Cuando se produjo la muerte de ocho periodistas y su guía en Uchuraccay -26 de enero de 1983- la versión oficial adjudicó el hecho al terror desatado en la zona por Sendero Luminoso.
Sendero Luminoso, de acuerdo a esas mismas versiones, mataba personas, volaba puentes, dinamitaba torres de alta tensión, secuestraba funcionarios, violaba mujeres, arrasaba aldeas. Y, lo peor, buscaba afanosamente el “equilibrio estratégico” que lo colocaría en las puertas del Poder.
¿Respondía esa versión a una concepción fríamente calculada y cuidadosamente elaborada? ¿Buscaba mimetizar en una sola expresión diversos elementos: la ideología, la lucha por el socialismo, la hoz y el martillo, el crimen atroz, la barbarie y la muerte? Ciertamente que sí. A eso apuntaba.
Poco a poco hubo evidencias, en efecto, que muchas de las acciones que las fuentes oficiales -u oficiosas- atribuían frívolamente a la estructura senderista, habían sido ejecutadas más bien por efectivos policiales y militares. Así ocurrió, por ejemplo, con la matanza de Soccos, de Callqui, los crímenes de Accomarca, Llocllapampa, Umaro, Bellavista, San Francisco, Pomatambo, Parcco Alto, Cayara y muchas otras, que se adjudicaron rápidamente a SL pero que poco a poco debió admitirse, tenían otra autoría
Algo parecido ocurrió con la muerte de los periodistas de Uchuraccay. Se supo, en efecto, que los corresponsales de diversos medios de información capitalinos que se hallaban entonces en Huamanga, habían recibido informes referidos a la matanza de Haychao, –también atribuida a Sendero Luminoso- y que había costado la vida a algunos jóvenes. De acuerdo a ellas, las víctimas de esa horrenda matanza habían sido ejecutadas por efectivos militares, como así fue. Los periodistas se dispusieron a partir a esos desolados parajes en busca de una verdad que nunca hallaron. La muerte, se interpuso en su camino.
Los periodistas estaban informados de que los feroces “Sinchis” de la policía hormigueaban en la zona, que Sendero anunciaba la guerra a los campesinos que habían matado a sus militantes, que la extrema tensión casi podía respirarse. Y a pesar de todo, decidieron el viaje.
La semilla de la violencia había sido sembrada y los comuneros de Uchuraccay tenían vigías en los cerros que, premunidos de pitos, debían avisar si venían extraños. La consigna militar era:
“Los amigos vienen por aire, los enemigos vienen a pie… a éstos hay que matarlos”.
Esos “extraños” resultaron ser los periodistas que subían trabajosamente hacia Uchuraccay esperando descansar un rato para luego seguir a Huaychao, el lugar de una reciente masacre de senderistas, donde esperaban confirmar varias informaciones.
(1) Horas antes del horrendo crimen, un alto en el camino, imagen para la historia (2) De la Piniella y Sánchez, atendidos por pobladores amigables, antes de llegar a Uchuraccay.
En la ruta, en efecto, cuando pasaban por la comunidad Iquichana de Uchuracay, fueron atacados y asesinados por pobladores que -en su momento- arguyeron haberlos confundido con “terroristas” pensando erróneamente que sus cámaras de filmación, eran fusiles, y que las telas que llevaban eran banderas rojas. Nunca se pudo saber con exactitud qué fue lo que ocurrió ese aciago 26 de enero en las cumbres ayacuchanas, porque hasta los testigos fueron desapareciendo uno a uno. Pero sí fue posible reconstruir algunos elementos básicos que permitieron cuestionar frontalmente la versión oficial, entregada a los medios. Luego, una Comisión especial “de alto nivel”, integrada por intelectuales bien calificados, esbozó algunas reflexiones que se convirtieron en documento público, muy discutible por cierto. Sus conclusiones no arrojaron ninguna luz en la materia.
No se llegó a la verdad, ni en el caso de Haychao ni en el de Uchuraccay. No tanto porque esta estuviese prodigiosamente oculta, sino porque no hubo de parte del Estado una clara voluntad de conocimiento y comprensión de los hechos. Hubo, más bien, la clara intención de distorsionar lo ocurrido para que el ciudadano de a pie, finalmente no entendiera nada. Y terminara por atribuirlo al simple imperio de “la violencia”, y a la subsistencia de impenetrables “costumbres ancestrales”.
LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL PERÚ, DURANTE EL CONTEXTO DE LA GUERRA INTERNA: 1980-2000
Fuente: I Convención de Organización y Masas (Realizado en Lima 20 agosto 2001)
-Desde el año 1983 se aplicó el terror blanco en Ayacucho se sumó la aparición de campos de concentración, grandes centros de tortura masiva y siniestra, controlados por el ejército en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, en Totos, en Cangallo, Coisa y Pichari en La Mar y en Huanta, a cargo de la Marina. Se enterraron vivos a los más torturados, a otros se les hacía cavar sus fosas de más de 3 metros de profundidad y se les empujaba a las mismas, otros eran arrojados, atados de pies y manos. Se tasajeaba los cuerpos antes de matarlos, la tortura fue brutal, salvaje, llegando a clavar en estacas cabezas degolladas y desapareciendo el resto de sus cuerpos.
-El Estado Peruano siempre negó ser autor de los miles de desaparecidos, más bien, responsabilizó al Partido Comunista del Perú ser el autor. Algunos organismos de diversa índole tuvieron la misma posición, los medios de prensa algo semejante.
-La desaparición forzada se inicia en el Perú en 1983 con el ingreso de las Fuerzas Armadas a combatir directamente la guerra subversiva o lucha armada iniciada por el Partido Comunista del Perú en Mayo de 1980, pues antes no se había dado ningún caso de desaparecidos.
-Fue en el año 1983 que los desaparecidos alcanzaron el número de 730. El año 84 se registraron 2,881 desaparecidos que sumados a los 1,767 asesinados el 83, alcanzó un total de 2,497 asesinados en el seno de las masas en dicho año; y en1984, sumados a los 2,522 asesinados alcanzó el número de 5,403 asesinados, siendo ese año la cumbre más alta del genocidio ejecutado por las fuerzas armadas durante el gobierno de Belaúnde Terry. Y con García Pérez hasta el año 86 los desaparecidos fueron 4,000 que sumados a los 4,700 asesinados hasta entonces totalizó el número de 8,700 asesinados, porque las desapariciones no son sino viles asesinatos (Defensoría del Pueblo).
-En la aplicación de la política de desaparecidos en el Perú se ha dado diversas modalidades en la detención de las personas desaparecidas, esto es diversas circunstancias en que éstas perdieron su libertad:
a– Incursión violenta en domicilio, casi siempre se hizo de noche, cuando las personas dormían, se aplicó principalmente en zonas rurales por patrullas militares, siempre en grupo y clandestinamente, golpeaban y masacraban al detenido, robándose además sus pertenencias.
b– Detención en vía pública, se hacía a cualquier hora del día, con testigos o sin ellos.
c– Detención colectiva, se detenía simultáneamente a cantidad de personas en incursiones a comunidades después de reunirlas en la plaza, en la iglesia o en otro lugar público. Los detenidos eran torturados en presencia de todos, golpeaban a los demás, violaban sexualmente a las mujeres, a veces mataban a aquellos que reclamaban o protestaban, robaban el ganado y las pertenencias de la población
d– Operativos de control de carreteras, de garitas, aprovechaban que las víctimas estaban viajando, los bajaban de los vehículos en presencia de testigos.
“Eso fue el paradero final de los desaparecidos, fueron torturados salvajemente y luego asesinados…·”
e– Detención individual, la víctima era detenida en forma individual, en diversos lugares públicos como restaurantes, universidades, colegios, parques, plazuelas. Se hacía tras sospecha de presunto subversivo, luego de identificar a las personas, a veces eran dirigentes o políticos.
f- Detención en ferias, paradas, desfiles escolares, se detenía a las personas individualmente o a varias al mismos tiempo y en presencia de testigos.
g– Otras formas de detención: cuando la persona iba a buscar y preguntar por su familiar detenido en centros policiales o cuarteles militares, también era detenido y desaparecido.
-Las Fosas comunes guardan los restos de los desaparecidos, fosas que hasta hoy se siguen encontrando en el país.
LA TORTURAS DURANTE EL CONTEXTO DE LA GUERRA INTERNA EN EL PERÚ: 1980-2000
Fuente: I Convención de Organización de Masas (20 agosto 2001, en Lima -Perú)
– En el campo, los cuarteles se convirtieron en campos de concentración, grandes centros de tortura masiva y siniestra controladas por el Ejército, como el cuartel Los Cabitos de la ciudad de Ayacucho en Totos (Cangallo), Qoisa y Pichari en La Mar así como también en Huanta a cargo de la Marina. En la ciudad eran las Comisarías, las oficinas de la DINCOTE, las instalaciones del SIN y los sótanos del Pentagonito.
-Las torturas aplicadas son múltiples y variadas en crueldad, citamos algunas:
-Al ser detenidos eran arrastrados de los cabellos, golpeados todos por igual sin reparo de condición de mujer, ancianos, enfermos o niños, pateados y golpeados con la culata del arma hasta perder el conocimiento, golpes en la cabeza, pulmones, riñones provocando serias secuelas traumáticas y hasta dejándolos inválidos.
-Sacaban las uñas una por una, tanto del pie como de la mano, introducían sus cuerpos desnudos en cilindros de agua sucia, colgaban de los brazos a una persona por varias horas, hasta descoyuntarle las articulaciones del hombro.
-Disparos con arma de fuego cerca de la cabeza, haciendo el juego de la ruleta rusa sobre la sien del detenido. Cortes con armas blancas en el rostro y otras partes del cuerpo.
-Lanzar a las personas torturadas por un barranco. Obligar a comer media bolsa de sal. Obligar a escuchar los gritos de las torturas infringidas a un pariente, amarrar a las personas a un poste por varios días.
-Encerrar a la persona dentro de un cajón o hueco bajo tierra por varios días. A las mujeres embarazadas que detenían, las golpeaban en el vientre.
-Detenían a otros familiares como forma de presión y chantaje para que se entreguen las personas a quienes perseguían.
-En algunos casos, por el camino le iban cercenando los dedos de las manos, de los pies, el brazo, las orejas, les cortaban la lengua, le sacaban los ojos y al final lo decapitaban y dejaban la cabeza incrustada en estacas, o los ahogaban hundiéndolos en el agua.
-Otra forma era trasladar a los detenidos colgados del helicóptero por una soga. En otros casos les cortaban las orejas con bayoneta, los subían al helicóptero y los lanzaban de grandes alturas a la población.
-En la DINCOTE utilizaban los siguientes métodos: la colgada, la tina que consistía en ahogar al detenido en tinas, bidones, pozos, waters, en agua sucia, con detergente o excremento. La picana eléctrica, aplicaban descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo como órganos genitales, pecho, senos, plantas de los pies y manos. Los quemaban con cigarro o con velas.
-Violaciones de los detenidos varones y mujeres, a veces reiteradas violaciones, dejando a las mujeres muchas veces embarazadas.
-También les introducían objetos como fierros, palos, el cañón de sus armas por el ano, generándoles hemorragias.
-Prácticas vejatorias y humillantes en su condición de mujer.
Teatro Campesino: Haciendo justicia Obra de Víctor Zavala Cataño censurada en exposición de Casa de la Literatura Peruana
«Es para mí un motivo de profunda y gratísima emoción de pueblo, el hecho de que se haya plasmado algunos actos de rememoración de los cuarenta años pasados, desde la publicación del libro Teatro Campesino.
Es prueba, pienso, de los buenas huellas de ese paso que se dio en 1969, dentro del movimiento artístico teatral para reflejar la realidad del campesinado peruano como parte del pueblo, el mismo que ha marcado un pequeño hito en el recorrido de quienes, día a día, nos preocupa en poner al servicio de las grandes mayorías populares, que crean y lo hacen todo y que día a día, con su inagotable brega hacen la historia.
Por eso reitero, vibro con emoción franca en esta especial y hermosa ocasión, generada por todos quienes, de una u otra manera han participado, para organizar y hacerla realidad palpitante de cariño y de reconocimiento ante lo que pequeñito o grande, es nuestro servir al pueblo de todo corazón.
Resalto y hago presente el esfuerzo de mis hijos, particularmente de mis hijas Yrma Yoly y María Elvira, asi como de mi compañera Yolanda Margarita, para quienes echo a volar campanas de alegría y satisfacción inauditas, hasta ahora en este largo recorrido de mi vida.
Cálidos saludos y abrazos a quienes han asistido a este encuentro de arte y cultura nuestra. Digo nos veremos en los cincuenta años? y relevo la oportuna y necesario de este gesto social en medio y a pesar de mi actual situación y condición en que vivo y brego , por lo más altos ideales del pueblo y de la humanidad.» Gracias Penal Canto Grande, octubre 2009 Víctor Zavala Cataño
*************«Desde el penal de Canto Grande»
Yo, VÍCTOR ZAVALA CATAÑO, con 81 años de edad, con Documento Nacional De Identidad Nª 08108157; prisionero político del Partido Comunista de Perú, sentenciado a 25 años de prisión por el llamado delito de terrorismo, recluido actualmente en el Penal “Miguel Castro Castro”, pabellón 2 A, Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-Perú, me dirijo a ustedes muy respetuoso y atentamente para denunciar, apelando a lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, las condiciones carcelarias violatorias de mis derechos fundamentales, que me ha impuesto el Estado peruano como parte de su política represiva contra los prisioneros políticos a quienes nos tilda de “terroristas” y trata como “no personas” aplicándonos el derecho penal del enemigo.
Fui detenido en dos ocasiones por la policía política del Estado peruano, llamada DINCOTE. La primera vez el 5 de mayo de 1987, sin orden judicial ni requisitoria alguna, permaneciendo recluido durante diez meses ilegalmente, y la segunda vez, el 22 de junio de 1991, siendo recluido en el Penal “Castro Castro”, donde he sido víctima y uno de los sobrevivientes del alevoso asalto genocida perpetrado por la dictadura fujimorista los días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 1992, como parte de la política genocida del Estado peruano contra la guerra popular y el pueblo. En esa ocasión, por directivas de la dictadura fujimorista, me buscaron para ejecutarme extrajudicialmente como lo hicieron con muchos de los 50 prisioneros vilmente asesinados, salvándome solo por azar al no haber sido reconocido por los verdugos ejecutores. Sobre este caso existe una Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso “Canto Grande 92”) que responsabiliza al Estado peruano, la que hasta hoy se rehúsa a cumplir perjudicando a más de 500 prisioneros o ex-prisioneros políticos y sus familiares.
El 5 de junio 1992 me trasladan al penal de Yanamayo en Puno, concebido como prisión de tortura, ubicado a más de 3800 metros de altura, sometido a un monstruoso régimen carcelario buscando reducirme a la condición de subhumano, privándome de toda relación social, aislándome especialmente de mis familiares para mantenerme en indefensión. En 1996 soy condenado por jueces “sin rostro” a 20 años de pena privativa de libertad. En octubre de 1993 el entonces presidente de la República Alberto Fujimori hizo pública ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una carta suscrita por el doctor Abimael Guzmán y la profesora Elena Iparraguirre, los más altos dirigentes del Partido Comunista del Perú, solicitando conversaciones que conduzcan a terminar la guerra popular iniciada en 1980 a través de un Acuerdo de Paz. Se desenvolvió una Ronda de conversaciones entre el Estado peruano y el Partido Comunista del Perú que no logró plasmar el Acuerdo de Paz, entre otras razones por el triunfalismo del Estado peruano que optó por una solución represiva. Pero los prisioneros políticos del Partido Comunista del Perú comprendiendo que la paz había devenido en una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto apoyamos resueltamente la solución política propuesta por el doctor Abimael Guzmán y desde entonces persistimos en ella buscando una Amnistía General para civiles policías y militares, que conduzca a la necesaria Reconciliación Nacional sin odios, venganzas, rencores ni persecuciones contra nadie. Pero a pesar de que la guerra terminó hace 20 años sigue existiendo una legislación antiterrorista en lo procedimental, penal y ejecución penal violatoria de la Constitución y el derecho internacional que se usa como arma de guerra contrasubversiva y que se sigue fortaleciendo y cuya columna es el Decreto Supremo 25475 de la dictadura fujimorista. Bajo este marco legal antiterrorista es que en el año 2006 me incluyen en el llamado Megaproceso con el objetivo de impedir mi libertad y me juzgan por los mismos hechos por los que ya tenía la sentencia de 20 años arriba citada, violando así el principio de cosa juzgada, y esta vez me impusieron la draconiana pena de 25 años, a pesar que ya tenía 74 años de edad. En general, se dictaron sentencias políticas de escarmiento contra los revolucionarios marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo. El año 2009 me correspondía tramitar beneficio de liberación condicional acorde al DL 927 al cumplir las ¾ partes de esta nueva pena de 25 años, pero el gobierno de Alan García primero impuso el requisito de el pago íntegro de la reparación civil, (la impagable suma de 3,800 millones de soles en mi caso) y en octubre de 2009 anuló sin más todo beneficio para casos de terrorismo sin motivación alguna pues no hay guerra desde 1993 y no existe ningún caso de alguien puesto en libertad que haya reincidido. En el actual gobierno se ha seguido fortaleciendo la legislación y se ha creado una ley que impide a los que hayan cumplido sentencia por terrorismo trabajar en cualquier institución educativa, y hay dos proyectos de ley que persiguen las ideas una la del “negacionismo” y otra que pretende perseguir de por vida en prisión y fuera de ella a quien haya sido procesado o sentenciado por “terrorismo”. En los largos años de carcelería, el Estado peruano nos ha tratado a los prisioneros políticos y de guerra del Perú como no personas, con discriminación y un particular ensañamiento por razones de nuestra ideología y militancia política, imponiéndonos durísimas condiciones de aislamiento, incomunicación e inhabilitación, hasta el año 2000, política reaccionaria de aniquilamiento sistemático y sofisticado, y hasta la actualidad, con sistemática restricción y negación de nuestros derechos, en aplicación del Derecho penal del enemigo, situación compleja que ha venido mellando nuestra salud física y mental. Muchos prisioneros han muerto en abandono y sin atención por enfermedades como cáncer, entre otras.
En mi caso particular, estando en el penal de Yanamayo, Puno, en 1994, me operaron de cálculos en la vesícula biliar. Debido a que antes y luego de la operación me dejaron en el pasadizo sobre la camilla por horas, sin abrigo alguno, donde el clima es 5° bajo cero, a los tres días me atacó una bronconeumonía obviamente provocada, dejándome graves secuelas hasta hoy. En 1996 me trasladan al penal “Castro Castro” en Lima, donde debido a graves dolores estomacales crónicos me operan y descubren que esos dolores correspondían a una eventración derivada de habérseme dejado sin coser zonas de la operación a la vesícula biliar, ¿simple olvido?. Posteriormente se me ha ido presentando y agravando diversas dolencias a la próstata, microderrames en la cabeza con parálisis facial y pérdida degenerativa de visión. Luego de años de engorrosas gestiones y tanto batallar ante la indolencia de las autoridades penitenciarias, que simplemente no me sacan para mis atenciones oportunamente, pese a contar con seguro de salud, conseguí me hicieran diversas operaciones a la vista, a la próstata, en junio del 2012, después de diez años de haberme detectado prostatitis aguda.
En el 2008 me descubren una enfermedad en el colon: diverticulosis, con un pólipo grande que obstruye el tránsito excretal, desde entonces estoy esperando ser operado. Últimamente he perdido más de diez kilos de peso y mis defensas han bajado enormemente, en consecuencia sufriendo constantes enfermedades virales y alérgicas. Siendo el Subcomité para la Prevención de la Tortura uno de los órganos claves del sistema internacional de prevención de la tortura y teniendo previsto Durante sus misiones a Estados partes al Protocolo visitar a los centros de privación de libertad, es de mi interés, reitero, poner en vuestro conocimiento mi situación en prisión, esperando ser favorecido con vuestra visita, como seguramente también lo esperan tantísimos presos en este y otros penales.
Deseándole éxitos en vuestra encomiable e importante misión, me despido atentísimo:
02 de setiembre del 2013 Penal “Miguel Castro Castro”, Lima – Perú
VÍCTOR ZAVALA CATAÑO DNI: 08108157
Una serie de cuatro conversatorios que tuvieron el tema “La importancia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada” ha concluido en nuestro país.
El evento fue organizado por
Amnistía Internacional en el marco de su campaña “Abre los Ojos por los Desaparecidos”, la cual busca que el Estado peruano acepte las competencias de este Comité.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, manifestó que la Defensoría se mantendrá vigilante para que el Estado reconozca las competencias del Comité.
Asimismo, resaltó la importancia de la adecuación del tipo penal de desaparición a los estándares internacionales y de la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, por considerarlas medidas a las que un Estado debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.
Entre los participantes estuvieron Roger Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Alberto Adrianzén, parlamentario andino; y Gabriel Chávez Tafur, investigador del Instituto de Defensa Legal.
Los expositores coincidieron en señalar la necesidad de que el Perú acepte las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada, como una política de protección.
En una nota de prensa, Amnistía Internacional indicó que estos expositores señalaron que el Estado peruano está en deuda con los miles de familiares de las personas desaparecidas. Durante los cuatro días de exposiciones se trató sobre los diferentes ejes que se interrelacionan en la búsqueda de las personas desaparecidas:
la investigación forense, la judicialización de los casos y el acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.
Se remarcó que en la búsqueda de los desaparecidos, la investigación penal demora y no permite la entrega de los restos mortales a sus familiares, por lo que no pueden cerrar su duelo y siguen esperando (en algunos casos han pasado tres décadas desde ocurrido el hecho).
Asimismo, se puso de manifiesto que la judicialización de los casos es lenta y no hay sentencias, en tanto existe una fuerte carga procesal (de diverso tipo) en las fiscalías a cargo de estos casos, lo que impide un avance sustancial.
Finalmente, se expuso la ausencia de acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, salvo excepciones, durante todo el proceso de búsqueda, a pesar de los esfuerzos realizados a la fecha tanto por las organizaciones de la sociedad civil cuanto por el Estado.
