Publicado el 04 de julio de 2021

José Saldaña Cuba

Investigador y profesor de derecho.

¿Por qué una Asamblea Popular Constituyente / Nueva Constitución?

  1. La Constitución actual prioriza los intereses privados sobre el interés público: Las relaciones de poder en el Perú no deben comprenderse solo dentro del diseño político institucional, es la titularidad del poder económico y la raigambre colonial del estado peruano las que condicionan todas las relaciones sociales (lectura materialista/decolonial Vs lectura liberal). En la actual Constitución debilitaron las garantías a los derechos laborales, borraron el derecho a la vivienda social y crearon un régimen privado de pensiones que compite deslealmente con el sistema público de seguridad social. A cambio, elevaron a categoría constitucional las libertades de mercado, crearon los contratos – ley, los convenios de estabilidad tributaria, entre otros.
  2. Está viciada en su origen: La Constitución fue fruto de un golpe de estado y se aprobó en medio de persecución contra movimientos sociales y sindicales. No es casualidad que la elite empresarial que apoyó la dictadura haya sido la principal beneficiada de la consagración de sus privilegios a nivel constitucional. Hace 20 años, las elecciones son fundamentalmente una pelea por la administración del poder y no por su ejercicio real. Se trata de un enfrentamiento entre élites económicas más o menos corruptas o rentistas, pero que nunca pone en cuestión los privilegios económicos de los que gozan las minorías empresariales en detrimento de los derechos sociales de la población.
  3. La vía reformista se ha agotado: No se han hecho reformas sustantivas bajo estas reglas de juego; por ejemplo, la reforma política ha tenido avances pero son menores, la reforma universitaria es quizás la mejor experiencia pero ha sido insuficiente. No se trata de afinar los mecanismos de checks and balances, sino de incorporar mecanismos institucionales de control ciudadano directo y efectivo sobre el ejercicio del poder político. Los controles institucionales son débiles y requieren ser reforzados con controles externos de la ciudadanía, de esta manera, se incide directamente sobre uno de los más graves problema de nuestra democracia: la profunda desconfianza ciudadana respecto de la clase política y la tecnocracia.
  4. Refundar el Perú requiere construir una nueva legitimidad democrática del ordenamiento: La Constitución de la dictadura debe dar paso a una Constitución de la democracia, elaborada por los movimientos sociales que fueron marginados sistemáticamente de su elaboración y lo han sido a lo largo de las ultimas décadas. La ley en ultima instancia encuentra su legitimidad en la soberanía popular, el fracaso de nuestro Estado de Derecho esta ligado directamente con su origen anti democrático.
  5. La Constitución peruana tiene una matriz colonial y patriarcal: Históricamente las Constituciones han expresado la matriz colonial de nuestro estado a través del desconocimiento de las instituciones políticas y culturales de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Desde su primera incorporación constitucional en 1920 bajo una visión paternalista del mundo indígena, hasta las visiones multiculturalistas de las mas recientes que reconocen las expresiones culturales de los pueblos indígenas, pero los folklorizan, negándoles capacidad de decidir sobre sus territorios. Por otra parte, todas las Constituciones peruanas han expresado modelos de familia patriarcales y heteronormativos, así como carecen de capítulos específicos que consagren derechos sexuales y reproductivos para las mujeres.

¿Cómo organizar una Asamblea Popular Constituyente hacia una Nueva Constitución?

  1. Una Nueva Constitución siempre desafía la legalidad vigente y su fuente de legitimidad es la voluntad popular: Los mecanismos varían entre aquellos más apegados a la institucionalidad vigente y aquellos que se distancian de ella. Cambiar una Constitución no es una reforma técnico legal, es la transgresión de legalidad que ha fracasado y que debe fenecer para dejar nacer a otra.
  2. El instrumento de legitimidad es el referéndum: La legitimidad de la convocatoria a Asamblea y aprobación de la Nueva Constitución debe darse vía referéndum. En la versión más apegada a la institucionalidad, requeriría cambiar el artículo 206 de la Constitución actual para permitir la reforma total.
  3. La Asamblea Popular Constituyente debe romper con el elitismo constitucional. La Constitución no es un texto normativo cualquiera, tiene una dimensión cultural, simbólica y creadora al mismo tiempo. Las voces que reflexionen y elaboren el nuevo pacto social deben provenir de voces no expertas, de saberes no hegemónicos, de movimientos sociales marginados del debate publico por causas estructurales de opresión ligadas a la explotación capitalista, a las discriminaciones múltiples y a la cultura patriarcal dominante. Los expertos constitucionales deben asumir su rol de asesores y ceder sus espacios de hegemonía a los saberes de la experiencia y la resistencia social.
  4. Nuevas reglas de juego: Las reglas de elección de los asambleístas deben considerar como mínimo criterios de apertura más allá de los partidos políticos (grupos de independientes, sindicatos, federaciones campesinas e indígenas, colectivos ciudadanos), criterios de paridad de género y escaños indígenas reservados. Se debe regular el debate procurando la mayor participación de los asambleístas y se debe tender a alcanzar los acuerdos vía consenso antes que por votación.

¿Qué contenidos deben discutirse en una Asamblea Popular Constituyente?

  1. Derechos sociales fortalecidos: Se deben adecuar los derechos sociales a los estándares internacionales, se deben reconocer expresamente los derechos a la alimentación, a la vivienda social y a la ciudad, entre otros. Se debe sacar de la Constitución el reconocimiento de las libertades de mercado como derechos y subordinarlos expresamente al interés publico y los derechos sociales.
  2. Hacia un estado plurinacional: Se debe transitar de un estado monocultural – colonial hacia un estado plurinacional, se debe pasar de un estado discursivamente multicultural a uno intercultural en sus prácticas. La participación política de los pueblos indígenas debe ser transversal en todas las institucionales del estado en sus tres niveles, al mismo tiempo que se les reconoce autonomía en sus ámbitos competenciales y territoriales. Los gobiernos autonómicos de pueblos indígenas dentro de la soberanía nacional (awajun, wampis, entre otros) muestran resultados interesantes para la defensa de los recursos naturales frente a las actividades ilegales y las industrias extractivas.
  3. Rediseño institucional del estado: La ciudadanía debe recuperar su capacidad de control y fiscalización sobre las institucione, los colectivos ciudadanos en movimiento deben participar de audiencias y espacios de decisión en el marco de un estado transparente. Se debe retirar la causal de vacancia por incapacidad moral del Presidente en la Constitución. Se debe la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Algunas propuestas son la renovación por tercios de congresistas, presupuesto participativo, monitoreo y vigilancia ambiental ciudadana, demandas de inconstitucionalidad abiertas, etc.
  4. Reconocer nuevos derechos: Varios derechos han sido reconocidos en la jurisprudencia nacional e internacional, así como en instrumentos internacionales. La Nueva Constitución debería incorporar aquellos derechos de formas expresa que considere mas pertinentes en nuestro contexto nacional. Por ejemplo, el derecho al internet que en tiempos de pandemia se vuelve tan necesaria especialmente para la educación. El derecho a la alimentación, tal y como ha sido desarrollado por la ONU. El derecho a la verdad, creado jurisprudencialmente en una dimensión individual y colectiva.
  5. Restaurar un estado planificador y regulador: Devolver al estado vía constitucional su capacidad reguladora y planificador. Una reforma tributaria con justicia fiscal y cuyo criterio principal de ordenamiento sea la solidaridad. Es necesario subordinar el interés privado al interés publico y eliminar la clausula de subsidiariedad del estado en el ámbito empresarial.