VERSOS QUE ILUMINAN... PALABRAS QUE QUEMAN

lunes, 21 de octubre de 2013

“FUDEPP Encendida por un ideal…” (Ojos de un dolor oscuro y compacto) De FRANCISCO ALVERO CANTA






“Encendida por un ideal…” 
(Ojos de un dolor oscuro)

Inspirada en las palabras de una compañera ANA PAULA.


  Del amor nació esta canción,
cual roja flor de la revolución
Del amor nació ésta canción!!!

  Ojos de un dolor oscuro y profundo
sólo un brillo permite ver
Las ganas, de un tiempo que no fue
Pero igual se está gestando!!!
 En millones de gritos ahogados...
Que pronto serán liberados! 

 Son sueños atragantados/ por siglos,
Esperanza mutilada,
Muy lentamente rumiada
Con dignidad soberana!
Sin odio que enceguece el alma!
La hora crucial nos reclama!
  
Y otra vez, aprender a  vivir.
Sorprendiendo al  mundo otra vez, a sonreír!
Dieciocho años sobre esas rejas heladas,
No han podido corromper nunca su alma!
Días y noches respirando alientos ajenos
No han podido derrotar su sueño!


  Del dolor retoñó el amor
cual roja flor de la revolución
Del  dolor retoñó el amor!!!

 Cerró su herida profunda de vida
por años de vejaciones
tejiendo corajes, venciendo temores
y con esas sales, pintó colores!
Por su derecho a ser mujer y florecer
 Siguió adelante, sin jamás retroceder!


Pasó sus horas de tierra fértil, sin duda
sin rencor ni desazón.
Sólo con ganas de contar lo que  pasó,
De transmitir su sendero de amor
 erguida de dignidad y de sol
siempre su pecho como puño levantó!

Encendida por un ideal,
De justicia, de amor e igualdad
 Hoy se agiganta 
Su convicción de antaño
  de luchar, resistir y cantar
Su sueño se hace realidad
Si todos juntos empezamos a luchar!



 

 



PRESAS POLITICAS: Doblemente estigmatizadas

"Por qué mejor no ayudas a los niños pobres", me dicen... 

"Por qué mejor no ayudas a los niños pobres", me dicen...
es difícil defender pres@s polític@s, son un sector de la sociedad que está bien marginado, puedes escuchar todo tipo de comentarios: “¿por qué no mejor ayudas a niñxs pobres? “Están presxs, que se jodan… para qué cometen crímenes”...

PRESENTACIÓN- Si te quieres presentar. ¿Formas parte de la red de apoyo a presxs políticxs?
Me llamo Patricia, no pertenezco a ninguna organización o “red”, tampoco sé si existe una, pero durante el último año he visitado presxs políticxs y de alguna manera puedo ver la situación general de las cárceles en Lima. A provincia no he ido.
¿Qué o quiénes  se definen en Perú con el término de presx políticx? ¿Quiénes son y por qué están ahí? ¿Diferencias entre presx políticx y prisionerx de guerra? ¿Ellxs cómo se definen? ¿Cuántxs son?
Para ellxs no hay diferencia entre prisionerx de guerra o presx políticx. Para ellxs vendría a ser  lo mismo. Se definen así porque quedan presxs a partir de que se levantan en armas contra el Estado, tratando (la facción que tiene mayor cantidad de presos, el PCP-SL) de hacer una revolución maoísta.
Se consideran presxs políticxs a todas las personas detenidas producto de la guerra interna de los años 80. Pueden ser del Partido Comunista del Perú -que le pusieron de apodo Sendero Luminoso-, o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)[1]. Ahora también están los Etnocaceristas[2], que en el 2005, a mando del hermano del actual Presidente, se alzaron en armas en Andahuaylas, en lo que se denominó “el Andahuaylazo”.
Del PCP-SL pueden llegar a ser 400. En general, si juntamos a todxs los detenidxs de las diferentes agrupaciones alzadas en armas, serán algo de 600 presxs políticxs. Una cifra que se puede ir incrementando ya que están llegando los presxs políticxs del Huallaga[3], esto a raíz de la caída del cabecilla de esta zona que había quedado como rezago de la guerra; del Vrae[4] casi no hay detenidos. Todos estos son acusados de terrorismo. En la prisión, los que hablan de “proseguir”, es una franja que no tiene nada que ver con la otra, y más bien se critican entre ellos. Todo en su conjunto es la expresión de un problema social, y es un tema muy complejo y para conversarlo ampliamente.
¿La acusación de presx políticx va acompañada de la acusación de delincuente terrorista o de delito de terrorismo y traición a la patria…?
Exactamente. Todxs los detenidxs que vienen de la época de guerra, están condenadas por el delito de terrorismo contra el estado, desde la posición del estado ellxs son “delincuentes terroristas”.  Así se les tipifica, de ahí que no les permitan llamarse presxs políticxs, no les consideran así. Dicen que en los 80´s lograron la condición de “presos especiales”, diferenciándolos del delito común, pero el sector de los que ahora tienen el poder consideran terroristas a todxs los presxs políticxs.
¿Nos puedes decir de cuánto son las penas?
Las penas son altísimas. Está la “cadena perpetua”, calculo que al menos unos 10 presxs polítcxs tienen esta condena. El promedio de años que llevan detenidos, los que siguen en estos momentos en cárcel por este delito, es de 20 años. Algunxs están prontxs a salir cumpliendo su condena. Buena parte del grupo que queda están condenadxs a entre 25 y 35 años de prisión.
¿Que nos puedes explicar sobre los juicios militares?
Al principio, hasta antes de los 90, los presos que caían por terrorismo, o sea que caían a raíz de la guerra, tenían penas menores a los 20 años; por poner un ejemplo: Osmán Morote, que cayó en el 88, tuvo una condena de 18 años, y ya en cárcel le abrieron otro juicio para ponerle otra de 25 años y que no salga, pero aún no existía la cadena perpetua. Eso cambia con el régimen de Fujimori, se crean los juicios militares, que inclusive eran con jueces sin rostro, es decir, los juzgadores no enseñaban la cara; además, militares encapuchados rodeaban la sala apuntando con sus armas al detenido, mientras del otro lado, atrás de un espejo, estaban estos jueces haciéndoles preguntas. Podían tener abogadx, que se suponía era su abogadx, pero muchas veces este también era “sin rostro”, probablemente un militar más, era el “abogado” que le tocaba. Así, resulta evidente que el acusado no podía defenderse. Todo era bien represivo, estaban siendo juzgados por militares, el preso encadenado a la silla sólo veía militares encapuchados en guardia, y, de sus juzgadores, un espejo. En estos juicios la mayoría recibieron “cadena perpetua”. Así eran los juicios de todas las personas que desde el 92 caían a raíz de la guerra, eran condenados por el “Delito de Terrorismo contra el Estado y Traición a la Patria”, y tipificados como “Delincuentes Terroristas”, recibían cadena perpetua o penas altísimas, de ahí pasaban a prisiones con encierros de 24 horas en celdas pequeñísimas, donde no podían ni caminar ni leer ni tener un bolígrafo, nada.
¿Y los juicios civiles?
Los juicios civiles se dan recién cuando acaba la dictadura de Fujimori. En el 2003, 5000 ciudadanos presentaron una “Acción de Inconstitucionalidad” y el Tribunal Constitucional reconoce que fueron juicios ilegales, también ya tienen la posibilidad de presentar “Habeas Corpus”, entonces se declaran inconstitucionales todos los juicios militares y pueden volver a tener un proceso, ahora civil, a través del cual se les volvió a sentenciar. Algunos son absueltos y otros condenados al tiempo que ya tenían en cárcel. Pero también se dan las penas altas, sentencias de 20, 25 y 35 años, claro que se les reconoce los años que habían estado presxs, pero han recibido condenas ¡después de 14 años de estar presxs! Entonces, con el restablecimiento de la democracia (si es que podemos llamarla así), primero con el presidente V. Paniagua y luego con A. Toledo, se hacen juicios civiles. El 2006 la llamada cúpula del PCP-SL recibe cadena perpetua.
Acá existe una condena a “cadena perpetua” encubierta, simulada, ya que según el Código Penal se supone que en Perú no existe tal pena. Lo que dicen, es que hay el hecho de que una persona condenada a “cadena perpetua” tiene derecho a que, una vez pasados los 35 años presa, le revisen su caso; esto hace que quede a criterio del juez su libertad, el cual si no la considera una persona “rehabilitada” la dejará en la cárcel y así sucesivamente año tras año, lo que hace que no tenga tiempo de fin su condena y pueda quedarse en la cárcel para siempre. Es por eso es que sí que existe la condena de “Cadena Perpetua”.
¿Están en prisiones de máxima seguridad?
Sí, ellxs están en penales de máxima seguridad. Los penales de máxima seguridad se diferencian de los otros porque deben tener un cordón policial, tienen un presupuesto para este; en cambio, los penales de mínima seguridad, los cuida sólo personal penitenciario, o sea la gente del INPE son los que hacen ese cordón y sólo tienen su personal.
En los 90, en que eran miles de prisionexs políticxs, ellxs llenaban penales enteros, por ejemplo Yanamayo (Puno), Castro Castro (SJL-Lima), Máxima de Chorrillos (Lima); pero poco a poco se fueron vaciando estas cárceles, por los “indultos” (por lo general a ¡inocentes!), por los nuevos juicios, por cumplimientos de sentencias, etc., salen bastantes, y aunque sigue habiendo una gran cantidad (cientos), están en cárceles ya con otros presos por otros delitos (delito común), pero igual son prisiones de máxima seguridad.     
En el penal de Chorrillos, que se denomina E.P. de Máxima Seguridad “Anexo” de Mujeres de Chorrillos, pero se le llama coloquialmente “penal de Chorrillos” o “penal ´Anexo´”, los tres pabellones eran de presas políticas. Ese penal se habita en el 92, ahí llevan a algunas presas políticas después de la matanza de presxs políticxs en el penal de Castro Castro, hecha por el gobierno de Fujimori en mayo del 92. En ese tiempo ese penal de mujeres sólo tenía un pabellón, lo demás era pampa, ya después construyen los otros 2 pabellones y ahí hacinan a las presas políticas que eran cientas.
Con los nuevos juicios, a algunas las condenan a 17 ó 19 años de cárcel, cumpliendo condena prácticamente de manera inmediata de acabado el juicio, o un mes después, y esto porque ya habían estado privadas de libertad todo ese tiempo.  Empiezan a vaciarse los penales, pero a la vez la criminalidad (con su consecuente excesiva represión) crece mucho en el país y se empiezan a llenar de presxs comunes, por delito común.  En estos momentos las presas políticas son el 15% de la población total del penal de Chorrillos, y todos los prisionerxs políticxs en Perú serán el 1%  de la población penal total, ya que son alrededor de 600 presxs polítcxs, y la población total penal en el Perú es de 58,681 personas.
¿La reglamentación interna es diferente con el tema de presxs políticxs y presxs comunes?
Como te decía, en el 84 u 85 ellos tienen la condición de “presxs especiales”, y su régimen de vida es distinto, pero nunca fueron considerados prisioneros de guerra y por tanto sujetos a convenios internacionales sobre su tratamiento. Después del 92, el gobierno de Fujimori creó para ellxs un régimen de vida sumamente restrictivo, luego sería condenado por organismos internacionales como: un régimen de “tratos crueles e inhumanos”, y a finales del 2000 se ajustó a “estándares internacionales” de presos en general, porque, como mencioné, de manera oficial nunca se les ha considerado prisonerxs de guerra o prisonerxs políticxs.
Ahora hay en algunos penales algo que llaman “Régimen Cerrado Especial” (RCE), que es bastante represivo, pero se aplica a todo tipo de delito. Ese es el régimen carcelario del penal de Máxima Seguridad de “Piedras Gordas”, y de un pabellón del penal de Chorrillos. El penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro Castro” no tiene RCE, ahí hay pabellones de prisioneros comunes y de prisioneros políticos, estos últimos son tantos que ocupan un pabellón entero y mas, es un penal de 6 pabellones, ellos deben ser (como en Chorrillos) el 15 % del total de la población del penal. Ahí se encuentra el grueso de los presos políticos hombres, mientras en el caso de las mujeres, el grueso está en el E.P. de Máxima Seguridad “Anexo” de Mujeres de Chorrillos.
En cuanto a la reglamentación que me dices, es lo que te vengo explicando en el párrafo anterior, depende más del penal donde esté ubicado el presx que de la categoría que tenga el presx (ya sea polítcx o común). Hasta hace poco sólo el penal de Máxima Seguridad de “Piedras Gordas” tenía el “RCE”, pero ahora también lo tiene un pabellón del penal de Chorrillos, que buscando aislar a la que sería la número dos del PCP-SL, implantaron el RCE, pero para no hacerlo con nombre propio, colocaron también a las internas por delito común que se supone tendrían que estar en RCE. En la aplicación práctica de este RCE se están dando muchas arbitrariedades.
¿En qué consiste el Régimen Cerrado Especial (RCE)?
El RCE consiste en tener más encerrada a la persona, “a una persona de alta peligrosidad”. Pondera  el encierro antes que la resocialización. Existen tres etapas: A, B y C.
En la etapa A, está prácticamente todo el día en su celda, tiene dos horas de patio y visitas reducidas, sólo de familiares directos – por consanguineidad: hermanxs, padres – eso hace que puedan haber presxs sin visitas (por la lejanía de sus consanguíneos). La manera de pasar de la etapa A, a la B, y a su vez de la B a la C, puede ser un poco arbitraria, deben acumular dos evaluaciones favorables, que las hace el mismo INPE, para ver si han “progresionado” en su “tratamiento”. Desde mi punto de vista ese RCE es bien jodido, es como si consideraran que tienen un perro bravo al cual mejor lo encierran y aíslan (sólo por el hecho de dejarlo vivo), escapa de una condición humana para la persona.
En la etapa B, tienen 2 horas menos de encierro que en la etapa anterior, por lo tanto 4 horas de patio, pero no pueden estar en las zonas externas de su pabellón, sino sólo en el patio de este; en cuanto a las visitas, ya puede haber de amigxs, pero tienen que solicitarlas, pudiendo ser negadas.
Por último, en la etapa C, pueden tener un poco más de visitas, pero las horas de patio se mantienen en 4horas por día, y tampoco puede ser en un área externa a su pabellón.
En el “Régimen Cerrado Ordinario”, abren la celda a las 6 am y encierran a las 9 pm, pueden recibir visitas los días que están dispuestos para estas. Todas esas horas de celdas con rejas abiertas pueden estar en su pabellón, en el patio del pabellón. La mayoría de las presas políticas de Chorrillos están en este régimen ordinario, excepto unas 15 que están en RCE (también hay las que han llegado del Huallaga, las nuevas que van cayendo las van metiendo en este RCE).
Elena Yparaguirre, la número 2 del PCP-SL, estaba con el conjunto, ya el mismo INPE la había “progresionado”. Ella ha pasado más o menos unos 15 años de encierro en aislamiento, en el penal de la Base Naval del Callao, un penal militar donde están los máximos dirigentes de las distintas facciones que se alzaron en armas, así como Vladimiro Montesinos, el asesor del dictador A. Fujimori.  Es, según las propias normas peruanas, inconstitucional que ella esté en RCE, pero como es una de las dirigentes al parecer todo vale, o por lo menos nadie dice nada… Hasta el año 2006 estuvo en el mismo aislamiento de la Base Naval del Callao junto con su esposo y máximo dirigente del PCP-SL: Abimael Guzmán, él continúa en ese penal, pero a ella la separan como represalia por la agitación que hicieron en el juicio civil que estaban por tener, mandándola a vivir al penal de Chorrillos, en donde  le implementan aislamiento, pero conforme el penal se fue hacinando y ella va progresionando pasa al mismo pabellón de las demás presas políticas, al régimen cerrado ordinario. Hoy en día han querido que eso cambie, también por represalias políticas.
Para poder aplicar en un penal el RCE, la institución debe disponer dentro de este, de un pabellón exclusivo para RCE. Pero no podían disponer de un pabellón para aplicar esas reglas porque el penal estaba hacinado, o sea superaba su capacidad de aforo. Ahora, bajaron  la cantidad de gente con el tema de los traslados[5], para que puedan disponer del pabellón C para aplicar el RCE. En la realidad lo que han hecho es: trasladar a algunas internas a otro penal, poner a la mayor cantidad de mujeres que pudieron en el pabellón B ¡hacinándolo!, aislar en el pabellón A a las presxs políticxs que son minoría, y aplicar en el pabellón C el RCE.
Esta reglamentación (RCE) la intentaron imponer en el 2008, pero fue un desastre, habiendo muchos intentos de suicidio, con lo cual unos meses después retrocedieron en la medida; ahora no ha cambiado, la aplicación es nefasta en cuanto a resultados, en las primeras 3 semanas de aplicación hubieron intentos de suicidio, de los cuales ya tomó la vida de una joven.
Sobre las horas de patio, el personal carcelario, la situación de lxs presxs políticxs dentro de los penales, maltrato, marginalización-guetización …
En el año 92 no había patio para nadie, y había hacinamiento, entonces si 5 compartían una celda (que es de 2x3m), lxs 5 estaban dentro durante las 24 horas del día. Era fuerte la prisión. Ya más adelante, a través de lucha por condiciones más humanas de cárcel, se fueron ganando breves horas de patio al día.
Al principio el personal carcelario eran policías, y la custodia externa podía ser de militares. Esto fue cambiando.
La situación actual, es abusiva, pero para todxs los presxs, sean presxs comunes o presxs políticxs. Lo que sí se da, es que se usa al presx políticx para justificar más represión, claramente se observa que los presxs políticxs siempre son usados por el gobierno de turno, como la excusa o motivo “perfecto” para implementar políticas represivas en las cárceles. La mayoría de estxs representan a un partido (PCP-SL), al cual se combate en los medios y la política oficial peruana, pero a pesar de la campaña en contra de estxs y la represión, no podemos decir que no han ganado nada, ya que sí hay muchas personas que igual los respetan (…)
Guetización o marginalización, no… de alguna manera es complicada la convivencia dentro de un penal, ellxs mismxs prefieren convivir entre ellxs, es más fácil convivir con las personas que comparten tu misma convicción ideológica (que al fin y al cabo fue lo que lxs llevó a la cárcel), pero no sólo eso, son compañerxs, saben que es una persona que va a manejar las reglas de convivencia que han establecido, se van a apoyar, etc., tienen una vida en conjunto; la convivencia con lxs prisionerxs comunes se ha dado, pero no se ha dado estar todos mezclados, sino “compartir con lxs míxs” lo más que se pueda, entonces no se ha dado una guetización, no por lo menos en estos últimos años. Lo que sí hay hoy en día es un intento de evitar que lxs prisionerxs políticxs denuncien los maltratos, porque influye en los presxs comunes, ya que suele ocurrir que estos últimos no saben sus derechos, lo cual los hace más vulnerables, algo que prefiere el INPE para poder controlarlos más y de maneras más represivas, que violentan sus derechos sin que puedan decir nada, ya que a través del personal penitenciario son contantemente amenazados con que les van a hacer reportes, lo que lleva a que no puedan tener el beneficio y no puedan salir antes, etc., son muy amenazados, y bueno además tampoco son unidos, van muy a la suya y eso también les es desfavorable. El maltrato de violencia física, también se podría dar más con los comunes porque lxs políticxs saben sus derechos y se apoyarán lxs unxs a lxs otros. Por ejemplo cuando impusieron ahora último este régimen de aislamiento en Chorrillos, fue un problemón: todas las presas políticas del PCP-SL agitaron, demandaron que estaba mal, hay unión dentro de las presas; claro que a pesar de esto, igual implantaron el régimen, pero ya negándose al diálogo y haciendo uso desmedido de la violencia (ya que se trata de mujeres mayores) para imponerlo y aplicar el RCE.
El tema de la violencia, esta situación que está pasando ahorita, recuerda a la época de guerra, donde había maltrato, asesinatos; sin embargo, hoy no hay un contexto de guerra, así es que sólo responde a una campaña política, de la extrema derecha y derecha del gobierno peruano, ante cierto avance en el pedido de una “Amnistía General” para los presxs de la guerra.
¿Hay un trato diferente entre las prisiones de mujeres y hombres?
Sí hay diferencia entre presos y presas, pero no porque sean políticxs, sino por cómo es la sociedad peruana en general hacia la mujer, es machista, patriarcal, por algo tenemos una de las más altas tasas de abuso sexual en América Latina o en el Mundo. Esta situación definitivamente se ve reflejada en las cárceles, de una manera bastante marcada, al menos en las prisiones de Lima, o en las que yo he ido, que no creo disten mucho de la realidad general. Es increíble cómo en una prisión se ven reflejados casi todos los problemas sociales que existen en determinada sociedad. El tema de la diferencia entre hombres y mujeres se observa claramente si una tiene la oportunidad de ir a ambas prisiones, un penal de mujeres tiene mucha más represión que un penal de hombres, por más que pueden existir los mismos maltratos, los hombres tienen más libertades dentro de los penales; por ejemplo, lasmujeres  no pueden recibir hombres en su celda, tienen que tramitar un permiso especial para poder tener relaciones afectivas o sexuales con hombres. En cambio, en un penal de hombres, una visita mujer puede ir a la celda de cualquier hombre si quiere. Otra cosa que se ve en las prisiones de mujeres, es que estas siempre están pidiendo permiso para todo: “¿Srta. puedo ir al kiosko a comprar?” “¿Sra. puedo ir al patio para tal cosa?” “Srta. necesito ir al tópico”, etc., siempre hay esta especie de “vigilancia” a lo que estén haciendo; en el penal de hombres eso no se ve, los pabellones no están todo el día con llave y custodiados, mientras en el de mujeres todo el día está custodiado por alguna trabajadora del INPE, que lo mantiene cerrado y a la cual le tienen que pedir permiso justificado para todos sus movimientos. Eso en la cárcel de hombres no se da, y como estas varias cosas más. Pero eso no es porque sean prisioneras políticas, sino es algo general, da la impresión de que en esta sociedad ser mujer y transgredir la ley es mucho más grave que ser un hombre y transgredir la ley.
El tema de la dispersión de lxs presxs…
Más bien la política de los 90 fue concentrar y aislar a lxs presxs políticxs en lugares como Yanamayo, que queda en Puno. Después de unos años que cayó Fujimori, se dio la posibilidad de que el preso pueda estar en el penal más cercano a sus raíces o su familia, y desde ahí, se trasladaron muchos a Lima. Sin embargo, hay aún traslados arbitrarios, pero esto ya sería otro tema.
¿Cómo es el trato de los medios informativos y la sociedad hacia estas presas? (y en general presxs políticxs)
El tema de los medios informativos es una cosa ya del sistema. En los medios de difusión masiva, principalmente limeños, los tratan de “criminales”, casi como “lo peor que existe”, y que debiera haber más represión contra ellos.
En el 2010, en el penal de Chorrillos, hubo una requisa muy fuerte y violenta. La requisa se dio con el fin de “mostrar” a la sociedad que eran personas que no cambiaban, “terroristas no arrepentidas”, y que convenía derogar la ley que les daba beneficios penitenciarios para, a través de buen comportamiento, acortar en algo su larga condena. En la requisa dejaron entrar prensa y se manejó mucho esa prensa, podías ver prensa que estaba diciendo: -“Acá viven recontra bien!”, “tienen libros!”…como si en realidad no pudieran leer o tuvieran que vivir mal… y con eso bastaba y bastó para más represión porque se derogó esa ley. Hoy en día la represión sigue, prácticamente piden que no salgan, así hayan cumplido condena, si es que no están arrepentidxs, o si es que no han pagado la reparación civil, ambas argumentos ilegales e inconstitucionales. La prensa dice cualquier cosa, básicamente mentiras. De por sí, manejan un buen sector de la opinión pública, en Lima la prensa está manejada por la extrema derecha, en realidad digamos que la sociedad peruana está gobernada por la derecha (que es el gobierno del actual presidente Ollanta Humala); así que el problema no es con ellas nomás, es contra todo movimiento que se asemeja a algo que vaya en contra del estatus que existe, que vaya contra este Estado. No existe ningún diario de difusión masiva impreso que sea de oposición, no existe ningún diario de izquierda, todos están de alguna manera echados al gobierno (…) así son los medios y eso es lo que llega a la gente. Pero la gente no es estúpida, si bien la derecha ha logrado que un buen sector de la opinión pública lxs vea como “sanguinarixs”, hay alguna reacción contra ello, pero aún es pasiva, sobre todo con la carga mediática que hace que muchos, aunque piensen distinto, tomen sus distancias y no digan nada.
Los medios de comunicación están haciendo mucha presión para que no salga Osmán Morote
Es cierto, hay una campaña mediática fuerte para que no salga Osmán Morote; de hecho el gobierno, a través de la policía y los fiscales, está viendo la forma de abrirle otro proceso penal, para impedir su libertad y la de otros (considerados dirigentes) que ya están ¡casi 25 años presos!
¿Las prisiones son privadas o estatales, están en procesos de semi-privatización, régimen mixto? ¿Van a construir nuevas cárceles?
Se han hecho muchas conversaciones para privatizar las cárceles, siempre sale la idea, hay un intento por aquí y otro por allá, pero aún son estatales, y están regidas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Se quiere construir varias cárceles, las necesitan ya que hay hacinamiento en muchos penales, pero el tema es que el presupuesto para el INPE es bajo, podrían construir la cárcel, pero de ahí deberán tener un personal para esta, al cual tienen que pagar mensualmente y no tienen ese presupuesto.  Mientras se decide, se van hacinando más las cárceles, ya que las condenas cada vez son más altas, a la vez que hay reducción de beneficios penitenciarios; por lo tanto, entra cada vez más gente a la cárcel y sale cada vez menos. Están hacinadas. Es el mayor problema que tiene el INPE hoy. ¡Hay aproximadamente entre 900 y 1000 presos más cada mes!
¿Ellas cómo se organizan dentro de sus zonas? ¿Tienen el control? ¿Tienen presión? ¿Tienen vida comunitaria?
Ellas lo que han hecho es convertir este espacio de cárcel,  tratando de llevar una vida en comunidad, como personas que tienen la misma manera de ver la vida. Siempre vas a ver que están produciendo cosas, etc. Lo que había antes era convertir la cárcel en un espacio de lucha, de preparación, de aprendizaje (ideológico y político), pero era un contexto diferente, de guerra interna; ahora también buscan hacer de su encierro algo productivo, pero en un contexto distinto, pues se preparan para la libertad, pero para reinsertarse a la  sociedad, a trabajos, profesiones, familia, etc.
Por otro lado, se comenta que en la década de los 90 ellas tenían mucha presión dentro de los penales, esta situación ha cambiado, puedes explicar su desarrollo y que factores han influenciado en que sea diferente la situación actual de los penales a antaño.
Antes de los 90 había una población de presxs políticxs muy grande, por lo tanto sí tenían espacios tomados por ellos. Entienden la cárcel como otra “trinchera de combate”, pero a eso hay que darle su correcta ubicación en el tiempo, es aún en el contexto de guerra interna en el  país, inclusive el Estado reaccionó en varias oportunidades con genocidios en los penales. Los 90 eran aún épocas de guerra y había zonas manejadas por ellxs dentro de los penales. Incluso hay reportajes televisivos donde se les ve con uniformes, marchando y haciendo cánticos  como un ejército; y es que eso era hasta el momento en que cae la cabeza de la organización, ya con esa dan por perdida la guerra, y se da la voz de “paz”. Ahora la cárcel es su medio de preparación hacia la libertad, para salir a reincorporarse a la sociedad, y puede ser que algunxs a la política, pero ellxs afirman que sin armas.
¿De cuántas presxs políticxs estamos hablando, en el momento culmine de la guerra?
Serían unos 6000 en el momento de mayor cantidad de presxs políticxs.
El colectivo de presxs políticxs sigue teniendo el mismo peso político que tenía antes…
No creo que el mismo peso de antes, pero definitivamente un peso político tienen porque de alguna manera hay cosas que se aplican porque están ellxs. El Estado tiene siempre alguna manera de reprimirlos; la verdad de las cosas: el país ha crecido mucho económicamente en términos macros, pero hay mucha desigualdad y la gente se sigue muriendo de hambre y no hay un partido verdaderamente crítico al sistema, no existe! De pronto, sale el MOVADEF[6], y las mismas personas que los rechazan, sean de izquierda moderada o de derechas, están de alguna manera disparándose a los pies, porque si no existe otro partido, que sea de oposición real y/o más radical de lo que hay, que acoja y luche por este sector social menos favorecido, estos van a girar más hacia ese lado, que ahora ya no está en guerra ni utilizando las armas para tomar el poder, sino que ahora ellos alegan estar luchando por la reconciliación, por salir de la cárcel y el MOVADEF por ser un partido político que, según ellos, acoja y luche por este sector social y por los presxs de la guerra..
Los presxs políticxs se consideran derrotadxs militarmente, lo asumen como una derrota; y sí, ahora algunxs quieren participar en política, sin armas, a través del MOVADEF. Esto, siendo dos cosas diferentes, no niega que siga existiendo Partido Comunista del Perú (PCP), que considere que solamente se pueda hacer el cambio con la revolución, pero este mismo PCP subscribe también que no hay las condiciones políticas para hacerlo. Ese PCP como todo PCP en el mundo, sigue afirmando que el cambio viene con la revolución, pero ellos ahora la consideran inviable: “no hay las cabezas para dirigirla, ni las condiciones, ni la fuerza militar”, quedaron derrotadxs y eso para “volverlo a construir puede tomar décadas”. Es un proceso histórico. Así se entiende lo que afirman en sus propios pronunciamientos, que están en la red.
Hay algunos momentos que se resaltan dentro de la vida de los penales, la masacre de 1986 por Alan García, la de 1992  por Fujimori, ¿puedes explicarnos estos hechos?
La masacre de 1986 fue por Alan García en El Frontón, Lurigancho y el Callao. El Frontón era un penal en una isla (isla militar). La cárcel quedó totalmente destruida. Lo que se tiene entendido es que lxs presxs se levantaron y hubo una gran represión contra estos: lo que hizo Alan García fue asesinarlxs. Se dio una gran matanza, de más o menos unos 300 presxs políticxs.
Lo de  Cantogrande, que es el penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro Castro”[7], fue una matanza ordenada por Fujimori en el 92’. Esta se comenzó a gestar y manipular desde la opinión pública diciendo que los penales estaban totalmente tomados por lxs presxs, que no se dejaban trasladar…que ya había orden de trasladarlxs… que ya había un penal para mujeres. Generaron en los periódicos noticias que no eran del todo ciertas, como el hecho de que trasladarían a las presas políticas al penal de Chorrillos, cuando tal penal no tenía capacidad para albergarlas realmente. Fue una ola de mentiras que se comenzó a trabajar para justificar la represión. Lxs presxs resistieron. Son historias fuertes de cómo resisten varios días, inclusive los presxs comunes se solidarizan con ellxs…pero cuando ven que ya no da para más la situación y deciden acabar la resistencia sucede lo peor, ya que al salir caminando, rendidxs y con las manos en alto, empiezan a matarlos, utilizando francotiradores para poder matar a lxs que consideraban cabecillas, se da un genocidio, muere mucha gente, alrededor de unos 50 presxs políticxs. Salen rendidos y comienzan a dispararles, es el genocidio del penal de “Cantogrande” perpetrado por Fujimori.
La presión en los penales se puede relacionar con la presión en las calles, ejemplo, la masacre de 1986 o el asalto de Fujimori en el 92’, con momentos muy tensos, por ejemplo ¿militarización de Lima o del país?
Claro, de hecho se relaciona con la acción contrasubersiva del Estado durante la guerra interna. Sí había presión, yo no me acuerdo tanto, porque tenía 10 años cuando acabó la guerra en el 92. Sí me acuerdo de cosas, pero creo que lxs jóvenes que ahora llegan a los 40 son una generación que pudieron vivirlo más; por ejemplo, en provincia, en el campo, se denuncian abusos de las Fuerzas Armadas, que los militares podían  hacer una batida y si no les gustaba su cara, podían detenerlxs y ser investidagxs por terroristas (lo que en es ese tiempo significaba ser torturadx o desaparecidx). Se generaron muchas denuncias de gente que caía en prisión y no tenía nada que ver,  se vivía en “estados de emergencia”, en “toques de queda”, había más militares en las ciudades, había una presión y represión muy fuerte.
¿Qué es la ley del Negacionismo?
La Ley del Negacionismo es un proyecto de ley que se presentó este año, por junio o julio. Es una ley que trata de contener el avance de personas que piden la libertad de los presxs políticxs a través del Movimiento por Amnistía y Derechos Humanos (MOVADEF), a quienes se les quiere “conectar” con acciones armadas,  cuando más bien ellxs quieren hacer política dentro de la legalidad, y como el gobierno sabe que nadie está encabezando las demandas justas de amplios sectores, temen que las posiciones más radicales avancen, y los llaman por eso “violentistas”, que hay que “frenarles el paso”, entonces, generan leyes con nombre propio,  como esta del Negacionismo, que condenaría a personas que de manera pública expresen que lo que hubo en el Perú fue una guerra y no terrorismo. Esto resulta algo arbitrario, que te metan preso solo por pensar distinto. Atenta contra la libertad de expresión, le puede caer a cualquiera, a comunicadores que se puedan oponer, a la gente que se dedica a la investigación, etc. ¿Cómo podría haber una investigación seria si no se puede preguntar? Si la gente no tendría voz…si investigo y soy muy pesado al sistema podrían meterme presa, además ya existe una ley: la de apología al terrorismo y la ley antiterrorista. Entonces es una ley más, que podría ser que se apruebe en el Congreso, porque se da en una coyuntura bien represiva frente a los cada vez más conflictos sociales (socio-ambientales en su mayoría), y el descontento generalizado de las personas, los gremios de trabajadores, etc. a los que no llega este famoso crecimiento económico que tiene el Perú y del cual tantos políticos se jactan.
Es jodido, de esta manera el Estado podría reprimir cada vez más a todo el que le es molesto. Por ejemplo, en este año, en la lucha del sector educación, se juntaron varios gremios o partidos. Uno de los dirigentes de esta lucha era favorable a las ideas políticas del MOVADEF…al toque se criminalizó esa lucha. Esas leyes van en ese sentido, nadie puede contravenir al sistema, en este caso a la “historia oficial” y ¡ni siquiera hay una historia oficial! ¿La de la CVR la sería?, ¡no! porque tampoco está aceptada como oficial, en el mismo gobierno hay personas que critican la CVR.
Perdona, ¿qué significa CVR?
La CVR es la “Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, que dispuso el Estado durante el gobierno de A. Toledo para que escriba la historia de la “guerra” y dé pasos a una reconciliación nacional. Pero su informe sólo expresó la versión y el criterio de un sector de la sociedad peruana.
Sobre ti: dificultades  en general con el tema carcelario, dificultades con el acceso a las visitas, maltrato, presión emocional…etc.
Sí, es difícil defender presos, son un sector de la sociedad que está bien marginado, puedes  escuchar todo tipo de comentarios: “¿por qué no mejor ayudas a niñxs pobres? “Están presxs, que se  jodan… para qué cometen crímenes”.
O el hecho de que si vas mucho a un penal, o si por ejemplo eres amigo de un presx políticx te pueden imputar que quieres ser un “terrorista”. Es algo así, hay mucho de esa idea, de que los penales tienen que ser lugares donde se sufra, donde se la pase mal, cuando se supone que la Constitución establece que no sea así, que sean lugares constructivos, de resocialización, etc.
¿Dificultades con el acceso al penal?…sí, y muy variadas, definitivamente hay maltrato, a mí me ha pasado unas cuantas veces y yo veo más el maltrato a personas que tienen fenotipos más marcados, más de personas del interior. Pueden tener dificultades para entrar, y la gente de por sí no sabe qué se puede y qué no se puede hacer, o qué le pueden o no hacer, ahí veo mucho maltrato a familiares. Ya de por sí es difícil, para la familia es un gasto ir al penal, y con tantas dificultades van, y de pronto el personal del INPE te encuentra algo que no quieren que tengas, te dicen tienes que ir a la calle y dejarlo afuera, y se preguntan cómo hago, dónde, cuándo…etc. Hay abuso de autoridad, y la estigmatización que te digo…pero el familiar está impotente porque sabe que a pesar del abuso tiene que callar porque podrían dejarlo sin poder visitar a su familiar o que tomen represalias con su familiar interno.
Nota de la entrevistadora: la entrevistada mantiene en semi secreto el tema de su apoyo a presxs políticxs, lo que nos da un indicio del estigma social y político que hay con lxs presxs de guerra en elPerú.


[1] Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue una organización  fundada en 1984 e inspirada en las guerrillas izquierdistas de otros países de la región, que inició su accionar en 1985. En la actualidad, esta organización se encuentra casi desarticulada en el plano militar. El MRTA fue liderado por Víctor Polay Campos y, tras su captura y encarcelamiento en julio de 1992, por Néstor Cerpa Cartolini, hasta la muerte de éste durante la toma de la embajada japonesa en Lima el 22 de abril de 1997.
[2] El etnocacerismo (o etnonacionalismo peruano) es una doctrina política peruana caracterizada por el nacionalismo etnocéntrico que evoca tanto el poderío y la identidad del Imperio inca o Tahuantinsuyo de la época prehispánica así como el nacionalismo de las fuerzas armadas peruanas de la época republicana. Esta ideología es esbozada por Isaac Humala -conocido en el pasado por su militancia marxista en el Partido Comunista Peruano y otros grupos de extrema izquierda- que él mismo ha denominado etnocacerismo o etnonacionalismo. Esta ideología es la inspiración de la organización Movimiento Etnocacerista Peruano liderada por el hijo de Isaac Humala, el ex-militar Antauro Humala (hermano del ahora presidente Ollanta Humala). La mayoría de sus integrantes son reservistas del Ejército peruano y veteranos de la Guerra del Cenepa contra Ecuador y de la contrainsurgencia contra Sendero Luminoso.
[3] Fracción SL- Huallaga. Con la caída de la cúpula de SL en 1992, se declaró por finalizada la guerra, pero en el Huallaga como en el Vrae no acataron las órdenes. Posteriormente, la fracción del Huallaga se pronunció también por el término de la guerra y la búsqueda de una “solución política”.
[4] Fracción SL-Vrae. Esta fracción es la más cuestionada por lxs presxs políticxs de SL. Diversos analistas políticos hablan de su vinculación con el narcotráfico, y que es un grupo armado con una orientación claramente diferente a la del PCP-SL de los 80 y de la “solución política” actual.
[5] El 13 de setiembre, el 3 y el 6 de octubre del 2012 se dieron traslados en el penal de Chorrillos. El INPE en tales traslados actuó de manera sorpresiva, de noche y de madrugada, de manera violenta, engañando a las internas y sin informar en ningún momento a éstas hacia dónde eran llevadas, ni dándoles tiempo para ordenar sus cosas, por lo que hubo pérdidas de objetos personales, etc..
[6] MOVADEF: “somos un grupo de dirigentes de organizaciones populares, intelectuales y artistas del pueblo, así como abogados defensores de presos políticos y perseguidos sociales quienes guiados por servir al pueblo de todo corazón y con desinterés absoluto, hemos constituido el “Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales”. APARECEMOS en nuestro país en momentos que a nivel internacional se vive la segunda crisis económica general de la globalización, la más grave del sistema capitalista y cuyas consecuencias las sufre principalmente el pueblo. Enero del 2010.”


La única mala idea es no debatir ideas...



Perú niega amnistía a guerrilleros, militares y policías

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales exige al gobierno de Ollanta Humala una amnistía general para todos los participantes en el conflicto armado que comenzó en 1980; ésta incluiría no sólo a miembros de Sendero Luminoso, sino a guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, paramilitares, militares y policías. No obstante, el gobierno se niega a aceptarla y, en cambio, promueve leyes que, de ser aprobadas, mandarían a la cárcel entre 4 y 6 años a aquel que no se refiera al conflicto como “terrorismo”. “El gobierno antidemocrático no aceptará la amnistía porque no quiere mostrar debilidad”, considera especialista en el tema.







El 12 de septiembre de 1992 fue capturado el dirigente del Partido Comunista del Perú (PCP), Abimael Guzmán Reynoso. Con esa detención se cerraban 12 años de guerra entre esa organización y el gobierno peruano. Alfredo Crespo, abogado del Presidente Gonzalo (como también se le conoce a Abimael) y actual secretario del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), explica, en entrevista con Contralínea, que 20 años después se necesitan cerrar las heridas de la guerra que aún continúan abiertas.
“Necesitamos luchar por una solución política de los problemas derivados de la guerra; es por eso que conformamos Movadef en noviembre de 2009. Planteamos una amnistía general para todos los involucrados en el conflicto; es decir, para todos los presos políticos del PCP [denominado Sendero Luminoso] y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru [MRTA], pero también para los militares y policías.
“La amnistía busca la reconciliación nacional, por eso debe de tener a las dos partes: grupos armados y fuerzas gubernamentales; ya que de ambos lados tenían un objetivo político. Unos querían la conquista del poder y otros la defensa de éste. Fue una lucha por el poder, definida como un hecho político; por eso rechazamos que se le nombre [al proceso] como terrorismo”.
JPEG - 201.7 KB
Alfredo Crespo menciona que además de la amnistía, el otro de los planteamientos del Movadef es la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad peruana. Según el abogado, ambos están ligados debido a que el gobierno peruano restringió los derechos de la población en pro de la llamada lucha antiterrorista. Uno de esos derechos fue la inviolabilidad del domicilio: tres cuartas partes del país fueron declaradas en emergencia y los agentes del orden podían entrar a las casas que supuestamente pertenecían a guerrilleros sin orden de cateo. En las calles también se detenía a personas sin orden judicial.
“La amnistía general es el camino para lograr una reconciliación nacional. Ésta ha sido planteada por todas las sociedades que han atravesado una guerra. Las guerras no son eternas, terminan, y afectan los derechos de las dos partes involucradas”, explica el abogado.
—¿La amnistía beneficiaría a Abimael Guzmán, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos?
—Nosotros no personalizamos la amnistía; por ello vamos por la amnistía general, porque se trata de resolver un problema nacional. Nos acusan de sólo buscar la libertad de Abimael: él es el principal preso político y tiene derecho a su libertad, pero el objetivo es el de lograr la libertad de civiles, militares y policías. Esto servirá para que nuestro pueblo desarrolle su propio camino.
Alfredo Crespo comenta que del lado de la guerrilla serían beneficiadas alrededor de 300 personas, y del lado militar y policial un aproximado de 30, incluyendo altos mandos, que son las que se encuentran presas por motivos de la guerra.
—¿Cuál es la respuesta del gobierno peruano ante la amnistía?
—Ellos anteponen la opción militar: destruir al vencido, acabar con él. Se oponen a la amnistía porque el gobierno peruano sirve a intereses imperialistas y a éstos les convienen las divisiones en el pueblo. Utilizan organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, financiadas por organismos internacionales ligadas al imperialismo, que no quieren amnistía. Pero el pueblo sí la quiere. Incluso, [los] partidos políticos también ven una opción en la amnistía.
Señala que en Perú siempre ha habido una tradición de amnistía. Ubica el caso de la otorgada a Ollanta Humala durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. En octubre de 2000, el ahora presidente –en ese entonces jefe de unidad del Grupo de Artillería 501 en el Fuerte Arica– se levantó en armas para exigir la renuncia de Alberto Fujimori.
Este último ocupó el cargo de presidente de la República de 1990 a 2000 y actualmente se encuentra preso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
“Fujimori tuvo una falta de visión estratégica de Estado: si él hubiera estimulado la amnistía cuando era presidente, ahora no estaría preso. Eso es la miopía, la ceguera política”, considera Alfredo Crespo.
El Movadef pretende participar de lleno en la vida política de Perú con base en el Artículo 35 de su Constitución Política, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en política; no obstante, a principios de año su propuesta fue rechazada por considerar que su ideología política –marxismo, leninismo, maoísmo, “pensamiento Gonzalo”– es la misma que defiende Sendero Luminoso.
A pesar de ello, plantean participar en elecciones regionales, municipales y generales para que sus representantes lleven sus propuestas de amnistía y respeto a los derechos fundamentales al seno del debate político y se inserten en la agenda nacional.
Infografía
JPEG - 131 KB
Jacobo Alavez Medina, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en América Latina, explica a Contralínea que el gobierno de Ollanta Humala no es democrático.
“Es un gobierno conformado por el apoyo de las organizaciones de derecha que va contra todas las prácticas organizativas del movimiento popular, indígena, e incluso contra las reivindicaciones de la clase media.
“Una de las mayores reivindicaciones de este gobierno es tener, por un lado, preso a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y por otro, a Alberto Fujimori, el máximo líder de la lucha antisubversiva. Con ello han intentado mostrarse democráticos, a través de castigar los excesos cometidos por ambas partes.”
—¿Por qué no otorgar la amnistía si ésta incluye a ambos bandos?
—Desde la perspectiva del gobierno, esto implicaría mostrar un signo de debilidad. Piensan que la amnistía rebajaría el carácter corrupto a Fujimori; y de ser otorgada sería el equivalente a decir 20 años después: “Sendero Luminoso pudo haber tenido razón”.
El investigador señala que la clase política quiere cerrar los ojos al proceso que vivió Perú en la década de 1980; pero basta recordar que hay senderistas presos, no por haber asesinado, ni haber participado en acciones violentas, sino sólo por el hecho de ser senderistas; muchos de ellos fueron desaparecidos durante la presidencia de Fujimori y la primera de Alan García.
“La estrategia del gobierno es clara y se demostró sin tapujos cuando los tupamaros tomaron la Embajada de Japón en la década de 1990: no negociaron con ellos, los aniquilaron a todos.”

La guerra
El 17 de mayo de 1980, el Partido Comunista del Perú quemó las urnas electorales que serían utilizadas en las elecciones venideras en Ayacucho. Esto fue el inicio de la guerra contra el Estado peruano.
El conflicto armado implicó matanzas y asesinatos selectivos de ambas partes. El PCP llevó acciones de sabotaje contra la infraestructura estatal, el gobierno respondió desapareciendo gente y encarcelando a todo aquel sospechoso de ser senderista.
En junio de 2001 fue creada la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Su objetivo fue elaborar un informe sobre las causas, consecuencias y el saldo del conflicto entre 1980 y 2000.
JPEG - 74 KB
El informe fue presentado finalmente en 2003. En éste se asienta que durante ese periodo el número total de muertos y desaparecidos fue de 69 mil 280, aproximadamente. El PCP habría provocado 31 mil 331 muertes (46 por ciento), las fuerzas gubernamentales 20 mil 458 (30 por ciento), y los grupos paramilitares, los campesinos armados por el gobierno, los tupamaros y los comités de autodefensa, 15 mil 967 (24 por ciento).
Ayacucho fue la región más asolada por la violencia. Ahí se registraron más de 25 mil muertes; le siguieron la zona centro, con más de 15 mil; Nororiente, con más de 12 mil; la zona Sur Andina, con más de 5 mil; Huancavelica y Lima Callo registraron menos de 5 mil; además de otras que, en su conjunto, rondaron las 4 mil.
“Esa guerra tuvo causas sociales y políticas. Antes de 1980 mantuvo a poblaciones en el abandono, sin derechos y sometida a una feroz opresión tanto en el campo como en la ciudad, abandono en salud y educación. El Estado utilizó una política genocida: desapariciones, fosas comunes, detenciones, torturas, desplazamientos forzados. La otra parte [el PCP] debe de hacer una autocritica –como señala Abimael– por los excesos, errores y limitaciones que ha tenido su organización. Ambas partes deben asumir su responsabilidad”, considera Alfredo Crespo.
—¿Las condiciones que motivaron la guerra siguen hasta ahora?
—Claro. El Estado aún no garantiza la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales del pueblo; sin embargo, no hay condiciones para una nueva revolución armada en Perú. De tal manera corresponde resolver los problemas de la guerra que ya terminó. El camino es la democratización de la sociedad peruana. Ésta inicia desde octubre de 1993, cuando Abimael Guzmán señaló: “La guerra debe terminar”.
JPEG - 163.7 KB
Ley antiterrorista
El 28 de agosto de 2012 el gobierno de Ollanta Humala entregó al Congreso de la República del Perú un proyecto de ley para incluirla en el artículo 316-A del Código Penal.
En éste se asienta que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 años el que públicamente apruebe, justifique, niegue, o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas…”.
El proyecto señala en la introducción: “un Estado democrático guiado por el respeto irrestricto de la dignidad de la persona […] no puede permitir que, con base en una concepción laxa y por ende errada de la ‘libertad de expresión’, se construya un sistema vejatorio que lo que en buena cuenta busca es menospreciar y lesionar la dignidad de un grupo social nada desdeñable en nuestro país que se ha visto directa o indirectamente afectado por los actos terroristas…” (sic).
El documento, además, asienta que “la criminalización del negacionismo [sic] de los actos terroristas suficientemente comprobados e incontrovertibles se justifica sobradamente cuando, deformando el curso real e histórico de los hechos, se cubre con un velo de libertad de opinión ideológica o política, motivaciones antidemocráticas que lo único que pretenden es propiciar un clima de banalización, aceptación u olvido de crímenes atroces…”.
Alfredo Crespo, quien estuvo 12 años preso por defender legalmente a Abimael Guzmán, y cuya detención fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como actos de persecución de abogados en el Perú, señala que de ser aprobada la ley negacionista sería encarcelado cualquier periodista, profesor o investigador que no describa al conflicto como terrorismo.
“Todo aquel que se refiera a lo vivido de 1980 a 1992 como una guerra interna, popular, conflicto armado, revolución, levantamiento, irá a la cárcel, forzosamente tiene que decir que fue terrorismo. Esto atenta no sólo contra la libertad de expresión e información, sino también contra la libertad de pensamiento.
“Hace 20 años terminó la guerra pero las leyes antiterroristas siguen vigentes: la ley de custodia impide que salgan de la cárcel aquellos que ya cumplieron su condena; a quien consideran peligroso le dejan supuestamente en libertad, pero bajo custodia penitenciaria, es decir, sigue preso. La ley de seguimiento va contra aquellos que han quedado en libertad, pero por su supuesta peligrosidad tienen que ser vigilados y controlados. Todo esto va contra la seguridad jurídica del país. Movadef quiere derogar estas leyes que sólo sirvieron jurídicamente para la guerra antisubversiva.”
JPEG - 203.3 KB
Presos políticos
En Perú, según estimaciones del Movadef, aún hay alrededor de 300 presos políticos; hace 12 años sumaban poco menos de 5 mil. Sus familiares han realizado acciones de inconstitucionalidad, impugnaciones legales y huelgas de hambre. Muchos que habían sido condenados a cadena perpetua están ahora libres.
A pesar de que muchos han mejorado sus condiciones carcelarias, otros siguen atravesado situaciones de aislamiento, incomunicación y políticas de aniquilamiento sistemático y sofisticado, acusa el secretario del Movimiento.
“Es un régimen carcelario muy duro, permanecen 23 horas encerrados en las celdas. No hay atención médica y la alimentación es miserable. Son negados sus beneficios penitenciarios, ya no pueden salir antes de que se cumpla su condena. Hay persecución contra la libertad de pensamiento, de expresión, de creación artística. Les clausuran sus exposiciones culturales a muchas compañeras, al alegar terrorismo.
“A Abimael Guzmán se le impide la comunicación con familiares, amigos y periodistas. Está completamente aislado, sus abogados son perseguidos, a nosotros se nos acusa de ser sus mensajeros. Elena Yparraguirre [compañera sentimental de Abimael] recientemente fue aislada en castigo por conceder una entrevista –mediante un cuestionario escrito– a The Economist.”
En ese sentido, menciona Alfredo Crespo, ahora se promueve una ley para los que estuvieron presos por cargos de terrorismo no puedan participar en la vida política del país; incluso, a los maestros se les impediría ejercer su profesión.
Reconciliación nacional
El Movadef ha logrado insertarse activamente en la vida política peruana; sus simpatizantes han realizado acciones de solidaridad en Argentina, Chile y México. En estos 3 años se han pronunciado por una nueva constitución, por la defensa de la soberanía nacional, en contra de las reformas laborales y prácticas monopólicas, y por la resolución de los problemas en salud, educación y vivienda; también por el retorno de los peruanos expatriados y por la cancelación de órdenes de captura giradas por el gobierno.
El investigador Jacobo Alavez considera que para que exista una reconciliación nacional en Perú, debe de reconstruirse el Estado y se tiene que erradicar la corrupción. “Sin embargo, es claro que esto no va a pasar con Ollanta Humala como presidente; por ello, la sociedad civil debe tener formas de expresarse y luchar por la reconciliación como un objetivo del pueblo peruano en su conjunto”.
Contralínea solicitó entrevista con la Embajada de Perú en México a través de David Hurtado, del área de prensa. Sin embargo, el funcionario argumentó que la Embajada no puede dar entrevistas sobre esos temas, a menos que tengan una autorización de la cancillería peruana. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario