Desaparición y muerte. Cinco años sin Santiago Maldonado: mentiras de Bullrich, hipocresía del Frente de Todos
El 1° de agosto de 2017 una represión de Gendarmería derivó en la desaparición durante 78 días del joven de 28 años, cuyo cadáver fue hallado en circunstancias nada claras. La autopsia no pudo determinar cuándo, dónde ni cómo murió. La causa está abierta, pero paralizada y sin resolución de la Corte. El juez Rafecas acaba de salvar al macrismo en otra causa por espionaje. El Gobierno peronista asumido en 2019 mantiene impune a la Gendarmería. Y Bullrich desparrama falsedades en los medios. ¡Santiago Maldonado Presente!
Daniel Satur@saturnetroc
Lunes 1ro de agosto de 2022
A lo largo de los últimos cinco años La Izquierda Diario ha informado con responsabilidad y fuentes confiables cada alternativa del caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Siempre fiel a la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la represión del Estado, gobierne quien gobierne, este medio se comprometió desde el principio con la familia del artesano anarquista de 28 años, difundiendo sus denuncias y aportando información.
Durante este lustro, ninguna afirmación aquí expresada pudo ser desmentida. Mucho menos alguna de las acusaciones hechas sobre responsabilidades materiales y políticas pudo ser siquiera sospechada de calumnia. Por eso, al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Santiago, la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario te invita a recorrer la sección especial dedicada al caso con notas, entrevistas e informes sobre los hechos y sus protagonistas.
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Las mentiras de Bullrich
El 29 de junio pasado la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue entrevistada durante una hora y media por el periodista Julio Leiva en el programa “Caja Negra” del sitio Filo News. Casi a la hora de conversación se habló del caso Maldonado.
Leiva le preguntó a Bullrich qué sabía de la testigo de Gendarmería que declaró recientemente en sede judicial y que, como informó detalladamente este diario, dijo que en los días siguientes a la desaparición de Santiago varios gendarmes se referían a él como “el hippie al que habían agarrado” y que “se les fue”, poniendo en jaque la versión de la Gendarmería y de la propia Bullrich. Además la mujer (que trabajaba en la enfermería del escuadrón 36 de Esquel) denunció la persecución que sufrió desde la propia fuerza ante las sospechas de que podría delatarlos.
“No existe, no es así, no existe”, respondió Bullrich, sin ningún argumento, sobre la testigo. “Todo el mundo entero vio lo que pasó con Maldonado, quedó en el mismo lugar donde se ahogó, sin que nadie lo viese ni nadie lo tocase. Así que todo eso es un intento de abrir algo que le quedó claro a toda la Argentina y al mundo que ni la Gendarmería ni nuestro gobierno, nunca, nunca, hubiera hecho desaparecer a una persona. Nosotros tenemos principios”.
Sergio Maldonado y su abogada, Verónica Heredia, pidieron a Filo News un derecho a réplica para responderle a la exministra. En un nuevo video, difundido hace tres días por ese sitio, el hermano de Santiago y quien lo patrocina en la querella demuestran una a una las falacias de Bullrich.
Sergio afirma que “la testigo existe y ya declaró ante un fiscal. No lo hizo al azar ni fue a un medio de comunicación. (Bullrich) tiene acceso a todo y sabe que lo que está diciendo es mentira. Si uno hace la secuencia de todo lo que está en el expediente, va encajando pieza por pieza con ese testimonio. Da cuenta de que a Santiago lo tuvieron detenido en un escuadrón de Gendarmería que está dentro de la estancia de Benetton. Y que después escuchó cómo gendarmes dicen que se les fue”.
En la entrevista Leiva le repreguntó a Bullrich: “¿usted dice que esa testigo no existe?”. Ella, despojada, insistió: “no, no existe, no existe. Digamos, existe como una manera de que alguien quiere abrir una causa, pero no existe, no está en ningún lado”.
La doctora Heredia, tal como se lo confirmó a este diario a poco de que la gendarme declarara ante el fiscal federal de Esquel Federico Baquioni, se entrevistó dos veces con la testigo, una por teléfono y otra personalmente (en una provincia lejana a Chubut). “Me contó toda la información que tenía por haber vivido los hechos, no porque alguien se los contó, ella estaba el 1° de agosto del 2017 en el escuadrón de Esquel. Le pregunté si podía contar todo ante la instancia judicial y dijo que sí”, detalla.
La testigo “dio nombres y apellidos, fechas y horas, lugares donde fue escuchando a sus compañeros decir que había un operativo, que había salido bien, que se había detenido a un hippie y que estaba en el destacamento de Gendarmería de Benetton. Todo eso declaró y está incorporado en el expediente”, agrega la letrada.
Ilustración @joe_ska_dibuja | La Caja Roja
Otra falacia de Bullrich se refiere al espionaje ilegal realizado por la Gendarmería al entorno de Santiago y a quienes se movilizaban por él. “¿Espiaron a la familia Maldonado?”, preguntó el Leiva. “Nunca”, respondió la exministra. Y agregó, provocadora, “todo lo contrario, el Estado los ayudó, les dio plata, le dio plata a Sergio Maldonado para que pudiera viajar y hacer sus trámites. Pero ellos nunca se dejaron ayudar”.
Sobre el espionaje, Heredia responde que “el seguimiento a Sergio, a su compañera Andrea y a la familia consta en el expediente”. Las pruebas de esas tareas de inteligencia motivaron que en octubre de 2017 Myriam Bregman y Matías Aufieri, abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), presentaran una denuncia en Comodoro Py por espionaje ilegal. La causa tramita en el Juzgado Federal 3 de Daniel Rafecas, quien hace pocos días decidió “archivarla”, justificando el accionar persecutorio del Estado sobre las víctimas.
Sergio declaró ante Rafecas el 7 de mayo de 2019. Desde entonces no tuvo novedades desde el Juzgado. “Incluso pedimos que la citen a declarar a Bullrich por sus amenazas, pero no la citaron”, dice. Tampoco citaron a los testigos que él mencionó. “La pinchadura del teléfono existió, en ese momento se publicaron supuestas escuchas en Infobae, por eso fue que me enteré que tenía el teléfono pinchado. Acá la única mentirosa es Bullrich, las pruebas están en la Justicia, más allá de que la Justicia haga lo que se le antoja”, sentencia.
Sobre el dinero que, según Bullrich, el Estado le dio a la familia, Sergio responde enojado. “A mí el Estado no me dio absolutamente nada, para Bullrich parece que todo se resuelve con plata. Y están todo el tiempo diciendo que insistimos en que se trata de una desaparición para que el Estado nos pague”, dice. Y cree que así “lograron la estigmatización, primero deshumanizando a Santiago y después, cuando Santiago apareció (que al día de hoy lo siguen deshumanizando y burlándose de cómo apareció) sigue con quienes reclamamos”.
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Dando un paso más en su relato, Bullrich afirma que “a Maldonado no lo mató nadie, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir corriendo, de escapar. Se quedó atrapado en un río muy difícil, muy frío, con ropa muy pesada. Y quedó ahí. No quiso volver. El caso se hubiera resuelto en tres días si se hubiera dejado ver el lugar, pero nunca dejaron ver el lugar. Pasaron 78 días hasta que apareció y se supo que ningún tercero había participado. Nadie lo tocó... Cuesta la verdad, pero vale la pena defenderla”.
Una vez más, Sergio responde. “Si Santiago entró al río no fue porque andaba haciendo turismo, pero además en la causa un testigo declara que sí se entregó y dijo ‘ya está’. Se hicieron tres rastrillajes en el lugar y no encontraron nada. Un lugar en el que en agosto no hay deshielos, así que es mucho más bajo que el día en que lo encontramos, el 17 de octubre. No es como dicen, que corrió y que si no hubiera corrido no pasaba. Hubo una represión. El cuerpo no estaba ahí y apareció con signos de crioconservación. Eso está en la causa”, detalla.
Bullrich “primero negó que la Gendarmería había ingresado, pero ingresó. Después negó que habían ingresado con Unimog, después que los gendarmes no habían llegado al río, que no habían tirado balas de plomo. Pero entraron con Unimog y tiraron con balas de plomo. O sea que todo lo que dijo se cayó. Dice que (los mapuche) no dejaban ingresar al predio, pero en todo momento pudieron ingresar, tanto que tenían dominio y control de la situación todo el tiempo”, detalla Sergio por si hiciera falta.
El hermano de Santiago recuerda las poco claras circunstancias en las que fue hallado el cuerpo. El juez Gustavo Lleral había convocado a la familia a un nuevo rastrillaje el 17 de octubre. Allí fueron Sergio y Andrea. “Estábamos en un lugar, nos hicieron ir para otro y cuando nos fuimos apareció el cuerpo. Apareció delante de todos, no es que apareció el día anterior o cuatro horas antes. Apareció cuando nosotros estábamos a punto de irnos, porque nos parecía muy burda y alevosa la manera en que nos estaban dando vueltas”.
Para mentir, Patricia Bullrich se apoya en lo que supuestamente dijo la autopsia al cuerpo de Maldonado. Y también en que allí participaron el Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos de la familia y de organismos de derechos humanos. “Sería muy sano para la Argentina que aquellos que se quisieron convencer o que hicieron decir que nuestro Gobierno era lo que no fue, lo reconocieran. La verdad cura, así que les recomiendo que piensen en la verdad y no en la construcción que quieren hacer de un caso que no fue como ellos dicen”, sentencia.
Apelando a los hechos, la doctora Heredia le responde que “la causa está abierta, lo que pasa es que está paralizada. Los peritos que intervinieron en esa autopsia no dijeron ni cómo, ni cuándo ni dónde murió Santiago, a tal punto que una de las medidas de prueba es determinar la fecha de la muerte. Si no sabemos cuándo murió, tampoco sabemos cómo murió ni dónde murió”, explica. Sergio agrega que como querella tuvieron sólo un perito de parte, “que es antropólogo y lo único que hizo fue verificar lo que se estaba haciendo. La autopsia fue muy básica y durante un año estuvimos pidiéndole al juez que se ampliaran puntos de pericia, pero todo fue rechazado”.
“Si Bullrich leyera la causa se enteraría que es diferente a lo que ella dice. Y eso que al juez lo pusieron ellos”, ironiza Sergio en referencia a Gustavo Lleral, titular del Juzgado Federal de Rawson. En otra causa en la que también se investigaba el espionaje ilegal durante el macrismo, fue peritado el teléfono de Darío Nieto, secretario privado del entonces presidente Macri. Allí Nieto había anotado “Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos”. De allí que desde el inicio de su actuación en la causa, Lleral haya tenido la misma línea de Bullrich.
“Cuando los jueces son funcionales a los gobiernos pasa eso, nosotros tenemos las pruebas, lo que pasa es que necesitamos un juez que las tome y las haga valer”, dice Sergio. Su abogada agrega que “la causa está abierta porque fue revocada la resolución del juez Lleral de noviembre de 2018. Hay medidas de prueba para hacer, pero la causa está paralizada hasta que la Corte Suprema resuelva los planteos que hicimos”, afirma.
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Hipocresía del Frente de Todos
Durante los meses de búsqueda de Santiago y del posterior hallazgo de su cadáver, diversos sectores que hoy integran el Frente de Todos marcharon junto a su familia, los organismos de derechos humanos y la izquierda reclamando verdad y justicia. Ante el cambio de gobierno en diciembre de 2019, no eran pocos los que esperaban que algo de luz se echara sobre el caso. Sin embargo, como sucedió con otras “promesas” de campaña vociferadas por el peronismo, la impunidad se mantuvo intacta.
Vale recordar que el Poder Ejecutivo dispone de muchas herramientas legales y jurídicas para investigar, sancionar y hasta transformar a cualquiera de las fuerzas represivas a su cargo. La Gendarmería, al igual que la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria dependen directamente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nada de lo que esas fuerzas hagan o dejen de hacer está por fuera de los lineamientos que le imprime la Casa Rosada a través del ministro o la ministra de turno.
La gestión de Sabina Frederic será recordada por un cúmulo de expresiones “progresistas” acompañado de un sobrempoderamiento de las bandas uniformadas que, decreto de cuarentena estricta en mano, elevaron en pandemia todas las estadísticas de gatillo fácil, apremios, torturas, desapariciones y muertes en lugares de encierro. Esa licencia fue acompañada de un manto de impunidad sobre lo hecho en el pasado inmediato. No había que poner en cuestión la gobernabilidad de las tropas. Y el caso Maldonado no tenía por qué ser la excepción.
En agosto de 2020 la ministra con estudios de antropología se limitó a presentar una denuncia penal para que se investigue al exjefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, y a un par de jerarcas de Gendarmería por un eventual “incumplimiento de deberes” y “encubrimiento”. La causa, que se tramita en el Juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello, desde el inicio careció de todo impulso por parte del Poder Ejecutivo.
Como se dijo desde aquí en aquel momento, cabe preguntarse por qué esa denuncia no incluyó a Bullrich, toda vez que Noceti y los jefes de Gendarmería cumplían órdenes de ella. Y por qué, tampoco, se denunció penalmente al conjunto de las tropas que actuaron en aquel operativo. Todos saben lo que pasó. Peor no, se mantuvo rajatabla el discurso planificado. Esos cientos de gendarmes siguen en funciones, incluso muchos fueron ascendidos.
A su vez, en la causa por espionaje ilegal que tiene el juez Rafecas, la querella pidió a través del sistema de acceso a la información pública que el Ministerio de Seguridad informara sobre las actividades del Centro de Reunión de Información de Neuquén, la base de Gendarmería desde donde se orquestaba el seguimiento ilegal. Pero, tal como lo denuncia el CeProDH, la ministra Frederic “se negó rotundamente a hacerlo”.
Si eso hizo (o no hizo) la funcionaria “progresista”, menos podía esperarse desde el 22 de septiembre de 2021, cuando Frederic fue reemplazada por Aníbal Fernández, cultor de la represión y uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda de 2002.
Un mes antes de que Aníbal asumiera como ministro, Sergio Maldonado había dicho públicamente que “al Frente de Todos no le interesa ni quiere saber lo que pasó con Santiago” y “mucho menos que se haga Justicia”. Razones no le faltaban. Llevaba un año y medio acumulando tibias expresiones solidarias de los organismos de derechos humanos oficialistas pero la más fría indiferencia de los funcionarios con capacidad de tomar medidas y aportar elementos a la causa judicial que ya debería tener procesados a decenas de gendarmes y varios de sus exjefes políticos, empezando por Patricia Bullrich.
Es entendible. Nada hace pensar que, en este contexto de crisis económica y social, las luchas de los pueblos originarios, del movimiento ambientalista, de las mujeres organizadas y de la clase trabajadora en general vayan a disminuir. Todo lo contrario. El ajuste que lleva adelante el Frente de Todos, profundizando el ataque a las condiciones de vida heredado de Cambiemos, inevitablemente impulsará nuevas movilizaciones, marchas, ocupaciones, cortes de ruta y demás métodos de lucha. Y el Estado patronal, gobierne quien gobierne, siempre estará dispuesto, parafraseando a Bullrich, a no tirar a ningún gendarme por la ventana.
A cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado y a poco de cumplirse otro tanto del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, la impunidad de gendarmes, prefectos y funcionarios es una carta blanca para que esas mismas fuerzas represivas se preparen sin culpa para las próximas represiones.
Sólo la más amplia movilización de la clase trabajadora y el pueblo pobre, independiente de todas las fracciones capitalistas, podrá frenar el ataque a la protesta social y combatir las causas que la producen. Todo lo demás, es hipocresía.
¡Santiago Maldonado Presente! ¡Ahora y Siempre!
Mirá el documental producido por La Izquierda Diario en 2018
Cinco años del caso Maldonado: 78 días desaparecido, una muerte atroz y una causa judicial "paralizada"
El joven, de 28 años, fue visto por última vez durante una protesta reprimida por Gerndarmería en la comunidad Pu Lof, en Chubut. Su cuerpo fue hallado río arriba, a 400 metros de ese lugar. Qué se sabe del caso.
Santiago Maldonado | CEDOC
31-07-2022 21:43
Acinco años de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017, su familia sigue reclamando Justicia, asegura que la causa está "paralizada"y piden que el caso se investigue como "desaparición forzada".
Santiago Maldonado, de 28 años, había participado el 1º de agosto de 2017 de un corte de la Ruta 40 junto a miembros de una comunidad mapuche Pu Lof, a la altura del distrito chubutense de Cushamen.
Esta manifestación, que fue reprimida por efectivos de la Gendarmería, fue la última situación en la que se lo vio a Santiago con vida: tras el desalojo realizado por efectivos de esa fuerza de seguridad, no se supo nada más de él.
Santiago Maldonado tenía 28 años al momento de su muerte, hoy habría cumplido 33.
Su desaparición conmocionó al país y fue uno de los principales temas de debate público durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Si bien cientos de efectivos de seguridad lo buscaron por la zona en la que fue visto por última vez, el cuerpo de Santiago fue encontrado en el río Chubut 78 días después, el 17 de octubre de 2017. Estaba 400 metros río arriba del lugar en que lo vieron con vida el 1 de agosto, sitio donde ya habían tenido lugar rastrillajes de las distintas fuerzas de seguridad, e incluso con helicópteros, drones y perros rastreadores.
Peritajes y rastrillajes en 2017 para encontrar a Santiago Maldonado.
Caption
Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago y la cara más visible del reclamo –primero por su aparición con vida y luego por que se haga justicia por su muerte– denunció durante estos años que hubo múltiples irregularidades durante la investigación como grabaciones incompletas del operativo, quema de evidencia, el poco énfasis en las “contradicciones” de lo que declararon los gendarmes presentes el día de la protesta e incluso que fue espiado por el entonces Gobierno.
Sergio Maldonado, hermano mayor De Santiago.
Qué se sabe de cómo murió Santiago Maldonado: el informe de la autopsia
La autopsia estableció que Santiago Maldonado falleció por "ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia", que había permanecido "siempre abajo del agua y no en otro medio" y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional.
Tanto la familia como el equipo legal repudiaron esta resolución, y desde 2018 luchan por la reapertura de la causa y el esclarecimiento de los hechos, con fuertes críticas al manejo del caso: en primer lugar por parte de quien entonces era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también por parte del Poder Judicial, principalmente a los magistrados que actuaron en el expediente, Guido Otranto y Gustavo Lleral.
El juez Lleral fue recusado en cuatro oportunidades por la familia, luego de que cerrara la causa en noviembre de 2018 al dictaminar el ahogamiento como causa de muerte del joven, y de eximir de responsabilidad al gendarme Emmanuel Echazú, que integró el operativo represivo en la comunidad Pu Lof aquel 1° agosto de 2017 y había sido imputado.
Marchas y movilizaciones por el esclarecimiento de la causa sobre la muerte De Santiago Maldonado.
En esa línea, el hermano de Maldonado también expone que en septiembre de 2019, la Cámara de Casación Penal pidió que se investigaran y ampliaran cuatro puntos del informe pericial: la data de la muerte, la presencia de polen adherido en las ropas, el informe sobre la identificación de algas –que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión– y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo de Santiago para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos, consignó Télam.
Todo esto, señala, aún no fue abordado por la Justicia. "Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial", sostuvo Maldonado sobre la paralización de la causa.
La declaración de un nuevo testigo: una posible nueva pista
En mayo pasado, trascendió que un testigo había aportado nueva información para respaldar la hipótesis de que el joven artesano fue detenido por los gendarmes: de acuerdo al testimonio, Santiago Maldonado fue trasladado a un puesto ubicado en una estancia del magnate italiano Luciano Benetton, en donde habría sido asesinado.
Se trata de una integrante del personal de salud de Gendarmería del Escuadrón 36 de Esquel, que declaró ante el fiscal federal Federico Baquioni. En su relato, según contó el hermano de Maldonado, dijo que al día siguiente de la represión dos personas asistieron al consultorio y hablaban de que "habían detenido en la zona del campo de Benetton" a una persona a la cual se referían como "el hippie".
De acuerdo a una publicación de Sergio Maldonado en sus redes sociales, la testigo dijo haber escuchado que "Ahumadita se había mandado la cagada del siglo" y "Chuqui (apodo con el que identifican al segundo jefe del escuadrón 36, Juan Pablo Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado".
Marcha a Plaza de Mayo a 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado
Santiago estuvo desaparecido por más de dos meses.
La convocatoria está prevista para las 16:30 de este lunes 1 de agosto, en el tradicional espacio verde ubicado frente a la Casa Rosada y contará con un festival artístico con bandas como La Chilinga, Las Manos de Filippi, La Delio Valdez y Malena D Alessio.
Tras la apertura musical, el acto central será encabezado por Sergio Maldonado desde el escenario que se montará en Plaza de Mayo, donde la familia del joven reclamará el esclarecimiento del caso y reiterará el pedido de que se investigue como "desaparición forzada".
Desaparición y muerte.Cinco años sin Santiago Maldonado: mentiras de Bullrich, hipocresía del Frente de Todos
El 1° de agosto de 2017 una represión de Gendarmería derivó en la desaparición durante 78 días del joven de 28 años, cuyo cadáver fue hallado en circunstancias nada claras. La autopsia no pudo determinar cuándo, dónde ni cómo murió. La causa está abierta, pero paralizada y sin resolución de la Corte. El juez Rafecas acaba de salvar al macrismo en otra causa por espionaje. El Gobierno peronista asumido en 2019 mantiene impune a la Gendarmería. Y Bullrich desparrama falsedades en los medios. ¡Santiago Maldonado Presente!
A lo largo de los últimos cinco años La Izquierda Diario ha informado con responsabilidad y fuentes confiables cada alternativa del caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Siempre fiel a la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la represión del Estado, gobierne quien gobierne, este medio se comprometió desde el principio con la familia del artesano anarquista de 28 años, difundiendo sus denuncias y aportando información.
Durante este lustro, ninguna afirmación aquí expresada pudo ser desmentida. Mucho menos alguna de las acusaciones hechas sobre responsabilidades materiales y políticas pudo ser siquiera sospechada de calumnia. Por eso, al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Santiago, la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario te invita a recorrer la sección especial dedicada al caso con notas, entrevistas e informes sobre los hechos y sus protagonistas.
Las mentiras de Bullrich
El 29 de junio pasado la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue entrevistada durante una hora y media por el periodista Julio Leiva en el programa “Caja Negra” del sitio Filo News. Casi a la hora de conversación se habló del caso Maldonado.
Leiva le preguntó a Bullrich qué sabía de la testigo de Gendarmería que declaró recientemente en sede judicial y que, como informó detalladamente este diario, dijo que en los días siguientes a la desaparición de Santiago varios gendarmes se referían a él como “el hippie al que habían agarrado” y que “se les fue”, poniendo en jaque la versión de la Gendarmería y de la propia Bullrich. Además la mujer (que trabajaba en la enfermería del escuadrón 36 de Esquel) denunció la persecución que sufrió desde la propia fuerza ante las sospechas de que podría delatarlos.
“No existe, no es así, no existe”, respondió Bullrich, sin ningún argumento, sobre la testigo. “Todo el mundo entero vio lo que pasó con Maldonado, quedó en el mismo lugar donde se ahogó, sin que nadie lo viese ni nadie lo tocase. Así que todo eso es un intento de abrir algo que le quedó claro a toda la Argentina y al mundo que ni la Gendarmería ni nuestro gobierno, nunca, nunca, hubiera hecho desaparecer a una persona. Nosotros tenemos principios”.
Sergio Maldonado y su abogada, Verónica Heredia, pidieron a Filo News un derecho a réplica para responderle a la exministra. En un nuevo video, difundido hace tres días por ese sitio, el hermano de Santiago y quien lo patrocina en la querella demuestran una a una las falacias de Bullrich.
Sergio afirma que “la testigo existe y ya declaró ante un fiscal. No lo hizo al azar ni fue a un medio de comunicación. (Bullrich) tiene acceso a todo y sabe que lo que está diciendo es mentira. Si uno hace la secuencia de todo lo que está en el expediente, va encajando pieza por pieza con ese testimonio. Da cuenta de que a Santiago lo tuvieron detenido en un escuadrón de Gendarmería que está dentro de la estancia de Benetton. Y que después escuchó cómo gendarmes dicen que se les fue”.
En la entrevista Leiva le repreguntó a Bullrich: “¿usted dice que esa testigo no existe?”. Ella, despojada, insistió: “no, no existe, no existe. Digamos, existe como una manera de que alguien quiere abrir una causa, pero no existe, no está en ningún lado”.
La doctora Heredia, tal como se lo confirmó a este diario a poco de que la gendarme declarara ante el fiscal federal de Esquel Federico Baquioni, se entrevistó dos veces con la testigo, una por teléfono y otra personalmente (en una provincia lejana a Chubut). “Me contó toda la información que tenía por haber vivido los hechos, no porque alguien se los contó, ella estaba el 1° de agosto del 2017 en el escuadrón de Esquel. Le pregunté si podía contar todo ante la instancia judicial y dijo que sí”, detalla.
La testigo “dio nombres y apellidos, fechas y horas, lugares donde fue escuchando a sus compañeros decir que había un operativo, que había salido bien, que se había detenido a un hippie y que estaba en el destacamento de Gendarmería de Benetton. Todo eso declaró y está incorporado en el expediente”, agrega la letrada.
Ilustración @joe_ska_dibuja | La Caja Roja
Otra falacia de Bullrich se refiere al espionaje ilegal realizado por la Gendarmería al entorno de Santiago y a quienes se movilizaban por él. “¿Espiaron a la familia Maldonado?”, preguntó el Leiva. “Nunca”, respondió la exministra. Y agregó, provocadora, “todo lo contrario, el Estado los ayudó, les dio plata, le dio plata a Sergio Maldonado para que pudiera viajar y hacer sus trámites. Pero ellos nunca se dejaron ayudar”.
Sobre el espionaje, Heredia responde que “el seguimiento a Sergio, a su compañera Andrea y a la familia consta en el expediente”. Las pruebas de esas tareas de inteligencia motivaron que en octubre de 2017 Myriam Bregman y Matías Aufieri, abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), presentaran una denuncia en Comodoro Py por espionaje ilegal. La causa tramita en el Juzgado Federal 3 de Daniel Rafecas, quien hace pocos días decidió “archivarla”, justificando el accionar persecutorio del Estado sobre las víctimas.
Sergio declaró ante Rafecas el 7 de mayo de 2019. Desde entonces no tuvo novedades desde el Juzgado. “Incluso pedimos que la citen a declarar a Bullrich por sus amenazas, pero no la citaron”, dice. Tampoco citaron a los testigos que él mencionó. “La pinchadura del teléfono existió, en ese momento se publicaron supuestas escuchas en Infobae, por eso fue que me enteré que tenía el teléfono pinchado. Acá la única mentirosa es Bullrich, las pruebas están en la Justicia, más allá de que la Justicia haga lo que se le antoja”, sentencia.
Sobre el dinero que, según Bullrich, el Estado le dio a la familia, Sergio responde enojado. “A mí el Estado no me dio absolutamente nada, para Bullrich parece que todo se resuelve con plata. Y están todo el tiempo diciendo que insistimos en que se trata de una desaparición para que el Estado nos pague”, dice. Y cree que así “lograron la estigmatización, primero deshumanizando a Santiago y después, cuando Santiago apareció (que al día de hoy lo siguen deshumanizando y burlándose de cómo apareció) sigue con quienes reclamamos”.
Dando un paso más en su relato, Bullrich afirma que “a Maldonado no lo mató nadie, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir corriendo, de escapar. Se quedó atrapado en un río muy difícil, muy frío, con ropa muy pesada. Y quedó ahí. No quiso volver. El caso se hubiera resuelto en tres días si se hubiera dejado ver el lugar, pero nunca dejaron ver el lugar. Pasaron 78 días hasta que apareció y se supo que ningún tercero había participado. Nadie lo tocó... Cuesta la verdad, pero vale la pena defenderla”.
Una vez más, Sergio responde. “Si Santiago entró al río no fue porque andaba haciendo turismo, pero además en la causa un testigo declara que sí se entregó y dijo ‘ya está’. Se hicieron tres rastrillajes en el lugar y no encontraron nada. Un lugar en el que en agosto no hay deshielos, así que es mucho más bajo que el día en que lo encontramos, el 17 de octubre. No es como dicen, que corrió y que si no hubiera corrido no pasaba. Hubo una represión. El cuerpo no estaba ahí y apareció con signos de crioconservación. Eso está en la causa”, detalla.
Bullrich “primero negó que la Gendarmería había ingresado, pero ingresó. Después negó que habían ingresado con Unimog, después que los gendarmes no habían llegado al río, que no habían tirado balas de plomo. Pero entraron con Unimog y tiraron con balas de plomo. O sea que todo lo que dijo se cayó. Dice que (los mapuche) no dejaban ingresar al predio, pero en todo momento pudieron ingresar, tanto que tenían dominio y control de la situación todo el tiempo”, detalla Sergio por si hiciera falta.
El hermano de Santiago recuerda las poco claras circunstancias en las que fue hallado el cuerpo. El juez Gustavo Lleral había convocado a la familia a un nuevo rastrillaje el 17 de octubre. Allí fueron Sergio y Andrea. “Estábamos en un lugar, nos hicieron ir para otro y cuando nos fuimos apareció el cuerpo. Apareció delante de todos, no es que apareció el día anterior o cuatro horas antes. Apareció cuando nosotros estábamos a punto de irnos, porque nos parecía muy burda y alevosa la manera en que nos estaban dando vueltas”.
Para mentir, Patricia Bullrich se apoya en lo que supuestamente dijo la autopsia al cuerpo de Maldonado. Y también en que allí participaron el Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos de la familia y de organismos de derechos humanos. “Sería muy sano para la Argentina que aquellos que se quisieron convencer o que hicieron decir que nuestro Gobierno era lo que no fue, lo reconocieran. La verdad cura, así que les recomiendo que piensen en la verdad y no en la construcción que quieren hacer de un caso que no fue como ellos dicen”, sentencia.
Apelando a los hechos, la doctora Heredia le responde que “la causa está abierta, lo que pasa es que está paralizada. Los peritos que intervinieron en esa autopsia no dijeron ni cómo, ni cuándo ni dónde murió Santiago, a tal punto que una de las medidas de prueba es determinar la fecha de la muerte. Si no sabemos cuándo murió, tampoco sabemos cómo murió ni dónde murió”, explica. Sergio agrega que como querella tuvieron sólo un perito de parte, “que es antropólogo y lo único que hizo fue verificar lo que se estaba haciendo. La autopsia fue muy básica y durante un año estuvimos pidiéndole al juez que se ampliaran puntos de pericia, pero todo fue rechazado”.
“Si Bullrich leyera la causa se enteraría que es diferente a lo que ella dice. Y eso que al juez lo pusieron ellos”, ironiza Sergio en referencia a Gustavo Lleral, titular del Juzgado Federal de Rawson. En otra causa en la que también se investigaba el espionaje ilegal durante el macrismo, fue peritado el teléfono de Darío Nieto, secretario privado del entonces presidente Macri. Allí Nieto había anotado “Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos”. De allí que desde el inicio de su actuación en la causa, Lleral haya tenido la misma línea de Bullrich.
“Cuando los jueces son funcionales a los gobiernos pasa eso, nosotros tenemos las pruebas, lo que pasa es que necesitamos un juez que las tome y las haga valer”, dice Sergio. Su abogada agrega que “la causa está abierta porque fue revocada la resolución del juez Lleral de noviembre de 2018. Hay medidas de prueba para hacer, pero la causa está paralizada hasta que la Corte Suprema resuelva los planteos que hicimos”, afirma.
Hipocresía del Frente de Todos
Durante los meses de búsqueda de Santiago y del posterior hallazgo de su cadáver, diversos sectores que hoy integran el Frente de Todos marcharon junto a su familia, los organismos de derechos humanos y la izquierda reclamando verdad y justicia. Ante el cambio de gobierno en diciembre de 2019, no eran pocos los que esperaban que algo de luz se echara sobre el caso. Sin embargo, como sucedió con otras “promesas” de campaña vociferadas por el peronismo, la impunidad se mantuvo intacta.
Vale recordar que el Poder Ejecutivo dispone de muchas herramientas legales y jurídicas para investigar, sancionar y hasta transformar a cualquiera de las fuerzas represivas a su cargo. La Gendarmería, al igual que la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria dependen directamente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nada de lo que esas fuerzas hagan o dejen de hacer está por fuera de los lineamientos que le imprime la Casa Rosada a través del ministro o la ministra de turno.
La gestión de Sabina Frederic será recordada por un cúmulo de expresiones “progresistas” acompañado de un sobrempoderamiento de las bandas uniformadas que, decreto de cuarentena estricta en mano, elevaron en pandemia todas las estadísticas de gatillo fácil, apremios, torturas, desapariciones y muertes en lugares de encierro. Esa licencia fue acompañada de un manto de impunidad sobre lo hecho en el pasado inmediato. No había que poner en cuestión la gobernabilidad de las tropas. Y el caso Maldonado no tenía por qué ser la excepción.
En agosto de 2020 la ministra con estudios de antropología se limitó a presentar una denuncia penal para que se investigue al exjefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, y a un par de jerarcas de Gendarmería por un eventual “incumplimiento de deberes” y “encubrimiento”. La causa, que se tramita en el Juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello, desde el inicio careció de todo impulso por parte del Poder Ejecutivo.
Como se dijo desde aquí en aquel momento, cabe preguntarse por qué esa denuncia no incluyó a Bullrich, toda vez que Noceti y los jefes de Gendarmería cumplían órdenes de ella. Y por qué, tampoco, se denunció penalmente al conjunto de las tropas que actuaron en aquel operativo. Todos saben lo que pasó. Peor no, se mantuvo rajatabla el discurso planificado. Esos cientos de gendarmes siguen en funciones, incluso muchos fueron ascendidos.
A su vez, en la causa por espionaje ilegal que tiene el juez Rafecas, la querella pidió a través del sistema de acceso a la información pública que el Ministerio de Seguridad informara sobre las actividades del Centro de Reunión de Información de Neuquén, la base de Gendarmería desde donde se orquestaba el seguimiento ilegal. Pero, tal como lo denuncia el CeProDH, la ministra Frederic “se negó rotundamente a hacerlo”.
Si eso hizo (o no hizo) la funcionaria “progresista”, menos podía esperarse desde el 22 de septiembre de 2021, cuando Frederic fue reemplazada por Aníbal Fernández, cultor de la represión y uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda de 2002.
Un mes antes de que Aníbal asumiera como ministro, Sergio Maldonado había dicho públicamente que “al Frente de Todos no le interesa ni quiere saber lo que pasó con Santiago” y “mucho menos que se haga Justicia”. Razones no le faltaban. Llevaba un año y medio acumulando tibias expresiones solidarias de los organismos de derechos humanos oficialistas pero la más fría indiferencia de los funcionarios con capacidad de tomar medidas y aportar elementos a la causa judicial que ya debería tener procesados a decenas de gendarmes y varios de sus exjefes políticos, empezando por Patricia Bullrich.
Es entendible. Nada hace pensar que, en este contexto de crisis económica y social, las luchas de los pueblos originarios, del movimiento ambientalista, de las mujeres organizadas y de la clase trabajadora en general vayan a disminuir. Todo lo contrario. El ajuste que lleva adelante el Frente de Todos, profundizando el ataque a las condiciones de vida heredado de Cambiemos, inevitablemente impulsará nuevas movilizaciones, marchas, ocupaciones, cortes de ruta y demás métodos de lucha. Y el Estado patronal, gobierne quien gobierne, siempre estará dispuesto, parafraseando a Bullrich, a no tirar a ningún gendarme por la ventana.
A cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado y a poco de cumplirse otro tanto del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, la impunidad de gendarmes, prefectos y funcionarios es una carta blanca para que esas mismas fuerzas represivas se preparen sin culpa para las próximas represiones.
Sólo la más amplia movilización de la clase trabajadora y el pueblo pobre, independiente de todas las fracciones capitalistas, podrá frenar el ataque a la protesta social y combatir las causas que la producen. Todo lo demás, es hipocresía.
¡Santiago Maldonado Presente! ¡Ahora y Siempre!
Mirá el documental producido por La Izquierda Diario en 2018
El Bolsón. La detención de Facundo Jones Huala y el crimen originario que se oculta tras ella
Este lunes un operativo de la Policía de Río Negro detuvo en El Bolsón al lonko de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Chushamen. Fue por una contravención excarcelable, pero los gobiernos argentino y chileno no dudaron en impulsar su extradición a Chile. Allí el Poder Judicial lo espera para consumar un capítulo más de la criminalización y sojuzgamiento de las comunidades mapuche.
En horas de la madrugada del lunes Facundo Jones Huala fue detenido por personal de la Policía de Río Negro, a raíz de un supuesto llamado telefónico de vecinos de El Bolsón que escucharon ruidos molestos en una casa. Los cargos por los que se lo aprehendió son menores, excarcelables y no deberían haberlo retenido más de algunas horas. En ese sentido, vale destacar las falacias del gobierno provincial de Arabela Carreras, quien afirmó ante la prensa que la detención se produjo “tras un excelente trabajo de investigación” de su policía.
El tema es que sobre el lonko de la Pu Lof de Cushamen pesaba un “alerta azul” de Interpol, motorizada por el Estado de Chile, ya que en el país trasandino Jones Huala era considerado prófugo del Poder Judicial desde el 11 de febrero de 2022. Pero hay que remarcar que la existencia de una “alerta azul” no obliga al Estado argentino a detener a la persona en cuestión ni mucho menos. Según la propia explicación de Interpol, las notificaciones azules se lanzan “para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades” relacionadas a una determinada investigación penal.
Por eso, apenas fue aprehendido (por una mera contravención “doméstica”), a pedido de la gobernación rionegrina el gobierno argentino informó a Interpol y al gobierno chileno del “progresista” Gabriel Boric que, para poder mantener preso a Jones Huala y extraditarlo a Chile, se debía cambiar la “alerta azul” por una “alerta roja”. Interpol cumplió su parte en un trámite exprés, lo que permitió mantener detenido al lonko.
Fiel a su política de criminalización de las comunidades mapuche, el Ejecutivo chileno logró que la Fiscalía de Río Bueno (que toma el caso de Jones Huala) iniciara el papeleo para pedir la extradición. Según informó Antonio Segovia, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de Chile, “la extradición está en marcha”. Pero aún resta que la embajada de Chile en Buenos Aires le entregue ese pedido a la Cancillería argentina, que a su vez deberá enviárselo al Poder Judicial Federal de Río Negro, a cargo de la custodia de Jones Huala tras la declaración de “incompetencia” de los juzgados provinciales.
En síntesis, en menos de un día los Estados argentino y chileno, servidores de los grandes terratenientes y las corporaciones que se apoderan de los recursos naturales y de la vida de los pueblos de la Patagonia, pusieron todas sus armas en función de conseguir la “foto” que tanto se les pedía: un Jones Huala esposado y listo para ser encarcelado nuevamente en Chile.
Otra aclaración se impone: en Argentina a Jones Huala se lo sindica como el líder de la “Resistencia Ancestral Mapuche”, la RAM, una supuesta organización “terrorista” sobre la que desde el Estado y varias cadenas mediáticas se habló hasta el cansancio. Pero ni a Jones Huala ni a ningún miembro de su comunidad, como de ninguna otra comunidad mapuche, se les pudo probar absolutamente ningún delito relacionado con esa organización. Incluso los procesos judiciales por los que se criminalizó a esas comunidades, aún sin poderlos relacionar con la RAM, terminaron en absoluciones para los imputados tras comprobarse que eran causas armadas sólo para perseguirlos y reprimirlos.
En Chile Jones Huala enfrentó una causa en su contra por su supuesta participación en hechos ocurridos en 2013. Por esos cargos recibió una condena a nueve años de prisión. Le habían otorgado la excarcelación en enero del 2022. Su defensa preparaba las condiciones para que cumpliera su condena con libertad condicional en Argentina pero esa medida fue revocada y a partir de ese momento se lo consideró prófugo.
El juicio estuvo lleno de contradicciones, todos los procesados fueron sobreseídos mientras Jones Huala fue condenado prácticamente sin pruebas. Ni siquiera pudo comprobarse que el lonko estuvo efectivamente en el lugar de los hechos por los que se le acusó. Fue un juicio político, que consolidó la persecución de su figura y la criminalización de las protestas mapuche.
Mientras los propios Estados argentino y chileno vulneran desde siempre los derechos de las comunidades originarias, violando sus propia leyes “democráticas”, se avanza en reprimir y criminalizar al pueblo mapuche para dejar allanado el camino a petroleras, mineras y grandes terratenientes, como Joe Lewis o la familia Benetton (ésta última apropiadora del territorio donde se encuentra la Pu Lof en Resistencia de Cushamen).
Tal como sucedió con otros referentes a lo largo de los últimos siglos, el caso de Jones Huala es un ejemplo de la campaña de estigmatización y odio racista impulsada desde el poder económico-político-judicial-policial. Mientras el mismo Estado y sus gerentes (sean “progres” o de derecha) dan vía libre al saqueo y la apropiación de los recursos naturales por parte de capitalistas nacionales y multinacionales, a las comunidades originarias no sólo se les niegan derechos constitucionales sino que se les inventan todo tipo de causas para justificar su persecución, criminalización y hasta su muerte. Rafael Nahuel y Santiago Maldonado son dos ejemplos recientes, de los que los grandes medios, a ambos lados de la grieta, ya ni hablan. Y cuyos verdugos siguen libres y en funciones.
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Desangra mi corazón 
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