paquete tecnológico que elevó la rentabilidad de los productores por reducción de labores, pero que para sostenerse requiere un uso cada vez más intensivo de glifosato por las resistencias que las malezas generan ante la aplicación continuada del mismo. Además, la utilización de estos pesticidas está asociado a la pérdida de biodiversidad. También las inundaciones crecientes en varias zonas agrícolas es en parte consecuencia del crecimiento de la superficie destinada a algunos cultivos como la soja.
¿Cuál terminó siendo el destino del incremento de las exportaciones agrícolas? ¿Contribuyeron, como suele decirse para impulsar actividades de probado impacto ambiental negativo, a generar recursos para estimular el “desarrollo”? No parece ser el caso. El aumento del superávit comercial que permitió el incremento de las exportaciones terminó alimentando una salida acrecentada de divisas centralmente bajo cuatro conceptos: 1) “pagarle al FMI y que no vuelva nunca más”, lo que ahora promete Massa y que en 2006 prometía Néstor Kirchner para justificar un pago de USD 10.000 millones utilizando reservas del BCRA (como sabemos, el FMI nunca se fue, siguió auditando a la economía argentina como lo hace con todos los países miembros y desde 2018 tiene nuevamente hipotecado al país); 2) el “desendeudamiento” con acreedores privados, que demandó considerables dólares contantes y sonantes luego de haber convalidado todos los fraudes de la deuda cuando se la reestructuró en 2005; 3) los giros de utilidades de las empresas trasnacionales, que tuvieron el doble de peso respecto del PBI durante los años 2000 que en la década de la Convertibilidad; 4) la fuga de capitales. Todo esto significó una formidable deducción de recursos que podrían haberse destinado a inversiones fundamentales.
Como vemos, observando el sector agrícola, no hay relación entre los costos ambientales y sociales que generó el mayor esfuerzo exportador, y sus efectos.
Pero el consenso extractivista no se inmuta ante este saldo, tan poco prometedor para la idea de que el incremento de los desastres ambientales para exportar más son un camino necesario para llegar al prometido desarrollo. Mucho menos abrieron paso a un cuestionamiento de las condiciones de subordinación y dependencia en las que se inserta el capitalismo argentino, que impiden que se alcance cualquier objetivo cercano a lo proclamado. La respuesta ha sido, simplemente, que es necesario exportar más. De lograr eso sí será posible –pretenden– que quede algún mínimo saldo para inversiones en desarrollo, aun en el caso de que sigan existiendo –y profundizándose– todas las sangrías señaladas más arriba. De ahí la conclusión de que no tenemos que preocuparnos por el saqueo, entonces, sino solventarlo exportando más para poder crecer a pesar del mismo.
Como con el agronegocio no alcanza para semejante apuesta, en la última década se sumaron otros candidatos para diversificar e incrementar la canasta exportadora. A la minería convencional, cuya viabilidad se reduce con el agotamiento de los yacimientos, la sustituye la megaminería, que consume ingente cantidad de agua y utiliza materiales altamente contaminantes para extraer el mineral diseminado en la roca. Entre los sectores que hoy generan las mayores expectativas se ubica la extracción de litio, que por su rol en el desarrollo de energías que reemplazan a los combustibles fósiles es presentada como parte de modelos sustentables, pero que se basa en mecanismos que exigen un elevado consumo de agua en regiones áridas, además de que se solapan con tierras de pastoreo, territorios indígenas y reservas naturales. El fracking, también basado en un elevado consumo de agua que involucra los métodos para extraer petróleo de esquisto, ha sido denunciado también por el incremento de actividad sísmica asociado a las fracturas. También podríamos nombrar las megagranjas porcinas que quiso instalar China en el país, y que algún exfuncionario llegó a elogiar como una “industria” de considerable complejidad.
Los gobiernos provinciales se suman entusiastas a estas apuestas, modificando como hizo Morales recientemente, hasta la Constitución provincial si es necesario para atraer a las empresas, con la expectativa de incrementar la actividad y recaudación en sus jurisdicciones. Aspiración que suele verse contrariada por las generosas desgravaciones fiscales que otorgan a las firmas al momento de pactar los compromisos de radicación. El imperativo de incrementar los saldos exportables conduce entonces a la primacía de procesos extractivos que adquieren características insustentables, en el sentido de que destrozan ecosistemas que deberían ser legados a generaciones venideras.
La idea de que esto pueda justificarse por la necesidad de exportar más, y que las consecuencias ambientales que genere podrán ser una preocupación del futuro, resulta sumamente peligrosa. Ya hoy observamos las huellas que deja la profundización de la rapacidad extractivista en los efectos de la contaminación de agrotóxicos y otros químicos vertidos por empresas mineras en personas y animales, en las inundaciones agravadas por los desmontes, en las sequías cada vez más devastadoras, en los incendios forestales y un largo etcétera.
Igual de peligrosa, por falaz, es la idea de que el problema no está en este tipo de emprendimientos sino en la manera en que se llevan a cabo, por lo cual la cuestión no estaría en rechazarlas o prohibirlas sino en asegurar un control adecuado del Estado. Este es uno de los caballitos de batalla del exministro Matías Kulfas en su reciente libro Un peronismo para el siglo XXI. Allí nos dice que la preocupación “por cuestiones ambientales es absolutamente genuina e, insistimos, un proyecto productivo debe tener totalmente internalizadas estas variables”, y “no solo eso: debe incluir un creciente control estatal y ciudadano sobre las prácticas ambientales”. Por eso, concluye, “resulta llamativo que, desde diferentes sectores, se impugnen esas capacidades estatales y ciudadanas de control, cuando en realidad pasa por allí, por su refuerzo y jerarquización, la superación de esta dificultad”. Pero esta pretensión de que un control adecuado puede limitar los efectos ambientales negativos de la deriva extractivista carece de asidero cuando los efectos son intrínsecos a las técnicas utilizadas o a las escalas que requiere hacer rentable la explotación capitalista de los “recursos naturales”. Podemos verlo con un ejemplo muy claro en el caso del litio. Como observa Ariel Slipak respecto de la extracción de litio, aunque puedan mostrarse viables otras técnicas menos destructivas para los salares que las que las empresas están utilizando en la actualidad en el NOA, “no van a desmantelar su esquema [...] y utilizar esa otra técnica más amigable, que puede ser más costosa. Ya tienen costos hundidos, no van a modificar sus técnicas y la legislación argentina avala que no haya tales modificaciones”. Por eso, no es simplemente como plantea el exministro una cuestión de más o mejor “control”.
El mandato exportador fundamenta la legitimidad de todos los trastornos ambientales que puedan generar las actividades impulsadas, desde los impactos locales sobre ríos o ecosistemas hasta la contribución a agravar problemas globales como el calentamiento global, en un “derecho al desarrollo”. Ya sea que se plantee de manera explícita o implícita, la idea básica es que un país de ingresos medios, y que viene mostrando una tendencia declinante como la Argentina, no puede darse el lujo de desaprovechar sus “recursos”, que es todo lo que los bienes comunes naturales representan desde esta perspectiva. Debe usarlos para elevar su nivel de ingresos, aunque sea al precio de agravar la huella ambiental. El argumento, que podría ser a priori debatible en abstracto, se transforma en falacia cuando es invocado para continuar en un círculo vicioso que deja huellas ambientales en todo el territorio sin contribuir en lo más mínimo al pretendido desarrollo.
La cuestión de fondo, retaceada cuando se plantea este antagonismo entre desarrollo y protección ambiental en pos de privilegiar al primer término en detrimento del segundo, es que esta meta se ha convertido en una quimera para la mayor parte de los países dependientes, como es el caso de la Argentina. La ideología del desarrollo (capitalista), ya sea en sus variantes más neoliberales basadas en la inversión extranjera o en las “nacionales y populares”, es en la Argentina actual un planteo vacío. La clase capitalista tiene como única aspiración realizar los negocios más jugosos que estén al alcance de su mano, sin preocuparse por la perpetuación del carácter dependiente y con rasgos semicoloniales del capitalismo argentino.
En nombre de estos objetivos incumplibles se aceleran negocios que permiten crear más riqueza para ser transferida al exterior. Se retroalimentan así los patrones asimétricos que permiten a los países imperialistas descargar en la periferia los costos ambientales en los que se sustenta la reproducción a través de las cadenas de valor organizadas por sus grandes firmas trasnacionales. A contramano del reconocimiento de las problemáticas ambientales que se ha vuelto cotidiano en las cumbres climáticas globales dirigidas por los países imperialistas y donde participan los CEO de las firmas globales más renombradas, la pulsión del capitalismo que empuja a las firmas a maximizar ingresos, minimizar costos y multiplicar la escala de producción para amasar mayores ganancias, lleva a que esas mismas firmas que se dicen preocupadas por el medio ambiente participen de manera directa o indirecta (por los insumos que utilizan) en la profundización de estas actividades extractivas, sin miramiento de los límites que imponen los ciclos de la naturaleza y produciendo desechos en niveles crecientes. Países como Argentina compiten por la radicación de actividades que los países y empresas imperialistas “tercerizan” en las economías dependientes para desplazar a estos territorios las consecuencias indeseadas de las mismas.
Romper el círculo vicioso
En 2019, cuando se inauguraba el gobierno de Alberto Fernández, estalló un duro conflicto en Mendoza por el intento del gobierno provincial de abrir paso a explotaciones de megaminería. El gobierno nacional y el de la provincia, de distinto signo político, no tenían ninguna grieta en el intento de sacrificar el acceso al agua de la población en pos de este negocio. Similares coincidencias podemos ver hoy en Jujuy, así como en Neuquén con Vaca Muerta. Es así como en la Constituyente con la que Morales pretendía introducir reformas que negaran los derechos de las comunidades originarias en pos de permitir una mayor explotación sin restricciones del litio (además de varias otras modificaciones que buscaban atacar el derecho a la protesta y fortalecer los poderes del Ejecutivo) solo las y los constituyentes del Frente de Izquierda Unidad alzaron la voz contra estas pretensiones. El FITU, y dentro de él el PTS, que cuenta con referentes como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Natalia Morales y Gastón Remy, es la única fuerza política de alcance nacional que se ubica por fuera de este consenso extractivista que no hace más que profundizar el atraso y la dependencia.
Romper este círculo vicioso del (no) desarrollo capitalista que es una máquina de producir pobreza, desigualdad y daños ambientales, es clave para poder encarar un camino que pueda plantearse seriamente aumentar la capacidad de generación de riqueza –necesaria para mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador y reducir el tiempo del día que debe ser dedicado al trabajo– y establecer una relación racional y sostenible con la naturaleza, dimensiones ambas negadas por la deriva extractivista. Lograr esto requiere crear una alianza social del conjunto de la clase trabajadora y el pueblo pobre, que articule las demandas de todas las comunidades movilizadas por los reclamos ambientales que se enfrentan a las empresas y gobiernos provinciales y nacional, e integre a los movimientos ambientalistas que apuntan contra la lógica capitalista como principal motor de destrucción ambiental, hegemonizada por la clase trabajadora. Esto es fundamental para cortar las ataduras con el imperialismo y sus aliados locales, imponiendo un gobierno de trabajadores que se proponga reorganizar toda la producción en función de las necesidades sociales y privilegiando el sostenimiento de un metabolismo socionatural equilibrado. Esto solo puede alcanzarse mediante un “ataque en dos frentes”: para terminar con el chantaje de que es necesario exportar, es clave empezar por cortar los nudos gordianos de la sangría nacional. Repudiar la deuda, la nacionalización de los bancos para conformar una banca estatal única, y el establecimiento de un monopolio estatal del comercio exterior, junto con la nacionalización y estatización de las empresas imperialistas que controlan resortes estratégicos de la economía. Estas medidas fundamentales para cortar con el atraso y la dependencia son también la base para avanzar en el otro frente: iniciar una transición hacia un metabolismo sostenible con la naturaleza, que resulta imposible en el capitalismo. La fuga de capitales, los servicios de la deuda, las remesas de ganancias de las empresas multinacionales que operan en el país a sus casas matrices, y las rentas como la agraria apropiadas por el agropower, muestran que el problema no es la falta de recursos potencialmente disponibles para realizar las inversiones más urgentes. Si cortamos con estas vías de vaciamiento es posible disponer de medios para invertir en incrementar la capacidad de crear riqueza, mejorando o creando infraestructuras clave, a la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, a la modernización de los transportes, a garantizar el acceso a la cultura y el esparcimiento. En este conjunto de medidas está también la base para restablecer el metabolismo entre sociedad y naturaleza roto por el capitalismo. La expropiación de los grandes terratenientes es clave no solo para una apropiación íntegra de la renta agraria que hoy se reparten los eslabones del agropower, sino para replantear de manera radical el agronegocio. Esto permitirá poner en primer lugar la satisfacción de necesidades alimentarias de la población en vez de privilegiar la búsqueda de saldos exportables. También hará posible estimular el desarrollo de métodos de menor utilización de energía y agroquímicos.
Con estas medidas como punto de partida, un gobierno de la clase trabajadora podría acelerar la necesaria transición energética e impulsar la soberanía alimentaria. También podría decidir democráticamente, mediante el más amplio debate del conjunto de la sociedad y con especial énfasis en las comunidades y sectores potencialmente afectados, qué actividades exportadoras pueden seguir llevándose a cabo, cuáles deben reformularse, y cuáles –como el fracking y la megaminería– deben abandonarse completamente. Exportar dejaría de ser un fin en sí mismo que solo sirve para solventar la salida crónica de divisas, para convertirse simplemente en un medio para adquirir los medios de producción e insumos importados que sean requeridos para mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Y cuya principal condición será que las actividades exportadoras se lleven a cabo en condiciones verdaderamente sustentables, compatibles con la regeneración de los bienes comunes naturales y sin producir daños irreversibles. Una perspectiva como la que planteamos puede iniciarse en los marcos nacionales, cortando las ataduras que imponen la burguesía y el imperialismo, pero solo puede concretarse a escala internacional. El puntapié inicial para ello es tejer lazos con las clases trabajadoras y los pueblos de América Latina en la pelea revolucionaria por la unidad socialista del continente.
Una salida de este tipo, protagonizada por la clase trabajadora en alianza con el conjunto del pueblo pobre, es la única manera de hacer compatible lo que en el capitalismo dependiente argentino aparecen como antagonismos irresolubles.
Esteban Mercatante @EMercatante Economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas. Autor de los librosEl imperialismo en tiempos de desorden mundial(2021),Salir del Fondo. La economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis(2019) yLa economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo(2015).
Escribe Laura Marrone. Licenciada en Ciencias de la Educación, docente, ex legisladora electa por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda en CABA.
El 14 de julio, en el auditorio del Congreso de la Nación se realizó la audiencia pública convocada por Romina del Pla y Nicolás del Caño, diputades del FITU, para reclamar “FUERA MEKOROT” y por la defensa del agua.
Ya son ocho los gobiernos de provincias que han firmado acuerdos con esta empresa estatal israelí y el Consejo Federal de Inversión (CFI) para la exploración y supuesto diseño de las redes hídricas.
Están presentes asociaciones y asambleas ambientales de distintas provincias, especialmente de las provincias de Mendoza y San Juan, organizaciones de derechos humanos así como también asociaciones de solidaridad con el pueblo palestino.
Abrió la audiencia Maren Mantovani desde Cisjordania, integrante del Comite palestino del BOICOT, DESINVERSION Y SANCIONES (BDS) a Israel. Expresó la sorpresa de los palestinos frente a estos acuerdos porque conocen a la empresa Mekorot que ha secado ríos en Palestina, destruido ambientes y ha sido declarada culpable de delitos de lesa humanidad.
Integrantes del Frente de Izquierda – Unidad en la audiencia pública en el Congreso de la Nación. 14/7/23.
Tilda Rabi de la asociación de Amistad argentino palestina destacó la inportacia de esta unidad entre la causa palestina y la lucha por el agua en las cuidados argentinas.
Distintos expositores denunciaron lo que ha ocurrido en zonas donde la megaminería ha destruido la salud y los cultivos de sus localidades.
El vocero de Allen, Río Negro, señaló que su pueblo era el principal exportador de peras y ya no puede hacerlo más porque está contaminada el agua. No pueden colocar la fruta para exportar. Denuncian que hoy son un pueblo de sacrificio. Perdieron 8.000 puestos de trabajo. Las consecuencias de los problemas renales por la contaminacion es que muchas personas necesitan diálisis. Metieron el fracking sin estudios de impacto ambiental.
Desde el golfo de San Matías, donde hay 11 asambleas, reclaman información pública sobre el convenio marco entre la provincia y al empresa Mekorot sin que a la fecha el informe tenga datos que explique en forma fehaciente lo que van a hacer.
Desde Pucará de Tucumán, la vocera explicó que sufren el impacto socioambiental del extractivismo. En Antofagasta viven desde hace años el saqueo del agua. La empresa Liven requiere 20 millones de litros de agua por cada tonelada de litio.
Desde Andalgalá, sufren las consecuencias de la contaminación del agua por las empresas megamineras. Veinte años de Agua Rica no ha dejado ningún beneficio.
Todes les expositores ligaron esta lucha a la del pueblo palestino contra el estado sionista de Israel y con la del pueblo de Jujuy en este momento, contra la criminalización de la protesta y el reclamo por la libertad de las personas detenidas.
Desde La Rioja, la vocera hizo referencia a que las megamineras atacan el agua superficial y profunda. Denunció que el acuerdo con Mekorot se firmó a espaldas del pueblo y sin información a la población. Reclamaron información pública pero no lo lograron.
Los representantes de Chubut informaron que ya se han secado varios ríos por el uso extractivisra de la minería. Señalaron que hicieron un Chubutazo para defender el territorio y el agua. De esa lucha han quedado varios procesados.
De Sierra de la Ventana, provincia de Bs As, hablaron contra los agrotóxicos. Lamentablemente hay investigadores del CONICET que no están defendiendo los derechos de los pueblos sino que se pliegan a las exigencias de las empresas o no se involucran porque tienen miedo de perder su fuente de trabajo. Son científicos con miedo. Defendieron a Virginia Aparicio, que denunció los tóxicos que tienen las personas y que el INTA no quiere que se sepa.
La vocera de Mar del Plata denunció que también sufren extractivismo. Señaló el peligro de quedarnos sin agua dulce en algunas décadas, como ya ocurre en Uruguay y que es necesario hacer acciones concretas para poder continuar la vida en el planeta.
Integrantes del foro del Río de la Plata hicieron un llamado de alerta. Señalaron que a Mekorot no solo le interesa el norte, el oeste y el sur sino también el este. Que Aysa viajó a Israel como parte de los acuerdos con Mekorot. El agua de Aysa es tomada del Río de la Plata, el más contaminado.
La imagen de la campaña contra la empresa estatal israelí
De la Asamblea del Paraná, habló un representante que señaló que hay prácticas violentas del grupo de choque del club náutico de Zárate que queman campos e instalaciones de las comunidades costeras.
Desde Rosario socioambiental, se denunció al capitalismo extractivista. Afirmaron que es falso que falten técnicos en Argentina para encarar planes hídricos. Santa Fe es firmante del acuerdo con Mekorot y no se dice para qué. El avance de la frontera agrícola ha sido una de las causas de liquidación de humedales y también de los bajos sub meridionales. Convocó al Chaco a sumarse a esta lucha ya que también es firmante del acuerdo con Mekorot.
Desde organismos de Derechos Humanos y CEMIDA destacaron que hay un Consejo Federal que es el encargado de gestionar el agua, y que no necesitamos que nos vengan a enseñar como hacerlo.
La Liga de Derechos Humanos señaló que Mekorot es parte del control militar de un recurso estratégico. Israel seca los pozos del agua palestinos para llenar sus piletas de natación. No podemos permitir el acuerdo con esta compañía criminal Mekorot que viola derechos humanos y es culpable de ejercer apartheid contra el pueblo palestino.
Nuestra compañera de Izquierda Socialista, Mercedes Trimarchi, tomó la palabra y sumó la denuncia de las personas detenidas y procesadas en Chubut, también por el agua. Reclamó por la libertad de Ivan Blacutt y demás detenides en Jujuy. Denunció la complicidad del gobierno de Argentina con el estado sionista de Israel, y lo responsabilizó de ser el impulsor de estos acuerdos. Finalmente, reiteró nuestra solidaridad con el pueblo palestino.
Publicado en la cuenta de Facebook de Laura Marrone.
Dueños de la tierra: con foco en el agua, la minería y la geopolítica, así marcha la "extranjerización" en Argentina
En al menos 30 distritos del país se incumple el porcentaje de propiedad por parte de extranjeros que establece la ley vigente.
Según datos oficiales, suman 14,7 millones las hectáreas bajo control extranjero en la Argentina. La cifra, en kilómetros cuadrados, supera la superficie total de Inglaterra –no confundir con toda Gran Bretaña–, merodea los números de todo Uruguay y representa casi la mitad de la superficie de Italia.
Por supuesto, esto de acuerdo a estadísticas del Registro Nacional de Tierras Rurales. Pero se da por hecho que el total dominado por los capitales internacionales es superior. Ocurre que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se dispuso por decreto –820/16– la posibilidad de que las sociedades argentinas transfieran acciones a extranjeros sin tener que notificar al mencionado registro.
Dicho de otra forma, en situaciones de sociedades compartidas entre capitales nacionales y foráneos la compra de la participación doméstica por parte de inversores externos no resulta informada al Estado. Al mismo tiempo, también se liberó la posibilidad de que los extranjeros adquieran cuerpos de agua a partir de un cambio de requisitos en la forma de revisar la presencia de cuencas en los territorios en venta.
Lo particular es que estos cambios que alientan la "extranjerización" no fueron modificados por la gestión que encabezan Alberto y Cristina Fernández. La ley vigente dictamina que los capitales foráneos no pueden disponer de más del 15 por ciento del territorio de un municipio, una provincia o el país. Claro que ese porcentaje se incumple en distintos puntos del mapa, incluso en este contexto de sociedades que no informen sus cambios accionarios.
Los porcentajes de la presencia extranjera
Siempre según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 5,23 por ciento del territorio argentino se encuentra hoy controlado por extranjeros –aquí sí se estaría cumpliendo la normativa aunque con las salvedades mencionadas–, pero los guarismos varían de acuerdo a las provincias.
La apropiación de Lago Escondido por parte de Joe Lewis, uno de los escándalos más visibles.
En ese sentido, los porcentajes más elevados corresponden a Salta –11,56 por ciento–, Misiones –11,07 por ciento–, San Juan –10,48 por ciento–, Catamarca –8,64 por ciento– y Santa Cruz –8,11 por ciento–. Precisamente, distritos con fronteras en detrimento de provinciales centrales como Córdoba, La Pampa, Santa Fe o San Luis.
Los números cambian y desnudan la violación de la normativa vigente en cuanto se revisa la "extranjerización" por municipio o departamento. Respecto de esto último, el registro citado reconoce que al menos 30 distritos superan los límites del 15 por ciento fijados por la legislación.
El organismo señala que en Magallanes, en la costa de la provincia de Santa Cruz, el 25,7 por ciento de las tierras son propiedad de capitales foráneos. Cushamen, en Chubut, presenta un indicador del 22,9 por ciento, mientras en que Lacar, en territorio neuquino, el 54 por ciento de las tierras se encuentran bajo dominio extranjero.
Otro distrito en el que apabulla la presencia de capital foráneo es General Lamadrid, en La Rioja: 56,7 por ciento de las hectáreas. Los porcentajes más elevados son propiedad de la provincia de Salta: San Carlos y Molinos, con 59,8 y 57,7 por ciento de su territorio en manos extranjeras, respectivamente.
En Iguazú, Misiones, el porcentaje alcanza el 38,8 por ciento, mientras que en Ituzaingó, en la misma provincia, la cifra se ubica en el 33,9 por ciento. La provincia de Buenos Aires también resalta en el mapa de los distritos más "extranjerizados":Campana aparece en el registro con un 50,2 por ciento de su territorio en propiedad de inversores internacionales.
El interés de los extranjeros
El avance de los capitales foráneos, tras la ola protagonizada por el mencionado Lewis, Benetton y Tompkins, entre otros apellidos y en tiempos previos a la ley 26.737 viene encendiendo reacciones en zonas como El Bolsón, en Río Negro, donde se ha denunciado el desembarco del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en un área que le garantizaría el control de la naciente del río Chubut.
La base satelital china, una muestra de cómo incide la geopolítica en estas inversiones.
En Chubut, organizaciones de sociales y empresariales del Valle señalan que las compras se concentran en zonas de disponibilidad de agua, terrenos aptos para el desarrollo inmobiliario y, sobre todo en los últimos tres años, espacios donde puedan llevarse a cabo a instalación de proyectos energéticos con foco en la generación eólica.
Ya en el Norte, la predilección de los capitales extranjeros se concentra en zonas con posibilidades para la actividad minera –foco en el litio y los metales preciosos–.
Pero también predomina el interés por la explotación de áreas forestales como en el caso de Misiones. En ese distrito provincial resalta la situación de la chilena Arauco, dueña de más de 233.000 hectáreas sembradas en su gran mayoría con especies para la producción de celulosa.
La geopolítica también juega su "partido" a partir de la presencia china en Bajada del Agrio, el interés por emplazar un puerto multipropósito en Tierra del Fuego, y el reciente intento de empresas anglo-estadounidenses por instalar un radar de gran potencia también en suelo fueguino.
El valor estratégico de controlar el agua para el Estado sionista de Israel en su expansión por tierras palestinas es sin duda a través de la empresa Mekorot hoy asentada en al menos 10 provincias del país. Fundada en 1938, prácticamente 10 años antes de la creación del Estado sionista, Mekorot es la pieza clave para llevar a una dependencia estructurada y al cautiverio del sector hídrico palestino, que trabaja en connivencia estrecha con el ejército israelí. Mekorot posiciona a Israel como líder global en el desarrollo de soluciones tecnológicas —exporta $2 mil millones de dólares al año en esta materia— para resolver problemas relacionados con la escasez de agua. Esta empresa a penetrado en la economía argentina con todo el respaldo de los últimos gobiernos. A pesar de tener fuertes denuncias de organismos de derechos humanos por violaciones a los derechos humanos. Republicamos una nota* de Paula Galizia Alfano y Silvia Ferreyra que repasa la problemática.
El genocidio sistemático del sionismo hacia el pueblo palestino está siendo televisado y replicado en redes sociales frente a los ojos del mundo entero. La destrucción, la muerte, el saqueo y la violencia están todas juntas, diseminadas en un pequeño territorio frente a las costas del Mar Mediterráneo. El pueblo palestino, particularmente en Gaza, está sufriendo una segunda Nakba más cruel y más profunda que la primera.
Más de 35.000 asesinades, la mayoría mujeres e infancias, miles de casas destrozadas, casi ningún hospital en pie, el acceso al agua y el servicio eléctrico fueron diezmados y más de un millón de personas se convirtieron en refugiadas. Estas son algunas de las brutales consecuencias provocadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu, a 7 meses de la contraofensiva israelí, luego de los ataques de Hamas el pasado octubre.
A pesar de las exigencias de los pueblos del mundo para que se detenga la violencia, e incluso con una resolución de la ONU en la que se exigió un cese al fuego, el asedio no se detiene y goza de una magnánima impunidad frente a todas las violaciones de derechos humanos que comete. Pero para comprender los hechos cabe reforzar algo muy importante: la ocupación no comenzó el 8 de octubre, son 76 años de colonialismo, saqueo y destrucción de los cuerpos y territorios del pueblo palestino.
Si bien mucho se dice y analiza sobre este mal llamada guerra —porque no es otra cosa que un genocidio—, y existen serios y profundos análisis del caso, poco se menciona del carácter profundamente extractivista que tiene esta ocupación. Es en esta perspectiva que pone el foco en los territorios, los bienes comunes y su despojo, que este artículo pretende analizar la ocupación israelí. Para ello daremos a conocer a un actor que opera tras bambalinas y del que poco se sabe aunque sea uno de los pilares centrales para la realización, profundización y viabilidad del apartheid: la empresa estatal de agua israelí, Mekorot.
Colonialismo de colonos
Desde el comienzo de la ocupación en 1948, más del 80% del territorio de la Palestina Histórica fue anexado por el Estado israelí violando así el Plan de Partición (1947,ONU) en el que se preveía sólo un 40 % de las tierras para la constitución del mismo. Ahora bien, hablar de anexión de un territorio no se circunscribe estrictamente a la pérdida de tierra disponible para una población, sino también a la capacidad de reproducir la vida, a la libre circulación y a la posibilidad de sostener prácticas culturales, religiosas o económicas.
A lo largo de todos estos años, los sucesivos gobiernos israelíes implementaron un plan sistemático de limpieza étnica hacia el pueblo palestino mediante métodos opresivos basados en la expoliación de los bienes comunes y de los territorios. Además de incontables violaciones a los derechos humanos, como la construcción de muros, la criminalización, la persecución y el asesinato, el sionismo centró parte de su estrategia colonialista en la destrucción o monopolización de los bienes comunes del pueblo palestino.
Mediante el avance violento de asentamientos ilegales, aplicando desalojos forzosos a las familias palestinas e instalando allí a colonos israelíes, destruyendo casas, poblados y campos agrícolas, principalmente de olivos —práctica milenaria del pueblo palestino—, privatizando los servicios públicos, prohibiendo la libre circulación, generando desempleo y pobreza, es que profundizan el apartheid y el asedio. Pero hay un elemento clave para la concreción material de estos asentamientos que es vital para el expansionismo sionista: el agua.
Mapa acuíferos palestinos
El agua es un componente esencial para el desarrollo de la vida y es un derecho humano que el Estado sionista cercena sistemáticamente al pueblo palestino. En el Territorio Palestino Ocupado (TPO) existen tres fuentes principales de agua dulce natural: el río Jordán, el acuífero costero y el acuífero montañoso. Tras la victoria israelí de la Guerra de los 6 días (1967), el Estado sionista pasó a ocupar la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y la mayor parte de los Altos del Golán sirios, triplicando el tamaño del territorio bajo su control. A su vez, asumió el control militar de todos los recursos hídricos del TPO. Un actor fundamental para ejecutar el control del agua es la empresa estatal, Mekorot.
Cronología del despojo hídrico en Palestina
Fundada en 1938, prácticamente 10 años antes de la creación del Estado sionista, Mekorot es una empresa gubernamental adscrita al Ministerio de Energía y la Dirección de Aguas de Israel. Es la pieza clave y central para efectivizar la desposesión arraigada del acceso al agua, lo que lleva a una dependencia estructurada y al cautiverio del sector hídrico palestino, que trabaja en connivencia estrecha con el ejército israelí.
A su vez, Mekorot desempeña un papel integral en la economía de la ocupación israelí al posicionar a Israel como líder global en el desarrollo de soluciones tecnológicas —exporta $2 mil millones de dólares al año en esta materia— para resolver problemas relacionados con la escasez de agua. Mientras que esa es la fachada que le vende al mundo, obviando la opresión y el robo de las cuencas hídricas del TPO, Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos denunciaron a la empresa por fuertes violaciones a los derechos humanos.
Infografía Agua en Gaza : https://fueramekorot.org/materiales-para-descargar-en-pdf/
Desde que asumió el control del agua, Mekorot monopoliza el acceso, la distribución y la comercialización del agua. Deliberadamente favorece el desarrollo de los asentamientos ilegales y su crecimiento, garantiza el suministro permanente del agua y crea infraestructura para ello. Al pueblo palestino le prohíbe construir nuevas instalaciones hídricas o mantener las existentes, profundizar los pozos o construir cisternas para acopio de agua de lluvia, sin obtener antes la autorización del ejército israelí. No sorprende que esas autorizaciones casi nunca sean otorgadas. De manera intencional, el acceso al agua es injustamente desigual y se utiliza para el fomento y desarrollo de producciones agrícolas israelíes, para su uso cotidiano y hasta incluso para sus grandes piscinas y jardines, degradando la vida de cientos de miles de palestines.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo diario de agua per cápita debería rondar los 100 litros. El consumo palestino de agua se estima en 70 litros diarios por persona en Cisjordania y en 20 litros en Gaza, en contraste con el consumo diario per cápita israelí que es cuatro veces superior, alcanzando los 300 litros diarios. De conformidad con el artículo 40 de las disposiciones en materia de medio ambiente de los Acuerdos de Oslo II (1995), titulado “Abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales”, aproximadamente el 80 % de las aguas extraídas de los acuíferos se asignaron para uso israelí y el 20 % restante para uso palestino.
El apartheid del agua
Luego de los fallidos Acuerdos de Oslo I (1994), Cisjordania fue dividida en 3 zonas: A, B y C. En las zonas A y B, la Autoridad Palestina es quien gobierna y gestiona los bienes comunes. La zona C, que equivale al 60 % del territorio, se encuentra bajo el control total de Israel. Allí es donde se encuentra la mayor parte de las tierras agrícolas, las fuentes de agua y los depósitos subterráneos del TPO. En la zona C, el costo del agua comprada en la red puede ser seis veces superior al precio de los asentamientos, llegando a pagar $1,50 dólares por metro cúbico. En algunas comunidades palestinas de dicha zona, el agua representa el 15 % del gasto de los hogares. Para las comunidades de pastores, como el pueblo beduino, el elevado precio del agua disminuye severamente su capacidad de mantener sus medios de vida.
En la Franja de Gaza la situación es tremendamente peor. El agua disponible no satisface las necesidades básicas de la población. Según el Banco Mundial, el suministro de agua en Gaza se encuentra en niveles de crisis desde 2005. En 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que solo el 10 % de la población de Gaza tenía acceso directo a agua potable limpia y salubre. En total, se calcula que alrededor de un millón de personas —la mitad de la población— necesitan intervenciones en materia de agua y saneamiento.
Otro factor que imposibilita un acceso adecuado al agua está relacionado con la falta de un suministro eléctrico constante. Gaza sufre un déficit crónico de electricidad, lo que repercute gravemente en la disponibilidad de servicios esenciales, en particular de salud, agua y saneamiento, y afecta a los sectores agrícola e industrial. La escasez de electricidad influye en el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua locales, así como en el saneamiento de las mismas, lo que provoca la contaminación continua del acuífero costero y del entorno en general. Según la Agencia de Naciones Unidas para losRefugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) el 97% del agua en Gaza no es apta para consumo humano.
Si bien hay tres plantas desalinizadoras que funcionan con el apoyo de la comunidad internacional y producen unos 13 millones de metros cúbicos de agua al año, la desalinización requiere una cantidad importante de electricidad y combustible. Por ello, la grave escasez de energía y las restricciones que impone Israel a la importación de materiales metalúrgicos —ya que considera que serán utilizados por la resistencia palestina— para el arreglo o reconstrucción de los sistemas, limitan la capacidad de esas plantas para funcionar a pleno rendimiento o para proporcionar un acceso suficiente y continuo al agua.
Estos factores parecen menores frente a lo que atraviesa Gaza estos días. La contraofensiva israelí es absolutamente monstruosa. Prácticamente está aniquilando a la población gazatí. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) el suministro de agua está al 7% de los niveles anteriores a octubre lo que redujo el consumo medio a un 92%.
Familias desplazadas en Rafah, Gaza, recurren al uso de agua de mar por la escasez de agua debido al bloqueo israelí
Asimismo, se registraron hasta la fecha 58 ataques por parte de las fuerzas israelíes a las fuentes hídricas, 7 en Gaza, entre ellos el bombardeo de una planta desalinizadora. El sistema de aguas residuales dejó de funcionar, el 83% de los pozos de agua subterránea no están operativos, dos de las tres plantas desalinizadoras trabajan parcialmente y solo uno de los tres acueductos de Mekorot transporta agua pero lo hace al 42% de su capacidad. En Cisjordania se llevaron a cabo el 88% de los ataques a reservas hídricas, y el 62% fueron cometidos por colonos que intensificaron la violencia. Estos ataques, con la intención de perjudicar a la población, son considerados crímenes de guerra.
Israel vierte cemento en manantiales de agua al sur de la ciudad ocupada de Hebrón, para evitar que los palestinos los utilicen en la agricultura.
Mekorot en Abya Yala
Desde el siglo pasado, la lucha y resistencia del pueblo palestino ha sido referencia para muchos movimientos y organizaciones políticas y sociales del Abya Yala. Existen además cantidad de asociaciones y entidades de la diáspora Palestina que con mayor o menor extensión y articulación en los distintos territorios mantienen viva la causa, destacándose la tarea del Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción (BDS).
Por otro lado, las luchas por el agua en la región han motorizado importantes procesos de organización y articulación, entre los más diversos sectores y saberes, logrando importantes conquistas, a nivel reivindicativo e institucional. La Guerra del Agua en Bolivia (2000), sembrando el camino para la llegada de Evo Morales al gobierno; el plebiscito impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, para la reforma constitucional (2004), que puso en manos del Estado en forma exclusiva la gestión del agua potable y saneamiento en Uruguay, declarando su acceso como derecho humano fundamental, mucho antes que las Naciones Unidas. El movimiento antirrepresas en Centroamérica y el ejemplo de Berta Cáceres; en Argentina el No a La Mina en Esquel (2003), y las puebladas contra las megamineras en La Rioja, Mendoza y Catamarca, por mencionar sólo algunos hitos.
Como hemos señalado, Israel opera desde sus inicios como un régimen colonial. Busca profundizar su hegemonía económica y política apostando a un fuerte desarrollo militar y de seguridad, controlando los principales bienes naturales del territorio ocupado. Lo hace además, ejerciendo el apartheid como mecanismo institucional de limpieza étnica hacia la población originaria de ese territorio. Desde esa convicción analizamos la expansión de Mekorot en nuestra región, en el marco del conjunto de intereses que históricamente tiene el sionismo en nuestros países. Vale la aclaración, puesto que en nuestros territorios, algunos sectores, incluso desde un pensamiento progresista, destacan el modelo de gestión de la empresa, su desarrollo tecnológico, sus logros, etc. divorciando estos aspectos del principal rol que ha cumplido toda la vida: gestionar el agua desde una relación de dominación de un pueblo sobre otro.
Mekorot se posiciona internacionalmente como ‘líder en la gestión de recursos hídricos’, por su desarrollo en tecnología, sus enormes plantas de desalinización y el reciclado de efluentes. A su vez, alimenta el mito del ‘milagro israelí’, por haber ‘transformado un desierto en un oasis’, omitiendo por supuesto, el despojo del territorio palestino y el robo de sus principales fuentes de agua. En Latinoamérica, Mekorot ofrece principalmente servicios de consultoría: asesoramiento en la gestión hídrica, monitoreo, planificación de políticas, diseño de proyectos y capacitación, entre otros. En general, estos servicios se ofrecen a gobiernos, empresas u organismos que requieren mantener, expandir o profundizar proyectos extractivistas que demandan un uso intensivo del agua. Frecuentemente, entidades del lobby sionista de los distintos países invitan a comitivas gubernamentales a recorrer las instalaciones de la empresa en Israel o a participar en los seminarios y eventos que organiza sobre el agua.
La presencia de Mekorot en la región adopta características particulares. Si bien se trata de una empresa estatal, su accionar se equipara a cualquier otra empresa privada. Al menos hasta ahora actúa con perfil bajo —resulta difícil seguirle el rastro—, a diferencia de otras trasnacionales con fuerte presencia mediática y en diferentes estamentos de la vida cotidiana. En general elige interlocutores poco conocidos para sus vínculos con los distintos niveles de gobierno, opta por intermediarios que le permiten eludir la normativa que rige para la contratación pública, las posibilidades de control y cualquier demanda por falta de transparencia. En los pocos convenios que han trascendido no fija domicilio en el país firmante, ni reconoce oficinas propias o filiales en la región.
Mekorot ha participado en Belo Horizonte y otras regiones de Brasil. En Colombia brindó servicios de consultoría a las Corporaciones Autónomas Regionales —entes ambientales del gobierno— de Cundinamarca o en La Guajira, por mencionar sólo algunas. En República Dominicana el gobierno nacional la contrató para el diseño del Plan Hídrico nacional (2023), la Red Socioambiental impugnó el acuerdo ante el organismo de control de contrataciones públicas, por las irregularidades y las excesivas cláusulas de confidencialidad que incluía, logrando su suspensión. En México firmó un acuerdo con el área de ambiente, a través de la Comisión Nacional del Agua (2013), para asesorar sobre calidad de agua y remediación de acuíferos. Por una cuestión de espacio, desarrollaremos sólo dos ejemplos de su incursión: en Chile y Uruguay.
En Chile, años atrás la empresa intentó establecer vínculos en Valparaíso, pero organizaciones que impulsaron el boicot lograron frenar su avance. Más recientemente, tras una intensa acción de la Agencia de Cooperación Israelí, el Gobierno Regional del Biobío anunció en mayo del 2023 la firma de un convenio con Mekorot para realizar el “Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos” de la región. La operación alertó a la comunidad palestina en Chile, la organización Abogados por Palestina investigó el caso, constatando que la firma del contrato no había sido directa por parte del gobierno, sino a través de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, llamada “Desarrolla Biobío”, por lo cual no rige la Ley de Compras Públicas.
El acuerdo compromete el pago de 300 mil dólares, su vigencia es de un año con renovación automática e incluye cláusulas usureras, en sintonía con los clásicos acuerdos de Libre Comercio: ante cualquier duda o interpretación de los términos del contrato rige la legislación inglesa; ante incumplimiento o controversia, no se dirime en tribunales chilenos, sino un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional; y otras condiciones que ponen en riesgo el dinero público. Por todas estas irregularidades, Abogados por Palestina presentó en marzo de 2024 un requerimiento ante la entidad fiscalizadora superior de Chile de la cual esperan respuesta.
En Uruguay, la zona metropolitana de Montevideo padeció en 2023 una crisis hídrica y sanitaria por la situación límite de la cuenca del Río Santa Lucía de donde se abastece la planta potabilizadora que provee a dos tercios de la población del país. Cuenca atravesada por el desmonte, el agronegocio, la industria forestal y de celulosa y las descargas cloacales sin tratamiento, entre otras amenazas que hacen al corazón del modelo productivo uruguayo. En 2013, ante una crisis hídrica de menor magnitud, se conformó el Consejo de Cuenca, se realizó un diagnóstico y se dispusieron medidas urgentes para sanearla, que con el tiempo quedaron en el olvido. Completa el cuadro el achicamiento de la planta de empleados de OSE, empresa estatal a cargo del servicio, y la falta de inversión pública necesaria para el mantenimiento de una infraestructura obsoleta —el 50% del agua potable se pierde por las cañerías de la red—. La sequía de los últimos años sólo prendió la mecha del dispositivo que muches alertaban que iba a estallar.
Desde hace años Mekorot viene instalando en Uruguay la idea de usar agua del Río de la Plata, altamente contaminada, para sumar otra fuente de captación. En marzo del 2022 OSE firmó un contrato con la empresa por 275 mil dólares para asesoramiento y capacitación en materia hídrica. Ante la solicitud de información, OSE sólo entregó la resolución de directorio donde se mencionaba el monto y el objeto del contrato, pero no su contenido. La estrategia del gobierno actual es avanzar con el Proyecto Neptuno, en la localidad de Arazatí, a cargo de un consorcio de empresas privadas, para tomar agua del Río de la Plata y transportarla 72 km para inyectarla a la red, altamente cuestionado por sus enormes costos —700 millones de dólares— y dudosa viabilidad ya que incluiría proceso de desalinización en algunos meses del año. ¿Cuáles han sido los ‘consejos’ de Mekorot? ¿Recuperar la cuenca del Santa Lucía, restablecer el bosque nativo, ordenar el territorio modificando los cultivos forestales en zonas de recarga del río, reemplazar los cultivos del agronegocio, tratar los efluentes para evitar las descargas, todas recomendaciones hechas en 2013? ¿Frenar el vaciamiento de OSE? Claro que no, su recomendación es avanzar con los negociados del Proyecto Neptuno.
Antecedentes en Argentina
Si bien los lazos entre Israel y nuestro país son de larga data, recién en 1995 ambos Estados rubricaron un Convenio de Cooperación Comercial y Económica, ratificado por la ley 24.710.
Años más tarde, Mekorot encontró en el sector sindical ligado a la gestión del agua un gran aliado para expandir su influencia. Según registros periodísticos, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) sostenía relaciones con la empresa al menos desde 2007. El dirigente menemista Rubén Pereyra en aquél momento a cargo de la conducción, era un representante del modelo de “sindicalismo empresario” instalado durante la hegemonía privatista de la década del ‘90. Estos vínculos sirvieron de base para la firma en agosto de 2008 de un acuerdo marco de cooperación entre FENTOS, Mekorot y el gobernador Mario Das Neves de Chubut, para realizar estudios y proyectos de obras hídricas y de agua para riego. El antecedente es de importancia por el alcance nacional de la Federación y su compromiso con la empresa.
Mapa de las provincias argentina en vínculo con Mekorot
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la relación con Mekorot cobró otra dimensión. La Empresa 5 de Septiembre pertenece al Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA) y está constituida con el 10% de las acciones correspondientes a les trabajadores de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), prestataria del servicio en 80 localidades. El objeto principal de la empresa es brindar servicios integrales de consultoría, diseño y evaluación de obras; su incidencia en las políticas y decisiones de ABSA es más que relevante. La relación de Mekorot con ambas empresas es de larga data.
En los años 2008 y 2009, la localidad de Bahía Blanca atravesó una fuerte crisis hídrica, situación que apuntaló a la intervención de Mekorot en tareas de consultoría para el diseño de un “plan de emergencia” y posteriormente una planta de reuso de líquidos cloacales, para destinar el agua reciclada al Polo Petroquímico, aliviando de esta manera el agua para uso doméstico. Mekorot diseñó la planta junto a la Empresa 5 de septiembre, ABSA aportó $150 millones para su financiamiento y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) otros $30 millones. En 2011 se presentó el proyecto, en 2016 inició su construcción y en 2019 la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, inauguró su primera fase. No encontramos registro que se haya realizado licitación, ni audiencia pública sobre la obra, ni evaluación de impacto ambiental, ni consulta o participación de organizaciones de la sociedad bahiense, a pesar del interés que había despertado la crisis hídrica. El único sector consultado fue el complejo petroquímico.
En la ciudad de La Plata, el proceso fue similar, en paralelo, pero con otro desenlace. El objetivo allí era construir una planta de tratamiento de aguas para la región de la capital provincial, Berisso y Ensenada, como complemento de la planta Donato Gerardi (Ensenada) y extender el servicio a futuro mediante la extracción de agua del Río de La Plata. La Empresa 5 de Septiembre, SOSBA y ABSA junto a Mekorot lideraron el proceso, la empresa hispano-israelí Ashtrom BV y las constructoras platenses Mako y Eleprint completaron el equipo de la UTE conformada para la ejecución.
En noviembre de 2009 el entonces gobernador, Daniel Scioli, declaró de interés público el proyecto y llamó a licitación en el marco del Régimen de Iniciativa Privada. El costo estimativo inicial era de 90 millones de dólares a cargo de los responsables del proyecto, contemplando la construcción y posterior operación de la planta hasta el repago total de la obra en unos 15 años, lo que implicaba al menos un 30% de aumento de la tarifa para los usuarios de la zona. A fines de 2010, Scioli viajó a Israel para concretar el acuerdo para las plantas de Bahía Blanca y La Plata. El intendente bahiense, Cristian Breintenstein, y el titular de ABSA, Guillermo Scarcela, fueron de la partida. A su regreso, rápidamente inició el proceso de licitación para la planta de La Plata.
En el año 2011, al tomar estado público el proceso, la Federación de Entidades Argentino Palestinas, con el respaldo de la red internacional Stop The Wall, junto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones iniciaron la campaña “Buenos Aires, las Aguas Bajan Turbias”, denunciando los crímenes de apartheid contra el pueblo palestino de Mekorot y el negociado en torno al proyecto.
Según Adolfo Ruiz, ingeniero empleado en el área de hidráulica de la provincia y delegado de ATE, la reparación y mejora para reducir las pérdidas de las cañerías existentes permitiría obtener resultados similares a los proyectados para la planta, con costos sustancialmente menores. Además del aumento de la tarifa, se cuestionaba el proceso licitatorio hecho “a medida” de la empresa y la calidad de agua propuesta: el “doble estándar” característico del modelo de gestión de Mekorot: agua “corriente” no apta para consumo humano, de menor calidad y costo, y “agua potable” a mayor precio.
Con mucho esfuerzo se presentó un detallado pedido de informes en la Legislatura a través del diputado Oscar Negrelli, de la Coalición Cívica. Fruto de la movilización en la calle y el trabajo en los medios de comunicación, en octubre del 2012 se logró la aprobación del pedido de informe en la Legislatura y luego la suspensión de la licitación. Una victoria importante, ya que a pesar de los reiterados intentos, a la fecha el proyecto no se pudo concretar. De todos modos, la alerta continúa, dado que muchos de los actores intervinientes en aquellos años siguen ocupando espacios de poder: Daniel Scioli es Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del actual gobierno de Javier Milei; Julio Castro, titular de SOSBA y de la Empresa 5 de Septiembre en aquél entonces, continúa a la cabeza del gremio; Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, sigue tendiendo lazos con los gobiernos de turno para fortalecer los negocios del sionismo y los propios.
La voz del agua y de los cerros en la marcha por el aniversario de Chilecito. Foto: Asamblea por la Vida de Chilecito
La experiencia reciente
Desde su asunción en el Ministerio del Interior, Wado de Pedro —paradójicamente, hijo de víctimas de la última dictadura genocida del país— quiso que les titulares de las provincias conocieran de primera mano, in situ, el modelo de gestión del agua de Israel. Debido a la pandemia, el viaje recién pudo concretarse en abril de 2022, con mandataries y funcionaries de 10 provincias y de distintos signos políticos. Mientras tanto, en 2021, el gobierno promovió un ‘memorándum de entendimiento’ entre Mekorot y el ente que regula el servicio de agua y saneamiento a nivel nacional, el ENOHSA. Todas estas gestiones contaron con el acompañamiento militante de Mario Montoto.
En el viaje a Israel, De Pedro propuso a les gobernadores crear una ‘mesa de trabajo’ para centralizar en una sola autoridad en la órbita de su Ministerio el manejo del agua, tomando como ejemplo el modelo israelí. Señaló que junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) habían elaborado un borrador de proyecto de ley a tal fin y querían firmar un convenio con la empresa y las provincias para avanzar en ese sentido. Mendoza y Río Negro no estuvieron de acuerdo, señalando que no era un tema de competencia nacional. De todos modos, al regreso de la comitiva y por intermediación del CFI, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron convenios para que Mekorot diseñara sus Planes Maestros de Agua, principalmente.
A principios de 2023 se realizó un acto oficial en Casa Rosada para ‘formalizar’ los convenios, con la presencia del Embajador de Israel, el presidente de Mekorot y les titulares de las provincias firmantes, a las que se sumaron Santa Fe y Santiago del Estero. Más recientemente, con el recambio de gobierno, los gobernadores de Neuquén, Chubut y Jujuy anunciaron la firma con la empresa, completando así la plantilla actual de 12 provincias, la mitad del país, de una u otra manera vinculadas a Mekorot. Si nos detenemos a analizar el mapa, es la ruta del avance de la frontera extractivista, megaminera, petrolera y del agronegocio.
Ante la profundización del genocidio en Gaza a partir del 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de Javier Milei es uno de los pocos en la región y el mundo que afirma su apoyo incondicional al primer ministro Benjamin Netanyahu. Fronteras adentro, empresarios sionistas de mucho poder económico integran el círculo rojo del gobierno de Milei, incluso en puestos clave, como Eduardo Elzstain o Gerardo Werthein —actual embajador en EE.UU— o referentes como el rabino Axel Wahnish, designado embajador en Israel. Las perspectivas, por tanto, no son muy alentadoras.
La falta de información y participación
El intermediario elegido en esta etapa para acompañar a Mekorot, eludiendo las normas de contratación pública, control y monitoreo, acceso a la información y participación pública es el Consejo Federal de Inversiones.
Se trata de un organismo autónomo y autárquico, es decir, no tiene obligación de responder a ningún ámbito superior, más que a su propio directorio. Conformado en 1959 por representantes de las provincias, su objeto es la ‘investigación, la coordinación y el asesoramiento’ para una ‘adecuada política de inversiones’. Por el CFI desfilan la gran mayoría de proyectos de obra pública de las provincias. Está financiado por un porcentaje de lo correspondiente a cada jurisdicción de la coparticipación federal; a modo de ejemplo, para el ejercicio 2024, serían alrededor de $90.000 millones.
Su actual secretario general, Ignacio Lamothe, muy cercano a De Pedro, con antecedentes en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue elegido para ese cargo en octubre de 2020. Lamothe llegó al CFI tras la muerte del anterior titular, Juan José Ciacera, quien estuvo 33 años ininterrumpidos al frente del organismo. Una señal del acuerdo entre las principales fuerzas políticas y gobiernos de turno para mantener el status quo de la entidad.
Al tomar conocimiento de los primeros convenios firmados entre las provincias y Mekorot, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, solicitó una entrevista con De Pedro, requiriendo mayor información. En la oportunidad el Ministro respondió que su organismo no tenía ninguna injerencia en los acuerdos firmados, que la información debía ser requerida al CFI.
Después de insistir mediante notas en el marco de las leyes de Acceso a la Información Pública y en específico de la Información Pública Ambiental, desde el CFI respondieron que el organismo no está obligado a las disposiciones de esas normas. Igualmente brindaron información genérica sobre los acuerdos firmados con Mekorot, aclarando que en el caso de Santa Fe y Santiago del Estero, si bien había convenios específicos con el CFI, no había injerencia de la empresa —a pesar de los anuncios a la prensa en ese sentido por parte de ambos gobernadores—.
harla sobre Mekorot en Las Juntas, Ambato, Catamarca, en la Asamblea de Ríos Vivos, que nuclea distintas asambleas de la provincia
Recientemente, legisladores de la bancada de Izquierda de la Legislatura de Chubut presentaron un pedido de informe, luego del viaje a Israel del gobernador y que los medios de comunicación difundieran la firma con Mekorot, incluso con autoridades locales dando detalles del acuerdo y el costo a pagar ($300 millones). La respuesta fue similar: la provincia tiene firmados contratos vinculados a la gestión hídrica con el CFI, pero ninguno con la empresa.
A partir de la insistencia de las asambleas en defensa del agua, junto a organizaciones políticas y sociales, ante autoridades de varias provincias involucradas, fue posible conseguir los convenios de Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan y Río Negro, donde sí se menciona a la empresa. Su contenido es somero, casi idéntico en cuanto a objetivos generales y plazos a considerar, no hacen referencia a los costos a abonar por el servicio, ni a resolución de controversias, ni garantías para el acceso a la información y participación durante el proceso.
Mesa informativa sobre Mekorot de la Asamblea de Tunuyan por el Agua Pura en el Manzano Histórico, Mendoza
Gracias a ese proceso de involucramiento de las asambleas, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, por impulso del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino y el Movimiento BDS se conformó en Argentina la Campaña Fuera Mekorot. Es desde ese espacio colectivo de articulación que se visibiliza y difunde qué es y cómo opera Mekorot tanto en Palestina como en nuestros territorios. Para ello se han realizado diversas actividades, una audiencia pública en el Cámara de Diputados de la Nación en respaldo a la presentación de un pedido de informe por parte de diputados del bloque de izquierda, difusión en centros culturales, espacios públicos y encuentros de redes nacionales e internacionales, recabando información valiosa que aporta a la denuncia y alerta sobre la injerencia de Mekorot en los distintos territorios. Los carteles de Fuera Mekorot acompañan las banderas palestinas en cada movilización de repudio al genocidio en Gaza, en cada marcha en defensa del agua.
Norita Cortiñas, acompañando a Fuera Mekorot. Foto: David Paoli Testa
Conclusiones
Desandar la historia de Mekorot permite comprender uno de los ejes fundacionales del régimen sionista y conocer cómo opera este engranaje clave en la maquinaria del apartheid que sufre el pueblo palestino, usando para tan vil objetivo a un bien esencial para la vida como es el agua.
El mito del ‘oasis en medio del desierto’ israelí, que Mekorot ofrece al mundo, abona la idea del ‘vacío a ocupar’, tan utilizada por los colonialismos durante siglos para legitimar la dominación de nuestros principales bienes comunes y nuestros territorios.
Al legitimar ese ‘vacío’, tanto la empresa como los gobiernos que van a su encuentro buscando soluciones ‘mágicas’, niegan la existencia en este continente de numerosos saberes, experiencias, estrategias vinculadas al agua que desde hace siglos, renacen, se actualizan, se difunden, se disputan en los distintos ámbitos sociales, culturales, productivos, académicos e institucionales. Aprendizajes en muchos casos conquistados en la calles.
Los métodos y mecanismos con los que opera la empresa de agua israelí violan derechos humanos, son opresivos y están basados en una lógica mercantilista, elementos todos concurrentes con el modelo de saqueo extractivista que se intenta profundizar en nuestro continente. El objetivo principal de los servicios de consultoría, planificación de proyectos y formación que desarrolla en nuestros territorios no se orienta a garantizar un acceso equitativo al agua ni a preservar sus principales fuentes, sino a consolidar este modelo de exclusión.
A partir de la profundización del genocidio en Gaza, las luchas en solidaridad con el pueblo palestino ganan las calles en distintas partes del mundo. La denuncia contra Mekorot entronca con ese proceso, sumando la trayectoria y la potencialidad de la lucha por el agua, en defensa de la vida.
Jornada de Solidaridad con Palestina, por el alto el fuego en Gaza, en Plaza de Mayo
Nota publicada en ContraHegemoniaWeb
Ecología Social. Fuera Mekorot: comunidades indígenas protestaron en la Mesa del Agua de Jujuy
La reunión fue convocada por el Gobierno de Jujuy para presentar el Convenio de Cooperación con la empresa israelí Mekorot y el CFI ante representantes del sector agroindustrial y consorcios de riego del tabaco y el azúcar. Ante los cuestionamientos de integrantes de las comunidades indígenas que se hicieron presentes los funcionarios dieron por finalizado el evento antes de lo previsto.
La presentación del Ministro de Infraestructura, Servicios públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, sobre el Convenio de Cooperación firmado en el mes de abril con la empresa Mekorot, se vio interrumpida por los cánticos El agua no se vende, el agua se defiende! de quienes ingresaban a la sala en Ciudad Cultural donde se encontraban representantes del sector agroindustrial de la provincia.
La reunión convocada días atrás generó malestar no sólo de comunidades indígenas, sino de sectores socioambientales y sectores de izquierda que alarmaron sobre el avance del Convenio con la empresa consultora a quien se le encargó realizar un Plan Maestro de uso y gestión de los recursos hídricos, como sucedió en diez provincias, que también firmaron acuerdos con la empresa israelí a través del Consejo Federal de Inversiones – CFI.
Mientras representantes de las patronales del sector cañero y del tabaco mostraron interés ante las palabras del Director provincial de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir, desde el fondo de salón las mujeres indígenas se hicieron escuchar y dieron cuenta que si estaban presentes, no eran porque hayan sido invitadas, más bien porque el Convenio avanza sin consentimiento previo, libre e informado de las mismas.
Los funcionarios quisieron esconder algo que ya estaba cocinado tras la firma del acuerdo. Afirmaron que las comunidades iban a ser consultadas, pero fueron desmentidos en el momento, y afirmaron que la reunión es parte de una serie de instancias previas a la llegada de la consultora israelí, encargada del estudio a realizar tomando la oferta y demanda del agua, y su uso, al servicio de los sectores productivos.
¡Fuera Mekorot!
Las voces en defensa del territorio y el agua no dejaron de escucharse en la sala que interpelaban a los funcionarios para que den explicaciones sobre el Convenio con Mekorot. El Director General de Gestión de los Recursos Hídricos de la provincia, Edgardo Sosa, dio cuenta de los lineamientos de plan acorde a demanda del agronegocio, pero no supo responder ninguna consulta sobre el Acuerdo Escazú y el Convenio 169 de la OIT que el Gobierno estaba violando al avanzar sin consulta en la construcción de un Plan Maestro basado en criterios de mercantilización del uso de un bien común como el agua.
Carlos Chuychuy, presidente de la Comunidad indígena de Lumara manifestó “es de público conocimiento la situación en Palestina, donde chicos no tienen acceso al agua. Mekorot tiene demandas en las Naciones Unidas y sabemos lo que hacen con Palestina, entonces que nos espera a nosotros… Sabemos que el agua es un recurso no renovable, podemos administrarlo nosotros, llevamos miles de años cuidando la misma”.
Por su parte Francisca, de la comunidad indígena de Caspalá afirmó “nosotros estamos aquí para exigirle a la Mesa del Agua, sobre el acuerdo que se firmó. No se hizo la consulta previa, libre e informada, se violó el convenio y el Acuerdo de Escazú”.
Un Jallalla para el pueblo palestino
“A los hermanos palestinos, nuestra solidaridad desde la distancia, a resistir y fuerzas”, dice Carlos, referente como tantos en la lucha contra la reforma, contra la contaminación y en defensa del agua.
“Sean fuertes, que la peleen como nosotras aquí”, dice Francisca para las mujeres palestinas. “Aquí nos informamos y sabemos que es una empresa genocida, no queremos la empresa Mekorot aquí. No necesitamos a la empresa para el manejo de nuestra agua…”.
“Muchas fuerzas, sigan en la lucha, no se dejen”, sostuvo Juana de la comunidad de Tusca Pacha, que también supo dar pelea ante el avance del negocio inmobiliario en sus territorios.
Pedido de informes de la izquierda
La diputada Natalia Morales, parte del bloque de diputados junto a Gastón Remy y Miguel López, estuvo presente en la presentación del Convenio y manifestó:
“En la instancia de hoy, ningún funcionario dio cuenta de los términos del acuerdo entre el Gobierno de Jujuy, con Mekorot y el CFI, tampoco el presupuesto implicado para la realización del Plan Maestro y de dónde provendría el mismo, como tampoco los criterios convenidos, aspectos que solicitaremos a través de un pedido de informes”.
“Queda claro que los procesos democráticos de consultas previas a comunidades indígenas y acceso a la información en materia ambiental, especificados en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) o el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), que tendrían que haber realizado previo a la firma del Convenio, no fueron garantizados”.
“Desde el PTS FIT somos parte de la campaña activa en solidaridad con el pueblo palestino. Sabemos que detrás de los convenios con Mekorot está la profundización y el apoyo de Gobiernos provinciales como el de Carlos Sadir y de Milei con el Estado colonialista de Israel, para avanzar con un plan acorde a la profundización de la matriz extractivista y garantizar el agua para el mismo, lo cual pone en riesgo el derecho universal al acceso y cuidado de ese bien común afectando las necesidades sociales y el uso racional”.
“Fue muy importante el rechazo expresado en el día de hoy, y muestra una vez más, que en la provincia se va a defender el agua y los bienes comunes ante las políticas de saqueo en curso, que no sólo incluyen los convenios con Mekorot, los lazos con el Estado sionista de Israel, sino también con la Ley Bases y leyes de emergencia al servicio de los grandes empresarios y las multinacionales. Más que necesario, que la respuesta sea masiva en las calles, con un plan de lucha y el paro nacional que incluya Fuera Mekorot y contra el genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel”.
FUENTE: La Izquierda Diario
Campaña Fuera Mekorot ocupa el Congreso Nacional de Argentina
La Cámara de Diputados de Argentina recibió este viernes, 14, una Audiencia Pública organizada por la Campaña Fuera Mekorot, de denuncia à empresa israelí que promueve el apartheid del agua contra el pueblo palestino. Diversas asambleas territoriales tomaron la tribuna para exigir que sus gobiernos no cierren acuerdos de manejo del agua con la empresa responsable por crímenes de guerra.
La Audiencia organizada por las diputadas Myriam Bergman y Romina Del Pla es el culmen de un proceso de lucha involucrando más de 35 organizaciones territoriales en distintas provincias argentinas (la empresa ya tiene contratos en siete de ellas). Durante el evento fué presentado al Congreso una carta contra la empresa israelí firmada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y por Nora Cortiñas, línea fundadora de las Madres de plaza de mayo. Leerla íntegramente acá:
¡El Agua y nuestros derechos en peligro! ¡Fuera Mekorot!
El Agua es un Derecho Humano, esencial para la vida de todas las personas, seres vivos, la naturaleza misma. Su mercantilización, su privatización, más aún la extranjerización de su control y gestión, ponen en riesgo este derecho tan fundamental. La empresa estatal israelí Mekorot tiene sobrados antecedentes de promover esa mercantilización, limitando el acceso al agua a quienes pueden costearlo. Más que una “solución para la crisis hídrica” - como tanto se promociona - es un refuerzo más al propio modelo económico de mercantilización, deuda y extractivismo, que provoca la crisis y amenaza al agua y la vida en todo el mundo.
Como empresa estatal israelí, Mekorot forma parte estratégica de la política de apartheid y de colonización israelí contra el pueblo palestino, convirtiendo el agua en arma de guerra. Controla minuciosamente el acceso de ese pueblo al agua, acapara las fuentes, impide el acceso al Río Jordán, restringe la provisión de este derecho vital. Repudiamos esta violación flagrante y totalmente inaceptable de los derechos del pueblo palestino y rechazamos la presencia de esta empresa en nuestro país.
El desembarco de Mekorot en Argentina, de la mano del Ministerio del Interior y los convenios de asesoramiento y consultoría ya firmados con el Consejo Federal de Inversiones y 7 provincias, significa un gran logro político para el Estado de Israel en momentos en que, a nivel mundial, su política de apartheid y de represión contra Palestina recibe cada vez más cuestionamiento. Aquí mismo en Argentina, es un revés frente al esfuerzo exitoso en 2013 de poner fin al convenio firmado en ese entonces, entre Mekorot y la ciudad de La Plata. No podemos permitir este avance.
Preocupa de sobremanera la falta de transparencia y de publicidad de los convenios firmados, amén de la ausencia de consulta a los pueblos afectados. Por eso apoyamos que la campaña se esfuerza en estos momentos por romper el silencio y el secreto, exigiendo en cada provincia y a nivel nacional, la necesaria información previa a esa igualmente imprescindible consulta.
La experiencia nos señala que Mekorot viene por nuestro derecho al agua y sabemos bien que es con nuestra movilización que lograremos defender este derecho tan fundamental. En esta lucha, uniendo esfuerzos para defender nuestra soberanía y el agua, sabemos también que es central unir lazos con todos los pueblos, sobre todo con el pueblo palestino, con quienes compartimos los mismos derechos y esperanzas.
Buenos Aires, 14 de julio de 2023.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas
Madres de Plaza de Mayo
Beverly Keene
L.F. Coordinadora
ECOLOGÍA Y AMBIENTE
Agua. Fuera Mekorot: avanza en Jujuy el convenio con la empresa israelí cómplice del genocidio en Palestina
En abril de este año el gobernador Carlos Sadir, junto a sus pares de Neuquén y Chubut, firmó un Convenio con la empresa Mekorot Israel National Water y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la elaboración de un plan para la gestión de los recursos hídricos de la provincia que pondrá por delante las necesidades de las empresas extractivistas como las del litio o del agronegocio. Crece el rechazo al acuerdo firmado en doce provincias a espaldas del pueblo trabajador y comunidades indígenas, como también al accionar del Estado colonialista de Israel y esta empresa acusada de generar un “apartheid del agua al pueblo palestino”.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su secretario general, Ignacio Lamothe, suscribieron un convenio marco de cooperación por el cual se pondrá en marcha el desarrollo de "un plan maestro de potenciación del sector hídrico de la provincia, cuya elaboración estará a cargo de la prestigiosa consultora Mekorot Israel National Water, respaldada por un equipo de expertos". A tal efecto, se “partirá de un diagnóstico de situación, con posterior proyección de oferta sostenible de los recursos hídricos y la demanda, todo ello con miras a concluir en un análisis preliminar de suministro de agua”.
De esta manera, “el gobernador inició la ejecución de un plan estratégico anunciado en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura 2024, a los efectos de garantizar el suministro de agua potable a sectores en situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, cubrir los requerimientos del sector productivo de Jujuy, frente a la escasez del recurso y las consecuencias del cambio climático”.
La firma del Convenio Marco se realizó el 4 de abril en oficinas del Consejo Federal de Organizaciones (CFI) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a los gobernadores de Chubut y Neuquén, que, como Carlos Sadir, impulsan políticas extractivistas ya sea con megaminería o fracking, donde llueven denuncias de uso irracional y contaminación del agua. Son varias las provincias argentinas que cuentan con la asesoría de la empresa israelí Mekorot para la elaboración de planes maestros y consultorías hídricas desde una concepción mercantilista del uso del agua: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero.
Según el gobernador de Jujuy, el plan maestro permitirá abastecer de agua de sectores vulnerables, pero también dar respuesta a la demanda productiva en la provincia. Queda claro que con Mekorot, el plan es a favor del extractivismo minero o del agronegocio como principal beneficiario del agua, y el agua como mercancía para nuevos negocios. Multinacionales como Sales de Jujuy, utilizan millones de litros de salmuera y agua dulce para la producción de miles de toneladas de carbonato de litio para la exportación, afectando el delicado equilibrio de cuencas endorreicas (cerradas) donde hay déficit hídrico todo el año y donde viven pueblos y comunidades indígenas de la producción artesanal de sal o agroganadera/artesanal. Por otro lado, la empresa Ledesma, monopoliza el agua de la cuenca del río San Francisco para las más de 40 mil hectáreas de monocultivo de azúcar y cítricos.
Como sucedió con la Reforma de la Constitución de la provincia, una vez más, el Gobierno de la provincia avanza sin licencia social en el manejo de un bien común esencial como es el agua con fines mercantiles, que se agrava, con la ausencia de consulta, previa, libre e informada a las comunidades indígenas y pueblos.
La empresa Mekorot es la compañía nacional de agua de Israel, que provee aproximadamente el 80% del agua potable que se consume en ese país de Oriente Medio. Fue fundada en 1937, como consultora privada pero expandida luego de la creación del Estado de Israel por parte del sionismo, en 1948, donde fue integrada en el manejo del agua en la región, al compás de un proceso de limpieza étnica y expulsión de la población nativa árabe (la Nakba). La empresa israelí es denunciada a nivel internacional por negar el derecho al agua al pueblo palestino. Es parte central de la opresión colonial que ejerce el Estado de Israel sobre las poblaciones palestinas de Franja de Gaza y Cisjordania con su apartheid del agua.
Es tan grave la situación que incluso el Secretario General de la ONU condenó en 2014 a la empresa en su informe al Consejo de Derechos Humanos. “La empresa nacional israelí de suministro de agua, Mekorot, posee todas las redes de abastecimiento de agua en la Ribera Occidental y suministra cerca del 50 por ciento del agua disponible en las comunidades palestinas”, plantea el informe. “Según la información recibida, Mekorot reduce considerablemente el suministro de agua a los palestinos en los meses de verano con el fin de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos”, completa. Luego de esto, varios países, incluidos Holanda y Portugal, rechazaron o rescindieron convenios con la empresa.
A pesar de estos antecedentes, en la Argentina hubo un primer intento fallido de Mekorot para desembarcar en el año 2011 en la Provincia de Buenos Aires, que fue impedido por el repudio social en 2013. Fue en el 2023 con el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, a través del Ministro del Interior Wado de Pedro, que se avanzó en un acuerdo firmado en un viaje realizado a Israel junto a un selecto grupo de gobernadores en plena crisis hídrica. Con la política iniciada por el Gobierno del Frente de Todos a nivel nacional, que continúa y profundiza el actual gobierno de Javier Milei con su política pro sionista, y de aval al genocidio de Gaza, como quedó en evidencia en febrero de este año con la visita del presidente a Israel junto a una comitiva, donde la Canciller Diana Mondino se reunió con ejecutivos de Mekorot.
La elección de Mekorot por parte del gobierno de Jujuy no es arbitraria: responde a un alineamiento político provincial y nacional con los intereses del Estado de Israel y su principal promotor, el imperialismo norteamericano. Y tienen todo que ver con el derecho de que hoy, mientras los crímenes de guerra genocidas del Estado de Israel se agudizan incluyendo el asesinato cotidiano de niños y jóvenes bajo bombardeos criminales, que son repudiados por movilizaciones históricas en todo el mundo, gobiernos como el de Milei brindan un respaldo que hasta el propio imperialismo yanqui ve difícil de legitimar como demuestra su no veto al cese al fuego votado en el comité de seguridad de la ONU.
La empresa estatal israelí de aguas, Mekorot, respaldada por el poder de fuego del ejército de Israel, realiza un robo sistemático del agua palestina a la par que monopoliza el suministro, obligando a los propios palestinos robados de su vital recurso a comprarla, a tarifas excesivamente superiores a las pagadas por los ciudadanos israelíes, llegando al extremo de regular el suministro según los criterios que el Estado ocupante tenga de establecer la cantidad comercializada.
El modelo Mekorot de gestión que propone la empresa israelí postula que toda la inversión sea abonada por los usuarios a través de la tarifa. Son los usuarios los que amortizan la inversión de la empresa. También propone un esquema de dos aguas: un agua potable de mayor calidad, a un costo mayor, y un agua corriente de menor calidad, proveniente del reciclaje de los residuos cloacales y de las aguas residuales, que se utiliza para el riego, usos industriales y otros. Entonces, es el mercado el que regula el uso entre una y otra calidad del agua, sabiendo que eso perjudica a los sectores de menores recursos, que tienen más a mano un agua de menor calidad por un menor precio. Es la tarifa la que regula el consumo de agua, un ejemplo que muestra las prácticas de esta empresa del Estado sionista de Israel.
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SOBERANÍA
Como en Palestina, Mekorot viene por nuestra agua
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Redacción Canal Abierto | En febrero de este año, cinco provincias argentinas firmaron convenios para recibir asistencia técnica de Mekorot, la compañía estatal del agua de Israel, para “hacer más eficiente el manejo del agua”: Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz se sumaron a San Juan y Mendoza, que ya lo habían hecho en septiembre de 2022.
El acto estuvo encabezado por el ministro del Interior, Wado de Pedro, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con la presencia de varios gobernadores y gobernadoras, el embajador de Israel, Eyal Sela, el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, y el titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, el ex montonero Mario Montoto. Se trata de un nuevo mojón, de una larga serie de hitos, en el intento de la empresa israelí de incidir en el manejo de nuestros recursos hídricos.
Mekorot –fuente en hebreo– está denunciada a nivel mundial por restringir el suministro de agua a las comunidades palestinas, en lo que se ha denominado un auténtico “apartheid del agua”. La empresa mantiene el control sobre todos los aspectos del acceso al suministro. El 85% de esta población no tiene acceso al agua, pudiendo disponer de solo 40 litros diarios por persona cuando la recomendación son 100 litros, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
“El agua es un elemento vital y, sin embargo, millones de personas en el mundo no tienen acceso a él”, sostuvo Yitzhak Aharonovich, presidente de Mekorot, en el acto mencionado previamente. Y resaltó: “Israel tiene una vasta experiencia en la utilización de este valioso recurso estratégico”. Podría ser una declaración más, pero como veremos más adelante, el Estado israelí utiliza “estratégicamente” el recurso como otro instrumento colonial sobre los territorios palestinos. Ese es el modelo que planean exportar y que nuestros gobernantes están comprando.
El viajecito “concientizador”
GOBERNADORES Y GOBERNADORAS, MINISTROS Y FUNCIONARIOS VISITAN INSTALACIONES DE MEKOROT EN ISRAEL.
En abril del 2022 una delegación de gobernadores y funcionarios del ejecutivo nacional viajó a Israel. Los resultados de la visita se van plasmando en proyectos del interés de la empresa israelí.
Entre el 21 y el 28 de abril del año pasado, fruto de la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Embajada de Israel y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se realizó la denominada “Misión de cooperación científico tecnológica en manejo del agua al Estado de Israel”, con el fin de conocer el modelo de gestión israelí para afrontar la crisis hídrica.
Participaron Wado de Pedro; el entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; y gobernadores, gobernadoras y representantes de diez provincias.
LAS GOBERNADORAS DE SANTA CRUZ Y RÍO NEGRO, ALICIA KIRCHNER Y ARABELA CARRERAS, COMPRANDO CONSULTORÍAS EN ISRAEL.
Viajaron los gobernadores de Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfran, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Rodolfo Suárez, de Mendoza; Arabela Carreras, de Río Negro; Sergio Uñac, de San Juan; y Alicia Kirchner de Santa Cruz. A estos mandatarios y funcionarios se sumaron Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de La Rioja, representantes de Santiago del Estero, además de senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.
Rechazo de organismos de derechos humanos
Desde organismos de derechos humanos, asambleas ambientales, muchas relacionados con la problemática del agua, y organizaciones relacionadas a la causa palestina –el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino Palestinas– se ha organizado un frente de oposición al avance de esta empresa colonial en nuestro territorio que tiene una página web: fueramekorot.org.
“No queremos que Argentina negocie con el apartheid ni lo normalice. La ‘Misión de cooperación científico tecnológica entre Argentina e Israel en manejo del agua’ nos obliga a señalar además que el Estado de Israel restringe el acceso al agua de la población palestina desde 1967. Las extremas diferencias que hay en el acceso al agua por parte de los palestinos y de los israelíes da cuenta del apartheid del agua”, manifestó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en ocasión de conocerse la realización de la mencionada misión.
La situación en los territorios palestinos ocupados
En noviembre de 1967, las autoridades israelíes promulgaron la Orden Militar 158, que establecía que la población palestina no podía construir ninguna nueva instalación para el abastecimiento de agua sin obtener el permiso previo de las fuerzas armadas israelíes. Desde entonces, la extracción de agua de cualquier nueva fuente o el desarrollo de cualquier nueva infraestructura hídrica requiere el permiso de Israel, y su obtención es prácticamente imposible.
La población palestina que vive bajo la ocupación militar israelí continúa sufriendo las consecuencias de esta orden. No puede perforar nuevos pozos, instalar bombas ni profundizar los pozos existentes. También se les niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua dulce. Las fuerzas armadas israelíes también controlan la acumulación de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania y frecuentemente el ejército destruye las cisternas que poseen las comunidades.
Como resultado de estas políticas alrededor de 180 comunidades palestinas de zonas rurales de la Cisjordania ocupada no tienen acceso a agua corriente. En ciudades y pueblos conectados a la red de suministro de agua, a menudo las cañerías están secas.
“Mekorot se crea en 1937, antes de la Nakba –catástrofe en árabe, evoca el éxodo de al menos 750.000 palestinos obligados a dejar sus hogares tras la creación del Estado de Israel en 1948–, con el objetivo de hacerse de los recursos hídricos del pueblo palestino. En el año 48, David Ben-Gurión hablaba de envenenar aguas como forma de combatir a la resistencia palestina frente a la partición del territorio ancestral”, explica en diálogo con Canal Abierto Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino Palestinas.
En la investigación “La guerra biológica de Israel de 1948” de los historiadores Benny Morris y Benjamin Kedar, publicada en la revista Middle East Studies, describen la operación Cast Thy Bread que tenía como objetivo envenenar pozos de agua en pueblos árabes.
“En la actualidad, Israel controla más del 85% de los recursos hídricos en Palestina, eso indica a las claras que es una política racista, sin precedente a nivel internacional. Este año ha sido un año muy duro, la falta de agua se ha hecho notar en casi la totalidad de Cisjordania y Gaza. La reducción de las cuotas de agua está siendo enorme. Los colonos que ocupan territorios palestinos del 67 tienen acceso a casi 300 litros de agua diarios, mientras en Cisjordania el consumo apenas llega a los 40 litros por persona”, explica Rabi.
Otro ingrediente para este panorama es que los palestinos deben pagar por el agua, cuando los colonos israelíes tienen el agua subsidiada. “Los colonos tienen grandes piletas, mientras los palestinos sufren, además, el deterioro de sus pozos contaminados con aguas residuales. Los campesinos palestinos denuncian que Israel tapa los pequeños pozos que utilizan para darle de beber a sus animales”.
“Cuando pagás por el agua el precio que se paga en Israel, la gente sale corriendo a ser más eficiente ¿por qué? porque es mucho, el costo es alto”, sostiene el argentino-israelí Diego Berger, coordinador de Proyectos Especiales de Mekorot, al que muchos señalan como el principal promotor de los negocios de la empresa en el país. Esta es la lógica, un agua mercantilizada para quien pueda pagarla.
“El milagro israelí del agua consiste en robar agua de las Alturas del Golán y de las Granjas Shebaa (un territorio ocupado por Israel en la frontera entre Líbano y Siria), que les permite acceder con facilidad al recurso. Están depredando el río Jordán, lo están casi dejando seco”. Esta milagrosa ‘tecnología’ es la que utiliza el estado israelí para promocionar a su empresa hídrica.
“La misión argentina que viajó a Israel fue una bofetada. Se sabe que esta empresa está catalogada dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como una de las empresas responsables del apartheid en Palestina”, concluye Rabi.
Antecedentes de Mekorot en Argentina
“Mekorot, como muchas empresas de Israel, tiene una fuerte incidencia en todo el territorio argentino porque la embajada israelí tiene un rol bastante activo desde hace tiempo en nuestro país. Mekorot tuvo convenios con la provincia de Santa Cruz y en Córdoba hizo un trabajo de consultoría en una planta de tratamiento de aguas residuales. En el 2011, en la provincia de Buenos Aires, hubo un intento un poco más ambicioso de construir en la ciudad de La Plata una planta potabilizadora de aguas con una licitación bastante amañada, un contrato por 170 millones de dólares”, cuenta a Canal Abierto Silvia Ferreyra, militante ambiental y participante de la multisectorial¡Fuera Mekorot!.
En el caso mencionado, a través de pedidos de informes y de investigaciones posteriores quedó demostrado que la empresa había tenido una incidencia muy fuerte en la elaboración de los pliegos de la licitación. Ese contrato pudo detenerse por la movilización y la denuncia de distintos sectores: las organizaciones de la diáspora palestina, ATE y la CTA y algunos legisladores provinciales. “Se armó un proceso de debate, de movilización, de difusión y se pudo frenar ese contrato. No sólo por las irregularidades sino por lo que implicaba que el Estado provincial convenio con una empresa condenada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y, además, por el modelo de gestión que propone para la gestión de los recursos hídricos que implica la mercantilización del agua ”.
Tras el viaje de egresados de los gobernadores a Israel, se empezaron a firmar convenios entre las provincias participantes y la empresa. “Con la intermediación del Consejo Federal de Inversiones, las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron de manera directa con Mekorot para poder recibir los servicios de la empresa. Posteriormente, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Santiago del Estero y Santa Fe firmaron también convenios para las mismas tareas. Casi todos los convenios son para diseñar los planes maestros de aguas de las provincias, para poder adecuar la normativa legal a los cambios que sea necesario a hacer y otros proyectos menores.
Desde la campaña Fuera Mekorot y distintas organizaciones que luchan por el agua en estas provincias, se hicieron pedidos de informes para conseguir información sobre los convenios. “Nos interesa saber cuál es el alcance, cuál es la contraparte, qué compromisos hacen los gobiernos en relación a esta asesoría, quién paga. Sobre todo sabiendo que en Argentina nosotros tenemos un montón de organismos que tienen especialistas y profesionales de larga trayectoria en la materia de recursos hídricos que podrían brindar los mismos servicios –el INA (Instituto Nacional del Agua), el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), y otros–. Nunca nos otorgaron la letra de los convenios. Lo único que logramos del CFI es una respuesta que dice que ellos no están obligados a responder porque no están alcanzados por la Ley de Acceso a la Información Pública, porque son un ente autárquico y no tienen obligación de rendir cuentas”, explica Ferreyra.
El agua como mercancía
El modelo de gestión que propone la empresa israelí postula que toda la inversión sea abonada por los usuarios a través de la tarifa. Son los usuarios los que amortizan la inversión de la empresa. También propone un esquema de dos aguas: un agua potable de mayor calidad, a un costo mayor, y un agua corriente de menor calidad, proveniente del reciclaje de los residuos cloacales y de las aguas residuales, que se utiliza para el riego, usos industriales y otros. “Entonces, es el mercado el que regula el uso entre una y otra calidad del agua, sabiendo que eso perjudica a los sectores de menores recursos, que tienen más a mano un agua de menor calidad por un menor precio. Es la tarifa la que regula el consumo de agua”, concluye la referente de ¡Fuera Mekorot!.
[mks_toggle title=»Fuera Mekorot» state=»open»]De la multisectorial Fuera Mekorot participan: Asamblea Agüita Pura Para San Juan; Asamblea El Algarrobo y Asamblea Pucara (Catamarca); Asamblea Riojana Capital; Asamblea Las Heras Por El Agua; Asamblea Socioambiental de Guaymallén; El Foro Río De La Plata; APDH; Liga Argentina por los DDHH; BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) Argentina; Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino; Comisión Sur por Palestina – Federación de Entidades Argentino Palestinas; Tribuna Ambiental; Ambiente En Lucha; Red Ecosocialista; Instituto Futaleufu; Tierra Para Vivir; Marabunta; Corriente Nuestra Patria; Coordinadora Basta De Falsas Soluciones (Bfs); Asamblea de Choyacatamarca; Asamblea Permanente del Comahue Por El Agua; Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U).[/mks_toggle]
Foto principal: Eyad Al Baba / APA images
Mekorot es la empresa nacional de agua de Israel, que provee el 80% del agua en ese país. Como bien anuncia su eslogan, “Vivimos agua. Suministramos agua.” De esta forma gestiona los recursos hídricos de todo el país. Lo que no dicen en su página oficial es que esto lo logran a costa de la ocupación ilegal de los territorios palestinos en la orilla occidental del río Jordán. Así controlan y privan al mismo tiempo el suministro de agua al pueblo palestino.
La empresa israelí Mekorot, denunciada por violar los derechos de acceso al agua en Palestina y expulsada de distintos países quiere instalarse en Argentina de manos del oficialismo y la oposición, para llevar adelante el Plan Maestro para el sector hídrico..
El día viernes 7 de julio en el Serpaj realizaron una conferencia de prensa virtual en la que se abordarán los antecedentes de Mekorot
En abril de 2022, Wado de Pedro, ministro del Interior, viajó a ese país junto a una comitiva de funcionarios de las provincias de Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y San Juan. Lo que empezó como una misión científica de intercambio de conocimientos acerca del manejo del agua, se convirtió luego en una posibilidad de cooperación mucho más concreta.
En febrero de este año cinco provincias, Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz, firmaron convenios de gestión del agua con Mekorot, que se suman a Mendoza y San Juan que ya lo habían hecho en el año 2022. Este acuerdo está liderado por el ministro del Interior Wado de Pedro, el precandidato frustrado de Cristina, quien había hecho una gira por Israel acompañado del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y el ministro de Ciencia Tecnología, junto los gobernadores que luego firmarían el acuerdo.
Este proyecto es vendido como un plan de obras que permite enfrentar la sequía y la crisis hídrica, y consta de varias etapas: análisis de la situación de los recursos hídricos; proyección de la oferta y la demanda de agua futuro y realización de balances hídricos para que luego Mekorot haga su aporte desde el punto de vista técnico y legal, para tomar acciones que permitan atender la demanda. Esto implica que vamos a proporcionarle todos los datos de nuestro recurso hídrico a esta empresa extranjera, y que esta va a proponer reformas legislativas para una “mejor administración”.
Entonces, de lo que se trata el Plan Maestro del sector hídrico es de otorgarle el control de uno de los recursos más estratégicos a una empresa israelí que es denunciada a nivel mundial por restringir el suministro de agua a comunidades enteras. El ministro del Interior y los gobernadores están pensando en entregarle nuestra agua a la empresa que realiza el “apartheid del agua” en Palestina, y como si fuera poco lo ponen como ejemplo de lo que hay que hacer.
El viernes 14 , la diputada Romina Del Plá , junto a asambleas que luchan por el agua en todo el país, agrupaciones ambientales, asambleas territoriales en defensa del ambiente y organizaciones sociales que integran la Campaña Fuera Mekorot, realizaron una audiencia pública en el Auditorio Anexo «A» de la Cámara de Diputados contra la privatización del agua en manos de la empresa israelí Mekorot, que ya tiene firmados convenios para la gestión de los recursos hídricos en Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa.
La jornada fue convocada por Myriam Bregman y Romina Del Plá. Romina Del Plá presentaron un pedido de informes respecto de los acuerdos de Argentina con la empresa israelí Mekorot que está gestionando recursos hídricos en las provincias..
Durante el evento, que contó con integrantes de 35 asambleas territoriales y organismos ambientales, fue presentada al Congreso una carta contra la empresa israelí firmada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo.
A continuación compartimos la carta presentada en la audiencia.
¡El Agua y nuestros derechos en peligro! ¡Fuera Mekorot!
El Agua es un Derecho Humano, esencial para la vida de todas las personas, seres vivos, la naturaleza misma. Su mercantilización, su privatización, más aún la extranjerización de su control y gestión, ponen en riesgo este derecho tan fundamental. La empresa estatal israelí Mekorot tiene sobrados antecedentes de promover esa mercantilización, limitando el acceso al agua a quienes pueden costearlo. Más que una “solución para la crisis hídrica” – como tanto se promociona – es un refuerzo más al propio modelo económico de mercantilización, deuda y extractivismo, que provoca la crisis y amenaza al agua y la vida en todo el mundo.
Como empresa estatal israelí, Mekorot forma parte estratégica de la política de apartheid y de colonización israelí contra el pueblo palestino, convirtiendo el agua en arma de guerra. Controla minuciosamente el acceso de ese pueblo al agua, acapara las fuentes, impide el acceso al Río Jordán, restringe la provisión de este derecho vital. Repudiamos esta violación flagrante y totalmente inaceptable de los derechos del pueblo palestino y rechazamos la presencia de esta empresa en nuestro país.
El desembarco de Mekorot en Argentina, de la mano del Ministerio del Interior y los convenios de asesoramiento y consultoría ya firmados con el Consejo Federal de Inversiones y 7 provincias, significa un gran logro político para el Estado de Israel en momentos en que, a nivel mundial, su política de apartheid y de represión contra Palestina recibe cada vez más cuestionamiento. Aquí mismo en Argentina, es un revés frente al esfuerzo exitoso en 2013 de poner fin al convenio firmado en ese entonces, entre Mekorot y la ciudad de La Plata. No podemos permitir este avance.
Preocupa de sobremanera la falta de transparencia y de publicidad de los convenios firmados, amén de la ausencia de consulta a los pueblos afectados. Por eso apoyamos que la campaña se esfuerza en estos momentos por romper el silencio y el secreto, exigiendo en cada provincia y a nivel nacional, la necesaria información previa a esa igualmente imprescindible consulta.
La experiencia nos señala que Mekorot viene por nuestro derecho al agua y sabemos bien que es con nuestra movilización que lograremos defender este derecho tan fundamental. En esta lucha, uniendo esfuerzos para defender nuestra soberanía y el agua, sabemos también que es central unir lazos con todos los pueblos, sobre todo con el pueblo palestino, con quienes compartimos los mismos derechos y esperanzas.
Buenos Aires, 14 de julio de 2023.
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas Madres de Plaza de Mayo linea Fundadora
Este artículo analiza la llegada de la empresa estatal israelí Mekorot a Argentina para llevar a cabo un plan de manejo de agua en diez provincias, con la idea de centralizar la gestión del agua a nivel nacional en manos privadas. A pesar de las promesas de acabar con la sequía y la "cultura de la abundancia", se generan críticas desde las comunidades por considerar que se trata de megaobras inconsultas diseñadas para beneficiar a las empresas.
Mekorot, empresa estatal de aguas de Israel, ha sido denunciada por la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino.
La empresa desembarcó en Argentina con la promesa de solucionar la crisis del agua causada por la sequía y el cambio climático.
El acuerdo entre el Consejo Federal de Inversiones y Mekorot para asistir técnicamente a las provincias en el desarrollo de planes de gestión del agua carece de transparencia.
Existen críticas y denuncias de parte de asambleas ambientalistas locales respecto a la falta de consulta a las comunidades afectadas por los proyectos de Mekorot.
La empresa opera con un modus operandi poco sofisticado que consiste en ofrecer asesoramiento para la formulación de planes hídricos adaptados a diferentes contextos.
Se han realizado subcontrataciones de expertos y consultores locales para implementar los planes de Mekorot en Argentina.
La Campaña Fuera Mekorot se ha articulado para oponerse a la presencia de la empresa en Argentina y ha logrado suspender proyectos anteriores en el país.
Mekorot cuenta con antecedentes de violación de derechos humanos en Palestina, siendo acusada de restringir el acceso al agua de las comunidades palestinas.
La empresa ha sido condenada por la ONU por reducir el suministro de agua a los palestinos en favor de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos.
Las comunidades locales afectadas ven la llegada de Mekorot como una amenaza a sus territorios y denuncian la privatización del agua y el saqueo de recursos.
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