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¡¡¡Fuera ya Mekorot!!!
CANCION
de EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
I
Las aguas bajan turbias nuevamente
Contaminadas, llenas de injusticia,
Quiebran la calma, borran la sonrisa
Por culpa de una empresa genocida,
Otra mancha oscura en nuestra historia
esta vez de la Argentina democrática
Aceptar a una empresa psicopática
del Estado sionista y terrorista.
Que a Palestina tienen en la mira
para robarle su tierra sagrada
Día tras día le desvia el agua,
y el mundo se calla y no dice nada.
Si no la conocéis, os la presento
Se llama Mekorot, no es de este suelo
Igual que las mineras asesinas,
igual que las represas genocidas.
RECITADO:
"Porque el agua es, sin duda,
nuestro tesoro vital,
nunca permitiremos
que se venda jamás,
¡¡¡Nunca sionistas!!!
Porque el agua es derecho
fundamental."
II
Las aguas bajan turbias, nuevamente
por su eterna codicia, es evidente
que asesina a la pacha y nuestra gente
y la hace trizas, causando desdichas.
Causando penurias y dolor
por culpa de la puta corrupción
abriendo más la grita de injusticia.
¡¡¡fuera ya Mekorot de la Argentina!!!
¡¡¡Fuera ya Mekorot con sus promesas!!!
eternamente torpes y vacías,
la pacha, el cielo, el agua, nuestra vida
jamás han de ser nunca mercancías.
¡¡¡Fuera ya Mekorot, pues es evidente
que solo, tan solo de lucro saben
Porque están completamente dementes
igualito que nuestro presidente.
Resumen Latinoamericano, 22 de marzo de 2023
En el día mundial del agua, las asambleas socioambientales de todo el país manifestamos nuestro enérgico repudio a los convenios firmados por los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz con Mekorot (Compañía Nacional de Agua de Israel). Dichos contratos son parte de una política nacional tendiente a convertir nuestros bienes comunes en una mercancía más. Mediante la aplicación de Planes Maestros para la gestión del agua, que evaluarán la disponibilidad y los usos de los recursos hídricos para un uso “eficaz” de un bien considerado escaso se pretende quitarnos el derecho humano de acceso al agua. La firma de esos acuerdos es consecuencia de una misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del agua que se realizó en Israel en abril de 2022, en la que participaron el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, representantes de la embajada de Israel en la Argentina, el Consejo Federal de Inversiones y delegados de varias provincias argentinas. Aclaramos que Mekorot no es una empresa desconocida en nuestro país. En 2011, la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Daniel Scioli, estuvo al borde de cerrar un contrato de 170 millones de dólares con la empresa isarelí para la construcción de una planta potabilizadora en La Plata, proyecto que fue suspendido debido al rechazo social.
Para quienes no conocen los orígenes oscuros de Merkorot señalamos que desde su fundación en 1937, previa a la existencia del Estado de Israel, ha aplicado una política de apartheid del agua contra el pueblo palestino. El uso discriminatorio del agua, restringiendo su suministro a las comunidades palestinas en beneficio de los colonos israelíes en los territorios ***
FUERA MEKOROT DE ARGENTINA
Mekorot: el agua como herramienta de dominación
El valor estratégico de controlar el agua para el Estado sionista de Israel en su expansión por tierras palestinas es sin duda a través de la empresa Mekorot hoy asentada en al menos 10 provincias del país. Fundada en 1938, prácticamente 10 años antes de la creación del Estado sionista, Mekorot es la pieza clave para llevar a una dependencia estructurada y al cautiverio del sector hídrico palestino, que trabaja en connivencia estrecha con el ejército israelí. Mekorot posiciona a Israel como líder global en el desarrollo de soluciones tecnológicas —exporta $2 mil millones de dólares al año en esta materia— para resolver problemas relacionados con la escasez de agua. Esta empresa a penetrado en la economía argentina con todo el respaldo de los últimos gobiernos. A pesar de tener fuertes denuncias de organismos de derechos humanos por violaciones a los derechos humanos. Republicamos una nota* de Paula Galizia Alfano y Silvia Ferreyra que repasa la problemática.
El genocidio sistemático del sionismo hacia el pueblo palestino está siendo televisado y replicado en redes sociales frente a los ojos del mundo entero. La destrucción, la muerte, el saqueo y la violencia están todas juntas, diseminadas en un pequeño territorio frente a las costas del Mar Mediterráneo. El pueblo palestino, particularmente en Gaza, está sufriendo una segunda Nakba más cruel y más profunda que la primera.
Más de 35.000 asesinades, la mayoría mujeres e infancias, miles de casas destrozadas, casi ningún hospital en pie, el acceso al agua y el servicio eléctrico fueron diezmados y más de un millón de personas se convirtieron en refugiadas. Estas son algunas de las brutales consecuencias provocadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu, a 7 meses de la contraofensiva israelí, luego de los ataques de Hamas el pasado octubre.
A pesar de las exigencias de los pueblos del mundo para que se detenga la violencia, e incluso con una resolución de la ONU en la que se exigió un cese al fuego, el asedio no se detiene y goza de una magnánima impunidad frente a todas las violaciones de derechos humanos que comete. Pero para comprender los hechos cabe reforzar algo muy importante: la ocupación no comenzó el 8 de octubre, son 76 años de colonialismo, saqueo y destrucción de los cuerpos y territorios del pueblo palestino.
Si bien mucho se dice y analiza sobre este mal llamada guerra —porque no es otra cosa que un genocidio—, y existen serios y profundos análisis del caso, poco se menciona del carácter profundamente extractivista que tiene esta ocupación. Es en esta perspectiva que pone el foco en los territorios, los bienes comunes y su despojo, que este artículo pretende analizar la ocupación israelí. Para ello daremos a conocer a un actor que opera tras bambalinas y del que poco se sabe aunque sea uno de los pilares centrales para la realización, profundización y viabilidad del apartheid: la empresa estatal de agua israelí, Mekorot.
Colonialismo de colonos
Desde el comienzo de la ocupación en 1948, más del 80% del territorio de la Palestina Histórica fue anexado por el Estado israelí violando así el Plan de Partición (1947,ONU) en el que se preveía sólo un 40 % de las tierras para la constitución del mismo. Ahora bien, hablar de anexión de un territorio no se circunscribe estrictamente a la pérdida de tierra disponible para una población, sino también a la capacidad de reproducir la vida, a la libre circulación y a la posibilidad de sostener prácticas culturales, religiosas o económicas.
A lo largo de todos estos años, los sucesivos gobiernos israelíes implementaron un plan sistemático de limpieza étnica hacia el pueblo palestino mediante métodos opresivos basados en la expoliación de los bienes comunes y de los territorios. Además de incontables violaciones a los derechos humanos, como la construcción de muros, la criminalización, la persecución y el asesinato, el sionismo centró parte de su estrategia colonialista en la destrucción o monopolización de los bienes comunes del pueblo palestino.
Mediante el avance violento de asentamientos ilegales, aplicando desalojos forzosos a las familias palestinas e instalando allí a colonos israelíes, destruyendo casas, poblados y campos agrícolas, principalmente de olivos —práctica milenaria del pueblo palestino—, privatizando los servicios públicos, prohibiendo la libre circulación, generando desempleo y pobreza, es que profundizan el apartheid y el asedio. Pero hay un elemento clave para la concreción material de estos asentamientos que es vital para el expansionismo sionista: el agua.
Mapa acuíferos palestinos
El agua es un componente esencial para el desarrollo de la vida y es un derecho humano que el Estado sionista cercena sistemáticamente al pueblo palestino. En el Territorio Palestino Ocupado (TPO) existen tres fuentes principales de agua dulce natural: el río Jordán, el acuífero costero y el acuífero montañoso. Tras la victoria israelí de la Guerra de los 6 días (1967), el Estado sionista pasó a ocupar la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y la mayor parte de los Altos del Golán sirios, triplicando el tamaño del territorio bajo su control. A su vez, asumió el control militar de todos los recursos hídricos del TPO. Un actor fundamental para ejecutar el control del agua es la empresa estatal, Mekorot.
Cronología del despojo hídrico en Palestina
Fundada en 1938, prácticamente 10 años antes de la creación del Estado sionista, Mekorot es una empresa gubernamental adscrita al Ministerio de Energía y la Dirección de Aguas de Israel. Es la pieza clave y central para efectivizar la desposesión arraigada del acceso al agua, lo que lleva a una dependencia estructurada y al cautiverio del sector hídrico palestino, que trabaja en connivencia estrecha con el ejército israelí.
A su vez, Mekorot desempeña un papel integral en la economía de la ocupación israelí al posicionar a Israel como líder global en el desarrollo de soluciones tecnológicas —exporta $2 mil millones de dólares al año en esta materia— para resolver problemas relacionados con la escasez de agua. Mientras que esa es la fachada que le vende al mundo, obviando la opresión y el robo de las cuencas hídricas del TPO, Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos denunciaron a la empresa por fuertes violaciones a los derechos humanos.
Infografía Agua en Gaza : https://fueramekorot.org/materiales-para-descargar-en-pdf/
Desde que asumió el control del agua, Mekorot monopoliza el acceso, la distribución y la comercialización del agua. Deliberadamente favorece el desarrollo de los asentamientos ilegales y su crecimiento, garantiza el suministro permanente del agua y crea infraestructura para ello. Al pueblo palestino le prohíbe construir nuevas instalaciones hídricas o mantener las existentes, profundizar los pozos o construir cisternas para acopio de agua de lluvia, sin obtener antes la autorización del ejército israelí. No sorprende que esas autorizaciones casi nunca sean otorgadas. De manera intencional, el acceso al agua es injustamente desigual y se utiliza para el fomento y desarrollo de producciones agrícolas israelíes, para su uso cotidiano y hasta incluso para sus grandes piscinas y jardines, degradando la vida de cientos de miles de palestines.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo diario de agua per cápita debería rondar los 100 litros. El consumo palestino de agua se estima en 70 litros diarios por persona en Cisjordania y en 20 litros en Gaza, en contraste con el consumo diario per cápita israelí que es cuatro veces superior, alcanzando los 300 litros diarios. De conformidad con el artículo 40 de las disposiciones en materia de medio ambiente de los Acuerdos de Oslo II (1995), titulado “Abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales”, aproximadamente el 80 % de las aguas extraídas de los acuíferos se asignaron para uso israelí y el 20 % restante para uso palestino.
El apartheid del agua
Luego de los fallidos Acuerdos de Oslo I (1994), Cisjordania fue dividida en 3 zonas: A, B y C. En las zonas A y B, la Autoridad Palestina es quien gobierna y gestiona los bienes comunes. La zona C, que equivale al 60 % del territorio, se encuentra bajo el control total de Israel. Allí es donde se encuentra la mayor parte de las tierras agrícolas, las fuentes de agua y los depósitos subterráneos del TPO. En la zona C, el costo del agua comprada en la red puede ser seis veces superior al precio de los asentamientos, llegando a pagar $1,50 dólares por metro cúbico. En algunas comunidades palestinas de dicha zona, el agua representa el 15 % del gasto de los hogares. Para las comunidades de pastores, como el pueblo beduino, el elevado precio del agua disminuye severamente su capacidad de mantener sus medios de vida.
En la Franja de Gaza la situación es tremendamente peor. El agua disponible no satisface las necesidades básicas de la población. Según el Banco Mundial, el suministro de agua en Gaza se encuentra en niveles de crisis desde 2005. En 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que solo el 10 % de la población de Gaza tenía acceso directo a agua potable limpia y salubre. En total, se calcula que alrededor de un millón de personas —la mitad de la población— necesitan intervenciones en materia de agua y saneamiento.
Otro factor que imposibilita un acceso adecuado al agua está relacionado con la falta de un suministro eléctrico constante. Gaza sufre un déficit crónico de electricidad, lo que repercute gravemente en la disponibilidad de servicios esenciales, en particular de salud, agua y saneamiento, y afecta a los sectores agrícola e industrial. La escasez de electricidad influye en el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua locales, así como en el saneamiento de las mismas, lo que provoca la contaminación continua del acuífero costero y del entorno en general. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) el 97% del agua en Gaza no es apta para consumo humano.
Si bien hay tres plantas desalinizadoras que funcionan con el apoyo de la comunidad internacional y producen unos 13 millones de metros cúbicos de agua al año, la desalinización requiere una cantidad importante de electricidad y combustible. Por ello, la grave escasez de energía y las restricciones que impone Israel a la importación de materiales metalúrgicos —ya que considera que serán utilizados por la resistencia palestina— para el arreglo o reconstrucción de los sistemas, limitan la capacidad de esas plantas para funcionar a pleno rendimiento o para proporcionar un acceso suficiente y continuo al agua.
Estos factores parecen menores frente a lo que atraviesa Gaza estos días. La contraofensiva israelí es absolutamente monstruosa. Prácticamente está aniquilando a la población gazatí. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) el suministro de agua está al 7% de los niveles anteriores a octubre lo que redujo el consumo medio a un 92%.
Familias desplazadas en Rafah, Gaza, recurren al uso de agua de mar por la escasez de agua debido al bloqueo israelí
Asimismo, se registraron hasta la fecha 58 ataques por parte de las fuerzas israelíes a las fuentes hídricas, 7 en Gaza, entre ellos el bombardeo de una planta desalinizadora. El sistema de aguas residuales dejó de funcionar, el 83% de los pozos de agua subterránea no están operativos, dos de las tres plantas desalinizadoras trabajan parcialmente y solo uno de los tres acueductos de Mekorot transporta agua pero lo hace al 42% de su capacidad. En Cisjordania se llevaron a cabo el 88% de los ataques a reservas hídricas, y el 62% fueron cometidos por colonos que intensificaron la violencia. Estos ataques, con la intención de perjudicar a la población, son considerados crímenes de guerra.
Israel vierte cemento en manantiales de agua al sur de la ciudad ocupada de Hebrón, para evitar que los palestinos los utilicen en la agricultura.
Mekorot en Abya Yala
Desde el siglo pasado, la lucha y resistencia del pueblo palestino ha sido referencia para muchos movimientos y organizaciones políticas y sociales del Abya Yala. Existen además cantidad de asociaciones y entidades de la diáspora Palestina que con mayor o menor extensión y articulación en los distintos territorios mantienen viva la causa, destacándose la tarea del Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción (BDS).
Por otro lado, las luchas por el agua en la región han motorizado importantes procesos de organización y articulación, entre los más diversos sectores y saberes, logrando importantes conquistas, a nivel reivindicativo e institucional. La Guerra del Agua en Bolivia (2000), sembrando el camino para la llegada de Evo Morales al gobierno; el plebiscito impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, para la reforma constitucional (2004), que puso en manos del Estado en forma exclusiva la gestión del agua potable y saneamiento en Uruguay, declarando su acceso como derecho humano fundamental, mucho antes que las Naciones Unidas. El movimiento antirrepresas en Centroamérica y el ejemplo de Berta Cáceres; en Argentina el No a La Mina en Esquel (2003), y las puebladas contra las megamineras en La Rioja, Mendoza y Catamarca, por mencionar sólo algunos hitos.
Como hemos señalado, Israel opera desde sus inicios como un régimen colonial. Busca profundizar su hegemonía económica y política apostando a un fuerte desarrollo militar y de seguridad, controlando los principales bienes naturales del territorio ocupado. Lo hace además, ejerciendo el apartheid como mecanismo institucional de limpieza étnica hacia la población originaria de ese territorio. Desde esa convicción analizamos la expansión de Mekorot en nuestra región, en el marco del conjunto de intereses que históricamente tiene el sionismo en nuestros países. Vale la aclaración, puesto que en nuestros territorios, algunos sectores, incluso desde un pensamiento progresista, destacan el modelo de gestión de la empresa, su desarrollo tecnológico, sus logros, etc. divorciando estos aspectos del principal rol que ha cumplido toda la vida: gestionar el agua desde una relación de dominación de un pueblo sobre otro.
Mekorot se posiciona internacionalmente como ‘líder en la gestión de recursos hídricos’, por su desarrollo en tecnología, sus enormes plantas de desalinización y el reciclado de efluentes. A su vez, alimenta el mito del ‘milagro israelí’, por haber ‘transformado un desierto en un oasis’, omitiendo por supuesto, el despojo del territorio palestino y el robo de sus principales fuentes de agua. En Latinoamérica, Mekorot ofrece principalmente servicios de consultoría: asesoramiento en la gestión hídrica, monitoreo, planificación de políticas, diseño de proyectos y capacitación, entre otros. En general, estos servicios se ofrecen a gobiernos, empresas u organismos que requieren mantener, expandir o profundizar proyectos extractivistas que demandan un uso intensivo del agua. Frecuentemente, entidades del lobby sionista de los distintos países invitan a comitivas gubernamentales a recorrer las instalaciones de la empresa en Israel o a participar en los seminarios y eventos que organiza sobre el agua.
La presencia de Mekorot en la región adopta características particulares. Si bien se trata de una empresa estatal, su accionar se equipara a cualquier otra empresa privada. Al menos hasta ahora actúa con perfil bajo —resulta difícil seguirle el rastro—, a diferencia de otras trasnacionales con fuerte presencia mediática y en diferentes estamentos de la vida cotidiana. En general elige interlocutores poco conocidos para sus vínculos con los distintos niveles de gobierno, opta por intermediarios que le permiten eludir la normativa que rige para la contratación pública, las posibilidades de control y cualquier demanda por falta de transparencia. En los pocos convenios que han trascendido no fija domicilio en el país firmante, ni reconoce oficinas propias o filiales en la región.
Mekorot ha participado en Belo Horizonte y otras regiones de Brasil. En Colombia brindó servicios de consultoría a las Corporaciones Autónomas Regionales —entes ambientales del gobierno— de Cundinamarca o en La Guajira, por mencionar sólo algunas. En República Dominicana el gobierno nacional la contrató para el diseño del Plan Hídrico nacional (2023), la Red Socioambiental impugnó el acuerdo ante el organismo de control de contrataciones públicas, por las irregularidades y las excesivas cláusulas de confidencialidad que incluía, logrando su suspensión. En México firmó un acuerdo con el área de ambiente, a través de la Comisión Nacional del Agua (2013), para asesorar sobre calidad de agua y remediación de acuíferos. Por una cuestión de espacio, desarrollaremos sólo dos ejemplos de su incursión: en Chile y Uruguay.
En Chile, años atrás la empresa intentó establecer vínculos en Valparaíso, pero organizaciones que impulsaron el boicot lograron frenar su avance. Más recientemente, tras una intensa acción de la Agencia de Cooperación Israelí, el Gobierno Regional del Biobío anunció en mayo del 2023 la firma de un convenio con Mekorot para realizar el “Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos” de la región. La operación alertó a la comunidad palestina en Chile, la organización Abogados por Palestina investigó el caso, constatando que la firma del contrato no había sido directa por parte del gobierno, sino a través de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, llamada “Desarrolla Biobío”, por lo cual no rige la Ley de Compras Públicas.
El acuerdo compromete el pago de 300 mil dólares, su vigencia es de un año con renovación automática e incluye cláusulas usureras, en sintonía con los clásicos acuerdos de Libre Comercio: ante cualquier duda o interpretación de los términos del contrato rige la legislación inglesa; ante incumplimiento o controversia, no se dirime en tribunales chilenos, sino un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional; y otras condiciones que ponen en riesgo el dinero público. Por todas estas irregularidades, Abogados por Palestina presentó en marzo de 2024 un requerimiento ante la entidad fiscalizadora superior de Chile de la cual esperan respuesta.
En Uruguay, la zona metropolitana de Montevideo padeció en 2023 una crisis hídrica y sanitaria por la situación límite de la cuenca del Río Santa Lucía de donde se abastece la planta potabilizadora que provee a dos tercios de la población del país. Cuenca atravesada por el desmonte, el agronegocio, la industria forestal y de celulosa y las descargas cloacales sin tratamiento, entre otras amenazas que hacen al corazón del modelo productivo uruguayo. En 2013, ante una crisis hídrica de menor magnitud, se conformó el Consejo de Cuenca, se realizó un diagnóstico y se dispusieron medidas urgentes para sanearla, que con el tiempo quedaron en el olvido. Completa el cuadro el achicamiento de la planta de empleados de OSE, empresa estatal a cargo del servicio, y la falta de inversión pública necesaria para el mantenimiento de una infraestructura obsoleta —el 50% del agua potable se pierde por las cañerías de la red—. La sequía de los últimos años sólo prendió la mecha del dispositivo que muches alertaban que iba a estallar.
Desde hace años Mekorot viene instalando en Uruguay la idea de usar agua del Río de la Plata, altamente contaminada, para sumar otra fuente de captación. En marzo del 2022 OSE firmó un contrato con la empresa por 275 mil dólares para asesoramiento y capacitación en materia hídrica. Ante la solicitud de información, OSE sólo entregó la resolución de directorio donde se mencionaba el monto y el objeto del contrato, pero no su contenido. La estrategia del gobierno actual es avanzar con el Proyecto Neptuno, en la localidad de Arazatí, a cargo de un consorcio de empresas privadas, para tomar agua del Río de la Plata y transportarla 72 km para inyectarla a la red, altamente cuestionado por sus enormes costos —700 millones de dólares— y dudosa viabilidad ya que incluiría proceso de desalinización en algunos meses del año. ¿Cuáles han sido los ‘consejos’ de Mekorot? ¿Recuperar la cuenca del Santa Lucía, restablecer el bosque nativo, ordenar el territorio modificando los cultivos forestales en zonas de recarga del río, reemplazar los cultivos del agronegocio, tratar los efluentes para evitar las descargas, todas recomendaciones hechas en 2013? ¿Frenar el vaciamiento de OSE? Claro que no, su recomendación es avanzar con los negociados del Proyecto Neptuno.
Antecedentes en Argentina
Si bien los lazos entre Israel y nuestro país son de larga data, recién en 1995 ambos Estados rubricaron un Convenio de Cooperación Comercial y Económica, ratificado por la ley 24.710.
Años más tarde, Mekorot encontró en el sector sindical ligado a la gestión del agua un gran aliado para expandir su influencia. Según registros periodísticos, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) sostenía relaciones con la empresa al menos desde 2007. El dirigente menemista Rubén Pereyra en aquél momento a cargo de la conducción, era un representante del modelo de “sindicalismo empresario” instalado durante la hegemonía privatista de la década del ‘90. Estos vínculos sirvieron de base para la firma en agosto de 2008 de un acuerdo marco de cooperación entre FENTOS, Mekorot y el gobernador Mario Das Neves de Chubut, para realizar estudios y proyectos de obras hídricas y de agua para riego. El antecedente es de importancia por el alcance nacional de la Federación y su compromiso con la empresa.
Mapa de las provincias argentina en vínculo con Mekorot
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la relación con Mekorot cobró otra dimensión. La Empresa 5 de Septiembre pertenece al Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA) y está constituida con el 10% de las acciones correspondientes a les trabajadores de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), prestataria del servicio en 80 localidades. El objeto principal de la empresa es brindar servicios integrales de consultoría, diseño y evaluación de obras; su incidencia en las políticas y decisiones de ABSA es más que relevante. La relación de Mekorot con ambas empresas es de larga data.
En los años 2008 y 2009, la localidad de Bahía Blanca atravesó una fuerte crisis hídrica, situación que apuntaló a la intervención de Mekorot en tareas de consultoría para el diseño de un “plan de emergencia” y posteriormente una planta de reuso de líquidos cloacales, para destinar el agua reciclada al Polo Petroquímico, aliviando de esta manera el agua para uso doméstico. Mekorot diseñó la planta junto a la Empresa 5 de septiembre, ABSA aportó $150 millones para su financiamiento y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) otros $30 millones. En 2011 se presentó el proyecto, en 2016 inició su construcción y en 2019 la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, inauguró su primera fase. No encontramos registro que se haya realizado licitación, ni audiencia pública sobre la obra, ni evaluación de impacto ambiental, ni consulta o participación de organizaciones de la sociedad bahiense, a pesar del interés que había despertado la crisis hídrica. El único sector consultado fue el complejo petroquímico.
En la ciudad de La Plata, el proceso fue similar, en paralelo, pero con otro desenlace. El objetivo allí era construir una planta de tratamiento de aguas para la región de la capital provincial, Berisso y Ensenada, como complemento de la planta Donato Gerardi (Ensenada) y extender el servicio a futuro mediante la extracción de agua del Río de La Plata. La Empresa 5 de Septiembre, SOSBA y ABSA junto a Mekorot lideraron el proceso, la empresa hispano-israelí Ashtrom BV y las constructoras platenses Mako y Eleprint completaron el equipo de la UTE conformada para la ejecución.
En noviembre de 2009 el entonces gobernador, Daniel Scioli, declaró de interés público el proyecto y llamó a licitación en el marco del Régimen de Iniciativa Privada. El costo estimativo inicial era de 90 millones de dólares a cargo de los responsables del proyecto, contemplando la construcción y posterior operación de la planta hasta el repago total de la obra en unos 15 años, lo que implicaba al menos un 30% de aumento de la tarifa para los usuarios de la zona. A fines de 2010, Scioli viajó a Israel para concretar el acuerdo para las plantas de Bahía Blanca y La Plata. El intendente bahiense, Cristian Breintenstein, y el titular de ABSA, Guillermo Scarcela, fueron de la partida. A su regreso, rápidamente inició el proceso de licitación para la planta de La Plata.
En el año 2011, al tomar estado público el proceso, la Federación de Entidades Argentino Palestinas, con el respaldo de la red internacional Stop The Wall, junto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones iniciaron la campaña “Buenos Aires, las Aguas Bajan Turbias”, denunciando los crímenes de apartheid contra el pueblo palestino de Mekorot y el negociado en torno al proyecto.
Según Adolfo Ruiz, ingeniero empleado en el área de hidráulica de la provincia y delegado de ATE, la reparación y mejora para reducir las pérdidas de las cañerías existentes permitiría obtener resultados similares a los proyectados para la planta, con costos sustancialmente menores. Además del aumento de la tarifa, se cuestionaba el proceso licitatorio hecho “a medida” de la empresa y la calidad de agua propuesta: el “doble estándar” característico del modelo de gestión de Mekorot: agua “corriente” no apta para consumo humano, de menor calidad y costo, y “agua potable” a mayor precio.
Con mucho esfuerzo se presentó un detallado pedido de informes en la Legislatura a través del diputado Oscar Negrelli, de la Coalición Cívica. Fruto de la movilización en la calle y el trabajo en los medios de comunicación, en octubre del 2012 se logró la aprobación del pedido de informe en la Legislatura y luego la suspensión de la licitación. Una victoria importante, ya que a pesar de los reiterados intentos, a la fecha el proyecto no se pudo concretar. De todos modos, la alerta continúa, dado que muchos de los actores intervinientes en aquellos años siguen ocupando espacios de poder: Daniel Scioli es Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del actual gobierno de Javier Milei; Julio Castro, titular de SOSBA y de la Empresa 5 de Septiembre en aquél entonces, continúa a la cabeza del gremio; Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, sigue tendiendo lazos con los gobiernos de turno para fortalecer los negocios del sionismo y los propios.
La voz del agua y de los cerros en la marcha por el aniversario de Chilecito. Foto: Asamblea por la Vida de Chilecito
La experiencia reciente
Desde su asunción en el Ministerio del Interior, Wado de Pedro —paradójicamente, hijo de víctimas de la última dictadura genocida del país— quiso que les titulares de las provincias conocieran de primera mano, in situ, el modelo de gestión del agua de Israel. Debido a la pandemia, el viaje recién pudo concretarse en abril de 2022, con mandataries y funcionaries de 10 provincias y de distintos signos políticos. Mientras tanto, en 2021, el gobierno promovió un ‘memorándum de entendimiento’ entre Mekorot y el ente que regula el servicio de agua y saneamiento a nivel nacional, el ENOHSA. Todas estas gestiones contaron con el acompañamiento militante de Mario Montoto.
En el viaje a Israel, De Pedro propuso a les gobernadores crear una ‘mesa de trabajo’ para centralizar en una sola autoridad en la órbita de su Ministerio el manejo del agua, tomando como ejemplo el modelo israelí. Señaló que junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) habían elaborado un borrador de proyecto de ley a tal fin y querían firmar un convenio con la empresa y las provincias para avanzar en ese sentido. Mendoza y Río Negro no estuvieron de acuerdo, señalando que no era un tema de competencia nacional. De todos modos, al regreso de la comitiva y por intermediación del CFI, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron convenios para que Mekorot diseñara sus Planes Maestros de Agua, principalmente.
A principios de 2023 se realizó un acto oficial en Casa Rosada para ‘formalizar’ los convenios, con la presencia del Embajador de Israel, el presidente de Mekorot y les titulares de las provincias firmantes, a las que se sumaron Santa Fe y Santiago del Estero. Más recientemente, con el recambio de gobierno, los gobernadores de Neuquén, Chubut y Jujuy anunciaron la firma con la empresa, completando así la plantilla actual de 12 provincias, la mitad del país, de una u otra manera vinculadas a Mekorot. Si nos detenemos a analizar el mapa, es la ruta del avance de la frontera extractivista, megaminera, petrolera y del agronegocio.
Ante la profundización del genocidio en Gaza a partir del 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de Javier Milei es uno de los pocos en la región y el mundo que afirma su apoyo incondicional al primer ministro Benjamin Netanyahu. Fronteras adentro, empresarios sionistas de mucho poder económico integran el círculo rojo del gobierno de Milei, incluso en puestos clave, como Eduardo Elzstain o Gerardo Werthein —actual embajador en EE.UU— o referentes como el rabino Axel Wahnish, designado embajador en Israel. Las perspectivas, por tanto, no son muy alentadoras.
La falta de información y participación
El intermediario elegido en esta etapa para acompañar a Mekorot, eludiendo las normas de contratación pública, control y monitoreo, acceso a la información y participación pública es el Consejo Federal de Inversiones.
Se trata de un organismo autónomo y autárquico, es decir, no tiene obligación de responder a ningún ámbito superior, más que a su propio directorio. Conformado en 1959 por representantes de las provincias, su objeto es la ‘investigación, la coordinación y el asesoramiento’ para una ‘adecuada política de inversiones’. Por el CFI desfilan la gran mayoría de proyectos de obra pública de las provincias. Está financiado por un porcentaje de lo correspondiente a cada jurisdicción de la coparticipación federal; a modo de ejemplo, para el ejercicio 2024, serían alrededor de $90.000 millones.
Su actual secretario general, Ignacio Lamothe, muy cercano a De Pedro, con antecedentes en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue elegido para ese cargo en octubre de 2020. Lamothe llegó al CFI tras la muerte del anterior titular, Juan José Ciacera, quien estuvo 33 años ininterrumpidos al frente del organismo. Una señal del acuerdo entre las principales fuerzas políticas y gobiernos de turno para mantener el status quo de la entidad.
Al tomar conocimiento de los primeros convenios firmados entre las provincias y Mekorot, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, solicitó una entrevista con De Pedro, requiriendo mayor información. En la oportunidad el Ministro respondió que su organismo no tenía ninguna injerencia en los acuerdos firmados, que la información debía ser requerida al CFI.
Después de insistir mediante notas en el marco de las leyes de Acceso a la Información Pública y en específico de la Información Pública Ambiental, desde el CFI respondieron que el organismo no está obligado a las disposiciones de esas normas. Igualmente brindaron información genérica sobre los acuerdos firmados con Mekorot, aclarando que en el caso de Santa Fe y Santiago del Estero, si bien había convenios específicos con el CFI, no había injerencia de la empresa —a pesar de los anuncios a la prensa en ese sentido por parte de ambos gobernadores—.
harla sobre Mekorot en Las Juntas, Ambato, Catamarca, en la Asamblea de Ríos Vivos, que nuclea distintas asambleas de la provincia
Recientemente, legisladores de la bancada de Izquierda de la Legislatura de Chubut presentaron un pedido de informe, luego del viaje a Israel del gobernador y que los medios de comunicación difundieran la firma con Mekorot, incluso con autoridades locales dando detalles del acuerdo y el costo a pagar ($300 millones). La respuesta fue similar: la provincia tiene firmados contratos vinculados a la gestión hídrica con el CFI, pero ninguno con la empresa.
A partir de la insistencia de las asambleas en defensa del agua, junto a organizaciones políticas y sociales, ante autoridades de varias provincias involucradas, fue posible conseguir los convenios de Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan y Río Negro, donde sí se menciona a la empresa. Su contenido es somero, casi idéntico en cuanto a objetivos generales y plazos a considerar, no hacen referencia a los costos a abonar por el servicio, ni a resolución de controversias, ni garantías para el acceso a la información y participación durante el proceso.
Mesa informativa sobre Mekorot de la Asamblea de Tunuyan por el Agua Pura en el Manzano Histórico, Mendoza
Gracias a ese proceso de involucramiento de las asambleas, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, por impulso del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino y el Movimiento BDS se conformó en Argentina la Campaña Fuera Mekorot. Es desde ese espacio colectivo de articulación que se visibiliza y difunde qué es y cómo opera Mekorot tanto en Palestina como en nuestros territorios. Para ello se han realizado diversas actividades, una audiencia pública en el Cámara de Diputados de la Nación en respaldo a la presentación de un pedido de informe por parte de diputados del bloque de izquierda, difusión en centros culturales, espacios públicos y encuentros de redes nacionales e internacionales, recabando información valiosa que aporta a la denuncia y alerta sobre la injerencia de Mekorot en los distintos territorios. Los carteles de Fuera Mekorot acompañan las banderas palestinas en cada movilización de repudio al genocidio en Gaza, en cada marcha en defensa del agua.
Norita Cortiñas, acompañando a Fuera Mekorot. Foto: David Paoli Testa
Conclusiones
Desandar la historia de Mekorot permite comprender uno de los ejes fundacionales del régimen sionista y conocer cómo opera este engranaje clave en la maquinaria del apartheid que sufre el pueblo palestino, usando para tan vil objetivo a un bien esencial para la vida como es el agua.
El mito del ‘oasis en medio del desierto’ israelí, que Mekorot ofrece al mundo, abona la idea del ‘vacío a ocupar’, tan utilizada por los colonialismos durante siglos para legitimar la dominación de nuestros principales bienes comunes y nuestros territorios.
Al legitimar ese ‘vacío’, tanto la empresa como los gobiernos que van a su encuentro buscando soluciones ‘mágicas’, niegan la existencia en este continente de numerosos saberes, experiencias, estrategias vinculadas al agua que desde hace siglos, renacen, se actualizan, se difunden, se disputan en los distintos ámbitos sociales, culturales, productivos, académicos e institucionales. Aprendizajes en muchos casos conquistados en la calles.
Los métodos y mecanismos con los que opera la empresa de agua israelí violan derechos humanos, son opresivos y están basados en una lógica mercantilista, elementos todos concurrentes con el modelo de saqueo extractivista que se intenta profundizar en nuestro continente. El objetivo principal de los servicios de consultoría, planificación de proyectos y formación que desarrolla en nuestros territorios no se orienta a garantizar un acceso equitativo al agua ni a preservar sus principales fuentes, sino a consolidar este modelo de exclusión.
A partir de la profundización del genocidio en Gaza, las luchas en solidaridad con el pueblo palestino ganan las calles en distintas partes del mundo. La denuncia contra Mekorot entronca con ese proceso, sumando la trayectoria y la potencialidad de la lucha por el agua, en defensa de la vida.
Jornada de Solidaridad con Palestina, por el alto el fuego en Gaza, en Plaza de Mayo
- Nota publicada en ContraHegemoniaWeb
Ecología Social. Fuera Mekorot: comunidades indígenas protestaron en la Mesa del Agua de Jujuy
Resumen Latinoamericano, 22 de mayo de 2024.
La reunión fue convocada por el Gobierno de Jujuy para presentar el Convenio de Cooperación con la empresa israelí Mekorot y el CFI ante representantes del sector agroindustrial y consorcios de riego del tabaco y el azúcar. Ante los cuestionamientos de integrantes de las comunidades indígenas que se hicieron presentes los funcionarios dieron por finalizado el evento antes de lo previsto.
La presentación del Ministro de Infraestructura, Servicios públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, sobre el Convenio de Cooperación firmado en el mes de abril con la empresa Mekorot, se vio interrumpida por los cánticos El agua no se vende, el agua se defiende! de quienes ingresaban a la sala en Ciudad Cultural donde se encontraban representantes del sector agroindustrial de la provincia.
La reunión convocada días atrás generó malestar no sólo de comunidades indígenas, sino de sectores socioambientales y sectores de izquierda que alarmaron sobre el avance del Convenio con la empresa consultora a quien se le encargó realizar un Plan Maestro de uso y gestión de los recursos hídricos, como sucedió en diez provincias, que también firmaron acuerdos con la empresa israelí a través del Consejo Federal de Inversiones – CFI.
Mientras representantes de las patronales del sector cañero y del tabaco mostraron interés ante las palabras del Director provincial de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir, desde el fondo de salón las mujeres indígenas se hicieron escuchar y dieron cuenta que si estaban presentes, no eran porque hayan sido invitadas, más bien porque el Convenio avanza sin consentimiento previo, libre e informado de las mismas.
Los funcionarios quisieron esconder algo que ya estaba cocinado tras la firma del acuerdo. Afirmaron que las comunidades iban a ser consultadas, pero fueron desmentidos en el momento, y afirmaron que la reunión es parte de una serie de instancias previas a la llegada de la consultora israelí, encargada del estudio a realizar tomando la oferta y demanda del agua, y su uso, al servicio de los sectores productivos.
¡Fuera Mekorot!
Las voces en defensa del territorio y el agua no dejaron de escucharse en la sala que interpelaban a los funcionarios para que den explicaciones sobre el Convenio con Mekorot. El Director General de Gestión de los Recursos Hídricos de la provincia, Edgardo Sosa, dio cuenta de los lineamientos de plan acorde a demanda del agronegocio, pero no supo responder ninguna consulta sobre el Acuerdo Escazú y el Convenio 169 de la OIT que el Gobierno estaba violando al avanzar sin consulta en la construcción de un Plan Maestro basado en criterios de mercantilización del uso de un bien común como el agua.
Carlos Chuychuy, presidente de la Comunidad indígena de Lumara manifestó “es de público conocimiento la situación en Palestina, donde chicos no tienen acceso al agua. Mekorot tiene demandas en las Naciones Unidas y sabemos lo que hacen con Palestina, entonces que nos espera a nosotros… Sabemos que el agua es un recurso no renovable, podemos administrarlo nosotros, llevamos miles de años cuidando la misma”.
Por su parte Francisca, de la comunidad indígena de Caspalá afirmó “nosotros estamos aquí para exigirle a la Mesa del Agua, sobre el acuerdo que se firmó. No se hizo la consulta previa, libre e informada, se violó el convenio y el Acuerdo de Escazú”.
Un Jallalla para el pueblo palestino
“A los hermanos palestinos, nuestra solidaridad desde la distancia, a resistir y fuerzas”, dice Carlos, referente como tantos en la lucha contra la reforma, contra la contaminación y en defensa del agua.
“Sean fuertes, que la peleen como nosotras aquí”, dice Francisca para las mujeres palestinas. “Aquí nos informamos y sabemos que es una empresa genocida, no queremos la empresa Mekorot aquí. No necesitamos a la empresa para el manejo de nuestra agua…”.
“Muchas fuerzas, sigan en la lucha, no se dejen”, sostuvo Juana de la comunidad de Tusca Pacha, que también supo dar pelea ante el avance del negocio inmobiliario en sus territorios.
Pedido de informes de la izquierda
La diputada Natalia Morales, parte del bloque de diputados junto a Gastón Remy y Miguel López, estuvo presente en la presentación del Convenio y manifestó:
“En la instancia de hoy, ningún funcionario dio cuenta de los términos del acuerdo entre el Gobierno de Jujuy, con Mekorot y el CFI, tampoco el presupuesto implicado para la realización del Plan Maestro y de dónde provendría el mismo, como tampoco los criterios convenidos, aspectos que solicitaremos a través de un pedido de informes”.
“Queda claro que los procesos democráticos de consultas previas a comunidades indígenas y acceso a la información en materia ambiental, especificados en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) o el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), que tendrían que haber realizado previo a la firma del Convenio, no fueron garantizados”.
“Desde el PTS FIT somos parte de la campaña activa en solidaridad con el pueblo palestino. Sabemos que detrás de los convenios con Mekorot está la profundización y el apoyo de Gobiernos provinciales como el de Carlos Sadir y de Milei con el Estado colonialista de Israel, para avanzar con un plan acorde a la profundización de la matriz extractivista y garantizar el agua para el mismo, lo cual pone en riesgo el derecho universal al acceso y cuidado de ese bien común afectando las necesidades sociales y el uso racional”.
“Fue muy importante el rechazo expresado en el día de hoy, y muestra una vez más, que en la provincia se va a defender el agua y los bienes comunes ante las políticas de saqueo en curso, que no sólo incluyen los convenios con Mekorot, los lazos con el Estado sionista de Israel, sino también con la Ley Bases y leyes de emergencia al servicio de los grandes empresarios y las multinacionales. Más que necesario, que la respuesta sea masiva en las calles, con un plan de lucha y el paro nacional que incluya Fuera Mekorot y contra el genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel”.
FUENTE: La Izquierda Diario
Audiencia es el culmen de un proceso de lucha contra la empresa israelí involucrando diversas organizaciones territoriales en el país porteño
La Cámara de Diputados de Argentina recibió este viernes, 14, una Audiencia Pública organizada por la Campaña Fuera Mekorot, de denuncia à empresa israelí que promueve el apartheid del agua contra el pueblo palestino. Diversas asambleas territoriales tomaron la tribuna para exigir que sus gobiernos no cierren acuerdos de manejo del agua con la empresa responsable por crímenes de guerra.
La Audiencia organizada por las diputadas Myriam Bergman y Romina Del Pla es el culmen de un proceso de lucha involucrando más de 35 organizaciones territoriales en distintas provincias argentinas (la empresa ya tiene contratos en siete de ellas). Durante el evento fué presentado al Congreso una carta contra la empresa israelí firmada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y por Nora Cortiñas, línea fundadora de las Madres de plaza de mayo. Leerla íntegramente acá:
¡El Agua y nuestros derechos en peligro! ¡Fuera Mekorot!
El Agua es un Derecho Humano, esencial para la vida de todas las personas, seres vivos, la naturaleza misma. Su mercantilización, su privatización, más aún la extranjerización de su control y gestión, ponen en riesgo este derecho tan fundamental. La empresa estatal israelí Mekorot tiene sobrados antecedentes de promover esa mercantilización, limitando el acceso al agua a quienes pueden costearlo. Más que una “solución para la crisis hídrica” - como tanto se promociona - es un refuerzo más al propio modelo económico de mercantilización, deuda y extractivismo, que provoca la crisis y amenaza al agua y la vida en todo el mundo.
Como empresa estatal israelí, Mekorot forma parte estratégica de la política de apartheid y de colonización israelí contra el pueblo palestino, convirtiendo el agua en arma de guerra. Controla minuciosamente el acceso de ese pueblo al agua, acapara las fuentes, impide el acceso al Río Jordán, restringe la provisión de este derecho vital. Repudiamos esta violación flagrante y totalmente inaceptable de los derechos del pueblo palestino y rechazamos la presencia de esta empresa en nuestro país.
El desembarco de Mekorot en Argentina, de la mano del Ministerio del Interior y los convenios de asesoramiento y consultoría ya firmados con el Consejo Federal de Inversiones y 7 provincias, significa un gran logro político para el Estado de Israel en momentos en que, a nivel mundial, su política de apartheid y de represión contra Palestina recibe cada vez más cuestionamiento. Aquí mismo en Argentina, es un revés frente al esfuerzo exitoso en 2013 de poner fin al convenio firmado en ese entonces, entre Mekorot y la ciudad de La Plata. No podemos permitir este avance.
Preocupa de sobremanera la falta de transparencia y de publicidad de los convenios firmados, amén de la ausencia de consulta a los pueblos afectados. Por eso apoyamos que la campaña se esfuerza en estos momentos por romper el silencio y el secreto, exigiendo en cada provincia y a nivel nacional, la necesaria información previa a esa igualmente imprescindible consulta.
La experiencia nos señala que Mekorot viene por nuestro derecho al agua y sabemos bien que es con nuestra movilización que lograremos defender este derecho tan fundamental. En esta lucha, uniendo esfuerzos para defender nuestra soberanía y el agua, sabemos también que es central unir lazos con todos los pueblos, sobre todo con el pueblo palestino, con quienes compartimos los mismos derechos y esperanzas.
Buenos Aires, 14 de julio de 2023.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas
Madres de Plaza de Mayo
Beverly Keene
L.F. Coordinadora
Agua. Fuera Mekorot: avanza en Jujuy el convenio con la empresa israelí cómplice del genocidio en Palestina
En abril de este año el gobernador Carlos Sadir, junto a sus pares de Neuquén y Chubut, firmó un Convenio con la empresa Mekorot Israel National Water y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la elaboración de un plan para la gestión de los recursos hídricos de la provincia que pondrá por delante las necesidades de las empresas extractivistas como las del litio o del agronegocio. Crece el rechazo al acuerdo firmado en doce provincias a espaldas del pueblo trabajador y comunidades indígenas, como también al accionar del Estado colonialista de Israel y esta empresa acusada de generar un “apartheid del agua al pueblo palestino”.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su secretario general, Ignacio Lamothe, suscribieron un convenio marco de cooperación por el cual se pondrá en marcha el desarrollo de "un plan maestro de potenciación del sector hídrico de la provincia, cuya elaboración estará a cargo de la prestigiosa consultora Mekorot Israel National Water, respaldada por un equipo de expertos". A tal efecto, se “partirá de un diagnóstico de situación, con posterior proyección de oferta sostenible de los recursos hídricos y la demanda, todo ello con miras a concluir en un análisis preliminar de suministro de agua”.
De esta manera, “el gobernador inició la ejecución de un plan estratégico anunciado en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura 2024, a los efectos de garantizar el suministro de agua potable a sectores en situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, cubrir los requerimientos del sector productivo de Jujuy, frente a la escasez del recurso y las consecuencias del cambio climático”.
La firma del Convenio Marco se realizó el 4 de abril en oficinas del Consejo Federal de Organizaciones (CFI) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a los gobernadores de Chubut y Neuquén, que, como Carlos Sadir, impulsan políticas extractivistas ya sea con megaminería o fracking, donde llueven denuncias de uso irracional y contaminación del agua. Son varias las provincias argentinas que cuentan con la asesoría de la empresa israelí Mekorot para la elaboración de planes maestros y consultorías hídricas desde una concepción mercantilista del uso del agua: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero.
Según el gobernador de Jujuy, el plan maestro permitirá abastecer de agua de sectores vulnerables, pero también dar respuesta a la demanda productiva en la provincia. Queda claro que con Mekorot, el plan es a favor del extractivismo minero o del agronegocio como principal beneficiario del agua, y el agua como mercancía para nuevos negocios. Multinacionales como Sales de Jujuy, utilizan millones de litros de salmuera y agua dulce para la producción de miles de toneladas de carbonato de litio para la exportación, afectando el delicado equilibrio de cuencas endorreicas (cerradas) donde hay déficit hídrico todo el año y donde viven pueblos y comunidades indígenas de la producción artesanal de sal o agroganadera/artesanal. Por otro lado, la empresa Ledesma, monopoliza el agua de la cuenca del río San Francisco para las más de 40 mil hectáreas de monocultivo de azúcar y cítricos.
Como sucedió con la Reforma de la Constitución de la provincia, una vez más, el Gobierno de la provincia avanza sin licencia social en el manejo de un bien común esencial como es el agua con fines mercantiles, que se agrava, con la ausencia de consulta, previa, libre e informada a las comunidades indígenas y pueblos.
La empresa Mekorot es la compañía nacional de agua de Israel, que provee aproximadamente el 80% del agua potable que se consume en ese país de Oriente Medio. Fue fundada en 1937, como consultora privada pero expandida luego de la creación del Estado de Israel por parte del sionismo, en 1948, donde fue integrada en el manejo del agua en la región, al compás de un proceso de limpieza étnica y expulsión de la población nativa árabe (la Nakba). La empresa israelí es denunciada a nivel internacional por negar el derecho al agua al pueblo palestino. Es parte central de la opresión colonial que ejerce el Estado de Israel sobre las poblaciones palestinas de Franja de Gaza y Cisjordania con su apartheid del agua.
Es tan grave la situación que incluso el Secretario General de la ONU condenó en 2014 a la empresa en su informe al Consejo de Derechos Humanos. “La empresa nacional israelí de suministro de agua, Mekorot, posee todas las redes de abastecimiento de agua en la Ribera Occidental y suministra cerca del 50 por ciento del agua disponible en las comunidades palestinas”, plantea el informe. “Según la información recibida, Mekorot reduce considerablemente el suministro de agua a los palestinos en los meses de verano con el fin de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos”, completa. Luego de esto, varios países, incluidos Holanda y Portugal, rechazaron o rescindieron convenios con la empresa.
A pesar de estos antecedentes, en la Argentina hubo un primer intento fallido de Mekorot para desembarcar en el año 2011 en la Provincia de Buenos Aires, que fue impedido por el repudio social en 2013. Fue en el 2023 con el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, a través del Ministro del Interior Wado de Pedro, que se avanzó en un acuerdo firmado en un viaje realizado a Israel junto a un selecto grupo de gobernadores en plena crisis hídrica. Con la política iniciada por el Gobierno del Frente de Todos a nivel nacional, que continúa y profundiza el actual gobierno de Javier Milei con su política pro sionista, y de aval al genocidio de Gaza, como quedó en evidencia en febrero de este año con la visita del presidente a Israel junto a una comitiva, donde la Canciller Diana Mondino se reunió con ejecutivos de Mekorot.
La elección de Mekorot por parte del gobierno de Jujuy no es arbitraria: responde a un alineamiento político provincial y nacional con los intereses del Estado de Israel y su principal promotor, el imperialismo norteamericano. Y tienen todo que ver con el derecho de que hoy, mientras los crímenes de guerra genocidas del Estado de Israel se agudizan incluyendo el asesinato cotidiano de niños y jóvenes bajo bombardeos criminales, que son repudiados por movilizaciones históricas en todo el mundo, gobiernos como el de Milei brindan un respaldo que hasta el propio imperialismo yanqui ve difícil de legitimar como demuestra su no veto al cese al fuego votado en el comité de seguridad de la ONU.
La empresa estatal israelí de aguas, Mekorot, respaldada por el poder de fuego del ejército de Israel, realiza un robo sistemático del agua palestina a la par que monopoliza el suministro, obligando a los propios palestinos robados de su vital recurso a comprarla, a tarifas excesivamente superiores a las pagadas por los ciudadanos israelíes, llegando al extremo de regular el suministro según los criterios que el Estado ocupante tenga de establecer la cantidad comercializada.
El modelo Mekorot de gestión que propone la empresa israelí postula que toda la inversión sea abonada por los usuarios a través de la tarifa. Son los usuarios los que amortizan la inversión de la empresa. También propone un esquema de dos aguas: un agua potable de mayor calidad, a un costo mayor, y un agua corriente de menor calidad, proveniente del reciclaje de los residuos cloacales y de las aguas residuales, que se utiliza para el riego, usos industriales y otros. Entonces, es el mercado el que regula el uso entre una y otra calidad del agua, sabiendo que eso perjudica a los sectores de menores recursos, que tienen más a mano un agua de menor calidad por un menor precio. Es la tarifa la que regula el consumo de agua, un ejemplo que muestra las prácticas de esta empresa del Estado sionista de Israel.
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Como en Palestina, Mekorot viene por nuestra agua
Redacción Canal Abierto | En febrero de este año, cinco provincias argentinas firmaron convenios para recibir asistencia técnica de Mekorot, la compañía estatal del agua de Israel, para “hacer más eficiente el manejo del agua”: Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz se sumaron a San Juan y Mendoza, que ya lo habían hecho en septiembre de 2022.
El acto estuvo encabezado por el ministro del Interior, Wado de Pedro, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con la presencia de varios gobernadores y gobernadoras, el embajador de Israel, Eyal Sela, el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, y el titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, el ex montonero Mario Montoto. Se trata de un nuevo mojón, de una larga serie de hitos, en el intento de la empresa israelí de incidir en el manejo de nuestros recursos hídricos.
Mekorot –fuente en hebreo– está denunciada a nivel mundial por restringir el suministro de agua a las comunidades palestinas, en lo que se ha denominado un auténtico “apartheid del agua”. La empresa mantiene el control sobre todos los aspectos del acceso al suministro. El 85% de esta población no tiene acceso al agua, pudiendo disponer de solo 40 litros diarios por persona cuando la recomendación son 100 litros, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
“El agua es un elemento vital y, sin embargo, millones de personas en el mundo no tienen acceso a él”, sostuvo Yitzhak Aharonovich, presidente de Mekorot, en el acto mencionado previamente. Y resaltó: “Israel tiene una vasta experiencia en la utilización de este valioso recurso estratégico”. Podría ser una declaración más, pero como veremos más adelante, el Estado israelí utiliza “estratégicamente” el recurso como otro instrumento colonial sobre los territorios palestinos. Ese es el modelo que planean exportar y que nuestros gobernantes están comprando.
El viajecito “concientizador”
En abril del 2022 una delegación de gobernadores y funcionarios del ejecutivo nacional viajó a Israel. Los resultados de la visita se van plasmando en proyectos del interés de la empresa israelí.
Entre el 21 y el 28 de abril del año pasado, fruto de la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Embajada de Israel y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se realizó la denominada “Misión de cooperación científico tecnológica en manejo del agua al Estado de Israel”, con el fin de conocer el modelo de gestión israelí para afrontar la crisis hídrica.
Participaron Wado de Pedro; el entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; y gobernadores, gobernadoras y representantes de diez provincias.
Viajaron los gobernadores de Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfran, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Rodolfo Suárez, de Mendoza; Arabela Carreras, de Río Negro; Sergio Uñac, de San Juan; y Alicia Kirchner de Santa Cruz. A estos mandatarios y funcionarios se sumaron Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de La Rioja, representantes de Santiago del Estero, además de senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.
Rechazo de organismos de derechos humanos
Desde organismos de derechos humanos, asambleas ambientales, muchas relacionados con la problemática del agua, y organizaciones relacionadas a la causa palestina –el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino Palestinas– se ha organizado un frente de oposición al avance de esta empresa colonial en nuestro territorio que tiene una página web: fueramekorot.org.
“No queremos que Argentina negocie con el apartheid ni lo normalice. La ‘Misión de cooperación científico tecnológica entre Argentina e Israel en manejo del agua’ nos obliga a señalar además que el Estado de Israel restringe el acceso al agua de la población palestina desde 1967. Las extremas diferencias que hay en el acceso al agua por parte de los palestinos y de los israelíes da cuenta del apartheid del agua”, manifestó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en ocasión de conocerse la realización de la mencionada misión.
La situación en los territorios palestinos ocupados
En noviembre de 1967, las autoridades israelíes promulgaron la Orden Militar 158, que establecía que la población palestina no podía construir ninguna nueva instalación para el abastecimiento de agua sin obtener el permiso previo de las fuerzas armadas israelíes. Desde entonces, la extracción de agua de cualquier nueva fuente o el desarrollo de cualquier nueva infraestructura hídrica requiere el permiso de Israel, y su obtención es prácticamente imposible.
La población palestina que vive bajo la ocupación militar israelí continúa sufriendo las consecuencias de esta orden. No puede perforar nuevos pozos, instalar bombas ni profundizar los pozos existentes. También se les niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua dulce. Las fuerzas armadas israelíes también controlan la acumulación de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania y frecuentemente el ejército destruye las cisternas que poseen las comunidades.
Como resultado de estas políticas alrededor de 180 comunidades palestinas de zonas rurales de la Cisjordania ocupada no tienen acceso a agua corriente. En ciudades y pueblos conectados a la red de suministro de agua, a menudo las cañerías están secas.
“Mekorot se crea en 1937, antes de la Nakba –catástrofe en árabe, evoca el éxodo de al menos 750.000 palestinos obligados a dejar sus hogares tras la creación del Estado de Israel en 1948–, con el objetivo de hacerse de los recursos hídricos del pueblo palestino. En el año 48, David Ben-Gurión hablaba de envenenar aguas como forma de combatir a la resistencia palestina frente a la partición del territorio ancestral”, explica en diálogo con Canal Abierto Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino Palestinas.
En la investigación “La guerra biológica de Israel de 1948” de los historiadores Benny Morris y Benjamin Kedar, publicada en la revista Middle East Studies, describen la operación Cast Thy Bread que tenía como objetivo envenenar pozos de agua en pueblos árabes.
“En la actualidad, Israel controla más del 85% de los recursos hídricos en Palestina, eso indica a las claras que es una política racista, sin precedente a nivel internacional. Este año ha sido un año muy duro, la falta de agua se ha hecho notar en casi la totalidad de Cisjordania y Gaza. La reducción de las cuotas de agua está siendo enorme. Los colonos que ocupan territorios palestinos del 67 tienen acceso a casi 300 litros de agua diarios, mientras en Cisjordania el consumo apenas llega a los 40 litros por persona”, explica Rabi.
Otro ingrediente para este panorama es que los palestinos deben pagar por el agua, cuando los colonos israelíes tienen el agua subsidiada. “Los colonos tienen grandes piletas, mientras los palestinos sufren, además, el deterioro de sus pozos contaminados con aguas residuales. Los campesinos palestinos denuncian que Israel tapa los pequeños pozos que utilizan para darle de beber a sus animales”.
“Cuando pagás por el agua el precio que se paga en Israel, la gente sale corriendo a ser más eficiente ¿por qué? porque es mucho, el costo es alto”, sostiene el argentino-israelí Diego Berger, coordinador de Proyectos Especiales de Mekorot, al que muchos señalan como el principal promotor de los negocios de la empresa en el país. Esta es la lógica, un agua mercantilizada para quien pueda pagarla.
“El milagro israelí del agua consiste en robar agua de las Alturas del Golán y de las Granjas Shebaa (un territorio ocupado por Israel en la frontera entre Líbano y Siria), que les permite acceder con facilidad al recurso. Están depredando el río Jordán, lo están casi dejando seco”. Esta milagrosa ‘tecnología’ es la que utiliza el estado israelí para promocionar a su empresa hídrica.
“La misión argentina que viajó a Israel fue una bofetada. Se sabe que esta empresa está catalogada dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como una de las empresas responsables del apartheid en Palestina”, concluye Rabi.
Antecedentes de Mekorot en Argentina
“Mekorot, como muchas empresas de Israel, tiene una fuerte incidencia en todo el territorio argentino porque la embajada israelí tiene un rol bastante activo desde hace tiempo en nuestro país. Mekorot tuvo convenios con la provincia de Santa Cruz y en Córdoba hizo un trabajo de consultoría en una planta de tratamiento de aguas residuales. En el 2011, en la provincia de Buenos Aires, hubo un intento un poco más ambicioso de construir en la ciudad de La Plata una planta potabilizadora de aguas con una licitación bastante amañada, un contrato por 170 millones de dólares”, cuenta a Canal Abierto Silvia Ferreyra, militante ambiental y participante de la multisectorial ¡Fuera Mekorot!.
En el caso mencionado, a través de pedidos de informes y de investigaciones posteriores quedó demostrado que la empresa había tenido una incidencia muy fuerte en la elaboración de los pliegos de la licitación. Ese contrato pudo detenerse por la movilización y la denuncia de distintos sectores: las organizaciones de la diáspora palestina, ATE y la CTA y algunos legisladores provinciales. “Se armó un proceso de debate, de movilización, de difusión y se pudo frenar ese contrato. No sólo por las irregularidades sino por lo que implicaba que el Estado provincial convenio con una empresa condenada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y, además, por el modelo de gestión que propone para la gestión de los recursos hídricos que implica la mercantilización del agua ”.
Tras el viaje de egresados de los gobernadores a Israel, se empezaron a firmar convenios entre las provincias participantes y la empresa. “Con la intermediación del Consejo Federal de Inversiones, las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz firmaron de manera directa con Mekorot para poder recibir los servicios de la empresa. Posteriormente, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Santiago del Estero y Santa Fe firmaron también convenios para las mismas tareas. Casi todos los convenios son para diseñar los planes maestros de aguas de las provincias, para poder adecuar la normativa legal a los cambios que sea necesario a hacer y otros proyectos menores.
Desde la campaña Fuera Mekorot y distintas organizaciones que luchan por el agua en estas provincias, se hicieron pedidos de informes para conseguir información sobre los convenios. “Nos interesa saber cuál es el alcance, cuál es la contraparte, qué compromisos hacen los gobiernos en relación a esta asesoría, quién paga. Sobre todo sabiendo que en Argentina nosotros tenemos un montón de organismos que tienen especialistas y profesionales de larga trayectoria en la materia de recursos hídricos que podrían brindar los mismos servicios –el INA (Instituto Nacional del Agua), el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), y otros–. Nunca nos otorgaron la letra de los convenios. Lo único que logramos del CFI es una respuesta que dice que ellos no están obligados a responder porque no están alcanzados por la Ley de Acceso a la Información Pública, porque son un ente autárquico y no tienen obligación de rendir cuentas”, explica Ferreyra.
El agua como mercancía
El modelo de gestión que propone la empresa israelí postula que toda la inversión sea abonada por los usuarios a través de la tarifa. Son los usuarios los que amortizan la inversión de la empresa. También propone un esquema de dos aguas: un agua potable de mayor calidad, a un costo mayor, y un agua corriente de menor calidad, proveniente del reciclaje de los residuos cloacales y de las aguas residuales, que se utiliza para el riego, usos industriales y otros. “Entonces, es el mercado el que regula el uso entre una y otra calidad del agua, sabiendo que eso perjudica a los sectores de menores recursos, que tienen más a mano un agua de menor calidad por un menor precio. Es la tarifa la que regula el consumo de agua”, concluye la referente de ¡Fuera Mekorot!.
[mks_toggle title=»Fuera Mekorot» state=»open»]De la multisectorial Fuera Mekorot participan: Asamblea Agüita Pura Para San Juan; Asamblea El Algarrobo y Asamblea Pucara (Catamarca); Asamblea Riojana Capital; Asamblea Las Heras Por El Agua; Asamblea Socioambiental de Guaymallén; El Foro Río De La Plata; APDH; Liga Argentina por los DDHH; BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) Argentina; Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino; Comisión Sur por Palestina – Federación de Entidades Argentino Palestinas; Tribuna Ambiental; Ambiente En Lucha; Red Ecosocialista; Instituto Futaleufu; Tierra Para Vivir; Marabunta; Corriente Nuestra Patria; Coordinadora Basta De Falsas Soluciones (Bfs); Asamblea de Choyacatamarca; Asamblea Permanente del Comahue Por El Agua; Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U).[/mks_toggle]
Foto principal: Eyad Al Baba / APA images
Este artículo analiza la llegada de la empresa estatal israelí Mekorot a Argentina para llevar a cabo un plan de manejo de agua en diez provincias, con la idea de centralizar la gestión del agua a nivel nacional en manos privadas. A pesar de las promesas de acabar con la sequía y la "cultura de la abundancia", se generan críticas desde las comunidades por considerar que se trata de megaobras inconsultas diseñadas para beneficiar a las empresas.
Mekorot, empresa estatal de aguas de Israel, ha sido denunciada por la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino.
La empresa desembarcó en Argentina con la promesa de solucionar la crisis del agua causada por la sequía y el cambio climático.
El acuerdo entre el Consejo Federal de Inversiones y Mekorot para asistir técnicamente a las provincias en el desarrollo de planes de gestión del agua carece de transparencia.
Existen críticas y denuncias de parte de asambleas ambientalistas locales respecto a la falta de consulta a las comunidades afectadas por los proyectos de Mekorot.
La empresa opera con un modus operandi poco sofisticado que consiste en ofrecer asesoramiento para la formulación de planes hídricos adaptados a diferentes contextos.
Se han realizado subcontrataciones de expertos y consultores locales para implementar los planes de Mekorot en Argentina.
La Campaña Fuera Mekorot se ha articulado para oponerse a la presencia de la empresa en Argentina y ha logrado suspender proyectos anteriores en el país.
Mekorot cuenta con antecedentes de violación de derechos humanos en Palestina, siendo acusada de restringir el acceso al agua de las comunidades palestinas.
La empresa ha sido condenada por la ONU por reducir el suministro de agua a los palestinos en favor de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos.
Las comunidades locales afectadas ven la llegada de Mekorot como una amenaza a sus territorios y denuncian la privatización del agua y el saqueo de recursos.
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