"Leyes sin
ley no quiero yo"
Ley
aterrorizante
De FRANCISCO ALVERO, EL JUGLAR
Es la ley "anti terrorista"
Designio de Míster Sam
Pero nuestra América
unida
Con coraje le dará
marcha atrás!
Porque si hablamos de
terroristas
El Estado
transnacional
Encabeza, sin duda, la
lista
Trata, narco, armas y
demás!
Y en cuanto a
acallarnos la voz
Su libertad de
empresa, de prensa jamás
Que al pobre en su valor y decencia
Reprime con una saña atroz
Es la ley negacionista
Hija de una gran…
guerra fría
Cuando el mundo aquel
se dividía
Entre Berlín y
Washington
Les hablo desde el
corazón
A mis hermanos del
Perú
Nunca estarán solos
compañeros
Con ustedes está todo
el sur!
Ya no seguiremos
permitiendo
Este atropello
constante y tenaz!
Vamos alcemos las
conciencias
Hacia la victoria
popular!
Esta ley negacionista
No ha de ser casualidad
En este momento
preciso
Cuando reverdece la
lucha popular!
Por la pacha, por la vida
siempre habremos de luchar
por el agua y por el pan
Acaso esto está mal?
Todo es ideología
Por más que lo quieran negar
Ni mil leyes negacionistas
lo podrán nunca evitar!
Ni mil leyes negacionistas
lo podrán nunca evitar!
-----------------------
ley antiterrorista: sobre la criminalización de la protesta social
Para observar los alcances sobre una eventual criminalización de "la protesta social" que conllevaría la denominada Ley Antiterrorista, esto es la ley dirigida a fortalecer y reordenar las disposiciones normativas en materia de prevención, investigación de actividades delictivas con finalidad terrorista, debe considerarse que en ella explícitamente se señala que:
“Por ende, resulta sumamente importante destacar que, por su propia esencia, los nuevos artículos 41 quinquies y 306 del Código Penal, en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hechos que no configuren actos de terrorismo conforme lo describen las convenciones internacionales”.
“De igual modo QUEDAN TERMINANTEMENTE EXCLUIDOS DE CUALQUIER INTERPRETACION CRIMINALIZANTE, LOS HECHOS DE PROTESTA SOCIAL, TODA VEZ QUE ESTOS ESTAN DIRIGIDOS A RECLAMAR POR DERECHOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal, conforme la redacción propuesta y en virtud de la tradición normativa y jurisprudencial nacionales, no dejarían de constituir un derecho constitucional”.
Agrega más adelante, “EN NINGUN CASO, LA PERSECUCION Y SANCIÓN DEL TERRORISMO PUEDEN AMPARAR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
ARGENTINA: La Ley Antiterrorista no fue producto de la presión del GAFI
Juan Carlos Capurro asesor jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y abogado de entidades defensoras de los derechos humanos señaló a ACTA que el gobierno no fue presionado para legislar la Ley Antiterrorista. Advirtió que “desde la época en que gobernaba Isabel Perón no se impone una legislación tan grave desde el punto de vista del retroceso de los derechos democráticos. Con esta ley puede ir preso cualquiera que proteste. Es urgente pedir su derogación”, advirtió.
Tenemos una Ley Antiterrorista aunque no hay terroristas, o en todo caso lo que existió fue un Estado Terrorista.
Tenemos una Ley Antiterrorista aunque no hay terroristas, o en todo caso lo que existió fue un Estado Terrorista.
Acá no hace falta ninguna Ley Antiterrorista porque el Código Penal tiene prevista las herramientas para combatir este tipo de delitos. De lo contrario no se estaría juzgando el Terrorismo de Estado. El gobierno lo sabe.
La otra falsedad es que esto es producto de una presión del GAFI. Es mentira, el GAFI no puede exigir una ley que viola la libertad de expresión. Acá hay una ley que por ejemplo habla de aterrorizar a la población, lo cual se presta a cualquier interpretación por parte de los jueces.
También tipifica como delito, obligar a un funcionario a tomar una decisión contra su opinión.
Muchas veces, especialmente durante el gobierno de Carlos Menem, encontrabas funcionarios que después de haber negociado algo con las comisiones internas alegaban haber sido presionados. Esto avala este tipo de actitudes. ¿Qué se hará ahora, meter presos a los dirigentes?
Me dice que el Gobierno no fue presionado. ¿Cuál es entonces el objetivo de la Ley?
Esto sale después de que la jefa de Estado habló de presiones desmedidas de los gremios. Advirtió que no aceptará el chantaje. Al enfrentamiento que tenía con la CTA después de los intentos de dividirla, sigue lo de la CGT. Me parece que no es casual. Esto es lo que se llama Ley Penal en Blanco. Deja a la libre interpretación de quien acusa lo que considera que encaja en su relato del supuesto delito. Supongamos que la gente se moviliza para exigir algo que el gobierno no quiere. Lo estaría obligando a hacer algo, incurrirían en terrorismo según la Ley.
¿Es decir -según usted- que se está intentando criminalizar aún más la protesta social?
La cifra de procesados por protestas sociales fue históricamente de cinco mil. En los últimos años el número aumentó por lo menos en un 30 por ciento. Hay miles y miles de dirigentes sociales procesados en todo el país. Con esta Ley la situación será peor. Es un hecho muy grave, especialmente para los trabajadores, un cheque en blanco contra los gremios y cualquier protesta social.
Parece que hay menos represión porque ahora es selectiva a diferencia de antes que era masiva. Por ejemplo la mayoría de los procesados actuales son de la CTA, de las organizaciones de izquierda.
¿Está a favor de pedir una amnistia generalizada?
La CTA a estuvo siempre por el desprocesamiento pero hay un debate interno a partir de la opinión de compañeros que piden se legisle una amnistía. No estoy de acuerdo, aquí no hubo delitos, por lo tanto amnistiar no permite demostrar la inocencia de los procesados.
¿Hay conciencia sobre la gravedad de la situación?
Esta Ley es una espada de Damocles sobre los trabajadores y se da en un momento en que nunca desde en menemato hubo por ejemplo, tantos muertos por conflictos sociales en distintos puntos del país.
No se tiene en cuenta la gravedad de la Ley porque aparece “casualmente” en un momento muy especial del año. Lo digo con todo conocimiento ya que tengo muchos años de profesión como abogado de conflictos sociales. No recuerdo desde el gobierno de Isabel Perón una ley parecida. Hay que movilizarse, hay que exigir la derogación de esta ley antes que la apliquen.
La otra falsedad es que esto es producto de una presión del GAFI. Es mentira, el GAFI no puede exigir una ley que viola la libertad de expresión. Acá hay una ley que por ejemplo habla de aterrorizar a la población, lo cual se presta a cualquier interpretación por parte de los jueces.
También tipifica como delito, obligar a un funcionario a tomar una decisión contra su opinión.
Muchas veces, especialmente durante el gobierno de Carlos Menem, encontrabas funcionarios que después de haber negociado algo con las comisiones internas alegaban haber sido presionados. Esto avala este tipo de actitudes. ¿Qué se hará ahora, meter presos a los dirigentes?
Me dice que el Gobierno no fue presionado. ¿Cuál es entonces el objetivo de la Ley?
Esto sale después de que la jefa de Estado habló de presiones desmedidas de los gremios. Advirtió que no aceptará el chantaje. Al enfrentamiento que tenía con la CTA después de los intentos de dividirla, sigue lo de la CGT. Me parece que no es casual. Esto es lo que se llama Ley Penal en Blanco. Deja a la libre interpretación de quien acusa lo que considera que encaja en su relato del supuesto delito. Supongamos que la gente se moviliza para exigir algo que el gobierno no quiere. Lo estaría obligando a hacer algo, incurrirían en terrorismo según la Ley.
¿Es decir -según usted- que se está intentando criminalizar aún más la protesta social?
La cifra de procesados por protestas sociales fue históricamente de cinco mil. En los últimos años el número aumentó por lo menos en un 30 por ciento. Hay miles y miles de dirigentes sociales procesados en todo el país. Con esta Ley la situación será peor. Es un hecho muy grave, especialmente para los trabajadores, un cheque en blanco contra los gremios y cualquier protesta social.
Parece que hay menos represión porque ahora es selectiva a diferencia de antes que era masiva. Por ejemplo la mayoría de los procesados actuales son de la CTA, de las organizaciones de izquierda.
¿Está a favor de pedir una amnistia generalizada?
La CTA a estuvo siempre por el desprocesamiento pero hay un debate interno a partir de la opinión de compañeros que piden se legisle una amnistía. No estoy de acuerdo, aquí no hubo delitos, por lo tanto amnistiar no permite demostrar la inocencia de los procesados.
¿Hay conciencia sobre la gravedad de la situación?
Esta Ley es una espada de Damocles sobre los trabajadores y se da en un momento en que nunca desde en menemato hubo por ejemplo, tantos muertos por conflictos sociales en distintos puntos del país.
No se tiene en cuenta la gravedad de la Ley porque aparece “casualmente” en un momento muy especial del año. Lo digo con todo conocimiento ya que tengo muchos años de profesión como abogado de conflictos sociales. No recuerdo desde el gobierno de Isabel Perón una ley parecida. Hay que movilizarse, hay que exigir la derogación de esta ley antes que la apliquen.
* Equipo de Comunicación de la CTA
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Tenemos una Ley Antiterrorista aunque no hay terroristas, o en todo caso lo que existió fue un Estado Terrorista.
Acá no hace falta ninguna Ley Antiterrorista porque el Código Penal tiene prevista las herramientas para combatir este tipo de delitos. De lo contrario no se estaría juzgando el Terrorismo de Estado. El gobierno lo sabe.
La otra falsedad es que esto es producto de una presión del GAFI. Es mentira, el GAFI no puede exigir una ley que viola la libertad de expresión. Acá hay una ley que por ejemplo habla de aterrorizar a la población, lo cual se presta a cualquier interpretación por parte de los jueces.
También tipifica como delito, obligar a un funcionario a tomar una decisión contra su opinión.
Muchas veces, especialmente durante el gobierno de Carlos Menem, encontrabas funcionarios que después de haber negociado algo con las comisiones internas alegaban haber sido presionados. Esto avala este tipo de actitudes. ¿Qué se hará ahora, meter presos a los dirigentes?
Me dice que el Gobierno no fue presionado. ¿Cuál es entonces el objetivo de la Ley?
Esto sale después de que la jefa de Estado habló de presiones desmedidas de los gremios. Advirtió que no aceptará el chantaje. Al enfrentamiento que tenía con la CTA después de los intentos de dividirla, sigue lo de la CGT. Me parece que no es casual. Esto es lo que se llama Ley Penal en Blanco. Deja a la libre interpretación de quien acusa lo que considera que encaja en su relato del supuesto delito. Supongamos que la gente se moviliza para exigir algo que el gobierno no quiere. Lo estaría obligando a hacer algo, incurrirían en terrorismo según la Ley.
¿Es decir -según usted- que se está intentando criminalizar aún más la protesta social?
La cifra de procesados por protestas sociales fue históricamente de cinco mil. En los últimos años el número aumentó por lo menos en un 30 por ciento. Hay miles y miles de dirigentes sociales procesados en todo el país. Con esta Ley la situación será peor. Es un hecho muy grave, especialmente para los trabajadores, un cheque en blanco contra los gremios y cualquier protesta social.
Parece que hay menos represión porque ahora es selectiva a diferencia de antes que era masiva. Por ejemplo la mayoría de los procesados actuales son de la CTA, de las organizaciones de izquierda.
¿Está a favor de pedir una amnistia generalizada?
La CTA a estuvo siempre por el desprocesamiento pero hay un debate interno a partir de la opinión de compañeros que piden se legisle una amnistía. No estoy de acuerdo, aquí no hubo delitos, por lo tanto amnistiar no permite demostrar la inocencia de los procesados.
¿Hay conciencia sobre la gravedad de la situación?
Esta Ley es una espada de Damocles sobre los trabajadores y se da en un momento en que nunca desde en menemato hubo por ejemplo, tantos muertos por conflictos sociales en distintos puntos del país.
No se tiene en cuenta la gravedad de la Ley porque aparece “casualmente” en un momento muy especial del año. Lo digo con todo conocimiento ya que tengo muchos años de profesión como abogado de conflictos sociales. No recuerdo desde el gobierno de Isabel Perón una ley parecida. Hay que movilizarse, hay que exigir la derogación de esta ley antes que la apliquen.
* Equipo de Comunicación de la CTA
Perú: ¿Ley de Negacionismo o Colonización de la Memoria Histórica?
Penar el negacionismo en América resulta controversial, pues sujetaría el pensamiento o la opinión al mandato de una ley. En el Perú se quiere hacer esa innovación penando el negacionismo sobre el terrorismo; pero este tiene muchas aristas.
Juan Jiménez Mayor es el controversial primer ministro del presidente Ollanta Humala, que haría del Perú el primer país del continente en penar el pensamiento y opinión libres.
El ministro ha propuesto una infeliz “Ley de Negacionismo” que sancione penalmente a todo ciudadano peruano que niegue que las agrupaciones “Sendero Luminoso” (“SL”) y “Movimiento Revolucionario Tupac Amaru” (“MRTA”) llevaron a cabo actos de terrorismo (1).
El ministro ha propuesto una infeliz “Ley de Negacionismo” que sancione penalmente a todo ciudadano peruano que niegue que las agrupaciones “Sendero Luminoso” (“SL”) y “Movimiento Revolucionario Tupac Amaru” (“MRTA”) llevaron a cabo actos de terrorismo (1).
Tuvo además el desliz de incluir en su propuesta el término “subversión” cual sinónimo de “terrorismo”, hecho que sin ser negativo en sí, obligaría sin embargo que el alcance de “la ley” englobe a extranjeros –como veremos adelante-.
La controversia además ya comenzó cuando obvió proponer para la misma “ley” los actos de terrorismo llevados a cabo por gobiernos del Perú desde 1980, estableciendo con ello la dicotomía “terrorismo malo” y “terrorismo bueno”.
Todas esas ligerezas hacen presumir que en realidad lo que en el fondo pretende “la ley” es estigmatizar a todas las corrientes políticas progresistas sometiéndolas al escrutinio de una “santa inquisición” del terrorismo.
El dislate que Jiménez pretende “legislar” obliga a conocer que el negacionismo es una corriente filosófica, como tantas existentes dentro del ámbito del libre pensamiento.
En su definición más elemental “es la distorsión ilegítima del registro histórico, de tal manera que ciertos eventos aparezcan de forma más favorable o desfavorable”.
Deborah Lipstadt dice del negacionismo que “no es necesario perder el tiempo o el esfuerzo en responder a las alegaciones de los negacionistas; sería un nunca acabar de responder a los argumentos planteados por los que libremente falsifican los resultados”.
Pero en el país existen innumerables ejemplos de negacionismo desarrollados no sólo por personas o grupos de ciudadanos, sino principalmente por gobiernos de la nación.
Y en ellos los casos específicos de “la subversión” y “el terrorismo” a partir de 1980, merecen una mención especial.
Un peruano cualquiera tendría que estar fuera de juicio para negar los actos de terror desarrollados en el Perú por “SL”, el “MRTA” y el Estado también.
Pero más aún lo debe estar, si es que considera como inconexas su gran logística y su acción de terror a nivel nacional, con la nada oculta subversión foránea que apoya éstas.
Pero más aún lo debe estar, si es que considera como inconexas su gran logística y su acción de terror a nivel nacional, con la nada oculta subversión foránea que apoya éstas.
Prueba de ello sería lo afirmado por el investigador ruso Daniel Estulin que en el atentado terrorista de Tarata (Miraflores, Lima, Perú, 1992), la DEA proporcionó una bomba de uranio empobrecido que permitió que la explosión fuere de esa magnitud (2).
El negacionismo en el Perú sobre subversión y terrorismo es en gran parte obra de los tratadistas llamados “senderólogos” y de los medios de comunicación social.
Estos centraron esfuerzos sólo en describir con morbo “el terrorismo”, desdeñando ahondar en “la subversión” que fomentaba esos actos.
Uno de los pocos en profundizar este aspecto fue el sociólogo peruano Washington Huaracha Apaza (Andreo Matías), con su estudio “CIA, Sendero Luminoso, Guerra Política”, publicado en 1986 en Lima (3).
y comprender la subversión y el terrorismo en el Perú implica remontarse a la “etapa macartista” de la política de los EE.UU. encaminada a perseguir todo aquello que estuviese relacionado con el comunismo y socialismo, o con la ex URSS y China.
Uno de los métodos utilizados por los EE.UU. para tal fin fue la agresión subversiva con movimientos de “falsa bandera” denominados “comunistas” –“leninistas” o “maoístas”- para desarrollar guerras políticas sanguinarias que crearan el repudio ciudadano en el mundo contra la doctrina marxista.
Inteligencia peruana encargada de seguir de cerca las acciones de la CIA alertaba ya en 1977 sobre una “guerra de baja intensidad” que ésta alistaba contra el país por su identificación con el socialismo del ex presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975).
“SL” y el “MRTA” sólo habrían sido el logro a tales esfuerzos, así se insista en entrever sus supuestos orígenes “nacionales”.
“Sendero Luminoso v.1.0” (1980-1994) fue la copia fiel en el Perú de la organización subversiva “Khmer Rouge” que diseñó EE.UU. para Camboya, la cual dirigida por Pol Pot llevó a cabo en 1975 un genocidio en ese país con banderas de “comunismo”.
Pero “Sendero Luminoso v.2.0” (2006-2012) no sería sino el fruto de la connivencia de los gobiernos neoliberales de Alejandro Toledo y Alan García con el gobierno de los EE.UU. de George Bush.
En Junio 2006 en circunstancias de un orden interno estable y un país sin alteraciones, extrañamente el diario peruano “Expreso” cambió ese status al “informar” sobre una presunta “reaparición senderista” –la fuente anónima se conjetura fue USAID-.
La falta de respuesta ante tal “anuncio” de parte del presidente Toledo y su primer ministro Kuczinsky a un mes de dejar el gobierno, evidenciaría el complot de éstos.
Más lo evidenciaría la decisión de Alan García en Agosto 2006 que sin razón estratégica alguna y sin informar a la ciudadanía, militarizó la región del VRAE y autorizó la presencia de USAID, DEA y el Comando Sur de los EE.UU. en esos valles cocaleros.
“Sendero Luminoso v.2.0” reapareció ahora con una renovada faz “maoísta-narcotraficante” y con tácticas homicidas “mexicanizadas” al modo de los carteles de drogas, también achacadas al terrorismo que se quiere penalizar.
Se reiniciaba de este modo la injerencia de Washington con el viejo “juego de roles” en el que la “ayuda extranjera de EE.UU.” asume “el rol narcotraficante y contra-narcotraficante” –que da réditos- mientras que “el rol de víctima” encargada de poner la sangre lo ejecuta “el país ayudado” –la de los soldados peruanos- .
Por todo ello en nuestro parecer, el absurdo de una ley de negacionismo sólo intentaría colonizar la memoria histórica de los peruanos subestimando su inteligencia.
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Perú. Humala: de la mano con el neocolonialismo imperial Destacado
por José Suarez Danós
Jueves, 02 de Agosto de 2012 10:47
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Ollanta Humala rindiendo cuentas a la nación."Primera Hora"
El primer año de su gestión aliado con el poder económico transnacional y sin cumplir con el mandato de la población peruana por "la gran transformación", hacen augurar dificultades en los cuatro años restantes de su gobierno.
El 28 de Julio pasado el presidente Ollanta Humala finalizó su primer año de gobierno.
Los actos de su gestión más el informe de rigor que rindió a la nación peruana facilitan ya el ensayo de un análisis objetivo de su gestión.
Comenzaremos señalando que precisamente su informe lo muestra como un presidente ajeno al mandato encargado por la nación –“la gran transformación”- y orientado a objetivos diferentes.
Ello es ratificado por los hechos de su gobierno, en el cual la población que votó mayoritariamente por su elección fue la menos favorecida -si no fue agraviada-.
Han sido características de su primer año de gobierno, la conflictividad social, la inestabilidad política, el uso arbitrario de la fuerza policial-militar contra pueblos del Perú y la insatisfacción casi general de la población.
En contraparte el fin de este lapso encuentra a un Ollanta Humala extrañamente convencido que “su labor” estaría siendo positiva.
Quizá suponga que culminar un año de gobierno en “piloto automático” y sin modificar nada, sea un logro.
Pero ¿qué originó que Humala haya acusado problemas de gobernabilidad desde el comienzo de su gestión cuando aglutinaba en su favor el apoyo de casi los dos tercios de la población?
La razón sin duda alguna sólo fue una: el fraude al mandato soberano encargado.
En nuestro parecer ello tiene que ver con causas estrictamente personales –rasgos de personalidad del mandatario- y no propiamente con coyunturas de origen político.
La falta de coherencia y ambigüedad que comenzó a denotar al iniciar su gestión, le han pasado temprana factura política toda vez que incidieron particularmente en las expectativas y aspiraciones del mandante soberano. Lo explicamos.
En el 2011 la elección presidencial de Humala presuponía el ordenado tránsito democrático para cumplir con la aspiración nacional por “la gran transformación”.
Ella considera una impostergable y urgente recuperación de la soberanía nacional, el cambio del sistema neoliberal imperante en el país y restablecer el Estado de Bienestar.
Empero ni bien empezada su gestión, se mostró cual gobernante aquejado por el “síndrome de Estocolmo” tras haber sido objeto de un secuestro a manos de ese mismo “sistema” –o un autosecuestro como algunos analistas sugieren-.
El giro doctrinario y programático de 180 grados que dio a inicios de su gobierno para sujetarse al neoliberalismo transnacional, fue en nuestro criterio el silencioso y principal detonante del conflicto social. Craso error político, pues cambió pueblo por elites.
La derecha peruana con la que se alió Humala intentó atribuir a la población de Cajamarca ser la causa de la inestabilidad gubernamental (caso “Conga”, en el norte del Perú), alentando se le reprimiera con la fuerza pública.
Ese conflicto junto con otros similares, fue sólo la onda explosiva visible del hartazgo de dos décadas de los pueblos del Perú con el “sistema”, que ya llegó a su límite. A ello se sumaba, la alianza del mandatario con el neoliberalismo.
Pero como bien lo habrá meditado Ollanta Humala, ese problema político-social fue gestado por él con sus devaneos políticos y el fraude al mandante.
El presidente sabe que en los ancestrales códigos sociales incas de la población peruana, la traición es un problema de difícil resolución y es asumido colectivamente.
Más aún si ella proviene de un soldado que se debe a la patria y que apeló por votos a la imagen del ex presidente Juan Velasco Alvarado, ejemplo de nacionalismo para el Perú.
Para esos pueblos agrícolas con recursos auríferos codiciados por el neoliberalismo transnacional por sobre la vida, hoy el gobierno peruano sólo representa un adversario más como en su tiempo lo fue el virreinato español.
Por esta razón se ha visto obligado a conformar un tercer gabinete ministerial en menos de un año, al que ha llamado “el gabinete del diálogo”.
No obstante desde el momento que ese “diálogo” proviene de un gobierno aliado con el neoliberalismo, para esos pueblos suena a “extremaunción” previa a “la solución final”.
Si intentamos prever cual será la tendencia del gobierno de Humala bastará solamente hojear el informe de su gestión, para percatarse que sólo sigue el plan patrón del “Consenso de Washington” del siglo pasado, para el neocolonialismo de Latinoamérica.
Un indicador de ello es la notoria ausencia de un plan político-estratégico propio, concordante con los cambios acontecidos en la realidad nacional, en el ámbito regional suramericano y en la situación mundial.
Lo más preocupante de la gestión de Humala es que hasta la fecha no se haya referido en lo económico a la crisis terminal del sistema neoliberal ni sobre previsiones macro-económicas de su gobierno para cuando se produzca la debacle final del mismo.
Para efectos prácticos su gobierno aparece como un “calco del gobierno de Alberto Fujimori” con aplicación de retoques “cosmético-mediático-sociales” imprescindibles para borrarle su antihigiénica imagen característica.
Como uno de esos maquillajes aparece el lema “desarrollo con inclusión social y sin sobresaltos” de su gobierno, que no es sino una juntura de falacias y contradicciones diseñadas por la tecnocracia neoliberal en su usual lenguaje dicotómico.
Esto se infiere por la ausencia de propuestas estructurales para transformaciones del Estado que concilien crecimiento económico con redistribución de la riqueza y desarrollo social, que de hecho implicarían un cambio del “sistema”.
Es por esa razón que los programas emprendidos contra la exclusión social más parecen encaminados a alcanzar fines populistas y atribuirle “faz humanitaria” al “neoliberalismo salvaje” del Perú, que a cumplir a cabalidad con su cometido.
A esos “paños tibios” el mandatario viene llamando “la gran transformación”, cuando la verdadera propuesta es totalmente diferente.
Presumimos que esa demagogia sea parte del “calco Alberto Fujimori”.
Pero la pregunta es, ¿ cuánto tiempo más podrá tolerar la población ese esquema?
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