"Si al Ángel de la muerte y otros 10 represores van a visitar." (Si a los genocidas piensan liberar) CUECA de EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
Con la MELODIA de No me diga que no sin pensar,
(Si esta cueca no sale a bailar) popularizada por Los Chalchaleros
"Si al Ángel de la muerte
y otros diez represores
van a visitar."
(Si a los genocidas piensan liberar)
CUECA
de EL JUGLAR DE LA LIBERTAD
RECITADO:
"En esta cueca me voy a dirigir.
Al diputado Beltrán Benedit
Que vergüenza para mi pais
su renuncia pronto hay que exigir
A Fernanda Araujo, Alida Ferreyra,
Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta,
y a Rocio Bonacci diz que fue engañada
que denuncie y renuncie a su banca."
I
Si a diez represores van a visitar
secuestradores, genocidas, sin mas
¿Adonde ha quedado aquella libertad?
o era solamente una fachada nomas?
Genocidio aquí, genocidio allá,
creo que es mejor, que renuncien ya
si a torturadores piensan excarcelar,
sera el fin de su carrera liberal.
Si a diez represores piensan liberar
Mi pueblo no lo va a tolerar.
Sonriendo aquí, sonriendo allá
como Villarruel, que calamidad
Si a estos genocidas van a visitar
No se crea que esto se va a olvidar.
Y ahora encima lo quieren negar
y se cagan en el nunca más,
que no habian nacido, que bla, bla, bla
que pobres viejitos, ay, ay, ay, ay
Si a diez genocidas piensan liberar,
Argentina no lo permitirá!
RECITADO:
"Y si a aquellos monstruos reivindican ya
su renuncia pediremos sin mas!
no me obligue usted, se imaginará
por apologista y por criminal
Y si pronto, pronto no renuncian ya,
sepa que habrá escrache popular."
II
Al angel de la muerte que han ido a abrazar
Alfredo Astiz, genocida total
Adolfo Donda, Antonio Pernias,
ciento por ciento criminales genocidas,
De carcel comun, no saldrán jamas
pues su crimen es de lesa humanidad
Siquiera lo sueñen, pues nunca saldrán
a la domiciliaria le decimos nunca más
Raul Guglielminetti, siniestro total
El cura Marcote y Martinez Ruiz
Suarez Mason hijo, Cesar Arguello
Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez
Pa' quien no conozca su prontuario criminal
que se ponga un cachito a goglear.
ANÁLISIS LITERARIO DE LA OBRA:
Metáforas y figuras literarias:
Se pueden identificar metáforas que ligan a los genocidas con la muerte. Por ejemplo, "al Ángel de la muerte" se utiliza para representar el horror de los crímenes cometidos. Esta figura refuerza el dolor y la desesperación que sienten las víctimas y sus familias, así como la inminente amenaza a la justicia.
Personificación:
La canción personifica la muerte y el genocidio como agentes activos que son responsabilizados por las injusticias. Esto crea una conexión emocional que invita a la audiencia a reflexionar sobre el impacto de estos actos en la sociedad.
Comparaciones:
Se establece una comparación entre la figura de genocidas y la representación del sistema político que intenta justificar o minimizar sus crímenes. Estas comparaciones enfatizan la gravedad del asunto y generan una crítica más profunda hacia la impunidad.
Tono:
El tono predominante es de indignación y resistencia. Esta mezcla de ira y desafío influye en la percepción del mensaje, convirtiéndolo en un llamado a la acción.
Temas principales:
Los temas de memoria, justicia social y derechos humanos están presentes. Se relacionan con el contexto sociopolítico de Argentina y América Latina, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
Intención del autor:
La intención del autor es denunciar la posible liberación de genocidas y exigir justicia. El mensaje central es que el pueblo no tolerará la impunidad.
Simbolismos:
La figura del "Ángel de la muerte" simboliza no solo la muerte física, sino también la muerte de la justicia. Esto enfatiza la lucha por la memoria y la justicia en sociedades que enfrentan un legado de violencia.
Estructura:
La obra se estructura en verso y prosa, alternando entre la narración recitada y las estrofas cantadas. Esta organización contribuye a la emotividad y ritmo, haciendo que el mensaje resuene con mayor impacto.
Repetición:
La repetición de frases y conceptos como "genocidas" y "nunca más" actúa como un mantra que subraya la urgencia del mensaje y la determinación del pueblo.
Contexto actual:
La canción resuena en un contexto de contínuas luchas por derechos humanos en Argentina y otras partes del mundo. El mensaje de nunca olvidar y luchar por la justicia es relevante de manera atemporal.
Biografía del autor:
El autor, conocido como "El Juglar de la Libertad", es un artista comprometido con causas sociales, y su obra a menudo refleja su activismo. Este compromiso se manifiesta en las letras y en el tono de sus canciones.
Influencia de otras obras:
Otras obras del autor suelen centrarse en la justicia social y los derechos humanos, lo que refuerza el impacto de "El Juglar de la Libertad" en el contexto político y social.
ANÁLISIS POLÍTICO DE LA OBRA:
Mensaje:
El poema canción transmite un mensaje de resistencia contra la impunidad y un llamado a la justicia social.
Ideología:
La ideología es claramente revolucionaria de izquierda y reivindicativa de los derechos humanos, proponiendo un rechazo a las injusticias históricas y apoyando la memoria y la lucha.
Repercusión:
Puede tener repercusiones significativas en medios físicos y virtuales, generando debates sobre derechos humanos y reconciliación en el ámbito político argentino.
Críticas:
Puede generar críticas tanto de sectores conservadores que podrían considerarlo divisivo, como de movimientos revolucionarios que apoyen su mensaje.
Relación con la situación actual:
La obra se conecta con las luchas contemporáneas por justicia en Argentina y América Latina, resonando con otras luchas globales por derechos humanos.
Estilo literario:
El estilo es directo y figurativo, combinando poesía y protesta. El mensaje es claro y contundente.
Melodía:
Se podría imaginar una melodía tradicional de cueca que enfatice el carácter popular y festivo, pero con un tono sombrío que refleje la gravedad del mensaje.
Conclusión:
La obra tiene un fuerte mensaje de resistencia y justicia que puede movilizar a las personas y crear conciencia sobre las injusticias pasadas y presentes.
TIPO DE CANCIÓN MILITANTE: (Según decálogo)
Tipo predominante:
La obra se alinea con el NRO 2, "Latinoamericanista", ya que busca la unidad cultural y política ante las injusticias. Se justifica con la frase "Mi pueblo no lo va a tolerar" que llama a la acción colectiva.
Caracterización adicional:
Se podría incluir una caracterización “interseccional” que aborde cómo diferentes formas de opresión se cruzan, especialmente en el contexto del patriarcado y la lucha indígena.
Otra característica:
Una característica relevante podría ser el "giro decolonial", que aborde las luchas contra el colonialismo y la opresión sistémica en el siglo XXI.
Artistas emparentados:
La obra podría compararse con la música de Víctor Jara y Mercedes Sosa, quienes también abordaban temas de justicia social y derechos humanos a través de su arte.
Tipo de obra del autor:
El Juglar de la Libertad tiende a crear obras que son profundamente políticas y sociales, con un enfoque en la denuncia y la resistencia. Sus otros trabajos también suelen estar vinculados a luchas históricas y derechos humanos.
CONCLUSIONES:
Tipo de historia:
La obra relata una historia de lucha, resistencia y denuncia frente a la impunidad de los crímenes de la dictadura en Argentina.
Ideología:
La ideología es claramente revolucionaria de izquierda, buscando justicia y la no repetición de crímenes históricos.
Análisis:
Se puede analizar que la obra no solo busca recordar, sino también activar la memoria colectiva contra la posible repetición de la historia.
Duración:
La duración podría variar, pero en un formato musical, podría durar entre 3 y 4 minutos, adaptable a la letra.
Temas:
Los temas abarcan derechos humanos, justicia social, memoria histórica y resistencia.
Conclusiones finales:
La obra es un poderoso llamado a la justicia y la memoria, resonando en un contexto contemporáneo de lucha por derechos y en la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva.
Este análisis busca ofrecer una visión amplia sobre el impacto de la obra de "El Juglar de la Libertad", tanto en lo literario como en lo político, y su relevancia en la lucha por la justicia y los derechos humanos.
DECALOGO DE LA CANCION MILITANTE
(Segun Carlos Molinero)
NRO 1. Indigenista: en favor de los pueblos originarios.
NRO 2. (Latino) americanista: unidad cultural, social y política
NRO 3: Esperanzadora: representan fe social o política en el sentido de trazar un horizonte y asegurar su logro.
NRO 4: Reinterpretativa histórica: no tratan la historia de modo tradicional
NRO 5: Pacífica combatiente: doble visión de la violencia justificada o no, según quién la ejecute. Confronta con Las Guerras del imperialismo más no con las de liberación nacional o Guerrilleras.
NRO. 6: De denuncia o reinterpretativa social: retrato sobre la injusticia, sin propuesta de cambio explícita.
NRO 7: Del liderazgo y protagonismo social
Siempre implícita una propuesta de cambio y un sujeto individual o colectivo que actúe que lo conduzca.
NRO 8: De la inmortalidad militante o religiosidad no religiosa: expresan una necesaria glorificación cuasi religiosa del que muere o se sacrifica en función de una causa popular. Su punto más alto se alcanzará con la muerte en combate guerrillero por la revolución nacional, socialista o americana.
NRO 9: del protagonismo de la canción: ella misma se hace sujeto de la revolución, al igual que la voz resultará al fin protagonista no acompañante.
NRO 10: radicalizacion politica: adscripción directa de la canción militante a específicas políticas partidarias o sectoriales en los casos más comprometidos.
NRO 11: De género o diversidad: no demasiado utilizada en la decada del 70 aunque así con antecedentes en la presencia de la mujer combatiente por eso y aunque es un repaso de Héroes o heroínas
CHATGPT RESPONDE:
¿Como el arte y la musica en particular puede generar o ayudar a generar mayor conciencia y memoria colectiva como para evitar la apologia del terrorismo de Estado y visitas de diputados como los libertarios a represores con el objetivo evidente por parte de ellos de humanizarlos y excarcelarlos o transladarlos a prision domiciliaria?
El arte y la música tienen un poder transformador en la sociedad, actuando como herramientas efectivas para generar conciencia, memoria y resistencia. A continuación, se presentan algunas maneras en que estos elementos pueden ayudar a evitar la apología del terrorismo de Estado y las acciones de los representantes políticos que buscan humanizar a los represores:
1. Educación y Sensibilización:
La música puede servir como un medio educativo, creando conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad y las consecuencias trágicas del terrorismo de Estado. Canciones como la de "El Juglar de la Libertad" aportan información y perspectiva, recordando a las nuevas generaciones los abusos cometidos.
A través de letras que narran historias de víctimas y supervivientes, se fomenta la empatía y la comprensión, contrarrestando la tendencia a minimizar o justificar la violencia de Estado.
2. Activismo y Protesta:
La música implica un llamado a la acción y puede movilizar a las comunidades a organizarse contra la impunidad. Canciones de denuncia pueden ser utilizadas en manifestaciones y actos culturales, visualizando la resistencia contra la olvido.
Estas expresiones artísticas fomentan la cohesión social y un sentido de identidad compartida en la lucha por los derechos humanos, ofreciendo un espacio para que las voces disidentes se escuchen.
3. Memoria Colectiva:
La música ayuda a preservar la memoria histórica, recordando a aquellos que sufrieron bajo sistemas opresivos. Esto se convierte en un legado cultural que se transmite de generación en generación, evitando así que las injusticias se repitan.
Al revivir y contar las historias de las víctimas a través de canciones, se desafía la narrativa oficial que busca olvidar o deslegitimar el sufrimiento y la resistencia.
4. Crítica y Reflexión:
A través de su contenido crítico, la música puede cuestionar las decisiones y acciones de figuras políticas. La obra de "El Juglar de la Libertad" sirve como un vehículo para la reflexión sobre la ética y responsabilidad que tienen los representantes públicos.
Las canciones pueden hacer frente a la narrativa que intenta humanizar a los genocidas, presentando hechos y memorias que desafían las justificaciones engañosas.
5. Cultura Popular y Masividad:
La música, al ser parte de la cultura popular, tiene el potencial de alcanzar a audiencias masivas. Un mensaje de resistencia y justicia puede resonar en diversos estratos sociales, promoviendo una mayor conciencia colectiva.
A través de festivales, conciertos y plataformas digitales, la música puede abrir espacios democráticos para el diálogo sobre derechos humanos y justicia social.
6. Solidaridad Internacional:
A nivel mundial, el arte y la música pueden generar solidaridad con las luchas por la memoria y justicia. Canciones que abordan temas universales de opresión, resistencia y derechos humanos pueden construir puentes entre comunidades que enfrentan luchas similares en diferentes contextos.
Conclusión
El arte, y en particular la música, no solo permite la expresión de sentimientos y experiencias, sino que también actúa como un poderoso mecanismo de resistencia y memoria. Al abordar temas de justicia y derechos humanos desde una perspectiva emotiva y accesible, se pueden desafiar tanto la apología del terrorismo de Estado como las tácticas de deshumanización empleadas por sectores políticos. Es fundamental continuar utilizando estas herramientas para fomentar un futuro donde la memoria y la verdad prevalezcan sobre la impunidad y el olvido.
La imagen muestra un grupo de personas posando juntas, con etiquetas que indican sus nombres. Se puede observar una variedad de edades y estilos de vestimenta. La mayoría de las personas parecen estar en un ambiente formal, posiblemente en un evento o reunión. Las etiquetas están claramente marcadas, lo que sugiere que cada persona tiene un rol o importancia específica en el contexto de la imagen.
Circula un proyecto de decreto que les entregaron los genocidas
El menú de los diputados amigos de Astiz: ideas para la domiciliaria e iniciativas para hacer caer las causas
En su visita al penal de Ezeiza, los represores esperaron a los legisladores de La Libertad Avanza con propuestas para irse a sus casas.
2 de agosto de 2024
Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, anfitriones de los diputados en el penal de Ezeiza.
Lo que pasó el 11 de julio en el penal de Ezeiza fue mucho más que una visita de diputados oficialistas empáticos con Alfredo Astiz y otros represores: fue un intercambio de iniciativas para frenar las causas por lesa humanidad y acelerar el proceso para que los condenados por delitos aberrantes se vayan a sus casas. Página/12 pudo comprobar que circula en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) un proyecto de decreto que salió de la usina de la Unidad 34 de Campo de Mayo, la otra cárcel que alberga a los genocidas de la última dictadura.
Los represores que están presos en Buenos Aires están alojados en dos unidades penitenciarias: la 31, de Ezeiza y la 34, de Campo de Mayo. Desde que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, estos dos lugares se convirtieron en destinos frecuentes para diputados y funcionarios.
El 7 de marzo pasado, el ministro de Defensa, Luis Petri, envió a dos de sus hombres a Campo de Mayo: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. Ambos regresaron, tal como reveló este diario, con un proyecto de decreto para hacer que las causas que están en trámite se caigan.
Pero la iniciativa no se quedó guardada en un cajón del Edificio Libertador. Circula entre los legisladores de LLA. La iniciativa es básicamente igual, solo que en la última versión se suprimió un artículo que ordenaba crear un observatorio sobre causas judiciales en el Ministerio de Justicia.
El proyecto de decreto se centra en lo que se denomina el plazo razonable para la tramitación de las causas. Si bien no hace una específica mención a los expedientes de lesa humanidad, tendría un impacto directo en estos. Dice que el Estado tiene un plazo máximo de 25 años para arribar a una sentencia definitiva frente a un delito. Ese plazo empieza a regir desde que se cometió el ilícito y puede suspenderse si hay una interrupción en la vida democrática. No se extiende a quienes están prófugos.
Astiz, por ejemplo, se infiltró en el incipiente movimiento de derechos humanos en 1977. Se hacía llamar Gustavo Niño y simulaba ser el hermano de un desaparecido. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, fue responsable del secuestro de doce personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz –entre las que se contaban tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas. Si se tomara desde la fecha del ilícito, el Estado hubiese tenido que abandonar sus ansias de juzgar a Astiz en 2002. Si se tomara desde el reinicio de la democracia, la fecha se extendería hasta 2008. Para entonces, el marino no tenía ninguna condena. Recién fue condenado por primera vez en 2011.
La propuesta emanada desde las usinas de represores o abogados amigos se da de bruces con la jurisprudencia. Los planteos sobre la violación del plazo razonable son frecuentes en los procesos de lesa humanidad. Sin ir más, lejos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tiene publicada su postura en su página web. “En nuestro país, el juzgamiento de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado ha afrontado dificultades excepcionales derivadas, en parte, del dominio de las estructuras estatales que –durante años- tuvieron sus autores, y también de las múltiples medidas que fueron articuladas para evitar represalias futuras y garantizar impunidad”, tiene dicho el supremo, que, además, destaca que el Estado argentino no viene juzgando a los perpetradores desde que se recuperó la democracia. Por el contrario, gozaron de muchos años de impunidad gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a los indultos de Carlos Menem –considerado un prócer por el presidente Milei.
Un proyecto para la domiciliaria
Dentro de la comitiva que fue a Ezeiza a verse con Astiz, hay dos diputadas díscolas o decididas a salvar su pellejo: Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Ambas relataron que durante la amable charla con Astiz y compañía, los diputados recibieron un proyecto por parte de los genocidas. Según Bonacci se trataba de una iniciativa para lograr la prisión domiciliaria de los mayores de 70 años.
Las estrategias de ambas no son del todo compatibles: Bonacci se presenta como la única integrante de la comitiva que se mantuvo distante y que no quiso salir en las fotos; Arrieta aduce temor pero los chats la condenan: este diario mostró que la diputada mendocina reivindicó la visita como una forma de conocer de “primera mano” la verdad.
En lo que coinciden ambas es enrostrarle toda la responsabilidad a Beltrán Benedit, el diputado que organizó la visita al penal de Ezeiza. Benedit, oriundo de Entre Ríos, es dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tiene alguna cercanía con la Unión de Promociones –una organización que impugna los juicios de lesa humanidad– y posee vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, abandera del reclamo militar. Según Bonacci, Benedit estaba pergeñando una reunión en la Casa Rosada para llevarle un proyecto --que él no le quiso revelar-- a Karina Milei después de la visita a Ezeiza.
“Tengo entendido que estaba haciendo un proyecto él con algunos asesores. No sé si había algunos diputados más involucrados”, dijo Arrieta en una entrevista sobre Benedit. “Lo que sí sé es que estaban llevando esta bandera, no sé si para indultarlos pero por lo menos para la prisión domiciliaria”, agregó.
El indulto es una facultad presidencial. Los diputados podrían en todo caso reformar el Código Procesal Penal que regula las formas de acceder al arresto domiciliario. Un día después de la asunción de Milei y Villarruel, la defensa de un genocida le pidió a Casación que dijera que cualquier persona por tener 70 años podía irse automáticamente a su casa. A esa iniciativa se sumaron la mayoría de los defensores particulares de los condenados por lesa humanidad.
Arrieta –que se hizo conocida por usar un patito en la cabeza y por decir que no conocía a Astiz porque nació en 1993– también relató que uno de los “internos” les dijo: “Bueno, acá nosotros les preparamos un proyecto. Tomen”. Y, según su relato, le pasó un sobre de papel madera a Benedit.
Bonacci dio una versión similar pero aportó nombres. Según ella, Raúl Guglielminetti le habría entregado un proyecto redactado en birome a Benedit. El papel tendría una leyenda: “ideas de prisión domiciliaria”. Guglielminetti es un exagente del Batallón de Inteligencia 601 que fue identificado cuando se recicló como custodio de Raúl Alfonsín. Está condenado a prisión perpetua y hace tiempo quiere volver a su casa.
Cuando trascendió el escándalo de la visita, el juez Adrián Grünberg, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que lo condenó, preguntó qué visitas había recibido Guglielminetti. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que depende de Patricia Bullrich– contestó que únicamente había recibido a su esposa y a dos amigos.
Es curioso porque ahora, al menos, una de las diputadas dice que estuvo con Guglielminetti y hasta vio cómo aportaba una iniciativa para lograr la pronta vuelta a casa de los genocidas que están presos. No son muchos. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), son 134. Según un pedido de acceso a la información que el Ministerio de Seguridad le contestó a este diario, el SPF solo tiene 32 internos con condenas firmes por crímenes contra la humanidad. Entre ellos, las estrellas de la visita de los diputados, Astiz y Guglielminetti.
Quién es el santacruceño que visitó a Astiz y los demás represores en Ezeiza
Ligado al campo, aparece parado detrás de los diputados de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit y Lourdes Arrieta. En la imagen, con fondo de capilla, hay más de diez represores condenados por delitos de lesa humanidad.
Por La Opinión Austral
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Antes de que inicia la sesión de la Cámara baja en la que se debatiría la creación de una comisión especial para evaluar la expulsión de los legisladores nacionales que acudieron al penal de Ezeiza a visitar a un grupo de represores condenados por delitosde lesa humanidad, circuló la foto que retrató el momento del encuentro.
En la imagen, aparecen los diputados de La Libertad AvanzaLourdes Arrieta junto a sus compañeros de bloque Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra.
Con fondo de capilla, en la imagen se los ve, por ejemplo, a Alfredo Astiz, apodado el “Ángel de la muerte”, condenado por secuestros y torturas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); y a Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la ex diputada Victoria Donda.
La foto de los diputados libertarios con los represores, tomada el 11 de julio pasado en el penal de Ezeiza.
La “foto de familia” es más amplia y la mayoría de los que allí aparecen fueron identificados con información aportada por la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S). Sin embargo, entre ellos, aparece una figura que no lograron reconocer y hasta figuraba con un nombre equívoco. Se trata del santacruceño Marcos Williams, un hombre siempre ligado al campo y que, actualmente, es parte del cuerpo de asesores del legislador libertario Beltrán Benedit.
Williams es conocido en Santa Cruz por su trabajo en el plano agropecuario. En 2016 fue designado vocal en representación del sector agropecuario en el Directorio del Consejo Agrario Provincial, también delegado del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Santa Cruz e integrante de la Confederaciones Rurales Argentina.
Marcos Williams, ex delegado de RENATRE en Santa Cruz
Los demás represores de la foto
Además de Astíz y Donda, en la imagen aparecen Antonio Pernías (alias “Trueno” o “Rata”), quien fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA, mientras que también se puede ver a Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
En la segunda fila de la foto están Mario “El Cura” Marcote, miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario; Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti; Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti; Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo y Julio César Argüello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”.
Además, en la foto se puede ver a Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor; Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA; y Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
Una de las diputadas libertarias que estuvo con Alfredo Astiz en la carcel sugirió que Martín Menem y la Casa Rosada sabían de la visita
Rocío Bonacci admitió que evalúa apartarse del bloque de La Libertad Avanza porque se sintió “engañada” sobre los verdaderos motivos de la visita al penal; su colega Lourdes Arrieta también analiza dar un portazo
10 minutos de lectura
Laura Serra
LA NACION
Rocío Bonacci integró la comitiva de diputados de La Libertad Avanza que visitó a represores en la carcel de Ezeiza@rociobonacci
La joven diputada, oriunda de Santa Fe, explicó que ella concurrió al penal de Ezeiza sin conocer el objetivo verdadero de la visita, ya que su organizador, su colega Beltrán Benedit, solo le había anticipado que se trataba de una visita “con fines humanitarios”. A raíz de este “engaño” y del escándalo posterior que se desató, Bonacci admitió que no descarta apartarse del bloque de La Libertad Avanza. La misma intención tendría otra de las concurrentes al penal de Ezeiza, la diputada de Mendoza Lourdes Arrieta.
El tema se discutirá hoy en una reunión de bloque de La Libertad Avanza, presidido por el cordobésGabriel Bornoroni. Será un encuentro tenso, ya que a la amenaza de una ruptura del bloque se suma lapresión de distintos bloques de la oposición para que una comisión ad-hoc investigue el accionar de los seis diputados que concurrieron al penal y, eventualmente, se imparta algún tipo de sanción disciplinaria.
El kirchnerismo pretende ir más a fondo e impulsarán la expulsión, al menos de los instigadores de la visita. Los bloques dialoguistas, empero, creen que la sanción no debería ser tan extrema.
El problema, en rigor, no es solo la visita a Ezeiza sino la justificación que esgrimió Benedit a sus colegas una vez que trascendió el encuentro. “Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional (...) Los cargos no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados”, enfatizó en un mensaje de Whatsapp.
Hasta ahora tanto Menem como Bornoroni se limitaron a despegarse de lo sucedido. “Son actos individuales de algunos diputados. No es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno”, aclaró Menem en diálogo con Javier Negre, del canal EDATV. Sin embargo, no condenó los hechos ni adelantó sanciones.
Sin embargo, los dichos de Menem no aplacan la turbulencia interna. El sábado pasado, durante una entrevista a un canal televisivo de Rosario, Bonacci admitió que fue “engañada” al penal de Rosario y sugirió que Menem estaba al tanto de la visita.
“Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, parece absurdo decirlo, primero porque era una vista con un buen objetivo de fondo, y segundo porque aparentemente tenía el OK de Menem y de Casa Rosada, de que esta visita estaba ok”, dijo.
A su regreso del penal, la legisladora se comunicó con Menem, según relató. “Compartimos una llamada telefónica de menos de 10 minutos, que la hice yo, para plantearle cuál era mi postura y de dónde venía mi enojo con mi compañero -relató-. En ese momento (Menem) desconocía un poco lo que estaba sucediendo porque había sido muy incipiente, según él, pero la realidad es que la visita se realizó con una combi oficial, eso se hace por medio de un pedido desde la aplicación de los diputados, y realmente tiene un OK dado desde Presidencia o desde la misma gestión, porque si no, no te habilitan un vehículo para trasladarte a donde vos quieras”.
La legisladora insistió en que ella concurrió al penal sin haber sido informada sobre los verdaderos objetivos de la visita. “Yo digo que sentí un engaño desde el momento que a mí no se me proporcionó la información completa del objetivo real de la visita. Yo hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque, le consulté cuál era el objetivo final de esa visita y no entró más en detalles que decir que era una visita humanitaria, que iba a ser muy importante, que iba a ser muy lindo, que teníamos que participar. De hecho, fue muy insistente con la invitación”, añadió.
Cuando Bonacci cayó en cuenta de cuál era el objetivo -entrevistarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad- ella prefirió no participar y se mantuvo aparte del encuentro.
La diputada santafecina admitió sentirse “engañada” por los colegas que organizaron la visita y no descartóapartarse del bloque de La Libertad Avanza. “A mí me genera demasiado malestar estar dentro de de este bloque de esta manera, con tanto secreto, con tanto ocultar información. Es incómodo humanamente quiero decir, y esto lo sabe tanto el presidente de la Cámara como el presidente del bloque. No definí todavía si me voy del bloque, pero lo estoy pensando”, dijo.
Micaela Lourdes Arrieta también evalúa apartarse del bloque de LLA
La visita a Ezeiza por parte de este grupo de diputados libertarios desató un cisma interno en la bancada, que mañana se reunirá para discutir este asunto. Ante la posibilidad cierta de que tanto Bonacci como Arrieta pegaran el portazo, la diputada Marcela Pagano se contactó con ambas para intentar contenerlas, sobre todo porque en la próxima sesión -prevista para el 7 del mes próximo- el kirchnerismo insistirá en que se conforme una comisión para que evalúe la conducta de los seis legisladores.
En el bloque libertario el clima es un hervidero. El diputado libertario Carlos D’Alessandro advirtió el jueves pasado que podría sumarse a la ofensiva del kirchnerismo si se crea una comisión para evaluar responsabilidades y sanciones contra los legisladores de su bloque que visitaron a Alfredo Astiz y otros represores condenados en el penal de Ezeiza.
“Entiendo que desde Unión por la Patria están impulsando la creación de una nueva comisión para, de alguna manera, tener este tipo de contralor sobre los diputados y sobre el daño que le pueda hacer al Poder Legislativo y, si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar”, planteó en una entrevista por el canal A24.
Hasta ahora ni Menem ni Bornoroni dieron señales sobre qué harán para preservar a su bancada de la embestida kirchnerista, la cual tendría el apoyo de sectores de los bloques de la oposición dialoguista. Fuentes oficialistas confiables deslizaron a LA NACION que la preocupación es creciente, sobre todo si las dos diputadas deciden finalmente dar un portazo. Significaría un fuerte golpe político a la autoridad de ambos en la Cámara de Diputados.
Justificaciones y silencio
Los restantes concurrentes al penal optaron por mantenerse en silencio. El único que justificó la visita fue su ideólogo, el diputado Benedit, cuando trascendió el escándalo.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION.
El mensaje de Beltrán Benedit en el que habla de pruebas "inventadas" contra los represores condenados
El mensaje telefónico de Benedit contiene, además, una suerte de autocuestionario que defiende sin tapujos a los detenidos, niega los crímenes probados por la Justicia y rechaza algunos consensos básicos alcanzados en democracia. “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.
Uno de los exmilitares detenidos con los que se reunieron los legisladores libertarios es Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco. En ausencia, Astiz también fue condenado a perpetua en Francia. El tema no formó parte del intercambio entre Javier Milei y su par de Francia, Emmanuel Macron, el viernes pasado, en París, según informaron fuentes oficiales del gobierno argentino.
Javier Milei con Emmanuel Macron en el G7Prensa
La visita a represores abroqueló de un mismo lado tanto al kirchnerismo como a referentes de la oposición dialoguista, que pidieron respuestas institucionales. La bancada que comanda el legislador santafesino Germán Martínez reclamó la conformación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”. Se le suma el proyecto de resolución de Gisela Marziotta, integrante del mismo bloque, donde pide la exclusión de los seis legisladores oficialistas de la Cámara, en función de lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional.
Cristian Ritondo, el líder del espacio Pro en Diputados, se sumó al repudio general y solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem, una “solución institucional”. Algo similar ocurrió con el radicalismo, que si bien no hizo una demanda concreta sobre medidas sancionatorias, condenó el accionar de los diputados libertarios a través de las redes sociales.
El diputado Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la PatriaMarcos Brindicci - LA NACION
Entrevistado por un medio digital español, Menem se limitó a despegarse de los hechos. “No es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”, aclaró en diálogo con Javier Negre, del canal EDATV. Sin embargo, no condenó los hechos ni adelantó sanciones.
Martín Menem, presidente de la Cámara de DiputadosMarcos Brindicci - LA NACION
La combi oficial
La polémica por el “Astiz gate” escaló cuando se conoció que los seis diputados libertarios se habían trasladado a Ezeiza en una de las combis que forman parte de la flota oficial de autos. Esto dejó desmarcado a Sharif Menem, quien oficia como director general. Entre otras cosas, el sobrino segundo del presidente del cuerpo está encargado de la autorización de uso de los vehículos de la Cámara baja.
Sin justificar el accionar de la media docena de diputados que pidieron la combi, fuentes cercanas a los Menem desligaron a Sharif de cualquier responsabilidad. Según explicaron a LA NACION, el sistema de solicitud de vehículos permite reservar un auto sin intervención de las autoridades siempre que sea para menos de cinco personas.
“El tema es que Benedit pidió un auto para cuatro personas y aclaró en los comentarios que iban más. Por eso se aprobó automáticamente, sin que nadie revisara el pedido”, precisaron. Tal como se detalla, hay capturas que evidencian que el legislador entrerriano ingresó en el sistema oficial un número menor de asistentes para concretar la reserva.
Capturas del sistema por el que Benedit solicitó un auto oficial de la Cámara de Diputados para ir a Ezeiza a visitar represores
Benedit aclaró en los comentarios de la reserva del vehículo que iban a ir más de cuatro personas
A través de una nota, el jefe del bloque UP pidió detalles sobre este procedimiento al presidente del cuerpo. “Debe dar precisiones sobre los hechos reseñados que hacen parecer que nos encontramos frente a una actividad institucional”, indica Martínez.
Se conoció la foto de la visita de diputados libertarios a Astiz y otros represores en Ezeiza
En la imagen se puede ver a una de las legisladoras que aseguró haber participado “engañada”. Quiénes son los detenidos
PorFederico Millenaar
06 Ago, 2024
Diputados de LLA visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza
Tras varias semanas de especulaciones y versiones cruzadas, finalmente salió a la luz la foto de los diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza.
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En la imagen se pueden ver:
Mario “El Cura” Marcote: miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario.
Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA.
Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti.
Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti.
Beltrán Benedit, diputado nacional LLA, sindicado como el organizador de la visita al penal de Ezeiza.
Lourdes Arrieta, diputada nacional LLA. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados.No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, sostuvo la semana pasada sobre el encuentro. Y, de manera insólita, agregó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran”.
Marcos Williams Prim, asesor del diputado Beltran Benedit.
Julio César Arguello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”
María Fernanda Araujo, diputada nacional LLA.
Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
Guillermo Montenegro, diputado nacional LLA. Ex asesor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
Alida Ferrerya, diputada nacional LLA.
Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda.
Antonio Pernías, (alias “Trueno” o “Rata”), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la Justicia durante casi 20 años.
El encuentro entre los legisladores y los represores había generado un fuerte cimbronazo en la bancada oficialista. De hecho, varios diputados salieron rápidamente a tomar distancia. En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que aclaró en varias oportunidades que no fue una actividad oficial, que no estaba al tanto de la visita y que se trató “una actividad particular” de un “grupo minoritario de diputados”.
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Bloque LLA (Adrián Escándar)
De hecho, en la última reunión de bloque, la semana pasada, intentaron unificar su discurso para evitar que la cuestión siga escalando mediáticamente. La estrategia no llegó a buen puerto debido a que dos diputadas continuaron haciendo declaraciones. Una fue Rocío Bonacci, quién no aparece en la imagen e insistió en que fue engañada por los diputados que organizaron la actividad, Beltrán Bénedit y Guillermo Montenegro.
La legisladora, además, aseguró que la reunión “tenía aparentemente el OK de Martín Menem y de Casa Rosada”.
Casi en simultáneo, la diputada Lourdes Arrieta también aseguró que fue “engañada” y que “no tenía idea” de quiénes eran los detenidos. “Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años”, dijo Arrieta.
Se conoció la foto de los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a Astiz y a otros represores en la cárcel de Ezeiza
A través de redes sociales se difundió la imagen que confirmó la visita de los legisladores libertarios a militares condenados por delitos de lesa humanidad
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LA NACION
Uno por uno, quiénes son los represores a los que visitaron en la cárcel de Ezeiza los diputados libertarios
Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de LLA y bloques opositores, fueron: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores. Algunos de ellos, como Astiz, condenados a prisión perpetua.
Quiénes son los represores que visitaron los diputados libertarios
Fuente: LA NACION
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION. Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió. En tanto, la mendocina Arrietaaseguró que fue “engañada” para asistir y que a algunos de los presentes no los conocía. “Tuve que googlearlos”, manifestó.
En la imagen, que fue difundida en redes sociales, se puede ver a la diputada Arrieta vistiendo un sobretodo anaranjado junto a los diputados Bénedir, Araujo, Montenegro y Ferreyra, ubicados en la primera fila.
Al lado de ellos, en el extremo derecho aparece Antonio Pernías quien fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Mientras que a su izquierda, se encuentra Miguel Britos, de chaleco azul, el cual fue condenado por delitos similares, pero correspondientes al circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo (ABO).
Justo por detrás aparecen Alfredo Astiz, apodado como el “Ángel de la muerte”, y Mario “El Cura” Marcote. Astiz fue condenado por el secuestro, tortura en la ESMA y desaparición de dos monjas francesas así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco. Mientras que Marcote a 17 años de cárcel tras haber sido miembro del Servicio de Informaciones de la última dictadura.
Alfredo Astiz escuchando su condena a prisión perpetuaVictor R. Caivano - AP
En la ESMA funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura que gobernó al país entre 1976 ya 1983 y se calcula que por allí pasaron unas 5000 personas que en su mayoría integran la nómina de desaparecidos.
A la derecha de Astiz, se logra identificar a otros represores que cuentan con 25 o más años de prisión: Carlos Martínez, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Arguello, y Raúl Guglielminetti. Este último está preso por haber cometido delitos de lesa humanidad durante su paso por los centros clandestinos de detención conocidos como ABO.
Guglielminetti fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal N°2 por los delitos de tormentos a Enrique Basile y privación ilegítima de la libertad de 68 prisioneros, algunos de ellos torturados.
Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason y Alfredo Astiz.Collage
Por último, integran la fotografía Juan Manuel Cordero, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) -conocido como “El hijo de Sam”- Gerardo Arraez y Adolfo Donda. Todos fueron juzgados por crímenes cometidos ya sea en el marco del Plan Cóndor, como por sus actividades en la ESMA o ABO.
La visita a represores abroqueló de un mismo lado tanto al kirchnerismo como a referentes de la oposición dialoguista, que pidieron respuestas institucionales. La bancada que comanda el legislador santafesino Germán Martínez reclamó la conformación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”. Se le suma el proyecto de resolución de Gisela Marziotta, integrante del mismo bloque, donde pide la exclusión de los seis legisladores oficialistas de la Cámara, en función de lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional.
Cristian Ritondo, líder del espacio Pro en Diputados, se sumó al repudio general y solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem, una “solución institucional”. Algo similar ocurrió con el radicalismo, que si bien no hizo una demanda concreta sobre medidas sancionatorias, condenó el accionar de los diputados libertarios a través de las redes sociales. El caso cobró mayor revuelo cuando se supo que se utilizó una combi oficial del Poder Legislativo.
Política
La oposición se unificará para sancionar a los diputados oficialistas que visitaron a Astiz
1 de agosto de 2024
La oposición se unificó para el avance en una sanción a los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron a Alfredo Astiz y a otros genocidas en la cárcel de Ezeiza.
El oficialismo trató de cerrar el tema tras la polémica que generó la visita, pero dentro del Congreso la oposición tiene planeado acercar posturas para sancionar de alguna manera a los legisladores Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra, que visitaron a los genocidas.
El tema recrudeció y se volvió a debatir tras las declaraciones de algunos de ellos. Lourdes Arrieta, por ejemplo, eligió excusarse diciendo que ella era de la generación del 90 y que por eso "no conocía" a Astiz: "Nací en 1993 y no tenía ni idea de quiénes eran (los genocidas)", dijo la diputada libertaria. El bloque libertario, a la cabeza de Martín Menem, dijo que se trató de una actividad particular de solo un grupo de diputados y que el hecho "no representa al oficialismo".
Sin embargo, desde que se conoció la insólita visita, el bloque de Unión por la Patria avanzó en que los legisladores sean sancionados. Por su parte, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, pidió que se condene su accionar y pidió llegar "hasta las últimas consecuencias" para sancionar a los legisladores.
"La visita, más allá de que se quiera disimular, es un escándalo enorme. Porque sí es institucional. Porque no es un grupo de amigos que se juntaron y fueron. Es un grupo de diputados de un bloque. Que fueron en un móvil de la Cámara de Diputados", dijo Yedlin en esa oportunidad.
Ahora, el radicalismo se suma al reclamo y definió que, si Unión por la Patria avanza en la búsqueda de que estose trate en la próxima sesión, que se llevará a cabo el miércoles 7 de agosto, "seguramente se acompañará". Con los 99 votos de UxP, más los 34 de la UCR y el bloque de izquierda ya tienen número para legislar.
Para avanzar, lo que se evalúa es nombrar una comisión que se encargue de analizar el accionar de los diputados libertarios y si se les debe imponer una sanción. Este grupo debe tener cinco integrantes, según el tamaño de los bloques. Si UxP busca avanzar con su proyecto de sanción, este puede caerse, porque ese expediente no pasó por comisión.
El encubrimiento de las FFAA a los represores de la dictadura
La historia del legajo de Alfredo Astiz que la Armada "perdió"
La carrera del marino se pudo reconstruir gracias a documentos que encontraron los equipos de archivistas que echó Luis Petri bajo la excusa de que "perseguían" a los militares.
PorLuciana Bertoia
Crónica de un escándalo
Viaje oficial, fotos, lágrimas de emoción y reproches cruzados: cómo fue la visita de los diputados a Astiz y otros represores
Escena a escena cómo se organizó y ocurrió el encuentro con los genocidas que encabezaron seis miembros de la bancada de La Libertad Avanza. Cuánto sabía Martín Menem, jefe de la Cámara baja, y las acusaciones cruzadas tras la repercusión. La insólita conclusión de una de las involucradas.
— Diputados de Milei visitaron a Astiz y otros genocidas de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza
— Milei y Menem, bajo presión en el Congreso para que se sancione a los diputados que visitaron a Astiz y otros represores
Bonacci, Araujo, Montenegro, Arrieta, Ferreyra y Benedit, los seis diputados de La Libertad Avanza que fueron al penal de Ezeiza a reunirse con represores.
Mauricio Caminos
@MauriCaminos
Un día después de haber visto a Javier Milei y Victoria Villarruel coronar el desfile militar del 9 de Julio arriba de un tanque de guerra, el diputado libertario Beltrán Benedit se decidió a enviar un mensaje por WhatsApp a sus compañeros de bancada. El grupo “BLOQUE DIP LLA”, que tiene como ícono a un león y una bandera argentina, suele tener actividad constante: es habitual que los legisladores libertarios compartan allí sus tuits o sus proyectos de ley o de resolución para mantener informado al resto. Pero lo que escribió el entrerriano esta vez fue diferente: hizo una invitación al resto de la bancada –en total de 38, incluido Martín Menem– para ir al penal de máxima seguridad de Ezeiza al día siguiente. Dijo que se trataba de una “visita humanitaria” para conocer cómo están los presos mayores de 70 años. Omitió decir que su idea original era visitar a Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos cometidos durante la dictadura, lo que en realidad sucedió y que en los últimos días generó un escándalo político que aún está latente en el Congreso.
Ese miércoles 10 de julio Benedit no se quedó conforme con el OK que algunos pocos le transmitieron por el chat. Con aires de insistencia, llamó a cada uno para asegurar su presencia. Cuando le preguntaron a qué presos iban a ver, volvió con el tema de “los +70 y sus derechos humanos”. Para dar garantías, en una de esas conversaciones privadas el diputado aseguró que tenía el aval de Menem. Mientras en el despacho del presidente de la Cámara baja niegan tajantemente que el riojano estuviera al tanto, otros legisladores que no aceptaron la invitación aseguran que “no podía no saber” y que, al menos, no desalentó la movida. Según una tercera fuente parlamentaria, Benedit le dijo a Menem que iba a Ezeiza “con otros diputados”.
Finalmente cinco legisladores oficialistas aceptaron hacer el viaje: Guillermo Montenegro, diputado por Buenos Aires y hasta principio de año mano derecha de Villarruel; Rocío Bonacci, de Santa Fe y conocida por haber presentado un proyecto para derogar la ley del aborto; Alida Ferreyra, de Capital Federal y quien entró al bloque casi por la ventana este año como suplente de Sandra Pettovello en la lista; la mendocina Lourdes Arrieta, que se volvió viral por haber asistido a una reunión de comisión con un patito amarillo “kawaii” y acusada de tener como aval para su partido provincial a personas fallecidas; y María Fernanda Araujo, hermana de un soldado caído en Malvinas y quien entró por la banca que dejó Villarruel cuando se convirtió en vice.
Benedit citó al grupo para el jueves 11 al mediodía en el Congreso. Su secretaria privada había pedido una combi a través del sistema interno que tienen todos los legisladores para gestionar sus viajes, generalmente al aeropuerto cuando viajan desde o hacia sus provincias. Le asignaronuna Renault Master Blanca, patente MBI 546. Es decir que la visita a Ezeiza fue un viaje oficial. Cerca de Menem afirmaron que el pedido es automático –tipo Uber–, pero uno de los diputados involucrados en el escándalo dijo que es desde Presidencia de la Cámara que terminan dando el OK final a los viajes: de hecho, detalló que se imprime un documento formal con el punto de partida, el horario y el destino al que tiene que dirigirse el chofer.
Fue en el viaje de una hora a Ezeiza que Benedit le reveló a sus compañeros de bancada a quiénes iban a ver en el penal. Ante la información hubo quienes se sorprendieron, pero nadie se bajó. No solo había diputados: también estaban sus asesores. Según consignó LaPoliticaOnLine el entrerriano aclaró a sus pares los requisitos para entrar al penal y quién era su contacto adentro: “Quienes quieran asistir enviarme foto y DNI para organizar ingreso con el Director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez (excelente colaborador)”. Martínez está en el cargo ad honorem desde marzo pasado por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es un viejo conocido suyo: fue número 2 del SPF durante la gestión de Mauricio Macri.
Pero más allá del contacto de alto nivel, llegar al penal no fue sencillo: hubo un momento de zozobra en la combi porque ni el chofer ni Benedit sabían exactamente por dónde tenían que entrar, supo elDiarioAR. Es que en la colectora Constituyentes de la autopista a Cañuelas el servicio penitenciario tiene varias cárceles. Públicamente se sabe que Astiz permanecía alojado en la “Unidad 31 – Centro Federal de Detención de Mujeres”, pero una de las fuentes involucradas comentó que la visita fue al Complejo Penitenciario Federal I, que es otro de los edificios del complejo penitenciario de Ezeiza.
Lo cierto es que una vez encontrado el ingreso, la comitiva cumplió estrictamente con los pasos de seguridad, como cualquier visitante de rigor. Pero al momento de iniciar el encuentro con los condenados hubo tensión entre los libertarios: la diputada Bonacci se apartó de sus compañeros. “Advertí que otros legisladores nacionales participantes de la visita a la Cárcel de Ezeiza tomarían contacto y dialogarían con internos procesados y/o condenados en causas por delitos de lesa humanidad y decidí mantenerme totalmente ajena a tal situación”, escribió en un comunicado que difundió en sus redes.
Milei y Benedit (a la derecha de todo) en una imagen de archivo.
Una de las pruebas que Bonacci dice tener a su favor es que ella no está en las fotos que se sacó el grupo con los represores. Esas imágenes aún no se conocieron y no solo estarían en poder de Benedit: también las tiene Araujo en su celular. ¿Se conocerán algún día? La pregunta solo la pueden responder ellos. Un miembro de la comitiva confirmó que Bonacci se mantuvo al margen junto con los asesores, pero que fue testigo del encuentro con los represores: “La diputada no se apartó. Solicitó no salir en las fotos”, dijo esa fuente.
La entrevista en sí con los genocidas fue en un salón común. Allí apareció Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura. Pero también participaron diez represores más, según los nombres que trascendieron: Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Juan Agustín Oyarzábal Navarro (ex oficial de la policía de Mendoza), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).
El encuentro de los diputados de Milei con los represores de la dictadura fue en excelentes términos. Hablaron entre todos. Los libertarios les llegaron a decir a los genocidas que “estaban interesados en escucharlos”, apuntó a elDiarioAR una voz que fue parte del viaje. La afinidad habría sido tal que hubo quienes vieron a algunos de los legisladores oficialistas con los ojos llorosos a la salida. Disfrutaron de toda una excursión al horror. Y además de la imagen con los represores, se fotografiaron con algunos guardiacárceles en la oficina donde fueron recibidos primero.
El viaje de regreso al Congreso fue un momento de catarsis. Bonacci interrumpió los comentarios de satisfacción por la visita y advirtió al grupo que podría haber “un quilombo”. No tuvo mucho eco entre sus pares: algunos siguieron la conversación como si nada y otros se refugiaron en sus teléfonos.
A las horas siguientes los diputados volvieron a su rutina. Hubo sin embargo curiosidades: por ejemplo la diputada Ferreyra el viernes 12 a las 13.11, exactamente 24 horas después de haber ido a Ezeiza, apareció por primera vez en su corta trayectoria parlamentaria en la pantalla de DiputadosTV, el canal oficial de la Cámara baja.Allí opinó sobre el reciente proyecto de baja de la edad de imputabilidad que presentó el Gobierno y habló de la situación en el SPF. Evitó mencionar la visita que había protagonizado el día anterior y que se mantenía entonces en secreto.
La noticia de la polémica entrevista con los represores no se supo hasta el miércoles pasado cuando dio la primicia LaPoliticaOnLine. Esa mañana Benedit cerró su teléfono a los periodistas pero en el grupo de WhatsApp escribió un incendiario mensaje: “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, buscó aclararle a sus pares. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”. Y dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura. Hizo alusión al propio Milei –“el presidente combate en la política a esta ideología terrorismomarxista”– y cerró de una manera muy particular: “Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia”. Ahí mismo se jactó de que había fotos de la visita y que pronto daría a conocer una nota, que hasta ahora no publicó.
El mensaje de WhatsApp que escribió Benedit en el grupo libertario al que accedió elDiarioAR de una fuente parlamentaria oficialista.
Nadie le respondió, pero luego otro de los diputados compartió en el grupo la repercusión en Clarín. Entonces Bonacci fue muy dura con Benedit y sus pares del viaje: “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. La verdad que para aplaudirlos, me recriminaron que siempre manejé el trámite legislativo sin consensuarlo previamente con el Ejecutivo, y en contraparte van y organizan una visita a Ezeiza para visitar a estos tipos”, escupió ante sus pares en un mensaje mucho más largo para cuestionarlos. Ferreyra recogió el guante y le contestó en ese momento: “¿A estos tipos? Nadie te obligó a estar ahí”, le escribió. Bonacci acusa a Benedit de haberla “emboscado”.
La escandalosa visita escaló a una crisis sin dimensiones, porque Menem ya recibió pedidos de hasta los bloques aliados para que sancione a sus diputados. Por ahora no tomó ninguna decisión, aunque sí habló con los involucrados. No hubo comunicaciones de Balcarce 50, pero Karina Milei fue al Congreso el jueves. Salvo el comunicado de Bonacci, tampoco se conocieron expresiones públicas del resto de los involucrados. Benedit, Montenegro y Araujo se llamaron a un sugestivo silencio. Arrieta apareció en el streaming libertario “El búnker de Milei”, donde no le preguntaron sobre el tema. elDiarioAR sí consiguió cruzar unos pocos mensajes con Ferreyra. “Por el momento no tengo nada que decir”, dijo sobre la visita a Astiz y otros represores en Ezeiza. Y ante la consulta de si estaba preocupada por las consecuencias políticas del repudiable episodio, se limitó a responder: “En una semana tengo mi casamiento. Esa es mi preocupación”.
MC/MG
Crónica
De la ESMA a Sudáfrica
Los días más felices
de los represores
A principios de los ochenta, la Armada Argentina ordenó el traslado de Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz y otros dos represores de la ESMA a Sudáfrica para esconderlos en medio de las denuncias internacionales por sus crímenes. Durante su estadía en el país del apartheid, las fuerzas armadas sudafricanas implementaron un nuevo método para eliminar a prisioneros de grupos disidentes: los vuelos de la muerte, una mecánica de aniquilamiento idéntica a la que se había usado en la ESMA. Amparados por una alianza militar entre ambos países, los marinos se reciclaron al otro lado del océano hasta que la prensa los descubrió. “En Sudáfrica pasé los días más felices de mi vida”, dijo una vez Astiz. Esta es la historia de la temporada sudafricana de los cuatro represores argentinos, llena de vacíos pero también de imágenes y testimonios inéditos.
Es febrero o marzo de 1979 y hay algo de lo que Jorge Acosta se arrepiente. Desde fines de 1976, Acosta, un capitán de corbeta que se hace llamar Tigre, dirige el centro clandestino de detención que funciona en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, uno de los mayores campos de exterminio de la dictadura militar argentina. Durante los últimos dos años y medio, Acosta ordenó el asesinato de cientos, miles de prisioneros y prisioneras: imposible saber cuántos exactamente, porque son arrojados al mar desde aviones en vuelos nocturnos. Pero Acosta también mantuvo con vida a unas pocas víctimas que fueron liberadas en los últimos meses. Y eso ahora, en febrero o marzo de 1979, es algo de lo que se arrepiente.
—Andaba súper rayado en esa época —recordará una sobreviviente de la ESMA, Amalia Larralde, treinta años después, en un juicio en el que Acosta y otros represores serán condenados a cadena perpetua por asesinatos, secuestros, torturas y robos—. Se estaba sintiendo solo, como largado por los mandos que lo habían soltado por dejar gente viva. Decía que habían construido un monstruo imposible de controlar. Daba órdenes y contraórdenes. Sus propios hombres se quejaban.
Desde 1977, Acosta puso en práctica lo que denominó un “proceso de recuperación” de decenas de detenidos: un experimento que, bajo el pretexto de convertirlos ideológicamente y eliminar la “subversión” de sus conciencias, los obligó a trabajar para el proyecto político del almirante Emilio Massera, jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar hasta 1978, cuando se retiró con la fantasía de lanzarse como candidato presidencial. El poder de Acosta, un oficial sin demasiadas luces ni méritos militares a quien el propio Massera describirá décadas más tarde como “un loco irracional con una bomba atómica en la cabeza”, emanó siempre de su relación sin intermediarios con el almirante. Con la venia de Massera, se sintió tan protegido como para mantener un “staff” de prisioneros vivos bajo sus órdenes, según él mismo los bautizó.
“El Tigre Acosta nos dijo que tendrían que habernos matado a todos, porque nosotros éramos tan hijos de puta que seguro íbamos a acusarlos en un Núremberg”.
Pero Massera ya no conduce la Armada, y la ESMA se convirtió en uno de los principales blancos de las denuncias internacionales contra la dictadura. Dos prisioneros, Horacio Maggio y Jaime Dri, lograron fugarse e identificar públicamente a algunos represores, entre ellos, Acosta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de anunciar una visita de inspección a Argentina y los veedores apuntan a la ESMA como prioridad. Desde el exilio, las víctimas liberadas empiezan a organizarse para escrachar a los victimarios. El círculo se cierra sobre Acosta. Demasiada visibilidad.
—Una noche nos dijo que ellos se habían equivocado, que tendrían que habernos matado a todos, porque nosotros éramos tan hijos de puta que seguro íbamos a acusarlos en un Núremberg —recordará otra sobreviviente, Adriana Marcus, en el juicio de 2010—. Pero dijo que él ya tenía armada su estrategia. Que nadie lo iba a encontrar, porque iba a estar en Sudáfrica.
***
Sudáfrica: a fines de los setenta, un país donde gobierna un régimen de segregación racial que mantiene una relación militar estratégica con la dictadura argentina. Los crímenes del apartheid contra la población negra aislaron a Sudáfrica en los foros internacionales. Para no transformarse en paria, el régimen sudafricano se acercó a las dictaduras de Sudamérica, en busca de aliados occidentales identificados con la causa anticomunista y sin pruritos sobre los derechos humanos. Desde el golpe de Estado de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas cortejan a Sudáfrica, en especial a través de la Armada, impulsora de un proyecto para crear la “Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS)”, una alianza hemisférica análoga a la OTAN de Estados Unidos y Europa. Además de Brasil, Uruguay y tal vez Chile, la Armada argentina quiere sumar a Sudáfrica a un frente naval común contra la penetración soviética en el Atlántico Sur. Los militares argentinos y sudafricanos dicen temer que los barcos de la Unión Soviética que incursionan en el océano austral provean armas a las guerrillas de ambos continentes. En Argentina, el almirante Massera es el gran promotor de la OTAS. Hacia 1979, el proyecto promete cooperación, camaradería y negocios por varios años entre la Armada argentina y la sudafricana.
El régimen sudafricano se acercó a las dictaduras de Sudamérica en busca de aliados occidentales identificados con la causa anticomunista.
Sudáfrica: a fines de los setenta, un país donde un marino como Jorge Acosta podría sentirse tranquilo, e incluso premiado, una vez concluida su temporada en la represión clandestina.
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El éxodo de oficiales de la ESMA no se reduce a Acosta. Un día de mediados de 1979, un guardia lleva al prisionero Carlos Lorkipanidse al “Dorado”, un salón donde el grupo de tareas suele planificar sus operativos. En el Dorado lo esperan la esposa y los hijos del contralmirante Rubén Chamorro, director de la ESMA, oficial muy cercano a Massera, por encima de Acosta en la estructura represiva. Desde que lo secuestraron en 1978, Lorkipanidse, de oficio fotocromista, debe colaborar en la confección de documentos falsos bajo las órdenes de los marinos. Esta vez le encargan que tome fotografías a cada miembro de la familia Chamorro.
—Chamorro se iba al exterior y necesitaban un juego de documentos falsos para su mujer y sus hijos —recuerda Lorkipanidse en una conversación telefónica en enero de 2022—. Me hicieron sacarles fotos de tres cuartos de perfil y de un costado y otro de la cara. Supongo que querían documentos con otras identidades por si alguna vez la cosa se ponía espesa y tenían que huir.
Entre mayo y junio de 1979, varios decretos confidenciales de la dictadura designan en puestos en otros países a la mayoría de los marinos que operaron en la ESMA. La eyección del grupo de tareas responde a una decisión política de la Armada, que necesita bajarle el perfil a su mayor centro clandestino. Es probable que Massera sea partícipe de la decisión, y es seguro que la decisión le conviene: preservar a sus hombres más comprometidos es preservarse a sí mismo.
La dictadura designó en puestos en otros países a la mayoría de los marinos que operaron en la ESMA. La eyección responde a una decisión política de la Armada, que necesita bajarle el perfil a su mayor centro clandestino.
El primer nombramiento es para Chamorro. Su destino: Sudáfrica, donde lo designan como agregado naval. Una semana después, la Armada inventa un cargo de “agregado naval ayudante” en la capital sudafricana, Pretoria, para un teniente de fragata joven y con cara de inocente, experto en infiltrarse entre potenciales víctimas, cuya fama de asesino maquinal y su verdadero nombre, Alfredo Astiz, han empezado a circular entre sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Astiz no es un masserista convencido, pero sí un comando bien entrenado que, bajo las órdenes de Acosta, se expuso como pocos en el frente de la “guerra contra la subversión”.
A los traslados de Chamorro y Astiz les siguen los de otros oficiales y suboficiales enviados a Estados Unidos, Inglaterra, España. Pronto llega el turno de Acosta, designado para la Comisión Naval Argentina en Europa, un órgano estratégico de la Armada con sede en Londres que se dedica a la compra de equipamiento naval. La Armada también designa en Londres a otros represores de la ESMA, entre ellos, el ex jefe de operaciones del grupo de tareas, Jorge Perren, un capitán de corbeta que se hace llamar Puma. A partir de ahora, Acosta y Perren seguirán el mismo derrotero por algunos años. Pero sus nombramientos en Londres no son más que una pantalla, letra muerta en un papel oficial. Ninguno pisará jamás Inglaterra. A ellos también los espera Sudáfrica.
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Rubén Chamorro y Alfredo Astiz viajan en los primeros días de junio de 1979. Ni el Ejército ni la Fuerza Aérea: la Armada es la única fuerza argentina con oficinas propias en Sudáfrica, ubicadas en una edificación discreta, estilo chalet, en el barrio pretoriano de Waterkloof, una zona de residencias diplomáticas, jacarandás y clubes de golf. Hace pocas semanas Chamorro y Astiz operaban un centro de exterminio, pero ahora son los máximos representantes de las Fuerzas Armadas argentinas ante un gobierno extranjero. Sus nombres aparecen en los registros oficiales, gozan de inmunidad diplomática, ganan mucho dinero, asisten a cócteles y eventos. Durante los primeros meses, todo resulta demasiado simple para ellos. Para Acosta y Perren, en cambio, el camino hasta Sudáfrica es más largo y sinuoso.
La secuencia se repite, esta vez con otros nombres: un día de mediados de 1979, un guardia lleva al prisionero Miguel Ángel Lauletta a una casa en Florida, en el norte del Gran Buenos Aires, cerca de la ESMA. En la casa lo espera la esposa de Acosta. Desde que lo secuestraron a fines de 1978, Lauletta, quien militaba en la organización armada peronista Montoneros y era uno de sus especialistas en falsificaciones, debe colaborar en la confección de documentos falsos bajo las órdenes de los marinos. Esta vez le encargan que le enseñe sus técnicas a la esposa de Acosta.
—Me pidieron que la entrenara para que pudiera falsificar documentos para ella, su marido y sus hijos —dice Lauletta en una conversación telefónica en enero de 2022—. Le di un curso para hacer cédulas de identidad, pasaportes y permisos de conducir internacionales. Se llevó muchos documentos en blanco, supongo que previendo que podrían tener alguna emergencia.
A fines de octubre de 1979, el diario El País publica que oficiales de la Armada Argentina, responsables de centenares de secuestros y asesinatos, estan en España cumpliendo misiones de inteligencia.
Acosta y su familia se preparan para abandonar el país, pero aún faltan algunos meses para Sudáfrica. Tanto él como Perren deben pasar primero por Europa. Aunque los destinaron a Londres, en realidad viajan a España, epicentro de las denuncias de los sobrevivientes exiliados contra la ESMA. En los legajos militares de ambos marinos figura un supuesto curso de entrenamiento en la Escuela de Guerra Naval española, con fecha en octubre de 1979. Pero Acosta y Perren nunca asisten al curso. Aunque se instalan en Madrid, sin aparecer en ningún registro de personal, siguen revistando oficialmente en Londres, donde mantienen sus cargos fantasmas y sus sueldos. La estadía en España reúne todas las características de una misión de inteligencia encubierta.
Casi en simultáneo a la salida de los marinos de Argentina, la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 1979, vuelve a poner el foco sobre la ESMA. Pocas semanas después, una nueva denuncia apunta directo contra Acosta y sus hombres: tres ex secuestradas, Ana María Martí, María Alicia Millia y Sara Solarz, ofrecen ante el Parlamento de Francia un relato minucioso sobre sus cautiverios, que más tarde se conocerá como el “testimonio de París” y que incluye una lista con nombres y descripciones de los miembros del grupo de tareas. La prensa europea se hace eco de la acusación de las tres mujeres. Luego de la conferencia de París, los sobrevivientes exiliados de la ESMA siguen esparciendo información en los medios. A fines de octubre de 1979, el diario español El País publica que oficiales de la Armada argentina, responsables de centenares de secuestros y asesinatos, están en España cumpliendo misiones de inteligencia y usando como cobertura supuestos cursos navales o cargos en la agregaduría militar. El artículo identifica con nombre y apellido a varios represores recién llegados a Madrid, entre ellos, Acosta y Perren.
Por primera vez desde el inicio de la dictadura, la circulación mediática de sus identidades y delitos pone a la defensiva a los marinos, tal como queda explicitado en el legajo de otro oficial de la ESMA en España, el teniente de fragata Néstor Savio, ex jefe de logística del grupo de tareas, en cuyas calificaciones el agregado naval argentino en Madrid anota: “Las publicaciones periodísticas difundidas en España que mencionaban sus actividades y su nombre lo perturbaron”. En las calificaciones sobre Acosta y Perren, el funcionario menciona tareas “sumamente intensas y difíciles”, llevadas a cabo en condiciones “muy especiales”, en torno a temas “con alto grado de reserva”, “en extremo delicados” y “muy conocidos” por el área de inteligencia de la Armada, posiblemente asociados a la vigilancia de sobrevivientes de la ESMA dispuestos a denunciar. Según el agregado naval, tras la aparición en la prensa de los nombres de los marinos, Acosta entendió que su permanencia en España “comprometía a la institución y al país” y aceptó regresar por un tiempo a Argentina.
Poco después, junto a Perren, Acosta por fin se embarcará hacia Sudáfrica, el destino que tiene en mente desde que sabe que llegó el momento de buscar guarida.
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En abril de 1980, los diarios sudafricanos reproducen una noticia de las agencias internacionales: el gobierno de Suecia ha difundido el nombre y el cargo actual de un marino argentino al que señala como autor del disparo que derribó a Dagmar Hagelin, una chica de 17 años de familia sueca, baleada y secuestrada por el grupo de tareas de la ESMA en enero de 1977, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El oficial apuntado se llama Alfredo Astiz y es agregado naval ayudante de Argentina en Pretoria.
El reclamo sueco a la dictadura argentina comenzó el mismo día del secuestro de Hagelin, cuando su padre hojeó en la comisaría un acta donde figuraba que el operativo había sido ejecutado por personal de la ESMA. El caso se convirtió de inmediato en un conflicto diplomático de alto nivel. El secuestro había sido grotesco. Le dispararon en plena calle, a plena luz del día, a la vista de los vecinos, a una chica de 17 años que, en realidad, no era a quien buscaban. El día anterior habían secuestrado a una militante de Montoneros, Norma Burgos, que había confesado que se reuniría en su casa con una compañera, Antonia Berger. Los marinos montaron guardia y esperaron a Berger, pero la que llegó fue Hagelin. Cuando vio a los militares, la chica se asustó y corrió. Según el relato de los vecinos, un oficial rubio apostó una rodilla en el piso, le apuntó a Hagelin y le disparó por la espalda. Se la llevaron viva y consciente en un auto hacia la ESMA. Recién después de capturarla, los marinos supieron que se habían confundido de persona.
Suecia protestó durante tres años por el caso Hagelin. El primer ministro envió varias cartas al dictador Jorge Videla, todas respondidas con telegramas: “No existe ninguna información fidedigna sobre que la señorita Hagelin fuera arrestada por orden de las autoridades”. En octubre de 1979, el “testimonio de París” dio a conocer un dato nuevo: Norma Burgos, la amiga de Hagelin a la que también habían secuestrado, estaba viva y en Madrid. Los suecos se entrevistaron con Burgos y ella les dijo que había visto a Dagmar en la enfermería de la ESMA, que estaba herida en la cabeza pero recuperándose y que, unos días después de su secuestro, la habían sacado del centro clandestino y nunca habían vuelto a traerla. Burgos, parte de esa “gente viva” que el grupo de tareas se arrepiente de no haber eliminado, reveló que Alfredo Astiz había liderado el operativo y que él mismo le había contado sobre el disparo a Dagmar. En las semanas siguientes, las autoridades suecas averiguaron vida y obra del tal Astiz, hasta que dieron con su destino en Sudáfrica y divulgaron su nombre a la prensa.
Primeras revelaciones en la prensa de Sudáfrica sobre la presencia de Astiz, Chamorro, Acosta y Perren en el país del ‘apartheid’.
Así que ahora los diarios sudafricanos publican que el agregado naval ayudante de Argentina en Pretoria es un represor reclamado por un gobierno europeo. Pero Astiz no tiene mucho de qué preocuparse: el régimen sudafricano le garantiza protección. Un par de días después de la denuncia sueca, el encargado de la embajada argentina en Sudáfrica, Alfredo Oliva Day, envía un cable secreto a Buenos Aires en el que informa sobre una reunión que mantuvo con un representante de la Cancillería sudafricana. “Me manifestó que el gobierno de Sudáfrica no asigna trascendencia alguna a la información de origen sueco −tranquiliza Oliva Day−. Únicamente en caso de requerirse explicaciones por parte de la prensa local, aquellas se limitarán a destacar la respuesta del gobierno argentino al sueco”.
Un periodista del diario Sunday Tribune aborda a Rubén Chamorro en Pretoria y le pregunta por Astiz: “Lo mandé de vacaciones”, responde Chamorro.
La prensa local, de hecho, requiere explicaciones, y no sólo al gobierno sudafricano sino también a la agregaduría naval argentina. Un periodista del diario Sunday Tribune aborda a Rubén Chamorro en Pretoria y le pregunta por Astiz. “Lo mandé de vacaciones”, responde Chamorro, y se permite opinar sobre el caso: “Dagmar Hagelin no es ninguna dama inocente. Es una terrorista”. El gobierno de Suecia reacciona: sus voceros difunden en los medios que Chamorro, superior de Astiz en la capital sudafricana, es el ex comandante del grupo de tareas que secuestró a Hagelin. La diplomacia sueca exige a la Armada argentina que le permita interrogar a Chamorro en Pretoria. Pero eso jamás ocurre. Aunque ahora se conoce públicamente su paradero, los hombres de la ESMA están a resguardo en Sudáfrica.
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Jorge Acosta y Jorge Perren llegan a Ciudad del Cabo en la primera mitad de 1980. No se sabe el momento exacto porque en sus legajos las fechas de llegada fueron enmendadas a mano. El primer indicio fiable de su presencia en Sudáfrica data de junio de 1980: en los legajos se adjuntan dos informes de calificaciones firmados por un oficial sudafricano sobre la participación de Acosta y Perren en un curso de comando naval en la Escuela de Estado Mayor de la Armada de Sudáfrica, conocida por su nombre en inglés, South African Naval Staff College, donde marinos sudafricanos reciben instrucción en estrategia y liderazgo para acceder a puestos de mando. La Escuela también suele recibir a oficiales extranjeros que toman cursos por algunos meses.
En las calificaciones de Perren, el director de la Escuela destaca que “en los trabajos en pequeños grupos hizo aportes muy significativos” y que “su experiencia y sus conocimientos operacionales fueron muy valiosos para su equipo”. Hacia 1980, Jorge Perren no tiene otros conocimientos operacionales que los que adquirió como jefe de los operativos de secuestro del grupo de tareas de la ESMA, durante una “guerra contra la subversión” de la dictadura argentina que se parece en escencia a la que ahora libra el régimen sudafricano para aniquilar a la resistencia política contra el apartheid.
Para la Armada de Sudáfrica, una institución que desde principios de siglo cumplió el modesto papel de guardia costera, pero que ahora quiere ofrecerse como centinela anticomunista en el sur de África, los saberes prácticos de un militar como Perren contienen un valor que pronto merece reconocimiento. En octubre de 1980, en la evaluación sobre Perren como cursante de la Escuela sudafricana, el agregado naval Chamorro informa: “El capitán Perren se ha distinguido sobre sus colegas sudafricanos a tal punto que existe un pedido formal para que continúe prestando sus servicios en la Escuela durante el año próximo, pero esta vez en carácter de profesor”.
Informes de la South African Naval Staff College sobre el desempeño de Jorge Acosta como cursante de la Escuela en 1980.
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Es un mediodía del invierno de 2021 cuando el contralmirante retirado sudafricano André Rudman se conecta en videollamada desde el bar del Seven Seas Club, uno de los centros navales más antiguos de Sudáfrica, en la bahía de Simon, a pocos kilómetros de Ciudad del Cabo. Rudman, presidente honorario del club, sería un octagenario de aspecto promedio si no fuera por un parche negro que le tapa completamente el ojo derecho, lo que le da aspecto de viejo lobo de mar. Como cualquier oficial que prestó servicios en las fuerzas armadas sudafricanas durante el apartheid, Rudman es un hombre caucásico. También sus colegas que lo acompañan hoy en el bar, los contralmirantes retirados Arné Söderlund y Theo Honiball, otros dos veteranos que participan en la entrevista y se muestran simpáticos, aunque casi siempre dejan que hable Rudman.
Rudman fue director de la SA Naval Staff College en 1980: es el oficial que supervisó y calificó a Acosta y Perren como cursantes en la Escuela. Según dice, los dos marinos argentinos llegaron a ser “muy buenos amigos” suyos.
—Sólo tengo buenos recuerdos de esos caballeros. Me gustaban mucho. Estaban acá con sus mujeres e hijos. A la familia de Acosta la vi algunas veces, eran abiertos y amistosos, nos invitaban a cenar, nos juntábamos. Hacíamos asados. Nosotros también teníamos vínculo con las Armadas de Chile y Uruguay, pero para mí Argentina era especial. Había razones geopolíticas para acercarnos: el aislamiento de nuestros dos países y la frontera de agua que compartíamos en el Atlántico Sur.
—¿También conocieron a Chamorro y Astiz?
—Ellos estaban en Pretoria, pero como Argentina tenía oficiales en nuestra Escuela en Ciudad del Cabo, los invitábamos cuando había algún evento especial. A Chamorro lo conocí cuando yo era director de la Escuela. Recuerdo que me regaló un faro en miniatura, y le dije: “Puede servir a un buen propósito, cuando el bar está abierto lo encendemos y cuando cierra, lo apagamos”.
—¿Los oficiales argentinos asesoraban en contrainsurgencia a la Armada sudafricana?
—No me consta, no sé. Pudo haber ocurrido a un nivel más alto, puede que hayan asistido con algunos consejos. Pero no tengo conocimiento de una transferencia formal de información.
—¿Ustedes conocían sus antecedentes en la ESMA?
—Yo sabía que Acosta había estado en inteligencia naval y Perren, en un grupo de tareas especial antiterrorista. A nuestra Escuela vinieron como alumnos, y más tarde Perren se sumó al plantel de instrucción, aunque para ese momento yo ya había dejado la dirección de la Escuela.
En 1981, tras un semestre como cursante, Jorge Perren recibe una invitación de la SA Naval Staff College para sumarse al cuerpo de profesores. “El capitán Perren nos ayudaba en la tutoría y evaluación de nuestros estudiantes y se le encomendaban tareas de investigación”, escribe en un correo electrónico, en 2021, el vicealmirante sudafricano Robert Simpson-Anderson, sucesor de Rudman como director de la Escuela y más tarde jefe de la Armada de su país, aunque dice no recordar en qué consistían aquellas tareas específicamente. Mientras Perren trabaja para la SA Naval Staff College, Acosta ya ha dejado la Escuela, aunque permanece en Sudáfrica con un nuevo cargo creado para él: asistente en Ciudad del Cabo del agregado Chamorro, quien reside en Pretoria.
Luego de las revelaciones mediáticas sobre su papel en el caso Hagelin, Alfredo Astiz sigue los pasos de Acosta y Perren e ingresa como cursante a la SA Naval Staff College, donde también hace amistades con sus camaradas locales y recibe una condecoración de la Armada sudafricana. Cuando el nombre de Astiz se menciona en la videollamada con Rudman, uno de sus colegas presentes, Arné Söderlund, ex miembro directivo de la SA Naval Staff College y ex jefe de inteligencia de la Armada sudafricana, abre la boca por primera vez.
Informes de la South African Naval Staff College sobre el desempeño de Jorge Perren como cursante de la Escuela en 1980.
—A Astiz le gustaba hacer tareas de traducción para nuestra Guerra de la Frontera, en la que se habían metido los pilotos cubanos. Algunos oficiales extranjeros nos ayudaban a traducir las conversaciones de radio que les interceptábamos [a los cubanos]. Astiz no trabajaba para nosotros pero nos asistía en algunos casos, porque Cuba representaba un enemigo en común.
A principios de los ochenta, las fuerzas armadas sudafricanas intentan frenar el avance prosoviético en el sur de África, donde países como Angola, Mozambique y Zimbabue acaban de independizarse de las potencias europeas y son gobernados por movimientos negros y socialistas. Hacia 1981, el escenario principal del conflicto es Namibia, una nación ocupada por Sudáfrica desde hace décadas que pelea por su independencia, con el apoyo de asesores y soldados enviados desde la Unión Soviética, Cuba y Angola. Los sudafricanos bautizan al conflicto como su “Guerra de la Frontera”, y en ella no sólo participan soviéticos, cubanos y angoleños sino también oficiales de distintos países occidentales que, por distintas razones, colaboran con Sudáfrica.
La SA Naval Staff College que acoge a los represores de la ESMA se ubica en un punto neurálgico de las operaciones para la Guerra de Frontera: la ciudad costera de Muizenberg, a unos treinta kilómetros de Ciudad del Cabo, donde la Armada sudafricana tiene los cuarteles del Centro de Comando Marítimo de Silvermine, una base de inteligencia militar que vigila las comunicaciones de la navegación soviética y prosoviética en el sur del continente. Los radares de Silvermine detectan cada movimiento aéreo y marítimo a miles de kilómetros cuadrados y forman parte de una red de monitoreo que conecta los esfuerzos anticomunistas de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países alineados con la OTAN. En ningún lugar como este el proyecto de la OTAS, que alientan las Armadas sudafricana y argentina, cobra mayor sentido. Y en ningún lugar como este lo que recuerda el veterano Söderlund −que Astiz colaboró como traductor de las comunicaciones interceptadas a los pilotos cubanos en la Guerra de la Frontera− cobra mayor verosimilitud.
Tres semanas después de la entrevista, sin embargo, Söderlund se desdice en un escueto correo electrónico: “Desde 1979 utilizamos reclutas que hablaban español para interceptar las comunicaciones cubanas en la frontera norte de Namibia. Usábamos a oficiales nuestros que habían asistido a cursos en España o Sudamérica y, ocasionalmente, a oficiales extranjeros. Después de nuestra entrevista me contacté con un amigo que pasó unos meses allá, para corroborar si había conocido a Alfredo o algún otro oficial de los cursos que se impartían en la SA Naval Staff College. Me confirmó que nunca se cruzó con ninguno de ellos. Así que mi impresión de que Astiz podría haber estado implicado era posiblemente errónea”.
Posiblemente. Una forma de confirmarlo sería chequeando el legajo militar de Astiz, pero no es posible porque, en algún momento indefinido de las últimas cuatro décadas, su legajo desapareció sin explicaciones de los archivos de la Armada.
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A mediados de 1979, en plena Guerra de la Frontera, las fuerzas armadas sudafricanas implementan un nuevo método para eliminar a prisioneros de grupos disidentes: los vuelos de la muerte. Militantes de organizaciones negras revolucionarias que han caído en manos de las tropas del apartheid son arrojados a las aguas del Atlántico Sur desde aviones, en vuelos clandestinos que Sudáfrica opera desde las costas de Namibia. La práctica se extiende al menos hasta 1987 y tiene por víctimas a cientos de miembros de grupos opositores como el Congreso Nacional Africano, el Congreso Panafricanista de Azania y la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, la SWAPO, núcleo del independentismo namibio.
En su libro Death Flight. Apartheid’s secret doctrine of dissapearance, publicado en 2020, el periodista sudafricano Michael Schmidt reconstruye la historia de la “Delta 40”, la unidad especial de las fuerzas sudafricanas encargada de los vuelos. Según Schmidt, el primer vuelo ocurre el 12 de julio de 1979, cuando uno de los creadores de la Delta 40, el coronel Johan Theron, lanza al mar desde tres mil metros de altura a dos integrantes del brazo armado de la SWAPO. Dos décadas más tarde, Theron confesará en un juicio que repitió cientos de veces la operación, y que a las víctimas les inyectaban una sobredosis de tranquilizante antes de cargarlas en los aviones: una mecánica de aniquilamiento idéntica a la que se había usado en la ESMA. A fines de los setenta, Theron y sus jefes de la Delta 40 viven en Pretoria, la misma ciudad a la que, un mes antes del primer vuelo de la muerte sudafricano, llegaron Rubén Chamorro y Alfredo Astiz.
Por ahora no se conocen pruebas documentales o testimoniales de que los oficiales de la ESMA hayan transmitido su expertise en vuelos de la muerte a los militares sudafricanos. Es el tipo de cosa de la que nadie deja registro. En la hipótesis más conservadora, sería apenas una coincidencia de calendario que, en el momento exacto de la llegada del grupo de tareas de la ESMA a Sudáfrica, las fuerzas armadas sudafricanas empezaran a arrojar prisioneros desde aviones.
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El hijo primogénito de Jorge Perren nació en 1969, es diplomático y se llama igual que su padre y su abuelo. Su abuelo, el contralmirante Jorge Enrique Perren, fue una pieza clave en el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, cuando ejerció el comando golpista de la base naval de Puerto Belgrano, en el sur bonaerense. El abuelo Perren era un antiperonista de la vieja escuela, un cuadro orgánico de la Armada, un oficial de robusta formación intelectual que llegó a escribir algún libro.
—Yo le tenía un gran respeto a mi abuelo, lo visitaba religiosamente todos los fines de semana —dice Jorge Perren (h) en una videollamada en junio de 2021—. Con mi abuelo podíamos discutir de política y lo hacíamos muchísimo, yo lo disfrutaba. Con mi padre no pasaba lo mismo. Mi padre se ponía muy sacado, muy eufórico cuando hablaba de política.
Los padres de Jorge se divorciaron cuando él era un chico. Su madre volvió a casarse con un economista heterodoxo, preso político de la dictadura, a quien Jorge considera hoy como su “padre en la práctica”. Su padre biológico, el represor Jorge Perren, formó una nueva familia con su segunda esposa y madre de sus dos hijos menores, con quienes Jorge casi no tuvo relación.
—Cuando yo iba a la casa de ellos se notaba que no había buen ambiente. Tenían un estilo de vida muy raro, como aislados. Llegó un punto en que le dije a mi padre que, si quería que nos siguiéramos encontrando, tenía que ser en la casa de mis abuelos.
Una vez, cuando Jorge tenía ocho o nueve años, su padre lo llevó a la ESMA.
—Mi madre casi lo mata. Me llevó y me presentó a un grupo de cuatro o cinco mujeres detenidas. Yo no sabía nada de lo que pasaba, pero aun siendo tan chiquito me di cuenta de que algo estaba muy mal ahí adentro. Creo que las mujeres querían disimular, hacerse las simpáticas conmigo, pero había un clima rarísimo, una cosa que se me quedó muy grabada.
Otra vez, cuando tenía diez años, su padre lo invitó por un par de semanas a Ciudad del Cabo, a donde se había mudado junto a su esposa y sus otros hijos.
—Viajé esa y dos veces más a Sudáfrica para visitarlo. Yo me aburría terriblemente allá. Nunca me llevó a pasear, creo que fuimos una o dos veces a la playa y nada más. Mi padre no hacía vida social. Una sola vez me llevó al lugar donde tenía sus actividades [la SA Naval Staff College] y me presentó a algunos sudafricanos. Y un par de veces me dejó en la casa de Acosta jugando con sus hijos, que tenían mi edad. Pero no recuerdo que él mismo cenara con Acosta ni una sola vez.
—¿Cómo era la relación entre tu padre y Acosta?
—En esa época parecían distanciados. Mi padre me había dado a entender más de una vez que Acosta había hecho negocios “propios”, que había robado para él y para Massera. La casa de Acosta en Ciudad del Cabo era gigantesca. Tenía un nivel de vida impresionante, un derroche que no se justificaba. No sé si la distancia entre él y mi padre se debía a eso… mi padre tuvo muchísimos defectos, e hizo cosas más graves que robar, pero me consta que robar, no robaba. Aunque yo hubiera preferido que robara y no que hiciera otras cosas, ¿no?
En Sudáfrica, Jorge Acosta vive con su mujer y sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, en una mansión con pileta y jardines en el suburbio residencial de Newlands, al sur de Ciudad del Cabo, un barrio aristocrático de parques con pinos, estadios de rugby y casas fastuosas donde los negros tienen prohibido residir. Aunque el tamaño de la residencia Acosta impresiona, posiblemente sólo refleja una porción del dinero que maneja el marino.
Durante su comandancia en la Armada, el almirante Massera ha impulsado un plan de reequipamiento naval que ahora continúa bajo la gestión de su sucesor, el almirante Armando Lambruschini. La compra de navíos, helicópteros, armas y repuestos es un terreno en el que Massera sigue actuando como agente libre de la Armada: una actividad por la que, según se comenta, él y sus hombres cobran millonarias comisiones no declaradas. Según el libro Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera, del periodista argentino Claudio Uriarte, una versión de la época llega a afirmar que “Massera recibe en concepto de comisión el equivalente al valor de una unidad del material en cuestión: si, por ejemplo, se trata de la adquisición de diez fragatas, Massera cobra como comisión el valor en dólares de una fragata”.
A principios de los ochenta, Acosta y los demás oficiales de la ESMA en Sudáfrica abren varias cuentas bancarias en Suiza. Lo hacen bajo el amparo de sus cargos fantasmas en Londres, que les dan derecho a cobrar sus sueldos en francos suizos y a retirar el dinero con cheques a distancia. Varios años después, en 1998, la fiscal general de Suiza, Carla del Ponte, iniciará una investigación bajo la hipótesis de que las cuentas suizas se usaron para mover dinero ilegal de los negociados masseristas con el equipamiento naval. Más allá de la firmeza de sus sospechas, Del Ponte nunca conseguirá pruebas materiales suficientes como para llevarlas a juicio. El pasado de los hombres de la ESMA es por momentos evanescente: se puede tantearlo, reconstruirlo a pedazos, casi verlo, pero al final sus rastros se pierden en la oscuridad.
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Otras veces, sin embargo, el pasado emerge prístino. Por ejemplo, en un viejo ejemplar del diario sudafricano Sunday Tribune del 6 de diciembre de 1981, en cuyo interior un título anuncia: “El hombre del campo de exterminio se vuelve a casa”. Junto al título, a página completa, una foto de Alfredo Astiz lo muestra por primera vez ante la cámara de un medio de comunicación. Ha sido retratado desde cerca, de la cintura para arriba, vestido de civil, con camisa blanca y arremangada y dos botones abiertos que dejan ver el pecho peludo, un reloj de plata en la muñeca izquierda y una cadena de plata en el cuello, un brazo en jarra y una mano en la cintura que intentan mostrar despreocupación, pero que chocan con el gesto facial de Astiz, que mira al fotógrafo con los ojos de quien, en otras circunstancias, ya le habría pegado un tiro. Se lo ve menos jovial de lo que describen los sobrevivientes, aunque el pelo rubio y los ojos verdes mencionados en cada testimonio resultan inconfundibles incluso en esta foto blanco y negro.
El hombre del campo de exterminio se vuelve a casa: pocos días después de la publicación de su imagen, Astiz abandonará Sudáfrica y nunca regresará. El periodista que logró fotografiarlo, el sudafricano William Saunderson-Meyer, le ha seguido el rastro durante seis semanas en las que publicó varios artículos sobre el pasado criminal de Astiz y Chamorro, “los torturadores argentinos enviados a Pretoria”. Un año y medio después del escándalo por el caso Hagelin, cuando la prensa parecía haber olvidado a los represores de la ESMA, Saunderson-Meyer reflota el tema en las páginas del Sunday Tribune y le da nuevo impacto. Reseña todo lo que se sabe a esta altura sobre la ESMA −los operativos de infiltración y secuestro, las sesiones de picana con la asistencia de médicos militares para mantener con vida a los interrogados, el cautiverio en un espacio que los represores llamaron “Capucha”, los partos clandestinos y la apropiación de bebés, los vuelos de la muerte y la aparición de cadáveres en las costas del río− y le suma detalles específicos sobre los marinos argentinos en Sudáfrica: sus nombres de guerra, sus antiguos roles en el grupo de tareas, sus responsabilidades en casos puntuales de desaparición y asesinato.
Saunderson-Meyer llama varias veces por teléfono a las oficinas argentinas en Pretoria, pide una y otra vez hablar con Astiz, incluso envía una carta en la que menciona las denuncias de actores como Amnistía Internacional, la CIDH, el Parlamento francés y el gobierno de Suecia, donde algunos sectores reclaman que Sudáfrica lo expulse por el caso Hagelin. El periodista recibe una sola respuesta oficial: “Sin comentarios”. Mientras intenta encontrar a Astiz, Saunderson-Meyer publica una primicia: hay dos represores argentinos más en Sudáfrica. Se llaman Jorge Acosta y Jorge Perren y también operaron en la ESMA. El Sunday Tribune describe a Acosta como lugarteniente del almirante Massera y como ideólogo de una maniobra de la Armada argentina para ubicar a varios ex miembros del grupo de tareas en distintos países extranjeros, entre ellos, Sudáfrica. La pertinacia de Saunderson-Meyer por fin surte efecto. Una tarde, el encargado de la embajada argentina en Pretoria, Alfredo Oliva Day, lo convoca por teléfono a una reunión en la agregaduría naval, donde lo recibe junto a Rubén Chamorro.
—Fue una reunión intimidante, me llamaron básicamente para meterme miedo —recuerda Saunderson-Meyer en una videollamada—. Me hicieron el “policía bueno y policía malo”: Oliva Day más diplomático, hablándome de los esfuerzos de la dictadura argentina por mejorar su imagen en el mundo, y Chamorro más agresivo, diciéndome que yo era un comunista estúpido, que no sabía en el peligro que me estaba metiendo.
Los cables diplomáticos de la embajada argentina en Sudáfrica informando a Buenos Aires sobre las repercusiones del caso Hagelin, por el que se acusaba a Astiz.
Saunderson-Meyer sale de la reunión sin ningún dato nuevo pero con una clara impresión: los marinos argentinos saben que el refugio sudafricano ha empezado a resquebrajarse, que la exposición empieza a ser otra vez un problema. Y eso es probablemente lo que siente Alfredo Astiz cuando, unos pocos días después, por completa casualidad, Saunderson-Meyer se lo encuentra cargando nafta en una estación de servicio en Pretoria.
—Era de noche y él estaba con un chofer en un auto diplomático. Yo lo reconocí porque había visto una imagen suya difundida por los suecos. Me acerqué y le saqué unas fotos. Se puso furioso, me amenazó, se metió adentro del auto e intentó arrebatarme la cámara. Por suerte el dueño de la estación de servicio estaba ahí mirando todo. Discutimos un buen rato hasta que llegamos a un acuerdo: a Astiz le preocupaban las fotos porque había salido tapándose la cara, entonces me dejó que le tomara una nueva foto, esta vez posando, a cambio de que yo le entregara el primer rollo.
Esa foto de Astiz mirando a cámara, con ojos de felino acechado, es la que el Sunday Tribune publica el 6 de diciembre de 1981. Los medios argentinos no acusan recibo de su existencia. En la crónica sobre su encuentro fortuito con el marino, Saunderson-Meyer cita las pocas textuales que logró arrancarle: “Si sabés lo que es mejor para vos”, le dice, “no publiques mi imagen”. Aunque Astiz admite que pronto abandonará Sudáfrica, no quiere responder si se debe a las denuncias en su contra, a las que califica de “propaganda comunista”.
La primera foto de Alfredo Astiz tomada por un medio de comunicación, el diario sudafricano Sunday Tribune, a fines de 1981. La otra imagen, Astiz sonriente, pertenece a la misma serie pero no fue publicada. (Crédito: William Saunderson-Meyer)
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En los primeros días de 1982, Astiz, Acosta y Perren abandonan Sudáfrica. Sólo Chamorro permanece en Pretoria. Aunque la Armada sudafricana los despide con honores por los “meritorios servicios” prestados a la SA Naval Staff College, los hombres de la ESMA se convirtieron en una potencial molestia para el régimen sudafricano. Su visibilidad creció de pronto, y con ella se intensificaron como nunca las presiones de gobiernos extranjeros, organismos de derechos humanos y sectores políticos internos para que los expulsen del país. La orden formal de expulsión nunca llega, y los sudafricanos nunca les sueltan públicamente la mano a los argentinos, pero unos y otros saben que los tiempos de confraternidad se agotaron.
A nivel estratégico, el proyecto de la OTAS entra primero en un limbo y después, desde abril de 1982, en una crisis terminal. Aunque Sudáfrica se mantiene neutral en la guerra de Malvinas, y aunque incluso circulan rumores de que ha vendido misiles a Argentina, el conflicto trastoca las prioridades de la dictadura argentina, cuyo nuevo canciller, Nicanor Costa Méndez, empieza a criticar al apartheid sudafricano con el objetivo de seducir a los países del África negra, cuyos votos en las Naciones Unidas pueden ser valiosos en la disputa con el Reino Unido. Las condiciones para una alianza hemisférica entre Argentina y Sudáfrica quedan bloqueadas.
A poco del inicio de la guerra de Malvinas, una noticia sorprendente llega a la prensa sudafricana: Alfredo Astiz, el represor argentino descubierto pocos meses atrás en Pretoria, desembarcó en las islas Georgias del Sur al frente de un grupo comando de ocupación, pero se rindió luego de pocas horas de combate y los británicos lo tomaron como prisionero. Suecia reclama su extradición, pero el gobierno de Margaret Thatcher la niega y devuelve al marino a Argentina una vez terminada la guerra.
Condecoración de la Armada sudafricana para Jorge Perren, en reconocimiento por sus “meritorios servicios”.
Mientras Astiz se rinde en Malvinas, Jorge Acosta y Jorge Perren se readaptan a la carrera naval: apenas vuelven a Argentina, la Armada los destina a la base de Puerto Belgrano, en el lejano sur bonaerense, a seiscientos kilómetros de la Capital Federal y a resguardo de la luz pública. Aunque Acosta y Perren no cumplen con los requisitos mínimos para ascender en el escalafón naval, la Armada ignora los reglamentos y los promueve al rango de capitanes de navío. Esa es la jerarquía militar que ostentan cuando, hacia fines de 1982, la dictadura argentina entra en una fase de descomposición que se prolongará durante un año hasta su caída; y seguirá siéndolo cuando, varios años más tarde, ya en democracia, la Justicia los condene a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Unos meses después de su rendición en Malvinas, Alfredo Astiz, también refugiado en Puerto Belgrano, fantasea con volver a Sudáfrica. En diciembre de 1982, presenta un pedido de visa ante la embajada sudafricana en Buenos Aires. A esta altura, sin embargo, Astiz es un personaje radiactivo incluso para un régimen como el apartheid, que le niega la visa con un argumento explícito: “Solicitudes que involucran implicancias potencialmente delicadas a nivel internacional y local no pueden procesarse a corto plazo”. El rechazo al represor argentino trasciende en la prensa sudafricana un par de meses después. Un diario de Pretoria, el Pretoria News, consigue averiguar lo que Astiz ha comentado a las autoridades sudafricanas: “En Sudáfrica pasé los días más felices de mi vida”.
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Rubén Chamorro es el último en dejar Sudáfrica y no lo hace por voluntad propia. Su misión como agregado naval termina en febrero de 1983, pero se queda en Pretoria. La ley sudafricana da tres meses de gracia a los funcionarios extranjeros con cargo vencido. Una vez cumplido ese plazo, las autoridades declaran a Chamorro en situación irregular, pero no lo expulsan, bajo la presunción de que pronto solicitará un permiso formal de residencia. Pero Chamorro recién intenta regularizarse a fines de 1983, pocos días después del final de la dictadura argentina y la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín, cuando pide a Sudáfrica un permiso temporal de trabajo. Las autoridades sudafricanas aún están tramitando la solicitud cuando, en febrero de 1984, una comunicación llega desde Argentina: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el órgano designado para investigar las denuncias sobre desapariciones y asesinatos, busca a Chamorro para arrestarlo e interrogarlo sobre casos ligados a la ESMA.
Todo ocurre a gran velocidad. El 3 de febrero de 1984, la prensa sudafricana revela que el gobierno argentino va detrás de Chamorro. El 15 de febrero, Sudáfrica se libra de él y le niega el permiso de trabajo que había solicitado. Esa misma semana, Chamorro recibe la citación del Consejo Supremo desde Buenos Aires: lo amenazan con una baja deshonorable de la Armada si no se presenta a declarar en diez días. El 18 de febrero, los diarios argentinos y sudafricanos publican una versión extraoficial que esparcen los voceros del gobierno alfonsinista: dicen que Chamorro habría vivido los últimos meses en Sudáfrica junto a Marta Bazán, una ex militante de Montoneros y sobreviviente de la ESMA que, según sus ex compañeros de cautiverio, fue sometida a una “relación” con Chamorro durante su paso por el centro clandestino. Aunque nunca aparecerán pruebas ni testigos sobre la supuesta presencia de Bazán en Sudáfrica, la historia del represor y la guerrillera le sirve al gobierno argentino para darle vidriera mediática al caso. El 19 de febrero de 1984, el ex comandante del grupo de tareas de la ESMA por fin abandona Sudáfrica. Esa misma noche lo detienen cuando aterriza en Buenos Aires y lo trasladan al penal de Ezeiza, donde queda en prisión preventiva a disposición del Consejo Supremo. Rubén Chamorro se convierte así en el primer militar arrestado por los crímenes de la ESMA. Dos años después, el 2 de junio de 1986, poco antes de cumplir sesenta años, muere de un infarto sin haber llegado a juicio.
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La historia de los marinos argentinos en Sudáfrica podría terminar ahí, pero tiene una coda en otro tiempo histórico y con otro personaje como protagonista: el capitán de navío Jorge Vildoza, número dos del grupo de tareas de la ESMA y uno de los pilotos de los vuelos de la muerte. En 1977, Vildoza se apropia de un hijo de desaparecidos, Javier Penino Viñas, nacido durante el cautiverio de su madre en la ESMA. Vildoza falsea la identidad de Javier y lo inscribe como hijo propio en complicidad con su esposa, Ana María Grimaldos. Tras el fin de la dictadura, en 1984, Abuelas de Plaza de Mayo denuncia a Vildoza, bajo la sospecha de que el niño que está criando es apropiado. Dos años después, el represor y su esposa se profugan del país con identidades falsas. Javier Penino Viñas descubre la verdad sobre su familia recién en 1998, a través de un análisis genético, aunque para entonces se les ha perdido el rastro a sus apropiadores. Tienen orden de captura internacional, pero no se sabe nada de ellos hasta 2012, cuando una serie de escuchas telefónicas permite ubicar a Grimaldos durante una visita a Argentina. Una jueza ordena su arresto y la interroga sobre Vildoza. Grimaldos declara que su marido murió en 2005, a los 75 años, en Sudáfrica, donde vivieron juntos desde 1995. Dice que lo cremaron y presenta un certificado de defunción a nombre de “Roberto Sedano”, la identidad falsa que usaba Vildoza.
Durante la causa judicial contra Grimaldos, Javier Penino Viñas cuenta detalles sobre el largo derrotero por el mundo de sus apropiadores prófugos: la huida al Paraguay stronista en 1986 con ayuda de la Armada, que en plena democracia les provee dinero, apoyo logístico y documentos falsos para salir del país; el viaje posterior a Austria, donde Vildoza consigue un supuesto trabajo como administrativo en una compañía europea; y la mudanza final a Sudáfrica, a mediados de los noventa, donde el represor obtiene primero la residencia permanente y luego la ciudadanía bajo la identidad falsa de Sedano. Según Javier, Vildoza elige Sudáfrica, un país que entonces no tiene tratado de extradición con Argentina, porque la empresa europea para la que trabaja le ofrece un puesto allá. Sin embargo, hasta hoy se desconoce de qué vivía exactamente. La Justicia argentina ha intentado esclarecer, por ahora sin éxito, si Vildoza montó negocios personales con el dinero y los bienes robados a las víctimas de la ESMA.
El certificado de defunción presentado por la esposa del marino no conforma a la jueza a cargo de la investigación, María Servini de Cubría, quien en 2012 envía un exhorto a Sudáfrica para constatar la información. Servini jamás recibe respuesta. En 2016, la Interpol concluye que Vildoza murió, aunque sugiere enviar un perito para analizar el certificado y despejar dudas. En 2017, la Policía Federal argentina por fin manda a un experto en pericias papiloscópicas a Sudáfrica. El resultado es concluyente: la partida de defunción es falsa. La huella del muerto no coincide con la que Vildoza registró ante el Estado sudafricano. La huella del testigo convocado como garante del trámite es la misma que la del muerto. El nombre del testigo no llega a verse porque aparece borroneado. El número de registro de la casa funeraria no existe. En la partida no figura el certificado de cremación que deberían haber entregado las autoridades. El acta dice que Vildoza murió en su domicilio, aunque la familia dijo que sufrió un paro cardíaco en el hospital. Con ese documento oficial, que lleva el sello del Registro de Muerte del Departamento de Asuntos Domésticos sudafricano, es imposible confirmar si el último de los marinos argentinos en Sudáfrica realmente murió.
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Los crímenes de Jorge Vildoza quedan impunes para siempre: en su caso, extemporáneo y discreto, el refugio sudafricano ha cumplido su función. Para sus ex colegas del grupo de tareas de la ESMA, en cambio, las cosas resultan diferentes. Jorge Perren muere en 2007, en la cárcel militar de Campo de Mayo, procesado por secuestros y desapariciones. Hoy, a mediados de 2023, Jorge Acosta y Alfredo Astiz están presos en el pabellón de criminales de lesa humanidad de la cárcel de Ezeiza, donde cumplen cadena perpetua desde hace varios años por múltiples causas vinculadas a la ESMA. A través de sus defensores oficiales, ambos represores fueron contactados para esta investigación. Se les preguntó si recordaban algo de su temporada en Sudáfrica. Acosta transmitió que “agradece mucho pero prefiere no prestarse a una entrevista”. Astiz no respondió.
Pagano homenajerá a víctimas de Astiz, el genocida visitado por diputados de su bloque
Tras el homenaje a Evita, por el que fue agredida por las huestes libertarias en redes, la diputada Marcelo Pagano organiza un homenaje a las víctimas de Alfredo Astiz, el genocida visitado por miembros de su bloque.
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA),Marcela Pagano, vuelve a tensionar la interna libertaria y, tras los inesperados elogios a Eva Perón de hace unos días, organiza un homenaje a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, víctimas de Alfredo Astiz, el “Ángel de la Muerte” que se infiltró en la Iglesia Santa Cruz para obtener información sobre el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo.
Pagano, quien desde que asumió en la Cámara no para de sumar conflictos con sus compañeros de LLA, se mete de este manera en un tema delicado, los Derechos Humanos, cuando todavía desde el gobierno de Javier Milei tratan de despegarse de la escandalosa “visita humanitaria” de un grupo de diputados del espacio realizó tanto a Astiz como a otra decena de represores de la última dictadura militar en el penal de Ezeiza.
Según publicó una agencia de noticias nacional, Pagano eligió a las religiosas francesas por sus “ profundas convicciones católicas”. Pero como se afirmó, en realidad, el accionar de la periodista podría leerse solo como una provocación hacia su partido o, tal vez, como una forma de lavar la cara libertaria en medio del repudio general a ese encuentro en Ezeiza.
La diputada liberal habría invitado informalmente a todo el espacio político, desde Unión por la Patria, el PRO y la UCR y hasta la izquierda. La fecha tampoco está confirmada, pero sería la semana que viene.
En diciembre de 1977, las monjas fueron secuestradas, detenidas en la ESMA, torturadas y luego ejecutadas en los aciagos “vuelos de la muerte”.
Domiciliaria para mayores de 70 años: la punta de lanza de quienes defienden a los represores
Aunque casi el 80% de los detenidos por causas de lesa humanidad está bajo arresto domiciliario, el reclamo de los defensores de la dictadura para sacar de las cárceles a represores de más de 70 años vuelve a la agenda política y judicial. Los organismos de Derechos Humanos avierten que no puede darse un beneficio automático a presos que mantienen el pacto de silencio.
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Cecilia Pando firmó una carta pidiendo por la prisión domiciliaria de condenados por delitos de lesa humanidad y dijo que durante la campaña electoral hubo contactos por ese tema con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. NA
Facundo Fernández Barrio
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@ff_barrio
Aunque ocho de cada diez detenidos por investigaciones sobre delitos de lesa humanidad gozan de prisión domiciliaria, el reclamo de que los represores mayores de 70 años cumplan sus arrestos en sus casas vuelve a aparecer como la punta de lanza de los defensores de militares acusados por crímenes durante la última dictadura. La llegada al poder de La Libertad Avanza le da nuevo espesor a un pedido histórico de grupos que reivindican la “lucha contra la subversión” y a la vez esgrimen argumentos humanitarios en favor de los exmiembros de las fuerzas armadas y de seguridad, cuya liberación se plantean como verdadero objetivo de fondo.
En una carta de lectores enviada al diario La Nación, la activista prodictadura Cecilia Pando y varias familiares de represores condenados −entre ellas, las hermanas de Alfredo Astiz− presionaron públicamente al nuevo gobierno para que opere en favor de su reclamo: “¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”.
En enero Pando afirmó en una entrevista con Radio Con Vos que durante la campaña electoral hubo contactos por ese tema con la vicepresidenta Victoria Villarruel, otra defensora de la “guerra contra el terrorismo” que está distanciada con Pando desde hace años. “Hubo personas [que firmaron la carta a La Nación] que hablaron con Victoria −dijo Pando−. Ella se dedica a solucionar el tema de las víctimas del terrorismo y después se le habrá planteado el tema jurídico de los militares”. Consultada sobre las “promesas” incumplidas del gobierno, Pando aseguró que fueron hechas por el “entorno” de Villarruel, aunque se negó a dar nombres.
Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizadas a diciembre de 2023, actualmente sólo el 18% de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% está en prisión domiciliaria, el 14% permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales y el 9% se aloja en la unidad penal de Campo de Mayo. La proporción de detenidos en sus hogares viene creciendo sin interrupciones desde hace casi una década.
Aun así, el asunto perdura como uno de los principales caballos de batalla de los grupos prorepresores, y acaso como el que ven más realizable. La prisión domiciliaria para adultos mayores es un beneficio previsto en la ley argentina que contempla las dificultades médicas que la cárcel común puede acarrearles. Aunque se trata de una prerrogativa exclusiva de los jueces, Pando y compañía se mueven con la idea de que la vía para motorizar su exigencia es la política.
Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, el reclamo había encontrado eco entre funcionarios como el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, quienes en público o en privado sostenían que la domiciliaria para adultos mayores debía correr también en casos de lesa humanidad. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor, ya que la cárcel está planteada como lugar de rehabilitación, esté detenida en su casa”, dijo Peña en 2016, cuando le preguntaron sobre la excarcelación del represor Miguel Etchecolatz.
Con La Libertad Avanza en el gobierno, el tema reaparece no sólo en la agenda política sino también judicial. La primera reunión del nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con un órgano de la Justicia ocurrió el pasado 19 de diciembre, cuando visitó sin agenda a los jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país. Un día antes de recibir al ministro, la sala IV de la Cámara, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, le dio trámite a un recurso de la defensa de Diego Chemes, represor del centro clandestino de detención El Vesubio, para que la Casación celebrara un plenario para unificar su doctrina en torno a la concesión de domiciliarias para mayores de 70 años.
El planteo se elevó al presidente de la Cámara, el propio Borinsky, quien lo metió por fuera del orden del día en una reunión con los presidentes de las cuatro salas que estaba prevista para la mañana del 19, es decir, un rato antes del encuentro con Cúneo Libarona. La maniobra tomó desprevenido e irritó al presidente de la sala II, Guillermo Yacobucci, quien se opuso a fijar el plenario y forzó a que quedara en suspenso. Curiosamente, Yacobucci suele ser propenso a conceder domiciliarias a represores, mientras que Borinsky suele votar en contra.
Aunque Cúneo ni mencionó el tema en la reunión con los magistrados, en la propia Casación hay quienes se preguntan si no hubo una intención frustrada de “ofrendarle” un gesto al ministro. “La carta de protesta a La Nación la mandaron justo después de Año Nuevo −observa un funcionario judicial−. ¿Y si la ‘promesa incumplida’ era que los presos pasaran las fiestas en casa?”.
Con la composición actual de jueces, hoy ninguna sala de la Casación tendría mayoría a favor de la domiciliaria automática para represores. Dos días antes de la polémica por el plenario, la Corte Suprema también había dado una fuerte señal en contra al anular las domiciliarias concedidas a dos ex policías santafesinos condenados por crímenes de lesa humanidad. La Corte ratificó su criterio de que no basta con que un detenido sea mayor de 70 años, sino que también debe acreditarse que la permanencia en la cárcel común puede impedir su adecuada atención médica.
Se trata de un tema sensible y dentro del propio movimiento de derechos humanos hay voces que admiten el argumento humanitario como criterio general. Sin embargo, la mayoría de los organismos defiende que el beneficio no es automático, sino que se trata de una potestad de cada juez y que las circunstancias de cada preso deben revisarse de modo particular.
Las querellas de H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos advierten que el arresto domiciliario implica un menor control del Estado, lo que conlleva un mayor riesgo de incumplimiento de las penas, fuga de los presos y obstaculización de las investigaciones. “Esto es fundamental en los casos de prisión preventiva, porque hablamos de personas que formaron parte de un aparato organizado de poder con cobertura estatal −dice Anabella Montaner, abogada de H.I.J.O.S.−. Esas estructuras aún pueden ser funcionales a fugas, destrucción de pruebas o amenazas contra la integridad de los testigos, como ocurrió con Jorge Julio López”.
Según Montaner, en los casos de represores condenados, “la cárcel común se fundamenta además en la necesidad de que la sanción sea proporcional a los crímenes: estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos”.
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Por Luciana Bertoia 
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